Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 126073
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 126.073, "Simanauskas, Adrián Hugo contra Provincia ART S.A. Apelación de dictamen de comisión médica", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Soria, Kogan, Genoud.
El Tribunal del Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar parcialmente a la acción deducida, imponiendo las costas a la demandada en su carácter de vencida (v. pronunciamiento de fecha 17-VII-2020).
Se interpuso, por la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico del 5-VIII-2020).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El tribunal de grado hizo lugar parcialmente a la demanda que Adrián Hugo Simanauskas promovió contra la Provincia de Buenos Aires, por la que procuraba el pago del resarcimiento por daños y perjuicios y prestaciones dinerarias de la Ley de Riesgos del Trabajo por las secuelas incapacitantes derivadas de la dolencia que contrajo -daño auditivo- como consecuencia de las tareas prestadas para el Ente Administrador Astillero Río Santiago.
En lo que aquí interesa destacar, declaró la inconstitucionalidad "de la opción excluyente" prevista en el art. 4 de la ley 26.773 (en su versión anterior a la modificación de la ley 27.348). Expresó que, si bien existió una añosa tolerancia jurisprudencial a la opción contenida en la ley 9.688, tal posición, siempre errada, no fue pacífica. Dijo que "tal incongruencia del Derecho Social fue felizmente superada a partir del malogrado art. 39 de la ley 24557, que colmó una serie de insostenibles injusticias y actuó como un eficaz revulsivo de las mismas" y que a partir de entonces la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los superiores tribunales provinciales dictaron sucesivos fallos -así, entre otros, en los conocidos casos "Aquino", "Castillo", "Llosco" y "Cachambi" de la Corte federal- que impiden "retrogradar tanto legal, jurisprudencial como doctrinariamente, hacia la reinstauración de la opción excluyente".
Consideró que no puede aceptarse la vigencia de un subsistema de reparación de daños excluyente del común, sino que, de existir, este debe ser complementario y articularse en cuanto resulte más beneficioso para la víctima, en conjugación de las distintas vertientes de atribución de responsabilidad, evitando así, la superposición o duplicación de reparaciones. Indicó que esta situación se encuentra afianzada en nuestra jurisprudencia desde hace varios años y que no se puede desandar, sino violando el principio de progresividad.
Juzgó que la opción excluyente obsta al libre y pleno acceso a la justicia, y al obligar al trabajador en estado de necesidad a tomar una decisión crítica que implica una renuncia a priori de un hipotético o eventual mejor resarcimiento, lo perjudica.
Con ese basamento, declaró la inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773, por resultar incompatible con los arts. 5, 14 bis, 16, 17, 18, 19, 75 incs. 12 y 22, 109 y 121 de la Constitución nacional; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1, 8, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 7 y 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y Convenios 17, 42 y 102 de la Organización Internacional del Trabajo e hizo lugar parcialmente a la demanda promovida, condenando a la Provincia de Buenos Aires a pagar al accionante el importe de $190.892,50 en concepto de reparación integral por daños y perjuicios y, en concurrencia con dicha indemnización, la suma de $62.251,64 por las prestaciones dinerarias previstas en los arts. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 y 3 de la ley 26.663.
II. La Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de los arts. 5, 14 bis, 16, 17, 18, 19, 28, 75 incs. 12 y 22, 109 y 121 de la Constitución nacional; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1, 8, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 7 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; Convenios 17, 42 y 102 de la Organización Internacional del Trabajo; 39 inc. 3 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 3.949, 3.956 y 4.037 del Código Civil (ley 340); 44 inc. 1 de la ley 24.557; 4 de la ley 26.773; 375 del Código Procesal Civil y Comercial y 26 a 29, 44 inc. "d" y 47 de la ley 11.653.
II.1. En primer lugar, se opone a la declaración de inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773 efectuada por el juzgador de grado.
Luego de señalar que la Constitución no prevé de manera expresa una norma de derecho fundamental para cada situación hipotética y que si existe una opción excluyente de acciones, ello es producto de una labor legislativa; argumenta que el criterio que emana del citado art. 4 de la ley 26.773 es el de la "razonabilidad", definido doctrinariamente como "la exigencia constitucional de que las leyes deben contener una equivalencia entre el hecho y el antecedente de la norma jurídica creada, y el hecho consecuente de la prestación o sanción, teniendo en cuenta las circunstancias sociales que motivaron el acto, los fines perseguidos con él y el medio que como prestación o sanción establece dicho acto". A la par, recuerda que la Corte Suprema de Justicia de la Nación siempre ha dicho que la declaración de inconstitucionalidad de una norma es la ultima ratio del orden jurídico.
Sosteniendo que el dispositivo en análisis no resulta una novedad pues la misma situación se daba con las leyes 9.688 y 24.028, destaca seguidamente que luce desacertada la interpretación que indica que es violatorio del "principio de progresividad", ello, pues -sin perjuicio de otras consideraciones que formula- no puede considerarse un "retroceso" lo regulado con la mentada opción en tanto la ley 26.773 implicó una verdadera reforma de fondo y constituyó una respuesta legal superadora de los factores más controvertidos del sistema reparatorio de riesgos del trabajo.
Manifiesta que el criterio optativo y excluyente que propicia la ley tampoco se encuentra en pugna con la garantía de libre acceso a la justicia y el derecho de propiedad por privación de una reparación integral del daño.
Alega que surge con suma claridad que el accionante ha ejercido libremente la opción contemplada en el art. 4 de la ley 26.773, que conforme la fecha de toma de conocimiento determinada por el sentenciante, se encontraba vigente al momento de interponer su reclamo judicialmente.
Refiere que no es el camino correcto el de acudir a inconsistentes argumentos a efectos de derribar una normativa que, en facto, es de carácter público y ha sido creada -como instrumento de protección social- con el fin de corregir la imperfección estructural del sistema de prevención y reparación de la siniestralidad laboral regulado en la ley 24.557.
Con todo, aduce que el tribunal de grado incurrió en flagrante absurdo y manifiesta arbitrariedad al momento de declarar la inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773, debiéndose en consecuencia casar el fallo de grado en lo que se refiere a la reparación con fundamento en el Código Civil, toda vez que el actor claramente ha optado por el otro sistema indemnizatorio, o sea el previsto en la Ley de Riesgos del Trabajo.
II.2. En otro orden, afirma que el sentenciante incurrió en el error de incorporar a la condena de reparación integral los factores de ponderación previstos en el decreto 659/96, toda vez que estos se corresponden exclusivamente con el resarcimiento sistémico. Por dicha razón, solicita que de confirmarse lo juzgado respecto a la indemnización fundada en el derecho civil, se revoque este concreto aspecto del fallo.
II.3. Se agravia de la decisión de grado en cuanto, con fundamento en el art. 770 inc. "b" del Código Civil y Comercial de la Nación, dispuso la capitalización de intereses.
En este orden, denuncia transgredida la doctrina legal emergente del precedente L. 118.857, "Trofe", sentencia de 15-VI-2016.
También objeta la imposición de intereses punitorios para el caso de incumplimiento del fallo dictado en autos, afirmando que ello atenta contra la doctrina legal que individualiza.
Refiere además que la fecha de toma de conocimiento de la patología vinculada a la hipoacusia fue establecida el día 16 de junio de 2014, por lo que la decisión del tribunal de pretender aplicar al caso el art. 770 del Código Civil y Comercial de la Nación, norma que entró en vigencia día 1 de agosto de 2015, transgrede el principio de irretroactividad de las leyes.
II.4. Finalmente controvierte el rechazo de la excepción de prescripción opuesta, alegando que la conclusión por la cual el tribunal estableció la fecha de la primera manifestación invalidante es producto de una afirmación dogmática, desde que no encuentra respaldo en ninguna constancia de la causa.
III. El recurso no prospera.
III.1. En primer lugar, cabe señalar que el valor del litigio, a tenor de los agravios ensayados, representado -en el caso- por el capital de condena más los intereses cuestionados, no supera el límite establecido en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141), razón por la cual la admisibilidad del recurso deducido, en principio, solo podrá justificarse en el estricto marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
Siendo ello así, la función revisora de esta Corte se limita a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando este Tribunal ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 109.022, "Villa", sent. de 31-VIII-2011; L. 103.432, "Zanuttini", sent. de 6-XI-2012; L. 116.470, "Armesto", sent. de 6-III-2013 y L. 121.474, "Sotelo", sent. de 31-VIII-2020).
Ahora bien, no puede soslayarse que el agravio dirigido a rebatir la declaración de inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773 involucra el análisis de una cuestión federal que, con prescindencia del valor de lo cuestionado, amerita la apertura de la instancia extraordinaria.
Ante dicha circunstancia, se impone destacar que -conforme reiteradamente lo ha declarado este Tribunal- aun cuando dicho monto no supere el indicado límite establecido en los arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653, corresponde ingresar en el tratamiento de los agravios contenidos en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que se vinculan con tales cuestiones federales, toda vez que -según lo ha resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN Fallos: 308:490 in re "Strada"; 311:2478 in re "Di Mascio") es necesario que la Suprema Corte, en tanto órgano máximo de la judicatura local, ingrese al conocimiento de los cuestionamientos relacionados con puntos regidos por la Constitución, las leyes federales y los tratados internacionales (causa L. 91.737, "Kaufmann", sent. de 21-IX-2011).
Por consiguiente, sólo tal cuestionamiento habrá de ser abordado con prescindencia de las limitaciones establecidas en las leyes procesales locales. En cambio, las demás críticas deberán ser analizadas bajo el prisma establecido en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
III.2. Sentado ello, corresponde alterar el orden de tratamiento de los agravios traídos, principiando por excluir aquel que se dirige a cuestionar el rechazo de la excepción de prescripción, el que -anticipo- no resulta atendible.
III.2.a. En primer lugar, por cuanto la interesada sólo trae a consideración de este Tribunal planteos de índole fáctica, extraños al ámbito de la casación por la vía excepcional transitada, como lo son los vinculados a la determinación del plazo prescriptivo.
Al respecto, expresamente se ha declarado que debe ser rechazado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que, en el marco de la excepción prevista por el citado art. 55, pretende la revisión de cuestiones de hecho y de prueba, como lo es establecer el comienzo del curso de la prescripción (causas L. 118.678, "Vizgarra" y L. 118.662, "Aiello", sents. de 1-VII-2015 y L. 118.735, "Subeldia", sent. de 15-VII-2015).
III.2.b. Por otra parte, es dable puntualizar que la cita de doctrina legal definitoria del vicio de absurdo carece de idoneidad a los fines pretendidos, en el acotado margen de revisión por el que transita el recurso (causas L. 119.636, "Medina", sent. de 28-II-2018; L. 122.310, "Camerini", sent. de 15-III-2021 y L. 124.757, "Castelli", sent. de 14-VI-2021; e.o.).
También es dable precisar que no se verifica el mentado supuesto de excepción cuando mediante la denuncia de violación de la doctrina legal se pretende, en realidad, someter a revisión de la Suprema Corte agravios vinculados con la interpretación de normas procesales (causas L. 111.950, "Ramundo", sent. de 24-X-2012 y L. 120.258, "Caiguara", sent. de 17-X-2018; e.o.).
III.3. La crítica dirigida a objetar la declaración de inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773, debe ser analizada conforme se adelantó en el punto III.1.
En estas condiciones, los argumentos que nutren al embate resultan inconducentes.
III.3.a. Con las precisiones que a lo largo de dicha pieza efectuó, en el escrito de demanda la parte actora sostuvo que "el reclamo que se ensaya en autos se encuentra sujeto a las previsiones del sistema de la Ley 24.557; solicitando se condene a la empleadora del reclamante por las diferencias indemnizatorias que surjan de la insuficiencia del régimen especial que afecte constitucionalmente el bien jurídico protegido, ello según el alto criterio de razonabilidad" (fs. 50 vta.); persiguiendo además "el cumplimiento de la reparación integral, la cual comprende una integridad en la que se incluye el daño material emergente de la incapacidad física, el daño estético, psíquico y moral de la víctima" (fs. 55).
Por su lado, al intervenir en el litigio el Fisco provincial sostuvo que "la demanda ha sido iniciada en forma prematura, amén de que los rubros civiles peticionados son improcedentes, todo ello en función de lo dispuesto por el art. 4 de la ley 26.773 que determina un plazo para iniciar la acción judicial y prohíbe expresamente la acumulación de acciones" (fs. 75); por lo que se opuso al progreso de la pretensión en los términos en que había sido planteada (v. fs. 75 vta.).
III.3.b. Ahora bien, en el recurso extraordinario en análisis el interesado despliega una serie de argumentos orientados a justificar la constitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773, pero ello, en el marco de aquel razonamiento en el que señala que "el accionante ha ejercido libremente la opción contemplada en el art. 4, ley 26.773, que conforme la fecha de toma de conocimiento determinada por el a quo, se encontraba vigente al momento del interponer su reclamo judicialmente" (rec., punto VI, apdo. "b").
III.3.c. Lo anterior revela la impropia postura que ha adoptado el recurrente en esta sede extraordinaria, pues a pesar de haber sido consecuente en defender la validez constitucional de la norma descalificada en la instancia, lo ha hecho aquí bajo una valoración que difiere y colisiona lógicamente con aquella desplegada al contestar la demanda. Así, mal puede sostener que corresponde casar la sentencia porque el actor claramente ha optado por el otro sistema indemnizatorio, o sea el previsto en la Ley de Riesgos del Trabajo (v. rec., punto VI, apdo. "b", último párrafo), cuando en la instancia ordinaria expresamente señaló que aquel no formuló opción alguna, resultando inviable la demanda por el modo en que había sido planteada (v. fs. 75 y vta.).
Por aplicación de los principios que informan la doctrina de los actos propios, es inatendible la pretensión que importe ponerse en contradicción con los comportamientos anteriores jurídicamente relevantes y plenamente eficaces (causas L. 110.090, "Pérez", sent. de 11-IX-2013; L. 86.920, "P., G. M.", sent. de 8-X-2014; L. 114.166, "Giordano", sent. de 15-VII-2015 y L. 118.225, "Dahl", sent. de 24-II-2016; e.o.), incurriendo en una postulación inadmisible que, como tal, no debe ser considerada.
III.4. En otro orden, la improcedencia de la objeción vinculada con los factores de ponderación empleados en autos para definir el porcentaje de incapacidad del trabajador luce manifiesta, pues no se ha denunciado a su respecto la vulneración de doctrina legal alguna relacionada con el tópico que se impugna, presupuesto esencial para poner a revisión lo resuelto en el presente ámbito de excepción (causas L. 121.119, "Sosa", resol. de 11-IV-2018; L. 121.838, "Fernández Guemil", sent. de 7-IX-2020 y L. 121.562, "Espeche", sent. de 5-X-2020; e.o.).
III.5.a. En lo concerniente al agravio por el que se intenta desvirtuar la parcela del pronunciamiento que ordena capitalizar intereses no se verifica la concurrencia de aquel supuesto descripto que justifique su encuadre en el citado art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653, toda vez que se advierte que la doctrina legal que se denuncia vulnerada ha sido elaborada sobre la base de presupuestos fácticos y jurídicos disímiles a los que se verifican en el caso bajo juzgamiento (causas L. 107.939, "Continiello", sent. de 3-X-2012; L. 116.853, "Salomón", resol. de 23-XII-2014; L. 120.015, "Zarate", resol. de 8-II-2017; L. 117.605, "Gómez", resol. de 14-VIII-2019 y L. 125.440, "Tierno", resol. de 21-IX-2020).
III.5.b. Por otro lado, el planteo vinculado a la tasa de interés dispuesta para el caso de incumplimiento de la manda judicial debe ser desestimado, pues no se advierte configurada la violación de la doctrina legal que cita la recurrente, toda vez que la crítica se dirige a impugnar los accesorios de carácter sancionatorio (causas L. 84.266, "Rosado", sent. de 9-VI-2010; L. 117.706, "Duarte", sent. de 18-VI-2014; L. 120.833, "Cereijido", resol. de 11-X-2017 y L. 125.436, "Pérez", resol. de 21-IX-2020).
III.5.c. Resta indicar que también corresponde el rechazo de la lacónica argumentación sustentada en la invocada aplicación retroactiva de la norma del art. 770 del Código Civil y Comercial de la Nación (v. rec., punto VII, apdo. b.3.), en tanto -una vez más- el recurrente no ha vinculado el embate con la vulneración de doctrina legal alguna.
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
Señalando que en lo tocante al agravio referido a la declaración de inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773 efectuada por el a quo y su marco de revisión, el impugnante ha desplegado argumentos que evidencian que en el caso podría estar en juego una cuestión federal, adhiero al sufragio emitido por mi distinguido colega doctor Torres.
Así lo voto.
La señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Genoud, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que correspon
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