Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 124198
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 124.198, "Díaz, Juan Carlos contra Transportes La Perlita S.A. Amparo Sindical", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Torres, Genoud.
El Tribunal de Trabajo n° 1 con asiento en la ciudad de Moreno, perteneciente al Departamento Judicial de Moreno-General Rodríguez, acogió parcialmente la acción deducida e impuso las costas del modo que especificó (v. fs. 347/364).
Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 368/384).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente -en lo que reviste interés por ser materia de agravio- rechazó la demanda promovida por Juan Carlos Díaz contra Transportes La Perlita S.A., por la que pretendía -previa declaración de nulidad del despido directo- la reinstalación en su puesto de trabajo y el cobro de una reparación en concepto de daño material y moral derivada del carácter discriminatorio que le atribuye a la extinción contractual (arts. 47 y 53, ley 23.551 y 1, ley 23.592).
Desestimó, asimismo, el reclamo subsidiario, por el que procuraba el pago de las indemnizaciones por antigüedad, sustitutiva de preaviso e integración del mes de despido, así como las sanciones previstas en los arts. 1 y 2 de la ley 25.323 y 275 de la ley 20.744.
Para así resolver, si bien juzgó probado que el actor (quien prestaba tareas como chofer de colectivo, categoría conductor, conf. art. 4, CCT 460/73) se encontraba afiliado a la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que integraba la agrupación de trabajadores "Choferes por las seis horas David Ramallo", que apoyó un proyecto de ley que -postulando esa reducción de la jornada laboral- se presentó en el Congreso de la Nación y que entregó volantes y folletos en plazas a los compañeros de las distintas líneas de colectivos (v. fs. 347/348 vta., 349/351 y 359 vta.); no se había acreditado que la accionada tuviese conocimiento de la referida actividad y militancia gremial del trabajador.
Luego, declaró justificada la decisión extintiva exteriorizada de modo directo por la patronal el día 6 de diciembre de 2016, con motivo del hecho acaecido el día 2 de dicho mes y año, a saber: mientras conducía su unidad marcha atrás dentro del playón de la empresa, chocó a una camioneta estacionada, provocando que esta a su vez embistiera a su dueño -que se encontraba retirando una herramienta de la caja- y le causara serias lesiones físicas, además de daños en la camioneta y unidad mencionadas.
II. Contra dicho pronunciamiento, la parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y violación de los arts. 14 bis, 16 y 75 incs. 19, 22 y 23 de la Constitución nacional; 2.1, 7, 8, 19, 20 y 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 2, 14, 18, 21 y 22 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1.1, 2.5 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 2.1, 2.2, 2.3, 6 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 5 de la Convención Sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer; 2 de la Convención sobre los Derechos del Niño; 3.1 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos; 2 y 3 del Protocolo Adicional a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; de los Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); 1, 2 y 3 del Convenio 111 de la OIT; de la Declaración de la OIT relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo y su seguimiento; 10 de la Declaración Socio-Laboral del Mercosur; 9, 17, 55, 66, 81, 172 , 187 y 242 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT); 39 y 44 inc. "d" de la ley 11.653; 375 del Código de Procedimiento Civil y Comercial; 49 de la ley 23.551; de la ley 23.592 y de la doctrina legal que identifica (v. fs. 367/384).
II.1. Señala que el tribunal de grado efectuó una absurda valoración de la prueba, al declarar no acreditado que la demandada tuviese conocimiento de la actividad y militancia gremial del actor, ni que la empresa le dispensara un trato desigual o discriminatorio con anterioridad al distracto.
Indica que aun cuando probar en forma fehaciente dicho conocimiento es prácticamente imposible, en el caso -asegura- existen fuertes indicios en tal sentido, toda vez que los reclamos por la jornada laboral reducida se realizaban en el establecimiento de la empleadora, donde se entregaba material escrito en forma pública.
En ese orden, alega que las declaraciones brindadas por el testigo Carabajal en la audiencia de vista de la causa corroboraron esos reclamos y que, ante peticiones a los delegados por el despido de un compañero, la accionada le incrementó el recorrido. Añade que dicha circunstancia se confirmó también con el informe pericial contable.
Agrega que el citado testigo -único dependiente de la demandada que realizó actividad sindical junto al reclamante- también fue despedido en agosto de 2017, posiblemente -asegura- por tomar conocimiento de que prestaría declaración en la presente causa.
Aduce que todos esos indicios -sumados a la acreditación de la actividad sindical del reclamante- desplazó la carga de la prueba a la demandada, quien debía acreditar que la causa del despido no era discriminatoria.
