Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 125608
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 125.608, "Suluja, Matías Gerónimo contra Sicma Outsourcing S.A. y otro. Despido", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Genoud.
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Mar del Plata acogió parcialmente la acción deducida e impuso las costas del modo que especificó (v. fs. 324/341).
Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 4 de noviembre de 2019).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar a la demanda promovida por Matías Gerónimo Suluja contra Sicma Outsourcing S.A., en procura del cobro de las indemnizaciones por antigüedad y sustitutiva del preaviso, integración del mes del despido, sueldo anual complementario y vacaciones proporcionales, haberes adeudados, con más los resarcimientos previstos en los arts. 8 y 15 de la ley 24.013; 2 de la ley 25.323 y 80 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Rechazó, en cambio, la pretensión dirigida contra Telefónica Móviles Argentina S.A. por considerar que -en el caso- la solidaridad prevista en el art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo no podía tener andamiaje. (v. fs. 324/341).
Para arribar a esta última conclusión, que motiva el alzamiento del recurrente, estimó probado que entre el señor Suluja y Sicma Outsourcing S.A. existió un contrato de trabajo dependiente iniciado el 1 de julio de 2003 (v. fs. 325), cuya extinción ocurrió el 12 de enero de 2015, con motivo del despido indirecto dispuesto por el dependiente (v. fs. 326). Asimismo, tuvo por demostrado que la empleadora ejecutaba en forma exclusiva tareas correspondientes a la actividad normal y específica de Telefónica Móviles Argentina S.A., circunstancia que -aseveró- obligaba a esta última en los términos del citado art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. fs. 325 vta. y 327 vta.). Empero, puntualizó el juzgador que las partes fueron contestes en que la relación comercial entre las empresas demandadas se extinguió el 10 de julio de 2012; y que, en ese marco, el promotor del pleito continuó prestando servicios en beneficio exclusivo de su empleadora directa en tareas que no tenían relación alguna con Telefónica Móviles Argentina S.A., con pleno conocimiento de que la situación antes descripta podía disminuir la responsabilidad patrimonial de aquella. No obstante -reparó- el trabajador guardó silencio sin proceder -dijo- de acuerdo a lo normado en el art. 226 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. fs. 326 vta. y 328).
En resumen, y en lo que resultó dirimente para resolver la litis, el sentenciante juzgó que el contrato de trabajo que unió al actor con Sicma Outsourcing S.A. se disolvió por despido indirecto fundado en justa causa, cuando ya había pasado un lapso de tiempo más que considerable desde que dicha empresa había culminado su vinculación comercial con Telefónica Móviles Argentina S.A. Por esta razón, sostuvo que esta última había dejado de ser responsable en los términos del ya mencionado art. 30 de la Ley de Contrato del Trabajo (v. sent., fs. 328).
II. Contra dicho pronunciamiento se alza la parte actora mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y violación de los arts. 17 y 18 de la Constitución nacional; 8 y 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 10, 15 y 31 de la Constitución provincial; 12, 58 y 276 de la Ley de Contrato de Trabajo; 726 del Código Civil y Comercial de la Nación y 34 inc. 4, 163 inc. 6, 375, 384 y 385 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires.
II.1. Se agravia de la decisión de grado en cuanto resolvió que, no obstante encontrarse verificados en el caso los extremos de aplicación del art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, correspondía rechazar la acción impetrada contra Telefónica Móviles S.A., argumentando que el señor Suluja incumplió la manda del art. 226 del citado cuerpo normativo (v. rec., pág. 11 vta.).
Destaca que en la especie no se verificó un supuesto de transferencia del establecimiento o cesión del personal regulado en los arts. 225 a 229 de la Ley de Contrato de Trabajo, por lo que la aplicación de la norma citada en el párrafo anterior es -a su criterio- improcedente (v. rec., pág. 12 vta.).
Añade que tampoco resulta viable utilizar por vía de la analogía la disposición antes referenciada, toda vez que los preceptos en juego -de un lado, el art. 30 y, del otro el art. 226, ambos de la Ley de Contrato de Trabajo- refieren a situaciones jurídicas diversas (v. rec., pág. 13).
II.2. Impugna el tramo de la sentencia con arreglo al cual se sostuvo que producida la desvinculación comercial entre las empresas demandadas, el actor continuó prestando servicios para Sicma Outsourcing S.A. de manera exclusiva durante dieciocho meses más y guardó silencio ante una situación que podía disminuir la responsabilidad patrimonial de su entonces empleadora, sin haber procedido conforme el ya citado art. 226 de la ley 20.744 (texto ordenado; v. rec., pág. 13 vta. y 14).
Cuestiona que el tribunal de grado haya interpretado que la actitud pasiva de trabajador implicó una renuncia a su derecho a reclamar contra Telefónica Móviles Argentina S.A. porque aduce que tal afirmación se contrapone con el principio de irrenunciabilidad de derechos (arts. 7 y 12, ley cit.), y con lo dispuesto en el art. 58 de dicha ley. Añade que la única limitación temporal para efectuar un reclamo laboral emerge del plazo de prescripción de dos años establecido en el art. 256 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. rec., pág. 14 vta.).
II.3. Controvierte el fundamento legal que condujo al rechazo de la acción contra Telefónica Móviles Argentina S.A. (arts. 726, Cód. Civ. y Com. de la Nación y 375, CPCC de la Provincia de Buenos Aires).
Entiende que quedó demostrado que la causa del deber indemnizar a cargo de Telefónica Móviles Argentina S.A. se afinca en el art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. rec., pág. 15).
II.4. Ataca la sentencia de grado en cuanto determinó que la rescisión comercial entre las empresas demandadas operó el 10 de julio de 2012, cuando del reconocimiento expreso formulado a fs. 78 vta. por Telefónica Móviles Argentina S.A., surge que tal acontecimiento se produjo el 1 de enero de 2013. Este dato se corrobora -según indica- con el informe pericial contable presentado digitalmente el 12 de diciembre de 2018, del que se desprende que las empresas codemandadas realizaron operaciones conjuntas hasta febrero de 2013 inclusive (v. rec., pág. 15 vta.).
Con pie en lo antedicho, afirma que el juzgador tomó un punto de partida erróneo para calcular el tiempo durante el cual el señor Suluja había laborado de manera exclusiva para Sicma Outsourcing S.A., período que -en rigor- fue de doce meses, y no de dieciocho, como se plasmó en la sentencia (v. rec., pág. 16).
II.5. Expone que el tribunal soslayó considerar en su integridad los convenios suscriptos entre las firmas demandadas obrantes en la causa; pasando por alto las cláusulas 23.7, 23.8 in fine y 24.3 mediante las cuales estipularon respecto de la "garantía", la "responsabilidad por demandas y litigios" y un período de ultraactividad de dichos acuerdos (v. rec., fs. 17).
II.6. Refiere que en un caso que entiende análogo al ventilado en autos -que individualiza como L. 97.609, "Rodríguez" (sent. de 21-XII-2011)-, esta Suprema Corte revocó la sentencia de grado en la que se había arribado a una solución similar a la del presente, ordenando la condena solidaria respecto de Telefónica Móviles Argentina S.A. (v. rec., pág. 18 vta. y 19). Menciona también jurisprudencia emanada de tribunales del trabajo (v. rec., pág. 19 vta.).
III. El recurso no prospera.
III.1. Tiene dicho este Superior Tribunal que es requisito ineludible para la adecuada fundamentación del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley el impugnar concreta, directa y eficientemente todas las motivaciones esenciales del pronunciamiento objetado, siendo insuficiente el que deja incólume la decisión por falta de cuestionamiento de los conceptos sobre los que la misma se asienta (causas L. 104.828, "Arenillas", sent. de 29-VI-2011; L. 116.768, "Luguercho", sent. de 13-VIII-2014; L. 118.179, "Fautario", sent. de 30-III-2016 y L. 120.086, "M., A. V.", sent. de 7-III-2022).
En el caso, las consideraciones expuestas en el libelo impugnativo no atacan con eficacia el argumento central que sirvió de base a la decisión de grado, consistente en que a la fecha de producirse la extinción del contrato de trabajo ventilado en autos, esto es, el 12 de enero de 2015 (v. fs. 326), la relación comercial entre la empleadora codemandada y Telefónica Móviles Argentina S.A. ya había fenecido (v. fs. 328).
