Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 126282
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe anula de oficio la sentencia de fecha 13 de agosto de 2020 y se remite la causa al órgano de origen a fin de que, integrado con otros jueces, renueve los actos procesales que estime necesarios y dicte, oportunamente, el pronunciamiento que corresponda.
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 126.282, "Ascona, Fabián Andrés contra Productos Trío S.A. Reinstalación (sumarísimo)", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Soria, Kogan, Genoud .
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de La Matanza rechazó la acción deducida e impuso las costas a la parte actora, con el beneficio que consagra el art. 22 de la ley 11.653 (v. pronunciamiento electrónico de fecha 13 de agosto de 2020).
Se interpusieron, por esta última, recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica del día 19 de agosto de 2020), habiendo denegado el tribunal de grado el primero y concedido el segundo de los remedios procesales referidos (v. resoluciones electrónicas de los días 29 de noviembre de 2021 y 3 de septiembre de 2020, respectivamente).
Dictada la providencia de autos con fecha 13 de noviembre de 2020 (llamamiento que, suspendido el día 23 de noviembre de 2021, fue reanudado el día 17 de diciembre de 2021) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Corresponde anular de oficio la sentencia de fecha 13 de agosto de 2020?
En caso negativo:
2ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. Se desprende de la decisión atacada que el tribunal de trabajo interviniente rechazó la acción sumarísima de reinstalación interpuesta por el señor Fabián Andrés Ascona contra Productos Trío S.A. y le impuso las costas en su calidad de vencido, con el beneficio establecido en el art. 22 de la ley adjetiva laboral (v. pronunciamiento electrónico de fecha 13 de agosto de 2020).
Para así decidir, tras analizar el escrito de demanda de la causa "Ascona, Fabián Andrés c/ Productos Trío S.A. s/ despido" (Expte. LM63571/2020), radicada ante el mismo órgano jurisdiccional, sostuvo que el trabajador había iniciado en este último, una acción por despido con arreglo a la cual reclamó a Productos Trío S.A. los rubros derivados del distracto, que denunció verificado el día 30 de junio de 2020, esto es -según enfatizó- en la misma fecha que la accionada contestó la demanda en las presentes actuaciones.
En ese marco, manifestó que el señor Ascona en la actualidad carecía de interés para obtener la reinstalación en el puesto de trabajo que procuraba en estos autos, toda vez que su nueva pretensión consistía en el cobro de sumas que, en su mayoría, derivaban de una relación laboral que el propio interesado había presentado como fenecida.
En tal sentido, concluyó que al haber promovido otro proceso de conocimiento -en el que habría un amplio debate sobre las circunstancias en las que se produjo dicha desvinculación-, el actor declinó su pretensión de ser reinstalado, único objeto de la presente causa, por lo que debía rechazarse la demanda aquí iniciada.
II. Contra dicho pronunciamiento, la legitimada activa interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que, en lo sustancial, controvierte por absurdo el fallo de grado (v. presentación electrónica del día 19 de agosto de 2020).
III. Anticipo mi respuesta afirmativa al primer interrogante planteado, a cuyo fin considero necesario reseñar los antecedentes más relevantes del caso.
III.1.a.i. El día 16 de junio de 2020 el señor Fabián Andrés Ascona presentó demanda en la que solicitó el otorgamiento de una medida cautelar para procurar la reinstalación en su puesto de trabajo y el cobro de salarios impagos "...hasta tanto se dicte sentencia definitiva en el expediente correspondiente al fondo de autos, el que será interpuesto en la etapa procesal oportuna..." (págs. 1 y 2, escrito electrónico).
Relató que el día 14 de mayo de 2020 le fue prohibido el ingreso a su lugar de trabajo, oportunidad en la que se le manifestó -de modo verbal- que se encontraba despedido. En ese contexto, denunció la violación del decreto 329/20, que establece la prohibición de los despidos sin causa o con fundamento en la falta o disminución de trabajo, o fuerza mayor.
III.1.a.ii. Seguidamente, la señora presidenta del tribunal de grado dispuso -con sustento en los arts. 321 y 496 del Código Procesal Civil y Comercial- imprimir a las actuaciones el tramite sumarísimo, ordenó el traslado de la demanda a Productos Trío S.A., y -por último- resolvió desestimar la medida precautoria por considerar que no se encontraban configurados - prima facie - los presupuestos para su procedencia, al no haberse agregado al proceso elemento alguno destinado a avalar el hecho mismo del despido invocado (v. proveído electrónico de fecha 18 de junio de 2020).
III.1.a.iii. El día 25 de junio de 2020 la empresa accionada contestó la demanda. Alegó que la dirección de la empresa había decidido despedir al trabajador accionante como consecuencia de reiteradas ausencias injustificadas. Agregó que ello fue únicamente comunicado en forma verbal por el señor Oscar Daniel Carrizo el día 14 de mayo de 2020 cuando aquel concurrió a trabajar a la empresa, debido -por un lado- a la negativa por parte del señor Ascona de firmar y recibir el correspondiente telegrama, y -por otro- en atención a los resultados negativos por parte del Correo para concretar la notificación en el domicilio del dependiente. De este modo, expresó que no se encontraba vulnerado lo establecido en el decreto de referencia, ya que no quedaban alcanzados por la norma los despidos con justa causa, como el de autos.
III.1.a.iv. Al contestar el traslado al que hace alusión el art. 29 de la ley 11.653, la parte actora rechazó lo manifestado por la contraria. Asimismo, expuso que la demandada no había cumplido con los requisitos previstos en el art. 243 de la Ley de Contrato de Trabajo, en tanto nunca cursó por escrito la notificación de la decisión rupturista (v. presentación electrónica del día 6 de julio de 2020).
III.1.a.v. Luego, con el "...fin de no afectar el derecho de defensa ni el principio de congruencia...", ante la presentación efectuada por la accionada el día 15 de julio de 2020, la imposibilidad de conciliación en el caso y siendo que aquella había introducido un hecho nuevo (haciendo referencia a que el despido había sido con justa causa), el legitimado activo solicitó que se dejara en suspenso el trámite de las presentes actuaciones a los efectos de que se llevara a cabo el pertinente proceso de conocimiento. Asimismo, invocando el principio de economía procesal y para evitar un dispendio jurisdiccional innecesario, solicitó la acumulación de ambos procesos (conf. art. 188 y sigs., CPCC).
A dicha petición se opuso la empleadora demandada (v. escrito electrónico del día 2 de agosto de 2020).
III.1.a.vi. El día 6 de agosto de 2020 se informó por el auxiliar letrado del tribunal interviniente que el cotejo del libro de ingresos de expedientes y el sistema informático de gestión daban cuenta que se encontraban radicados ante el mismo órgano judicial los autos caratulados "Ascona, Fabián Andrés c/ Productos Trío S.A. s/ Despido" (expte. LM63571/2020).
III.1.b. En este estadio procesal, el a quo -sin más tramitación-, dispuso pasar los autos al acuerdo del tribunal (v. proveído de fecha 7 de agosto de 2020). Luego, dictó pronunciamiento en el que, analizando -en lo esencial- la pretensión contenida en el escrito de inicio de la causa de referencia, rechazó la acción impetrada en estos actuados por los motivos precedentemente expuestos (v. fallo de fecha 13 de agosto de 2020).
III.2.a. Abierta la jurisdicción revisora extraordinaria, conviene recordar que la potestad de declarar de oficio la nulidad de los pronunciamientos judiciales dictados por los jueces de última o única instancia es exclusiva y excluyente de esta Suprema Corte, y se halla reservada para supuestos de excepción (causas L. 117.390, "Salas", sent. de 17-XII-2014; L. 117.044, "Varales", sent. de 27-V-2015; L. 117.778, "Abadie", sent. de 18-V-2016 y L. 118.683, "Moreno", sent. de 18-VIII-2020). Puede y debe ejercerse en esos casos excepcionales, en resguardo de la estricta observancia de las formas instituidas en procura de una mejor administración de justicia (causas L. 82.360, "Datola", sent. de 8-VII-2008 y L. 100.658, "Ciotti", sent. de 17-VII-2010).
Desde esta perspectiva, preciso es concluir que la decisión atacada -como adelanté- merece ser anulada de oficio.
III.2.b. La reseña de lo sucedido en la causa es indicativa del desacierto incurrido por el tribunal de la instancia de grado.
Según lo antes dicho, y más allá del contenido del escrito liminar, el a quo dispuso imprimir el trámite sumarísimo para la sustanciación del proceso en el primer proveído dictado en el expediente (arts. 321 y 496, CPCC), oportunidad en la que -también- desestimó -en ese estado- la medida cautelar pretendida por el promotor del juicio. Esta decisión no mereció objeción alguna.
Se sigue de ello que mal pudo el órgano de origen, so pena de incurrir -como efectivamente lo hizo- en avasallamiento de las garantías constitucionales del debido proceso adjetivo y del aseguramiento de la tutela judicial continua y efectiva (arts. 18, Const. nac.; 8, CADH y 15, Const. prov.), dar conclusión prontamente a la causa en un momento procesal inadecuado, a la luz del trámite que el propio juzgador impuso seguir para llevarla adelante.
Esta situación no puede convalidarse, pues denota un proceder incompatible con los señalados derechos constitucionales, y requiere remover aquellas falencias que, por su naturaleza y entidad, han gravitado de modo negativo en la prestación del servicio de justicia.
III.2.c. No es ocioso recordar, a esta altura, que el hecho de que la causa se sustancie por el proceso sumarísimo (arts. 321 y 496, CPCC), de acuerdo al art. 63 de la ley 11.653, indica que la aplicación de las normas del Código Procesal Civil y Comercial debe compatibilizarse y armonizarse con el sistema implementado en la ley ritual del fuero (causa L. 85.540, "Cáceres", sent. de 20-XI-2002).
III.2.d. Por lo demás, advierto que para arribar a la decisión cuya anulación oficiosa propicio, el tribunal de la instancia ordinaria analizó y evaluó circunstancias fácticas en una etapa que, reitero, resultó inoportuna. Además, siquiera reparó en que para ingresar en esa valoración debió abrir el juicio a prueba y, al momento de decidir, dictar el pertinente veredicto, que en el procedimiento laboral de la Provincia de Buenos Aires debe preceder a la sentencia (art. 44 inc. "d", ley 11.653).
También observo la omisa atención del pedido de acumulación de procesos, pretensión esta que -sin perjuicio de la decisión que merezca en el marco de las normas adjetivas aplicables- no se muestra extraviada del contexto de los litigios involucrados.
III.3. No se me escapa que la solución que propongo es de carácter excepcional ni de la gravedad que conlleva. Sin embargo, entiendo que es más grave aún que esta Suprema Corte, como cúspide de la administración de justicia en el orden provincial, desatienda una situación en extremo irregular como la ocurrida en la especie, desde que -considero- no cabe privar a las partes de las consecuencias procesales de defectos solo imputables al incorrecto obrar de los jueces.
IV. Lo dicho me lleva a proponer al acuerdo que, de oficio, se disponga la anulación del pronunciamiento de fecha 13 de agosto de 2020, y se remitan los autos al tribunal de origen a fin de que -con diferente integración-renueve los actos procesales que estime necesarios y, oportunamente, dicte aquel que corresponda.
Voto por la afirmativa .
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
En el caso, en su primera intervención el tribunal de grado interpretó que en el escrito inaugural la parte actora había planteado -además de la medida cautelar a la postre desestimada- una acción de reinstalación; en esa inteligencia y concomitantemente a conferir su traslado a la empleadora, indicó que al trámite habría de imprimirle el tipo procedimental sumarísimo.
Sin embargo, al dirigir el proceso y resolver finalmente el rechazo de la acción, no compatibilizó la aplicación de las normas respectivas del Código Procesal Civil y Comercial con aquellas que forman parte de la fisonomía particular que exhibe el régimen adjetivo laboral local (arts. 496, CPCC y 63, ley 11.653), proceder este último, cuya inobservancia en varias ocasiones ha llevado a esta Corte a ejercer su excepcional potestad anulatoria (causas L. 46.996, "Ferretti", sent. de 29-X-1991; L. 49.461, "Olivera", sent. de 27-IV-1993; L. 51.878, "Losa Ladrillos Olavarría S.A.I.C.", sent. de 1-VI-1993; L. 85.540, "Cáceres", sent. de 20-XI-2002 y L. 104.645, "Molfesa", sent. de 26-X-2010).
En ese contexto, puede observarse que sin haberse siquiera pronunciado previamente acerca de la índole de la naturaleza de la cuestión, y en su caso, sobre la pertinencia o no de la producción de prueba, de modo ciertamente intempestivo y sin traslado alguno a las partes (solo se constata un mero pase al acuerdo confusamente fundado en el art. 12 de la ley de rito), el a quo dictó un pronunciamiento carente de los típicos compartimentos o etapas que -excepto en cuestiones de puro derecho- forman parte de las resoluciones judiciales que deciden los procesos laborales con carácter definitivo (art. 44, ley 11.653).
En fin, estas graves falencias me conducen a suscribir la solución que el colega ponente eleva a este acuerdo.
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.
La señora Jueza doctora Kogan, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votó la primera cuestión también por la afirmativa .
El señor Juez doctor Genoud, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votó la primera cuestión también por la afirmativa .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
En atención a la forma en que ha quedado resuelta la cuestión anterior, no corresponde ingresar al tratamiento de la presente.
Así lo voto.
El señor Juez doctor Soria , la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Genoud, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron la segunda cuestión en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se anula de oficio la sentencia de fecha 13 de agosto de 2020 y se remite la causa al órgano de origen a fin de que, integrado con otros jueces, renueve los actos procesales que estime necesarios y dicte, oportunamente, el pronunciamiento que corresponda.
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 15/09/2022 18:11:25 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/09/2022 20:56:08 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 16/09/2022 15:19:31 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/09/2022 09:22:31 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/09/2022 11:13:14 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia