Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75394
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto (arts. 279 y 289, CPCC).
Las costas se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 68 y 289 in fine , CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 75.394, "Agroservicios Pampeanos contra Tribunal Fiscal de Apelación. Pretensión Anulatoria. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Genoud, Torres.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata admitió parcialmente la demanda promovida por Agroservicios Pampeanos S.A. y, en consecuencia, revocó en lo pertinente la resolución dictada por el Tribunal Fiscal de Apelación de fecha 18 de abril de 2013 (v. fs. 580/592 vta.).
Disconforme con ese pronunciamiento, la empresa actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 597/609), el que fue concedido por la Cámara interviniente (v. fs. 621 y vta.).
Dictada la providencia de autos para resolver (v. fs. 624) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata hizo lugar parcialmente a la demanda interpuesta por la parte actora a fs. 328/371 y, en consecuencia, declaró nula en lo pertinente la resolución del Tribunal Fiscal de Apelación que había confirmado la anterior determinativa y sumarial 3.367/08 de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA).
Mediante ella se determinaron de oficio obligaciones fiscales de la contribuyente por el impuesto sobre los ingresos brutos por los períodos 2004 (enero-diciembre) y 2005 (enero-octubre).
En lo que interesa, se incrementó la base imponible al denegarse exenciones y reputar a las transacciones mediante "canje por cereales" como casos no sujetos al régimen diferencial previsto para acopiadores de granos.
II.1. Para lo que fue objeto de acogimiento, en virtud del precedente "Bayer S.A." (CSJN Fallos: 340:1480) el a quo consideró que la Provincia no podía conceder o negar la exención invocada por la actora según la radicación territorial del establecimiento productivo de donde provenían sus ingresos ( i.e. , en otras provincias), pues semejante tratamiento violaba tanto la cláusula del comercio como la interdicción al establecimiento de aduanas interiores (arts. 9 a 12 y 75 inc. 13, Const. nac.).
II.2. Sin embargo, por mayoría, desestimó el planteo vinculado al ajuste de su actividad, para la cual el Fisco había descartado que -en función de la singular operatoria de la empresa- ella pudiese ser tenida por una acopiadora de granos sujeta a la base imponible diferencial, excepcionalmente calculada según el margen de ganancia entre el precio de compra y venta.
Restándole importancia a lo que pudiere surgir del criterio de la ex Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA), adelantó que debía estarse al concepto de "acopiador" previsto en el Código Fiscal (art. 165 inc. "d", t.o. 2004; v. actualmente art. 191 inc. "c", t.o. 2011), coadyuvado por el principio de la primacía de la realidad económica que manda a observar el art. 185 de dicho ordenamiento (t.o. 2011; art. 159, t.o. 2004).
En tal sentido, adoptando aquel canon de interpretación estatutaria que permite presumir que la Legislatura escogió sus palabras según su significado más corriente, dijo con cita de diccionario que el término "acopiador" hace referencia a la persona que "acopia" y que ello se traduce en "Juntar, reunir en cantidad algo y, más comúnmente, granos, provisiones, etc.".
Sobre esa base y teniendo en cuenta los hallazgos realizados en la instancia del Tribunal Fiscal, pudo inferir que semejantes condiciones no se cumplían en cabeza de la actora, "...quien no toma contacto con el producto en cuestión, pues la venta la hace un corredor y los cereales son entregados directamente en puerto".
Siendo así, recordó la explicación brindada por esta Suprema Corte respecto a las razones que informan la fijación de una base imponible diferencial en casos particulares, la cual encuentra justificación allí donde por los escasos márgenes de ganancia en comparación con los volúmenes dinerarios movilizados, el impuesto se tornaría excesivamente gravoso para el contribuyente de ingresos brutos (conf. causa B. 53.408, "Alfredo Arregui S.C.A.", sent. de 15-X-1991).
Concluyó que tal cosa no podía ser predicada respecto de Agroservicios Pampeanos S.A., confirmando en consecuencia el tratamiento impositivo para sus negocios de "canje por cereales" y, por implicancia, las diferencias a favor del Fisco al recalcular la base imponible para la actividad "Venta al por mayor de materias agrícolas y de la silvicultura" (cód. NAIIB n° 512111).
III. Contra la sentencia de la Cámara de Apelación, la parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 597/609).
Denuncia que se violó el derecho aplicable, que se incurrió en arbitrariedad en la interpretación de los hechos y de la prueba recolectada en autos y que el a quo desconoció su propio precedente sentado en el caso "AGCO Argentina S.A." del año 2016.
III.1. Esgrime que se inobservó el art. 165 inc. "d" del Código Fiscal (t.o. 2004), al no encuadrarse su actividad de forma tal de poder emplear la base imponible diferencial, porque sostiene que sí se acreditó la realización de acopio.
Para ello insiste con el argumento según el cual, en la mecánica operativa desplegada por la empresa y a pesar de que intervenga un consignatario en la posterior venta de los cereales que se reciben como medio de pago en las operaciones de compraventa de sus productos (principalmente fertilizantes), se encuentra realizada indefectiblemente la actividad de acopio.
Entiende que la Cámara efectuó una valoración caprichosa de las circunstancias de la causa y de las pruebas aportadas, dado que de acuerdo con la disuelta ONCCA bien puede revestir la calidad de "acopiador-consignatario" y, a su vez, la de fabricante y comerciante de fertilizantes, en tanto su actividad comprende ambas facetas, más allá de quien en definitiva acopie y venda los cereales.
Ante la ambigüedad del Código Fiscal, critica la preferencia de una definición tomada del diccionario por sobre la que resultaría de la autorizada palabra de dicha oficina nacional, a la sazón con responsabilidad sobre el sector agropecuario. Nada de lo cual -dice- conduce a concluir que un "acopiador" deba indefectiblemente "tomar contacto físico con el producto en cuestión".
III.2. Ligado a lo anterior y reeditando similares explicaciones en cuanto a la forma en la que se desenvuelven sus operaciones comerciales, considera que se violaron los arts. 7 y 185 del Código Fiscal (t.o. 2011) que consagran el principio de la primacía de la realidad económica a los fines de determinar el hecho imponible.
III.3. Finalmente, denuncia arbitrariedad en la sentencia, en tanto que la Cámara se habría apartado injustificadamente de su propio precedente "AGCO Argentina S.A." (sent. de 9-VIII-2016), el cual estimó análogo al presente. Señala que, a diferencia de lo ocurrido aquí, en aquel caso el doctor Spacarotel se plegó a la postura del doctor De Santis resolviendo a favor del contribuyente, no hallándose plenamente explicado su cambio de opinión en el sub lite .
IV. El remedio no puede prosperar.
IV.1. Esta Corte tiene dicho que resulta insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que no se hace cargo de la línea argumental del fallo y se dedica a impugnarlo con su propia interpretación del tema, dejando incólumes afirmaciones que -al margen de su acierto o error- le dan sustento bastante a la sentencia (doctr. causas A. 71.768, "Benet", sent. de 1-VII-2015; A. 72.124, "Cazzulo", sent. de 6-VIII-2014; A. 71.440, "Gador S.A.", sent. de 10-X-2018; e.o.).
Tal déficit exhibe la pieza recursiva bajo análisis, pues la interesada, al denunciar la violación de la ley, omite atacar adecuadamente los fundamentos sobre los que se estructuró el pronunciamiento impugnado.
En efecto, la peticionante ciñe su embate a oponer la interpretación que ella misma entiende que correspondería efectuarse respecto de las transacciones de "canje por cereales" en relación al régimen imponible para la liquidación de los ingresos brutos que regula el art. 165 inc. "d" del Código Fiscal (t.o. 2004). Todo ello, para concluir que en el caso efectivamente se encontraría acreditada la realización de "acopio", aun cuando esto último pueda no ser realizado por ella sino por terceros.
Advierto que el tema fue específicamente desarrollado y resuelto en un sentido contrario a los intereses de la recurrente, sin que el ataque ahora perfilado aborde debidamente las razones argumentales desplegadas por la Cámara para confirmar la resolución determinativa que sustrajo a la actividad denunciada de la base imponible diferencial.
Puntualmente, ello se observa cuando el órgano judicial -partiendo de una definición nada antojadiza del término "acopiar" y acudiendo a plausibles pautas exegéticas- advierte que la empresa actora "no toma contacto con el producto en cuestión, pues la venta la hace un corredor y los cereales son entregados directamente en el puerto", como pago en especie por la venta de fertilizantes (sic, fs. 58 vta.; en consonancia con lo explicitado por ARBA en la disposición determinativa y sancionatoria 3.367/08 a fs. 83/166 y de la resolución 1.776 del Tribunal Fiscal de Apelación a fs. 194/203).
De allí que la crítica, que no logra demostrar una realidad alternativa para la operación comercial de la cual pueda derivarse que Agroservicios Pampeanos S.A. acopiaba ella misma los cereales, el razonamiento del Tribunal de Alzada no merece reproche.
Refuerza esa conclusión la circunstancia de que la mecánica descripta por la actora recién habría sido aprehendida por la legislación tributaria, bajo estrictos recaudos, años después de los hechos que motivaron el presente ajuste (v. art. 191 inc. "d", Cód. Fiscal, t.o. 2011; conf. art. 91, ley 13.930 para el ejercicio fiscal 2009), como un supuesto distinto a aquel en el cual pretende encuadrarse.
Por lo tanto, lo esbozado por la reclamante configura solo una opinión divergente que no agrega nada nuevo. Es, por lo tanto, insuficiente a los fines de revertir el resultado arribado en la instancia anterior (art. 279 in fine , CPCC).
IV.2. Similarmente, la quejosa desatiende las observaciones realizadas por el a quo respecto de que, en el caso, resulta de aplicación lo normado por el art. 185 del Código Fiscal (t.o. 2011; art. 159, t.o. 2004) en cuanto a que para la determinación del hecho imponible se debe atender a la naturaleza específica de la actividad desarrollada, "con prescindencia en caso de discrepancia de la calificación que mereciere, a los fines de su encuadramiento, en otras normas nacionales, provinciales o municipales, ajenas a la finalidad de la ley" (fs. 587).
Esta parte del pronunciamiento, atada a los hallazgos fácticos inclusive reconocidos por la propia actora respecto a la forma en la que se conducían las transacciones de sus productos a cambio de granos, desarticula su insistencia de priorizar el criterio adoptado por un organismo nacional en el marco de su eventual competencia regulatoria sobre el sector.
Para más, la valoración de la actividad desarrollada por la firma actora y su subsunción con las previsiones legales del art. 165 inc. "d" del Código Fiscal (t.o. 2004), a los fines de determinar la base imponible para liquidar el impuesto sobre los ingresos brutos, constituye una típica cuestión de hecho deferida a los jueces de mérito y por regla, exenta del control por vía del recurso extraordinario, a menos que se invoque y demuestre el absurdo, cosa que no acontece en el presente (doctr. causas A. 72.121, "Maccarini", sent. de 29-VI-2016; A. 72.905, "Carnes Seleccionadas", sent. de 28-VI-2017; A. 74.870, "Abad", sent. de 16-XII-2020; e.o.).
IV.3. Finalmente, la recurrente denuncia que la sentencia es arbitraria sobre la base de un supuesto cambio de postura del doctor Spacarotel, quien en el precedente "AGCO Argentina S.A." (sent. de 9-VIII-2016) de la misma Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de La Plata, habría adoptado un criterio opuesto, favorable al contribuyente.
Advierto que lo avanzado respecto a la existencia de pronunciamientos contradictorios trata -nuevamente- de una típica cuestión de hecho que, de ordinario, se encuentra excluida del control casatorio salvo, como ya dije, en los supuestos en que los magistrados incurran en absurdo (doctr. causas A. 74.774, "Bringas", sent. de 22-XII-2020; A. 76.117, "Portorrico", sent. de 13-VIII-2021; A. 76.191, "Albanese", sent. de 22-IX-2021; e.o.).
La recurrente omite plantear su crítica en tales términos, déficit que afecta en considerable medida la suerte de su intento (doctr. causa A. 74.214, "Pavka", sent. de 10-IV-2019).
Y si bien despliega su argumento a partir de la doctrina de la arbitrariedad de origen pretoriano federal, cabe tener en cuenta que la invalidación sobre tales bases es de carácter excepcional, además de que su planteo no puede tener por objeto corregir en ulteriores instancias fallos equivocados o que se reputen tales en orden a temas no federales. Semejante invocación solo cabe ser admitida frente a desaciertos u omisiones de gravedad extrema, a causa de los cuales los pronunciamientos no puedan adquirir validez jurisdiccional (CSJN Fallos: 329:2206, 3761; 330:133, 717 y 339:1066; doctr. causa A. 75.616, "Dalbón", sent. de 19-VIII-2020; e.o.).
Los agravios deslizados, además de carentes de mayores precisiones acerca de los hechos que pudieron haber rodeado a dicho precedente en particular, o las circunstancias personales del contribuyente y su giro comercial, no alcanzan para tener por configurado el severo vicio aquí endilgado. Tal cosa distingue a la presente de lo resuelto en el día de la fecha en la causa A. 76.372, "AGCO Argentina S.A.", a cuyos fundamentos cabe remitirse por razones de brevedad.
V. Por todo lo expuesto, frente al incumplimiento de las cargas técnicas establecidas por el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, considero que el recurso debe ser rechazado, con costas a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 68 y 289 in fine , CPCC).
Voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Genoud y Torres, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto (arts. 279 y 289, CPCC).
Las costas se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 68 y 289 in fine , CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 24/08/2022 14:53:51 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 25/08/2022 09:18:59 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/08/2022 09:57:16 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/08/2022 12:42:33 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/08/2022 19:09:41 - MARTIARENA Juan José - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 25/08/2022 19:12:07 hs. bajo el número RS-66-2022 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia