Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 124683
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 124.683, "Notti, Marcelo Andrés contra Galeno ART S.A. y otra. Enfermedad profesional", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Soria, Kogan, Genoud .
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, con asiento en dicha ciudad, acogió parcialmente la demanda promovida e impuso las costas a la accionada vencida (v. fs. 977/998).
Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 26-VI-2019).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El tribunal interviniente admitió parcialmente la demanda interpuesta por el señor Marcelo Andrés Notti contra Galeno Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. y, en consecuencia, condenó a esta al pago de la prestación dineraria por incapacidad laboral parcial y permanente, prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557, con más el incremento establecido en el art. 3 de la ley 26.773.
Para así decidir, tuvo por acreditado, por conducto de la pericia médica, que el señor Notti sufre una incapacidad laboral parcial y permanente del 12,3% del índice de la total obrera, concluyendo el experto que el padecimiento de lesión del anulus fibroso L5-S1 guarda relación de causalidad con el accidente de trabajo ocurrido el 12 de mayo de 2014.
Asimismo, consideró que el perito médico había concluido, respecto de las otras dolencias columnarias -lesiones de los discos contenidas L3, L4, L1, L2-, que resultaban imagenológicamente anteriores a la fecha del infortunio laboral denunciado en autos, y que la patología consignada como "abombamiento difuso de disco" sin ruptura de las fibras de anulus fibroso, no constituía una verdadera hernia discal, sino un estado latente que solo producía dolor al lesionarse esa zona anatómica. Concluyó -por tanto- que la incapacidad calculada de acuerdo con el mismo criterio de hernia de disco lumbar con patología imagenológica era del 10% (baremo del dec. 659/96), sumatoria de ambas lesiones, sin relación causal con el evento dañoso.
También estableció el juzgador que, si bien se demostró, sobre la base de la testimonial y pericia técnica, que el actor ejecutó tareas repetitivas en el acarreo y entrega de garrafas de diez a cien kilos (labores realizadas al menos desde el año 1992), conforme concluyera el perito médico, advirtió que no se había corroborado -al margen de la lesión del anulus fibroso L5-S1-, que las restantes lesiones en la columna estuvieran vinculadas con su ámbito laboral.
Juzgó, en definitiva, que el trabajador era portador de una minusvalía incapacitante, aunque estimó no acreditado que la forma en que las tareas fueran prestadas determinaran la dolencia. Es decir, según el tribunal de origen, no quedó demostrada la relación causal entre las labores realizadas y la afección, por lo que -entendió- no podía tenerse por acreditada la presencia de una enfermedad profesional como la alegada (art. 375, CPCC), cuya configuración resultaba indispensable para originar la obligación resarcitoria.
Sentado ello, en orden a la estimación del monto de la reparación, atento el porcentaje de incapacidad determinado, el tribunal de grado se apartó de las conclusiones de la experta psicóloga. Esta profesional, conforme expuso, diagnosticó que el señor Notti (según el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales DSM IV) estaba afectado por un trastorno depresivo mayor recidivante, con un 70% de incapacidad, de los cuales el 10% era atribuible a su vida anterior, pero el 60% restante era producto del accidente de trabajo, lo que ocasionaba la necesidad de urgente tratamiento terapéutico por tiempo indeterminado, con intervención de un psiquiatra y apoyo farmacológico urgente. Destacó el juzgador de mérito que dicho dictamen, pese a los fundamentos científicos dados, no había tenido en cuenta para la evaluación de la minusvalía otorgada la tabla del decreto 659/96 (que incluso establece como máximo para RVAN depresiva grado IV un 30%), a la que debía atenerse conforme lo dispuesto por el art. 9 de la ley 26.773. Por otro lado, aunque la experta sostuvo que la naturaleza del siniestro y magnitud del daño físico (12,3%) permitían observar racionalmente el vínculo de causalidad, tal conclusión fue descartada por el a quo, en tanto -a su juicio- no se logró demostrar la enfermedad profesional invocada que aquella relacionaba. Por último, señaló que la perito no tenía incumbencia para diagnosticar patologías psiquiátricas.
Por todo lo expuesto consideró que, atento las secuelas físicas del 12,3% del índice de la total obrera motivadas en el accidente de trabajo sufrido el 12 de mayo de 2014, el caso debía encuadrar en la norma del art. 14 apartado 2 inc. "a" de la Ley de Riesgos de Trabajo (conf. dec. 1.694/09), resultando aplicable la resolución 3/14 de la Secretaría de Seguridad Social (art. 17, ley 26.773).
En otro orden, desestimó la pretensión del accionante por conducto de la cual procuraba la aplicación del índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) al resultado de la fórmula del art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557.
Sostuvo que a partir de la entrada en vigencia del decreto reglamentario 472/14, al cual calificó de constitucional, la cuestión quedó zanjada, puesto que sólo las compensaciones adicionales de pago único y los pisos mínimos deben sujetarse al incremento, conforme el método de ajuste previsto en la citada ley 26.773 (v. fs. 992/993 vta.).
Por ello, hizo lugar a la demanda deducida y, en consecuencia, condenó a Galeno Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. a abonar al actor la suma de $243.427,26 en concepto de capital, con más intereses a la tasa en su variante denominada "digital" que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires, en sus depósitos a treinta días, vigentes desde la fecha de sentencia, hasta el momento del efectivo pago, en caso de incumplimiento (v. fs. 997/998).
II. Contra dicho pronunciamiento, la parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo, arbitrariedad y violación de los arts. 1, 17 y 18 de la Constitución nacional y 168 y 171 de la Constitución provincial. Asimismo, aduce vulneración de la doctrina legal que identifica (v. presentación electrónica de fecha 26-VI-2019).
II.1. En primer lugar, el interesado ataca la definición arribada con relación a la dolencia reclamada en carácter de enfermedad profesional.
Alega que en la demanda introdujo dos pretensiones reparatorias. La primera, vinculada a las consecuencias que en su salud ocasionó el accidente de trabajo sufrido. La segunda, fundada en la afección de naturaleza profesional. Sostiene que esta última petición no fue juzgada en debida forma, toda vez que -indica- el juzgador circunscribió su decisión únicamente al resarcimiento del siniestro laboral padecido.
Expresa que si bien se pronunció respecto del tipo de tareas llevadas a cabo y el tiempo durante el cual las ejecutó, luego consideró que no se trataba de una enfermedad profesional, lo que -a su criterio- constituye fruto de una irrazonable valoración de las pruebas.
II.2. También reprocha que se haya apartado de la pericia psicológica obrante en la causa.
En lo esencial, denuncia que el trabajador se halla sumamente afectado desde el punto de vista anímico y que se encuentra fuera del mercado laboral. Asimismo, sostiene que el argumento utilizado en el pronunciamiento para desechar dicho medio probatorio, transgrede el derecho de defensa en juicio.
II.3. Por último, se opone al modo en que el a quo dispuso la aplicación del referido índice RIPTE.
Argumenta que es necesario brindar protección al sujeto trabajador durante un proceso inflacionario sin actualización monetaria justa. Sostiene que es a través de una tasa destinada a paliar la depreciación dineraria o bien mediante el señalado índice más intereses, que debe compensarse la desvalorización del dinero, en miras de la tutela que merece el trabajador.
III. El recurso no prospera.
III.1. Resulta prioritario destacar que, pese a advertirse cierta confusión en la exposición realizada, la atenta lectura del escrito de réplica da cuenta de que la mención que realiza el impugnante respecto de los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial no importa, en el caso, la deducción del recurso extraordinario de nulidad, pues no surge ello del título, del objeto o del petitorio de la pieza bajo examen (v. rec., capítulos I, III y VI), menos aún de su desarrollo.
Desde dicha constancia procesal se observa que el interesado solamente hace referencia a la interposición de un remedio extraordinario de inaplicabilidad de ley, circunstancia que se evidencia con toda nitidez ni bien se repara en que en el capítulo IV de la impugnación, el propio apelante solicita al tribunal de la instancia ordinaria que se pronuncie respecto de la admisibilidad de dicho medio de impugnación.
En estas condiciones, y dada la concesión por parte del a quo de esta última vía extraordinaria (v. pronunciamiento de fecha 23-VIII-2019), la competencia revisora de esta Suprema Corte queda abierta para el examen del carril efectivamente articulado y admitido (art. 281, CPCC).
III.2. Aclarado lo que antecede, cabe destacar que el impugnante, al mencionar los requisitos de admisibilidad del remedio extraordinario intentado (v. pág. 2 del recurso), no establece como estaría representado el valor del litigio ni cuantifica su importe, no demostrando -en consecuencia- que lo cuestionado ante esta instancia casatoria supere el mínimo establecido en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141).
Ello importa el incumplimiento de uno de los requisitos a los que hace alusión la norma referida, falencia que no puede ser salvada por esta Corte, pues es el recurrente quien tiene la carga procesal de acreditar que el monto del agravio excede el umbral establecido en la ley ritual para la admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (causas L. 120.141, "Lencina", sent. de 22-VIII-2018; L. 124.028, "Blanco", sent. de 30-VIII-2021 y L. 123.852, "Acuña", sent. de 13-XII-2021; e.o.).
En consecuencia, corresponde ingresar en el análisis de las críticas que porta el presente medio de impugnación en el marco de la excepción contemplada en la última parte del primer párrafo del art. 55 de la ley 11.653.
Desde este punto de vista, la función revisora de este Tribunal queda limitada a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando esta Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 120.201, "Morris", sent. de 24-IV-2018; L. 120.998, "López", sent. de 27-XI-2019; L. 121.770, "Salgado", sent. de 21-IX-2020; L. 120.853, "Bowers", sent. de 21-X-2020; L. 122.218, "Villarroel", sent. de 9-XII-2020; L. 121.841, "Sanchioni", sent. de 21-IV-2021 y L. 124.084, "Vecchio", sent. de 5-V-2021; e.o.).
III.2.a. Esa perspectiva de análisis conduce a concluir que el reproche dirigido a controvertir la conclusión vinculada con la enfermedad profesional alegada y el supuesto absurdo imputado al tribunal de grado en la apreciación de las constancias y pruebas de la litis -verbigracia, el apartamiento de lo dictaminado por la perito psicóloga-, no son atendibles, porque remiten al análisis de típicas cuestiones de índole fáctica y probatoria, excluidas del ámbito de la casación por la vía examinada.
En este sentido, expresamente se ha declarado que debe ser rechazado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que, en el marco de la excepción prevista por el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653, pretende la revisión de cuestiones de hecho y prueba (causas L. 118.662, "Aiello" y L. 118.678, "Vizgarra", resols. de 1-VII-2015; L. 120.016, "Mozzi", sent. de 14-VIII-2019 y L. 121.507, "Bramanti", sent. de 31-VIII-2021; e.o.).
Luego, también es dable recordar que esta Suprema Corte tiene dicho que no se observa la concurrencia de la vía de excepción en cuestión, en el sentido y con el alcance por ella establecido, cuando la doctrina legal que se invoca violada refiere al vicio de absurdo (causas L. 93.692, "Archetti", sent. de 14-III-2012; L. 116.942, "Novelli", sent. de 28-X-2015; L. 119.636, "Medina", sent. de 28-II-2018 y L. 122.310, "Camerini", sent. de 15-III-2021; e.o.), como la mencionada en el caso.
En este orden de ideas, no resulta ocioso indicar que la cita de fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de otros tribunales de justicia que formula el interesado a lo largo del desarrollo de su postulación impugnativa, no constituye doctrina legal (causas L. 91.908, "Acuña", sent. de 18-III-2009; L. 117.691, "Giberti", resol. de 5-III-2014; L. 121.975, "Mansilla", resol. de 5-VI-2019 y L. 123.858, "Bueno", sent. de 20-X-2021; e.o.), como tampoco resulta apta la referencia a la opinión de autores (causas L. 119.351, "Martínez", sent. de 6-IX-2017 y L. 120.591, "Calcagno", sent. de 20-V-2020; e.o.).
III.2.b. Por último, el cuestionamiento dirigido a controvertir el modo en que se dispuso la aplicación del índice RIPTE tampoco merece recepción.
Al respecto, el recurrente prescinde denunciar la conculcación de doctrina legal relacionada con el agravio que expone, razón por la que el recurso deviene inadmisible en esta parcela (causas L. 117.832, "Campos Dure", sent. de 2-XI-2016; L. 121.474, "Sotelo", sent. de 31-VIII-2020; L. 121.562, "Espeche", sent. de 5-XI-2020 y L. 123.405, "D' Ascenzo", sent. de 14-III-2022).
IV. Por lo expuesto, propongo rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
El señor Juez doctor Soria , la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 01/09/2022 19:48:04 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 05/09/2022 11:41:17 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/09/2022 20:24:52 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/09/2022 15:22:00 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/09/2022 18:22:06 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 16/09/2022 08:47:55 hs. bajo el número RS-54-2022 por ALFANO DANIEL.
Fin de la sentencia