Explica que el derecho a la no discriminación arbitraria no solo está reconocido por normas de jerarquía constitucional, sino que ha ingresado en el dominio del jus cogens , y si el trabajador recibe un trato injusto se alteran las reglas tradicionales de distribución de la carga probatoria.
Agrega que el hecho de que Carabajal tenga un juicio pendiente con la accionada no puede afectar la valoración de sus dichos al punto de descartarlos directamente, puesto que tal razonamiento -absurdo- podría conducir a que las patronales despidan a los subordinados que declaran en su contra.
Expresa que el juzgador omitió valorar el informe pericial contable a pesar de que -en su opinión- demuestra el cambio de recorrido y horario de trabajo ocurrido a partir de abril de 2016, en coincidencia con lo manifestado por el mentado testigo.
Destaca que la empleadora, en la contestación de la demanda, solo se limitó a negar tales cambios en la modalidad de la prestación, pero no ofreció prueba alguna sobre su inexistencia o razonabilidad ni tampoco invocó las facultades del art. 66 de la Ley de Contrato de Trabajo, por lo que -afirma- al hacer referencia a estas potestades de organización el sentenciante falló más allá de lo pedido.
Concluye que el cambio en la forma de trabajo constituye un fuerte indicio de una conducta discriminatoria, y pone en cabeza de la demandada demostrar lo contrario.
II.2. Por otro lado, denuncia que el pronunciamiento respecto de la causal de despido también es absurdo y carece de la prudencia que la ley exige.
Cuestiona la apreciación que realizó el juzgador de los hechos y de la prueba testimonial por considerar que, además de resultar errónea, no fue explicitada en forma lógica.
Así, objeta la aptitud probatoria de los dichos de los testigos González y Ramírez, acentuando el interés, la falta de objetividad y las contradicciones en que incurrieron por estar comprendidos en las generales de la ley.
Interpreta que el tribunal de grado no fundamentó con apoyo en pruebas el nexo de causalidad entre el accidente y la lesión, ni tampoco las pérdidas económicas de la demandada a las que alude en la sentencia.
Añade que el fallo contiene un análisis de su conducta en el siniestro que se muestra sesgado, arbitrario, incoherente y parcial en cuanto a las circunstancias fácticas.
Afirma que el accidente denunciado implicó a un tercero que no justificó el motivo de su presencia en el lugar, y sucedió dentro del predio de la demandada, que es la única responsable de su administración y seguridad.
De ese modo, reprocha al sentenciante no haber ponderado la incidencia de la conducta y deberes de la empresa -y del señor González- en el hecho dañoso.
II.3. En apoyo de su postulación invoca las directrices -establecidas en materia de estándares probatorios en supuestos de discriminación en relaciones laborales- sentadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente "Pellicori" (sent. de 15-XI-2011) y por este Tribunal provincial en las causas L. 97.804, "Villalba" (sent. de 22-XII-2010); L. 104.378, "Sffaeir" (sent. de 8-VIII-2012); L. 117.127, "L., J. M." (sent. de 16-VII-2014); L. 114.103, "Ramírez" (sent. de 27-VIII-2014) y L. 113.329, "Auzoategui" (sent. de 28-VIII-2014).
III. El recurso no prospera.
III.1. A los efectos de justificar mi respuesta adversa a las pretensiones del recurrente, estimo necesario formular una reseña detallada de la decisión adoptada en la causa.
En el veredicto, el órgano judicial de grado tuvo por acreditado que el actor trabajó para la firma demandada desde el 27 de agosto de 2013, prestando tareas como chofer de colectivo (categoría conductor, conf. art. 4, CCT 460/73) en el turno tarde/noche; y que la relación se extinguió el 6 de diciembre de 2016 cuando la empleadora dispuso el despido directo del dependiente invocando como justa causa -en los términos del art. 242 de la Ley de Contrato de Trabajo- un choque acaecido cuatro días antes, por el cual le imputa falta de responsabilidad en el cumplimiento de sus deberes, imprudencia en la conducción de la unidad y antecedentes.
También, que el reclamante se afilió a la UTA, que integró la agrupación de trabajadores "Choferes por las seis horas David Ramallo", que apoyó un proyecto de ley que -postulando la reducción de la jornada laboral- se presentó en el Congreso de la Nación, y que entregó volantes y folletos en plazas a los compañeros de las distintas líneas de colectivos (v. fs. 347/348 vta., 349/351 y 359 vta.).
Luego -ejerciendo facultades privativas (art. 44, inc. "d", ley 11.653)- el tribunal analizó detalladamente el contenido de las declaraciones expuestas en la audiencia de vista de causa por los testigos Carabajal, Agro, Veiga y Ruiz Díaz; y del informe brindado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación, sobre el referido proyecto de ley.
En esa faena, declaró que de la prueba producida no surgía acreditado que la accionada tuviera conocimiento de la militancia del accionante en la agrupación mencionada ni de las actividades que este realizaba en la misma. A su vez, señaló que tampoco se había producido prueba que demuestre que el demandante -en representación de sus compañeros- le efectuara reclamos por condiciones de trabajo en forma directa, o que -como consecuencia de ello- la patronal le dispensara un trato discriminatorio (v. fs. 349/351).
Resaltó que no existen indicios en autos de actos concretos de hostigamiento o persecución de la empresa hacia Díaz conforme este expone en la demanda. En tal sentido, precisó que la declaración del testigo (compañero de trabajo) Carabajal no aportaba elementos suficientes para tener por acreditado que la empleadora conocía de su militancia o que llevara adelante actos persecutorios como los referidos (v. fs. cit.).
Asimismo, aclaró que Díaz tampoco había acercado pruebas que corroboren los dichos de Carabajal -con relación al cambio de horario, recorrido o unidad-, los que, además -juzgó- debían ser valorados con suma prudencia y mayor estrictez en atención a que el testigo se encontraba comprendido dentro de las generales de la ley porque fue despedido por la demandada -según sus propios dichos- por análogos motivos y tiene juicio pendiente ante el mismo tribunal (v. fs. cit.).
Puesto a analizar las circunstancias que precedieron al acto extintivo, con apoyo en la prueba documental reconocida (denuncia de la demandada y descargo del actor) y testimonial producida en la vista de la causa, el juzgador declaró acreditado que Díaz el 2 de diciembre de 2016, mientras conducía su unidad marcha atrás dentro del playón de la empresa, chocó a una camioneta estacionada, provocando que esta a su vez embistiera a su dueño, el testigo González -que se encontraba retirando una herramienta de la caja- y le causara graves lesiones físicas (fractura de cadera derecha), por las que debió ser intervenido quirúrgicamente y sometido posteriormente a tratamientos de rehabilitación.
También corroboró que el impacto, además, generó daños a la unidad que manejaba el actor y a la camioneta del tercero, encontrándose el mismo en juicio contra la demandada -por los daños y perjuicios sufridos- en trámite ante la justicia civil de Morón (v. fs. 352/354).
Ya en la sentencia, el tribunal señaló que la conducción de un transporte público de pasajeros es una actividad trascendente teniendo en cuenta que, en el conductor, y a través de él en la empresa, depositan su confianza y seguridad un gran número de personas que utilizan el servicio, lo que en consecuencia exige del conductor la mayor atención, cuidado, precaución y prudencia (v. fs. 360).
Desde esa perspectiva, juzgó que la maniobra efectuada por el actor con su unidad en el siniestro acreditado en autos, denota que no observó la precaución y debida atención, que obró con imprudencia y con irresponsabilidad en el manejo de un vehículo de gran porte que normalmente transporta personas aunque en ese momento estuviera vacío, provocando con su accionar severas lesiones a una persona que debió ser internada y sometida a intervención quirúrgica y posterior tratamiento de rehabilitación, y además causó pérdidas económicas de importancia a la demandada no solo por los daños causados a la unidad sino por el juicio civil que enfrenta respecto del tercero lesionado en ese evento.
Concluyó, así, que el referido accidente constituía una falta de gravedad tal que, más allá de que no obren en autos constancias documentales de antecedentes disciplinarios, no consentía la prosecución de la relación laboral y justificaba la decisión de la demandada de dar extinguida la relación en los términos del art. 242 de la LCT (v. fs. 360 vta.).
III.2. De la síntesis que me he permitido realizar sobre los puntos primordiales del pronunciamiento de grado, surge que la razón no acompaña al presentante al cuestionar la definición por la que se declaró no probado que la empresa accionada tuviera conocimiento de la actividad y militancia gremial del actor y que, por tal motivo, le dispensara un trato discriminatorio con anterioridad al distracto.
III.2.a. Es oportuno recordar que tanto la valoración del material probatorio como la determinación de las circunstancias en que se produjo la extinción del contrato de trabajo, constituyen cuestiones de hecho reservadas a la instancia ordinaria y marginadas de la casación, salvo demostración de absurdo (causas L. 103.003, "Tristani Cárdenas", sent. de 3-XI-2010; L. 102.411, "Almada", sent. de 29-II-2012; L. 120.473, "Sotelo", sent. de 19-IX-2018; L. 120.349, "Rosales", sent. de 27-III-2019; e.o.).
En el caso, el interesado denuncia la configuración del mentado vicio lógico, pero no consigue demostrarlo cuando objeta las conclusiones que estableció el juzgador respecto a la falta de acreditación de las circunstancias invocadas con relación a su militancia y actividad gremial (esto es: que tuviera conocimiento de la pertenencia del accionante en la agrupación mencionada y de las actividades que este realizaba en la misma, que participara en forma directa y en representación de sus compañeros en reclamos respecto de condiciones de trabajo, o que la empresa ejerciera hostigamiento o persecución hacia el actor como consecuencia de su militancia), y sobre la inexistencia de indicios de actos concretos de hostigamiento o persecución que se denunciaron en la demanda (v. fs. 351).
En efecto, la crítica que formula el agraviado se limita a justificar la supuesta imposibilidad de demostrar fehacientemente dichas circunstancias, destacando -no obstante- la existencia de "fuertes indicios" que -a partir de su subjetiva apreciación- surgirían de la prueba testimonial (brindada por el señor Carabajal) y pericial contable. Así, la sola divergencia que expresa el interesado acerca del análisis efectuado en el fallo sobre estos medios probatorios resulta inhábil para demostrar el extremo error que caracteriza al absurdo.
De un lado, desde que -cabe recordar- carece de la solvencia necesaria para respaldar la denuncia del vicio de absurdo la personal valoración de las declaraciones testimoniales, olvidando que, en virtud del sistema de oralidad imperante en el fuero laboral queda reservada a los jueces de la causa, quienes gozan de amplias atribuciones en virtud del sistema de "apreciación en conciencia", tanto en lo que concierne al mérito como a la habilidad de las exposiciones (causas L. 112.843, "De Renzo", sent. de 29-V-2013; L. 107.358, "López", sent. de 15-VII-2015; L. 120.081, "Mercuri", sent. de 25-IV-2018; e.o.).
Desde esa perspectiva de análisis, la conclusión del juzgador en torno a la ineficacia de la declaración del señor Carabajal para demostrar que la empresa conocía la militancia del actor o que llevara adelante actos persecutorios o de hostigamiento hacia él, no puede ser modificada (v. fs. 351 y vta.).
Del otro, y más allá de lo que pudiera opinarse respecto del análisis efectuado por el juzgador respecto del contenido de la pericia contable y su presunta entidad para demostrar -a criterio del recurrente- que la patronal dispuso un cambio de horario y de recorrido en las funciones del trabajador; no puede soslayarse que el tribunal interviniente -tras destacar que tal hecho fue negado por la demandada- hubo de restarle relevancia a tal hipótesis como elemento dirimente para considerarla por sí misma demostrativa de un trato "desigual o persecutorio", al juzgar que se vincula con la posibilidad que asiste a la patronal en el marco de las facultades de organización de la empresa (v. segunda cuestión del veredicto, fs. cit.).
Y al cabo, bajo este contexto, ninguna reflexión realiza el recurrente para rebatir eficazmente el citado argumento, dirimente para descalificar la posición sostenida por el reclamante. Por el contrario, su escueto desarrollo se limita a sostener que la accionada jamás invocó como defensa las facultades que le asisten en orden a la aplicación de lo dispuesto en el art. 66 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Es dable recordar que esta Corte ha expresado que es requisito ineludible para la adecuada fundamentación del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley impugnar concreta, directa y eficientemente las motivaciones esenciales del pronunciamiento objetado, siendo insuficiente el que deja incólume la decisión por falta de cuestionamiento de los conceptos sobre los que ella se asienta (causas L. 104.828, "Arenillas", sent. de 29-VI-2011; L. 116.768, "Luguercho", sent. de 13-VIII-2014 y L. 118.179, "Fautario", sent. de 30-III-2016).
Queda claro entonces que el interesado se aparta de la línea reflexiva y valoración que llevó al tribunal a la solución objetada, e intenta un nuevo examen de los hechos y de la prueba, según su personal criterio valorativo, sistema que -reiteradamente se ha señalado- configura una técnica carente de idoneidad para demostrar la configuración del absurdo (causas L. 113.462, "Irigoyen", sent. de 13-XI-2013; L. 117.702, "Uboldi", sent. de 15-VII-2015; L. 122.771, "Pécora", sent. de 11-V-2021; e.o.).
III.2.b. En este contexto, igualmente inatendibles se exhiben los planteos referidos a la aplicación de la teoría de la carga dinámica de la
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