Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 125751
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 125.751, "Bortel, Claudia Marcela contra Provincia ART S.A. Accidente de trabajo-acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Soria, Genoud.
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín, con asiento en dicha ciudad, rechazó la acción deducida, con costas (v. fs. 125/131 vta.).
Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 132/136 vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente rechazó la demanda promovida por Claudia Marcela Bortel contra Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., por la que -previo ejercicio de la opción prevista en el art. 4 de la ley 26.773- procuraba el cobro de una indemnización con fundamento en las disposiciones de la ley 24.557, por la disminución de su capacidad laboral derivada de la afección que, según sostuvo en la demanda, padece como consecuencia de las tareas prestadas bajo la dependencia de su empleador Antonio Agustín Berlasso.
Para así resolver, con apoyo en las pruebas documental e informativa y en las pericias contable y médica, juzgó que no resultaron acreditadas las tareas denunciadas (a saber: labores de limpieza, cocina y cuidado personal de la madre del señor Berlasso, en el marco de la ley 26.844) ni la vinculación entre ellas y la patología columnaria que posee la accionante (v. vered., fs. 126).
Sobre esta esencial conclusión, declaró que -ante el desconocimiento formulado por la demandada- correspondía a la reclamante (conf. art. 375, CPCC) demostrar la relación causal entre las labores y la dolencia diagnosticada, extremo que, conforme se indicó, no logró abastecer (v. sent., fs. 130).
II. La parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y la violación de la doctrina legal que identifica.
II.1. Afirma que, contrariamente a lo concluido en el pronunciamiento, las pruebas colectadas en la causa (esto es: la documental -certificados médicos y de discapacidad- y la pericia médica) dan cuenta de que la actora padece una enfermedad de origen profesional.
En particular, destaca la relevancia de la experticia en tanto de allí surgiría concretamente que la señora Bortel presenta un cuadro de lumbociatalgia con alteraciones clínicas, radiológicas y electromiográficas de carácter concausal con las tareas prestadas (v. fs. 134).
II.2. En otro orden, aduce que la naturaleza de las labores que desarrollaba se encuentra acreditada -de un lado- mediante el "acuerdo de desvinculación" acompañado y -del otro- por la categoría laboral que revestía (vinculada con la asistencia y el cuidado de personas) en el régimen especial aplicable (v. fs. 134 vta.).
II.3. Seguidamente se agravia por la relevancia que -según entiende- el juzgador le asignó al desconocimiento que formuló la aseguradora respecto de la relación causal entre la afección y la patología.
En tal sentido, señala -con particular énfasis- que este tipo de reclamos siempre son rechazados por las compañías (v. fs. cit.).
II.4. En este mismo orden de ideas -y vinculado con lo ya expuesto en el punto II.2.-, cuestiona nuevamente la conclusión según la cual se declaró no probada la referida relación de causalidad entre las tareas y el padecimiento denunciado.
En particular, objeta los términos empleados en el fallo por considerar que ponen en duda tanto la naturaleza de las labores prestadas por la actora, como la patología denunciada, extremos que -insiste- quedaron acreditados en autos (v. fs. 135).
II.5. Finalmente, aduce que el pronunciamiento no hace una sola mención a la pericia médica, pese a que el experto estableció que la afección "...sería atribuible al trabajo en forma empírica un 50%..." de incapacidad (v. fs. cit.).
III. El recurso no prospera.
Por cuestiones metodológicas, he de alterar el orden de tratamiento de los agravios expuestos.
III.1. El embate dirigido a objetar la atribución de la carga de la prueba a la actora con motivo del desconocimiento formulado por la aseguradora, no puede ser acogido atento su manifiesta insuficiencia técnica.
En efecto, el ataque a la conclusión sobre la negativa de la demandada no supera el registro de una mera discrepancia de opinión de la quejosa, quien prescinde denunciar en forma concreta en este tramo absurdo en la valoración del escrito de contestación de la demanda en pos de habilitar, por excepción, la revisión extraordinaria.
Luego, también omite alegar infracción de la mencionada norma adjetiva que regula la atribución de las incumbencias probatorias, y que fue actuada en la sentencia, incumpliendo de este modo con la exigencia que impone el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial.
Recuérdese que esta Suprema Corte no puede suplir de oficio, por inferencias o interpretación, las citas legales que debieron efectuarse por la quejosa (causas L. 118.179, "Fautario", sent. de 30-III-2016; L. 119.678, "Bertinelli", sent. de 10-IV-2019; L. 121.029, "Romero", sent. de 29-X-2020; e.o.).
Luego, sin perjuicio de otras consideraciones que pudieran exponerse al respecto, el insalvable déficit técnico que porta esta parcela del recurso define sin más su suerte adversa.
III.2. Sentado lo anterior, seguidamente he de brindar respuesta a los demás agravios ensayados.
III.2.a. Corresponde señalar que, como fue reseñado, tras analizar la documental e informativa, y las pericias contable y médica, el tribunal de grado -ejerciendo facultades privativas (art. 44 inc. "d", ley 11.653)- juzgó que no existía prueba alguna respecto de las tareas denunciadas y, asimismo, de que la dolencia diagnosticada en la última experticia mencionada tuviera relación causal con aquellas.
Esas conclusiones expuestas en el pronunciamiento de grado, claramente vinculadas a extremos de naturaleza fáctica y probatoria, no logran ser conmovidas por la recurrente mediante su lacónica exposición.
III.2.b. Inicialmente, cabe recordar que establecer las características de las tareas desempeñadas por el trabajador, como también si existe relación causal o concausal entre éstas y la incapacidad que padece, y -en general- analizar las cuestiones de hecho y apreciar el material probatorio, constituyen atribuciones privativas de los jueces de grado, ajenas a la casación, salvo que se denuncie y demuestre que tales conclusiones están invalidadas por el absurdo (causas L. 119.379, "Rio", sent. de 10-X-2018; L. 121.460, "Guerra", sent. de 31-VIII-2020 y L. 122.472, "Appendino", sent. de 20-XI-2020).
En la especie, la quejosa denuncia la configuración del mentado yerro, alegando -de un lado- que a través del acuerdo de desvinculación y de la categoría que revestía la trabajadora en el régimen especial aplicable quedaron verificadas las tareas que prestó, y -del otro- que mediante los certificados y el informe pericial médico se acreditó la vinculación de aquellas con el cuadro de lumbociatalgia que padece.
Bajo estas reflexiones, la interesada exterioriza su particular opinión sobre cómo debieron ponderarse los elementos de juicio arrimados, sin conseguir rebatir las motivaciones esenciales del fallo que le causan agravio, ni evidenciar el vicio lógico invocado.
Ante típicas cuestiones de índole fáctica, la discrepancia que trasunta la queja no autoriza la revisión de lo decidido en la instancia ordinaria, pues, conforme se ha declarado, no cualquier error, ni la apreciación opinable, discutible u objetable, ni la posibilidad de otras interpretaciones, alcanzan para juzgar configurado el absurdo, sino que es necesario que se demuestre un importante desarreglo en la base del pensamiento, una anomalía extrema, que ponga de manifiesto la irracionalidad de las conclusiones establecidas por el tribunal de grado (causas L. 104.251, "Burgos", sent. de 15-VI-2011; L. 107.439, "Pérez", sent. de 26-IX-2012; L. 121.787, "Schroeder", sent. de 8-III-2021 y L. 124.828, "Rodríguez", sent. de 6-XII-2021).
Queda claro que dicha hipótesis no se advierte configurada en la especie, máxime, teniendo en cuenta que esta Corte expresamente ha señalado que, si bien el informe médico es el medio probatorio más idóneo para establecer científicamente el nexo causal entre las tareas cumplidas por el trabajador y la minusvalía que lo afecta, no incurre en absurdo la sentencia del tribunal de trabajo que -como ocurre en el presente caso- no lo tiene en cuenta cuando las condiciones laborales no resultaron acreditadas en el veredicto (causas L. 105.288, "Barbuto", sent. de 6-VI-2012 y L. 120.373, "Lazcano", sent. de 7-VIII-2019).
III.3. Resta agregar que no puede adjudicarse entidad de agravio al escueto y confuso planteo inicial que formula la quejosa sobre una supuesta "arbitrariedad en la declaración de inconstitucionalidad de la ley 27.348" (v. fs. 133 vta.), toda vez que carece de todo desarrollo idóneo y atendible de cara al contenido del pronunciamiento (causas L. 93.909, "Galusso", sent. de 22-VIII-2012; L. 116.975, "Kilimik", sent. de 27-VIII-2014 y L. 123.291, "Longo", sent. de 30-VIII-2021).
III.4. Así las cosas, dada la deficiente fundamentación del embate, el fallo atacado debe permanecer incólume.
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Torres, Soria y Genoud , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 01/09/2022 19:48:05 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 05/09/2022 11:41:17 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/09/2022 20:24:53 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/09/2022 15:22:21 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/09/2022 18:22:07 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 16/09/2022 08:47:56 hs. bajo el número RS-55-2022 por ALFANO DANIEL.
Fin de la sentencia