Los argumentos que ensaya el compareciente en orden a la tangencial referencia efectuada en el fallo respecto del art. 226 de la Ley de Contrato de Trabajo -y más allá de su grado de acierto-; la particular dimensión que intenta endilgarle a lo allí manifestado con relación al silencio guardado por el dependiente una vez producida la desvinculación entre las empresas coaccionadas; el hipotético yerro que pretende atribuirle al tribunal de origen en lo atingente a la fecha en que operó el cese de la mencionada relación comercial; y, por último, la pretendida absurda interpretación que pregona respecto a diversas disposiciones de los convenios suscriptos entre las codemandadas (en particular, las cláusulas 23.7, 23.8 in fine y 24.3), no logran -como anticipé- conmover la decisiva y esencial conclusión con arreglo a la cual se estableció que al momento de producirse la rescisión del contrato de trabajo, la relación comercial entre las coaccionadas se hallaba extinguida (v. fs. 328). Y fue ese hecho el que precisamente definió la suerte adversa del reclamo respecto de Telefónica Móviles Argentina S.A.
En efecto, repárese en que el tribunal de grado expresó, en concreto, que el contrato de trabajo entre el actor y la empleadora se extinguió cuando "...ya había dejado de tener responsabilidad..." dicha empresa (v. sent., fs. 328).
Insisto en que siquiera alcanza para derribar esa medular motivación de la sentencia la prédica orientada a poner en evidencia el eventual yerro en la fecha en ella consignada respecto de la extinción de la rescisión comercial, argumento en cuyo análisis, por ello, entiendo que no cabe ingresar.
III.2. Tampoco consigue descalificar la decisión en crisis la denuncia de violación de la doctrina legal que emerge de la causa que el interesado identifica como L. 97.609, "Rodríguez" (sent. de 21-XII-2011).
Partiendo de una mera transcripción de fragmentos de dicho antecedente, el quejoso no explica -como resulta menester para dar acabado cumplimiento con la carga recursiva (art. 279, CPCC)- de qué modo el criterio sentado en ese precedente habría sido transgredido en la especie (causas L. 119.617, "Municipalidad de Azul", sent. de 15-XI-2016 y L. 125.568, "Ibarra", sent. de 30-XII-2021).
Sin mengua de lo dicho, cabe advertir que en esa causa se desestimó la aplicación del art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo por considerarse no demostrado que las actividades desarrolladas por la empleadora demandada pudieran reputarse como normales y específicas propias de Telefónica Comunicaciones Personales S.A.; circunstancia que -evidente es- se muestra opuesta a lo ocurrido en los presentes obrados en los cuales se tuvo por probado expresamente que en el contexto de la vinculación comercial entre las codemandadas la subcontratación obedeció a actividades de esa naturaleza (v. vered., fs. 325 vta. y sent., fs. 327 vta.).
Por último, a propósito del antecedente que cita el compareciente como emanado de un tribunal de trabajo, no es ocioso recordar que la jurisprudencia de otros tribunales de justicia no constituye doctrina legal en los términos y con los alcances en que ha sido definida por esta Suprema Corte (causas L. 118.486, "Izaguirre", resol. de 15-IV-2015; L. 122.169, "Ortíz", resol. de 20-II-2019 y L. 121.786, "Ortellado", sent. de 4-VIII-2020).
III.3. Corolario de todo lo dicho es que el pronunciamiento de grado no ha de modificarse, toda vez que la réplica no ha sido útil para desvirtuar su fundamento esencial.
IV. Por todo lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa.
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
Comparto la solución que propone el doctor Torres.
Al respecto, y aun cuando advierto que la referencia efectuada en el fallo respecto de la hipótesis contemplada en el art. 226 de la Ley de Contrato de Trabajo se encuentra completamente desvinculada del contexto en el que el propio tribunal juzgó encuadrada la relación entre las empresas codemandadas, la insuficiencia técnica que exhibe el recurso -puesta de relieve por el ponente- define su suerte adversa para desvirtuar el pronunciamiento.
Voto, pues, por la negativa.
Los señores Jueces doctores Soria y Genoud, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 18/08/2022 21:09:29 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 19/08/2022 09:02:33 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/08/2022 09:48:59 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/08/2022 16:00:30 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/08/2022 19:25:05 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia