Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 126014
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada con el alcance indicado en el apartado IV del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen a fin que, integrado con otros jueces, determine nuevamente el resarcimiento debido en concepto de daño moral.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, atento el progreso parcial del recurso (arts. 68, seg. párr. y 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 126.014, "Hoare, Diego Ezequiel contra Talleres Carmona S.A. y otro/a. Accidente de trabajo-acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Torres, Genoud .
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Mercedes, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar a la acción deducida, imponiendo las costas a la parte demandada (v. fs. 467/480 vta.).
Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 22-V-2020).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente declaró la inconstitucionalidad del art. 39 de la ley 24.557 y admitió la demanda promovida por Diego Ezequiel Hoare -luego de su fallecimiento, continuada por sus padres Diego Regino Hoare y Marta Lucía Doddard- contra Talleres Carmona S.A., por la que pretendía con fundamento en las disposiciones del Código Civil la reparación integral de los daños y perjuicios derivados del accidente de trabajo que protagonizó el día 17 de febrero de 2010.
Para así decidir, juzgó acreditado que en la mencionada fecha el trabajador sufrió un gravísimo accidente de trabajo, que, pasados siete años, terminó con su vida. Precisó el tribunal que aquel día se le ordenó al señor Hoare la realización de una soldadura dentro de una cuba plástica utilizada para realizar la cromación de cigüeñales, la que había sido previamente limpiada con un producto químico inflamable; continuó relatando que cuando encendió la pistola de aire caliente para efectuar la labor se produjo una explosiónígnea que le provocó quemaduras en todo su cuerpo, determinándose que el demandante hubo de presentar un 100% de incapacidad total, permanente y definitiva.
Además de definir otros datos de interés, destacó que el trabajador suscribió un acuerdo con la codemandada Prevención Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. por la suma de $1.000.000 al que se le confirió "carácter extintivo de cualquier acción y/o derecho reclamado, en los términos y alcances del art. 850 del Código Civil, con respecto a los hechos que motivaron el presente juicio únicamente contra 'Prevención ART S.A...'" quedando plenamente habilitado el actor "para proseguir la acción y/o el proceso contra su empleador 'Talleres Carmona S.A.' y/o quién resulte responsable". Agregó que, ratificado personalmente por el trabajador, el mentado convenio resultó homologado por el tribunal.
A la hora de analizar los presupuestos propios de la responsabilidad civil endilgada a la sociedad empleadora con sustento en el segundo párrafo del art. 1.113 del Código Civil, señaló que no cabían dudas sobre el carácter riesgoso de las cosas de su propiedad que habían provocado el hecho dañoso (el solvente con el cual se limpió la cuba, el material de esta y la pistola de aire caliente); siendo que la potencialidad riesgosa finalmente se concretó cuando se produjo la explosiónígnea. Y en ese marco, descartó la existencia de la culpa de la víctima en la producción del accidente alegada por la demandada, cuando le reprochó que no había esperado el tiempo suficiente para realizar la soldadura. Ello, en tanto juzgó acreditado que la limpieza de la cuba había sido realizada por el operario Fernández una hora y media antes de que aquel accionara la pistola arriba mencionada.
Posteriormente, analizando la indemnización peticionada al amparo del derecho común, interpretó que, en la liquidación formulada en la demanda, únicamente se habían reclamado los rubros de incapacidad física y daño moral.
Puntualmente, al cuantificar la reparación del primer concepto indicado, consideró el porcentaje de incapacidad (100% del índice de la total obrera), el ingreso base mensual ($3.248,24) y la edad del trabajador al momento del siniestro (veinticuatro años, concretamente, para estimar la expectativa de vida económica activa laboral hasta los sesenta y cinco). Con tales datos, multiplicó la suma de $3.248,24 por doce meses al año; por cuarenta y un años; por el 100%, arribando así al importe total de $1.598.134,08 (v. fs. cit.).
En orden al resarcimiento del daño moral, a diferencia del rubro anterior, conforme los sufrimientos padecidos por el trabajador con posterioridad al accidente hasta su fallecimiento, estimó razonable establecer la suma de $54.570,43 en dicho concepto.
En cambio, desestimó la indemnización por daño estético, indicando que, si bien es cierto que tuvo quemaduras y lesiones generalizadas en su cuerpo, no lo es menos -consideró- que al haberse fijado y cuantificado su grado de incapacidad física en el 100%, dicho ítem se encontraba necesariamente allí incluido. Por los mismos motivos rechazó la reparación peticionada del daño psicológico.
En cuanto al rubro lucro cesante, lo descartó porque entendió que conducía a duplicar por igual causa a la incapacidad física. Explicó así, que el actor peticionó este último rubro argumentando que "...no podrá recuperar la capacidad plena y total para desempeñar tareas laborales en óptimas condiciones..." mientras que lo pretendido respecto al lucro cesante se fundó en que "...jamás podrá volver a realizar trabajos en relación de dependencia y/o para sí, lo que afecta severamente sus ingresos...".
Añadió que tampoco podía prosperar el reclamo por la pérdida de chance ya que, si bien constaba a fs. 202/203 el informe de la Universidad Nacional de Luján que indicaba que el señor Diego Ezequiel Hoare estuvo inscripto en la licenciatura en sistemas de información, consideró que no se trató de una consecuencia mediata previsible para la empleadora, en la medida que no se demostró que tuviese conocimiento de su condición de estudiante universitario.
Finalmente, negó la procedencia de la pretensión resarcitoria del rubro daño emergente por gastos médicos presentes y futuros, afirmando que nada se acreditó en relación a erogaciones adicionales a las prestaciones recibidas por la aseguradora, conforme fue reconocido y acordado en la cláusula segunda del acuerdo homologado.
En definitiva, con fundamento en los arts. 1.067, 1.068, 1.069, 1.078 y 1.113 del Código Civil, el órgano judicial de grado estimó que, por el daño padecido por el trabajador, la empleadora Talleres Carmona S.A. debía abonar la suma total de $1.652.704,51 comprensiva de los rubros de incapacidad física ($1.598.134,08) y daño moral ($54.570,43).
En ese orden, cotejando las prestaciones previstas en el art. 15 apartado 2 de la ley 24.557 y la compensación adicional establecida en el art. 11 apartado 4 inc. "b" del mismo cuerpo legal (que representaron un total de $566.257,78) con el importe del resarcimiento integral proveniente de la aplicación de las normas del anterior Código Civil, declaró la inconstitucionalidad del mentado art. 39 apartado 1 -texto original- de la Ley de Riesgos del Trabajo.
Luego, dispuso que al monto histórico por el que procedía la acción civil ($1.652.704,51) debía descontarse lo abonado en estas actuaciones por Prevención Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. ($1.000.000) en concepto de prestación dineraria por el accidente laboral objeto de autos. Finalmente, aplicó intereses a la tasa pasiva digital para depósitos a plazo fijo a treinta días del Banco de la Provincia de Buenos Aires.
II. La parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que fundamentalmente denuncia la violación de los arts. 17, 18, 19, 28 y 33 de la Constitución nacional; 12 de Constitución provincial y de la doctrina legal (v. escrito electrónico de fecha 22-V-2020).
II.1. Se agravia porque el tribunal de grado desestimó los reclamos indemnizatorios vinculados con el daño estético y psicológico padecidos por Diego Ezequiel Hoare. Afirma que en la sentencia se incurrió en un error cuando se declaró que, al haberse fijado una incapacidad del 100%, tales rubros estaban necesariamente incluidos en la reparación del daño físico.
Cita en su apoyo pronunciamientos de la Corte Suprema de Nación y de este Superior Tribunal vinculados con los principios de igualdad ante la ley y alterum non laedere respecto de los trabajadores.
Sostiene que el a quo vulneró la regla de reparación integral y erradamente entendió que aquella clase de daños no pueden ser reparados cuando el dependiente presenta un 100% de incapacidad física.
También reprocha al juzgador que no haya considerado que dichos conceptos se hallan inmersos en el daño moral. Sostiene que el tribunal confundió la incapacidad física con los perjuicios extrapatrimoniales, equiparándolos o suprimiéndolos.
Añade que el fallo se contrapone con el propio criterio del a quo plasmado en sentencias anteriores.
II.2. Controvierte el rechazo de las pretensiones resarcitorias por lucro cesante y pérdida de chance, afirmando que se demostró cabalmente que el trabajador se encontraba en una situación tanto fáctica como legal que justificaba la obtención de esos beneficios.
II.3. Cuestiona el monto indemnizatorio fijado por incapacidad física porque considera que para su determinación se utilizó una fórmula matemática que no contempla adecuadamente la realidad o particularidades del caso.
II.4. Manifiesta que el sentenciante incurrió en el vicio de absurdo cuando estimó razonable la exigua suma de $54.570,43 para reparar el daño moral padecido por el dependiente.
En definitiva, concluye que la indemnización establecida no recompone el perjuicio patrimonial sufrido, por lo que afecta -claramente- el derecho constitucional de propiedad.
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. No son de recibo los tres primeros agravios arriba descriptos.
III.1.a. Tiene dicho esta Corte que es facultad privativa de los jueces ordinarios la elección de las pautas para determinar la indemnización por daños y perjuicios, así como su importe, salvo que se demuestre la existencia de absurdo (causas L. 114.126, "Colombo", sent. de 15-V-2013; L. 118.733, "Merlo", sent. de 17-VIII-2016 y L. 120.626, "Torrea", sent. de 14-VIII-2019).
III.1.b. Bajo estas directrices, los embates enlazados con los distintos rubros autónomamente pretendidos y al cabo rechazados, y con la determinación del importe del resarcimiento de la incapacidad física, lucen insuficientes en tanto carecen de toda denuncia orientada a evidenciar en el pronunciamiento de grado la eventual configuración del concreto vicio valorativo del absurdo. Y al respecto, ocupa recordar que esta Suprema Corte no puede suplir de oficio, por inferencias o interpretación, las omisiones en que incurre la parte interesada al formular la impugnación (causas L. 118.179, "Fautario", sent. de 30-III-2016; L. 119.678, "Bertinelli", sent. de 10-IV-2019 y L. 121.029, "Romero", sent. de 29-X-2020).
III.1.c. En una distinta hipótesis, las reflexiones que trae el interesado mayormente no superan el registro de una mera discrepancia de opinión respecto de las motivaciones que condujeron al sentenciante a arribar a la conclusión objeto de crítica, lo que de todos modos no sería útil para obtener la modificación de lo decidido (causas L. 103.759, "Malaguti", sent. de 29-V-2013; L. 116.981, "García", sent. de 13-V-2015 y L. 121.056, "Cardone", sent. de 13-XI-2020).
Y con lo expuesto, cabría agregar que la denuncia de quebranto de la doctrina legal que en distintas direcciones emerge del medio de impugnación, pretende sustentarse en precedentes que no se identifican adecuadamente con el sub examine .
III.2. En cambio, resulta eficaz el embate orientado a cuestionar el quantum que estimó el sentenciante para reparar el daño moral. Aquí el recurrente cumple con la carga de denunciar y demostrar la configuración del mentado vicio de absurdo.
III.2.a. Recordemos que, sobre el punto, el tribunal se limitó a señalar que debido a los sufrimientos padecidos por el accionante desde el siniestro hasta su fallecimiento debía cuantificarse en concepto de reparación del daño moral la suma de $54.570,43.
III.2.b. Tan sucinta definición, además de revelar la ausencia de una adecuada explicación acerca de los motivos que condujeron al a quo a esa particular estimación numérica, en rigor, muestra un resultado que en su traducción económica no se exhibe conectado con las circunstancias fácticas del caso, fundamentalmente si se tiene en consideración las especiales características del infortunio y las desfavorables y graves consecuencias que hubo de generar en el señor Hoare, así, la evidente lesión de sentimientos, de afecciones o de tranquilidad anímica propia del daño en estudio.
De suyo que si bien la determinación por parte de los tribunales del trabajo de la existencia del daño moral y de los alcances de su resarcimiento, no está sujeta a reglas fijas, dependiendo del arbitrio judicial, esa regla cede cuando se verifica que esa labor es fruto del absurdo (causas L. 65.082, "Mendiola", sent. de 29-IX-1998; L. 112.532, "Sánchez", sent. de 3-VII-2013 y L. 109.020, "Brandan", sent. de 4-VI-2014). En fin, dicha anomalía, presente en el pronunciamiento, amerita su revocación parcial.
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, y casar el pronunciamiento de grado conforme lo establecido en el punto III.2.b. Los autos deberán remitirse al tribunal de la instancia ordinaria para que, integrado con otros jueces, determine nuevamente el resarcimiento debido en concepto de daño moral. Costas de esta instancia en el orden causado, en atención al progreso parcial de la impugnación (arts. 68, seg. párr. y 289, CPCC).
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa .
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Torres y Genoud, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la afirmativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada con el alcance indicado en el apartado IV del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen a fin que, integrado con otros jueces, determine nuevamente el resarcimiento debido en concepto de daño moral.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, atento el progreso parcial del recurso (arts. 68, seg. párr. y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 09/09/2022 19:50:04 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/09/2022 17:59:10 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 12/09/2022 11:19:54 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/09/2022 09:23:01 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/09/2022 11:12:31 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia