Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 125875
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 125.875, "Cejas, Rubén Darío contra Provincia ART S.A. y otro. Accidente de trabajo-acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Soria, Genoud.
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de San Nicolás, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar parcialmente a la acción deducida e impuso las costas a la demandada vencida (v. fs. 193/210 vta.).
Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 231/248).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente -en lo que reviste interés por ser materia de agravio- hizo lugar a la demanda promovida por Rubén Darío Cejas y condenó a Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. al pago de diferencias en las prestaciones dinerarias establecidas en los arts. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 y 3 de la ley 26.773, con motivo de la disminución de su capacidad laboral derivada del accidente de trabajo que protagonizara el día 19 de mayo de 2014.
Para así decidir, en el veredicto, tuvo por acreditado que la Comisión Médica n° 07C de la ciudad de Rosario dictaminó que el actor, como consecuencia del infortunio laboral referido, padece una incapacidad parcial y permanente del 15,5% del índice de la total obrera. También consideró probado que percibió de parte de la aseguradora mencionada la suma de $97.070,24 (v. fs. 196, 199 y 202 vta.).
Luego, con sustento en las conclusiones establecidas en el informe pericial médico, el sentenciante fijó dicha minusvalía -derivada de menisectomía izquierda y derecha y lumbalgia- en el orden del 23,8% del índice de la total obrera, incluyendo los factores de ponderación (v. fs. 197 vta. y 203).
Asimismo, con apoyo en la experticia contable practicada en autos determinó que el valor mensual del ingreso base ascendía a $5.264,98 (v. fs. 198 vta. y 199).
Sobre esas definiciones fácticas, en la sentencia, el juzgador de grado declaró procedente la acción vinculada al pago de diferencias en la prestación dineraria referida y desestimó el planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo (v. fs. 203 vta. y 204).
Así las cosas, teniendo en cuenta el reseñado valor mensual del ingreso base y el porcentaje de incapacidad indicados, así como el coeficiente de edad del trabajador (1,4130), cuantificó el importe que le correspondía percibir al actor -de acuerdo a las pautas que surgen del citado art. 14 apartado 2 inc. "a" de la mencionada ley- en la suma de $93.843,69. Luego, al advertir que dicho monto resultaba inferior al mínimo indemnizatorio establecido en el art. 2 de la resolución 3/14 de la Secretaría de Seguridad Social, multiplicó $521.883 por 23,8%, arribando a la suma de $124.208, a la que adicionó la compensación adicional prevista en el ya citado art. 3 de la ley 26.773 ($24.841,63; v. fs. 204 vta. y 205).
Sentado ello, rechazó la aplicación al caso del índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) que contempla esta última ley, y aplicó al importe total de condena ($149.049,78) intereses a la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días vigentes en los distintos períodos de aplicación en su "variante digital" (v. fs. 205/206).
En consecuencia, condenó a Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. a pagar al señor Cejas la diferencia entre la cuantía de dicha prestación dineraria con más los intereses pertinentes liquidados a la tasa mencionada, según las pautas individualizadas, desde la fecha de exigibilidad de la obligación (19 de mayo de 2014) hasta el 15 de octubre de 2015, cuando dispuso descontar el importe de $97.070,24 con imputación primeramente a intereses y después a capital. También ordenó que la diferencia resultante continuara devengando intereses a calcularse según la misma tasa, desde el 15 de octubre de 2015 hasta el efectivo pago (v. fs. 206 vta. y 207).
II. Contra dicho pronunciamiento, la parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y violación de los arts. 14, 17, 18 y 19 de la Constitución nacional; 11, 12 y 14 de la ley 24.557 y 7, 8 y 9 de la ley 23.928, modificados por la ley 25.561.
II.1. Objeta que el tribunal de grado no dispusiera ningún mecanismo de actualización monetaria al momento de estimar las prestaciones dinerarias reconocidas en la sentencia.
Cuestiona el rechazo de la declaración de inconstitucionalidad del citado art. 12 de la ley 24.557. Al respecto, afirma que el juzgador desestimó el planteo con apoyo en doctrina legal de esta Suprema Corte y en la jurisprudencia del Máximo Tribunal nacional, sin analizar el grave perjuicio que ocasiona la aplicación literal de la norma.
Sostiene que el método utilizado pulveriza el derecho a una indemnización justa. Añade que la fórmula se desentiende totalmente del resultado cuantitativo final y del modo en que el mismo gravita en la pérdida de ganancia futura -lucro cesante- respecto de la minusvalía que padece en forma definitiva.
Indica que de haberse considerado el ingreso base mensual como una "deuda de valor", utilizando un salario actualizado, el tribunal hubiera arribado a un monto sumamente mayor.
Argumenta que la Ley de Riesgos del Trabajo, como cualquier otra norma que reglamenta el derecho a la integridad psicofísica del trabajador, merece un análisis guiado por la razonabilidad, debiendo descalificarse cuando no cumple con el mandato constitucional.
Aduce que el sistema indemnizatorio previsto en dicho plexo legal provoca un enriquecimiento ilícito por parte de las aseguradoras, quienes cobran sus alícuotas en moneda actualizada y pagan las indemnizaciones depreciadas, situación que contradice las bases del derecho laboral.
Expresa que en autos se ha configurado una situación de discriminación, ya que el trabajador -que transitó un largo proceso judicial- obtuvo un resultado irrisorio y recibió un trato dispar respecto de aquellos otros dependientes que, sin recurrir a juicio alguno, lograron obtener un resarcimiento proporcional a sus ingresos reales.
En suma, afirma que el régimen reparatorio especial de infortunios laborales, tal como ha sido diseñado, premia al incumplidor, pues produce una redistribución de ingresos inversa, que les otorga a los que más tienen y les quita a los económicamente más débiles, esto es, a los trabajadores incapacitados que se encuentran en mayor estado de indefensión.
En apoyo a su postura invoca distintos fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que -a su criterio- avalan el pedido de reajustar las sumas reclamadas.
II.2. Peticiona que, en todo caso, se disponga la actualización de acuerdo al índice de precios al consumidor de los créditos reclamados desde su exigibilidad hasta el día del efectivo pago.
Manifiesta que el tribunal de grado no interpretó el citado art. 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo en consonancia con el restante plexo normativo laboral.
Añade que, a fin de establecer el monto mensual del ingreso base, se deben considerar salarios ajustados, ya que toda indemnización supone una ponderación del valor actual del desmedro patrimonial sufrido, pues de lo contrario se desnaturalizaría su función resarcitoria.
II.3. Por los argumentos expuestos, plantea también la invalidez constitucional de los arts. 7, 8 y 9 de la ley 23.928, según el texto de la ley 25.561.
III. El recurso no prospera.
III.1. Inicialmente, corresponde señalar que, a tenor de lo expresado por la recurrente a fs. 234 vta. de la postulación bajo examen en lo atingente a los requisitos de admisibilidad del medio de impugnación respecto del valor del litigio, la cuantificación del agravio que formula -teniendo en cuenta la diferencia entre la suma reconocida en el fallo y la ahora pretendida- supera el monto mínimo para recurrir (art. 278, CPCC, texto conf. ley 14.141).
Por lo demás, si bien es cierto que la suma indicada solamente encuentra respaldo en los dichos de la interesada, no lo es menos que habiéndose introducido en el recurso agravios de naturaleza federal, destinados a cuestionar la validez constitucional de los arts. 12 de la ley 24.557 y 7, 8 y 9 de la ley 23.928 (texto según ley 25.561), la presente vía extraordinaria debe analizarse sin las restricciones impuestas por las normas procesales locales (arts. 55, ley 11.653 y 278, Cód. cit.; causas L. 116.672, "Leuzzi", sent. de 21-V-2014; L. 118.847, "Díaz", sent. de 4-VIII-2016; L. 120.263, "Gómez", resol. de 19-X-2016; L. 120.351, "Gamboa", resol. de 12-IV-2017; e.o.).
Sobre esa base, pierde virtualidad el análisis de la argumentación -escueta, por cierto- por la que el recurrente pretende poner en tela de juicio el recaudo de admisibilidad fundado en la cuantía económica del asunto.
Ello, sin perjuicio de dejar debidamente aclarado que esta Suprema Corte ha señalado en reiteradas ocasiones que las limitaciones establecidas por los arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653, en cuanto al valor del litigio para la concesión del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no vulneran derechos o garantías constitucionales desde que no obstan la deducción del recurso extraordinario previsto sino que lo condicionan a un requisito formal, propio de la reglamentación legislativa, sin mengua de la defensa en juicio ni de la igualdad de las partes en litigio. Tampoco impiden a los litigantes ser oídos con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial (causas L. 76.638, "Valette", sent. de 2-V-2002; L. 83.142, "Polo", sent. de 4-VII-2007 y L. 117.612, "Aranda", sent. de 17-IX-2014).
III.2.a. Sentado lo anterior, cabe recordar que, conforme se desprende del relato de antecedentes, el tribunal de grado condenó a Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. al pago de la prestación dineraria establecida en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557, por las secuelas incapacitantes derivadas del accidente de trabajo sufrido por el actor el día 19 de mayo de 2014.
A la hora de cuantificar el importe de dicho resarcimiento, el juzgador abordó el planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 contenido en la demanda.
Reprodujo el criterio sostenido en otro precedente del mismo organismo, señalando que la consideración de los haberes devengados durante el año anterior a la manifestación invalidante como pauta estructural para la determinación del salario base no exhibía confrontación con ninguna norma constitucional, ni pulverizaba el significado económico de la indemnización, más allá de que por variaciones salariales posteriores, producto de las distintas coyunturas históricas, las remuneraciones del actor se hayan visto incrementadas. Afirmó que esta última circunstancia no era causa en sí misma que justificara la modificación de todo un régimen indemnizatorio que tarifa los resarcimientos, cuando ni siquiera se probó que la cifra a la que se arribaba por desinencia del procedimiento establecido en la norma especial no abasteciera la reparación merecida por el trabajador, agregando que fue el mismo demandante quien impulsó la aplicación de la norma y fundó a su amparo el ingreso base mensual pretendido (v. fs. 204 y vta.).
Por esas razones, declaró que la inconstitucionalidad intentada no podía ser receptada (v. fs. cit.).
III.2.b. Tales motivaciones no han recibido un embate idóneo por parte del agraviado, pues su crítica -vinculada, en esencia, a la necesidad de recurrir a valores actuales al momento de utilizar la fórmula legalmente prevista- no ataca concretamente las definiciones sobre las que el órgano de grado estructuró este tramo del pronunciamiento, quedando así evidenciada una manifiesta deficiencia técnica en el desarrollo del embate (causas L. 119.057, "Flores", sent. de 19-X-2016; L. 117.714, "S., L. H.", sent. de 29-VIII-2018; e.o.).
Desde este punto de mira, la ausencia de eficacia de la impugnación se exhibe nítida, ni bien se repara que su argumentación contiene un enfoque distinto del contenido en el escrito liminar, que el órgano de grado estimó inhábil a los fines pretendidos. En efecto, el desarrollo crítico del recurso se advierte como el fruto de una reflexión que innova el discurso blandido en la demanda -donde claramente se confunde con el planteo de inconstitucionalidad del art. 14 de la ley 24.557 (v. fs. 31/34 vta.)-; alterando el esquema que conformó aquella e impidiendo determinar con claridad la concreta dimensión patrimonial del reclamo.
Sobre el particular, conviene recordar que es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley si la argumentación esgrimida por el interesado denota un discurso novedoso que altera la inicial postulación, trocando de ese modo el enfoque fáctico-jurídico desplegado en la etapa procesal oportuna (causas L. 117.867, "Vigliero", sent. de 17-V-2017; L. 119.336, "Flores", sent. de 28-II-2018; L. 120.460, "Pontel", sent. de 2-VI-2020; e.o.).
Ello así, pues -en rigor- el recurrente pretende en el escrito bajo examen que se reemplace el mecanismo de fijación del ingreso base previsto en la ley (en cuanto toma en cuenta los salarios devengados en los doce meses anteriores a la primera manifestación invalidante; v. demanda a fs. 20 vta.) por el que considera más adecuado a sus intereses (computar salarios actualizados).
III.3. Por último, sin abrir juicio respecto de la oportunidad procesal para la introducción del planteo de inconstitucionalidad de los arts. 7, 8 y 9 de la ley 23.928 (modif. por ley 25.561), corresponde señalar que es criterio de esta Suprema Corte que son constitucionalmente válidas tales normas en cuanto prohíben expresamente toda forma de actualización monetaria, indexación de precios o repotenciación de deudas (causas L. 88.616, "Ibáñez", sent. de 5-VI-2013; L. 102.736, "Boll", sent. de 15-VII-2015; L. 118.241, "Tarelli", sent. de 15-VI-2016; L. 117.079, "Cuevas", sent. de 15-II-2017 y L. 119.112, "Pérez", sent. de 9-V-2018); sin que las razones vertidas en la impugnación ameriten la revisión de dicha postura.
III.4. Corolario de lo expuesto, y del mismo modo en que fuera señalado por esta Corte en las causas L. 124.700, "Insaurralde" (sent. de 29-VI-2021) y L. 124.773, "Ruiz" (sent. de 20-X-2021) -de connotaciones similares a la presente-, el fallo puesto en crisis no ha de modificarse, dada la insuficiencia técnica del embate orientado a cuestionar la conclusión que causa agravio a la impugnante y la reiterada doctrina legal que sobre el tópico tratado en el punto anterior ha forjado este Superior Tribunal (arts. 279, CPCC y 31 bis, ley 5.827 y modif.).
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa .
El señor Juez doctor Torres, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votó también por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
Observando que en el caso el recurrente se ha encargado de evidenciar que podría estar en juego una cuestión federal, comparto lo expuesto por mi distinguida colega doctora Kogan acerca del marco en el que debe resolverse el recurso deducido. Con ello, coincido también con la opinión que brinda la ponente para desestimar el medio de impugnación y, en fin, con la solución que propone.
Voto por la negativa .
El señor Juez doctor Genoud, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votó también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 18/08/2022 21:09:30 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 19/08/2022 09:02:34 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/08/2022 09:49:00 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/08/2022 16:00:31 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/08/2022 19:25:06 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia