Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 124860
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechazan los recursos extraordinarios traídos, con costas (arts. 289 y 298, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 124.860, "Mayotti, Sandra Elena contra Novartis Argentina S.A. y otro/a. Despido", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria , Kogan , Torres , Genoud .
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de San Isidro, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar parcialmente a la demanda deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 180/190 vta.).
Se interpusieron, por la parte actora, recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 26-VIII-2019).
Oído el señor Procurador General (v. dictamen de fecha 2-IX-2020), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad?
En caso negativo:
2ª) ¿Lo es el de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de trabajo hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por la señora Sandra Elena Mayotti y, en consecuencia, condenó a Glaxosmithkline Argentina S.A. a pagar la suma que especificó en concepto de la sanción prevista en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo -texto según ley 25.345-. Por otro lado, rechazó en todas sus partes el reclamo contra Novartis Argentina S.A.
II. La parte actora interpone recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 26-VIII-2019).
En sustento del primero, refiere que el a quo transgredió el art. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, pues omitió pronunciarse acerca de una cuestión -a su criterio- esencial, cual es la aplicación del art. 39 de la ley 11.653, en concreto, en lo tocante a la inversión de la carga probatoria que contempla la norma.
Manifiesta que era de vital importancia que el tribunal se expidiera sobre el tema, ya que de tenerse por cierta la fecha de ingreso denunciada en la demanda, resultarían procedentes las diferencias salariales reclamadas y las sanciones previstas en la ley 25.323.
III. De conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General (v. dictamen de fecha 2-IX-2020), opino que el recurso no puede prosperar.
III.1. Dable es recordar que el recurso extraordinario de nulidad solo puede fundarse en la omisión de tratamiento de cuestiones esenciales, en la carencia de fundamentación legal, en la inobservancia de la forma de acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de mayoría de opiniones en la decisión (arts. 168 y 171, Const. prov.; causas L. 121.277, "Jara", resol. de 7-III-2018; L. 121.088, "Oliva", sent. de 3-VII-2019 y L. 122.013, "Vitale", sent. de 4-III-2020).
III.2. Se advierte que bajo la denuncia de transgresión del art. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, lo argumentado por el recurrente lejos de evidenciar la preterición de una cuestión esencial, remite a la imputación de eventuales errores de juzgamiento, resultando, por lo tanto, ajeno al acotado ámbito del recurso en análisis y propio del de inaplicabilidad de ley (causas L. 118.570, "Branco", sent. de 3-X-2018; L. 119.930, "Fernández", sent. de 10-IV-2019 y L. 120.384, "Rocha", sent. de 19-II-2020).
En particular, son aplicables al caso aquellas directrices del Tribunal que indican que es improcedente el recurso extraordinario de nulidad en el que se pretende cuestionar la valoración de la prueba o el acierto jurídico del fallo (causa L. 101.672, "Jaime", sent. de 4-V-2011), o bien, las que enseñan que no se verifica infracción a la mentada norma de la Constitución bonaerense si las omisiones que se denuncian no constituyen cuestiones esenciales, sino meros argumentos desarrollados por la parte en apoyo de su posición (causas L. 90.267, "Lazarte", sent. de 15-VI-2011 y L. 103.160, "Macías", sent. de 2-V-2013).
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de nulidad deducido, con costas (art. 298, CPCC).
Voto por la negativa .
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Torres y Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la primera cuestión también por la negativa .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la parte actora denuncia absurdo en la valoración de la prueba; violación y errónea aplicación de los arts. 39 de la ley 11.653; 29 y 99 de la Ley de Contrato de Trabajo; 375 del Código Procesal Civil y Comercial y de la doctrina legal que identifica.
I.1. Junto a tales normas, identifica como transgredida cierta doctrina del Tribunal referida a aquella hipótesis en la que le incumbe al empleador demostrar el carácter eventual de la vinculación, y a la par, la vinculada con la configuración de fraude en los términos del primer párrafo del art. 29 de la Ley de Contrato de Trabajo en la contratación del trabajador a través de la intermediación de empresas de servicios eventuales si concurren los recaudos exigibles en su art. 99 por la ley laboral.
I.2. Cuestiona el fallo de grado en tanto considera que en él debió aplicarse el art. 39 de la ley 11.653.
Endilgándole a su vez el absurdo, discrepa con lo decidido por el a quo en tanto entiende que la falencia probatoria que se le endilgó a la parte actora no se compadece con las constancias de la causa.
Argumenta que habiéndose prestado el juramento contemplado en el art. 39 de la ley 11.653 e informado por el perito "técnico" que la demandada Novartis Argentina S.A. no lleva libros, del juego de los efectos probatorios de dicha norma -y su doctrina- y del art. 52 de la Ley de Contrato de Trabajo, debió tenerse por acreditada la fecha de ingreso denunciada en la demanda y el carácter alegado de la vinculación contractual.
I.3. Sostiene que la sentencia incurre en absurdo por entender que corresponde a la accionante acreditar el carácter remuneratorio del pago de los gastos en concepto del servicio de atención médica que habría contratado, Organización de Servicios Directos Empresarios (OSDE) como del gimnasio al que asistiría el grupo familiar de la actora. Alega que dicho carácter se presume conforme la doctrina legal que indica.
I.4. Por último, arguye que el a quo omitió analizar y cotejar las remuneraciones mensuales detalladas por el experto contable en su informe, con la contestación de oficio efectuada por HSBC Bank Argentina S.A., de donde surge que a la caja de ahorro de titularidad de la reclamante se le depositaban importes mayores a los consignados tanto en los recibos de sueldo como en los libros contables de las codemandadas.
II. El recurso no prospera.
II.1. El tribunal de grado, en lo que interesa destacar, juzgó no controvertido que la actora comenzó a prestar servicios bajo la dependencia de la codemandada Novartis Argentina S.A. y que esta última registró el vínculo el día 1 de abril de 2008; que el día 1 de marzo de 2015 se llevó a cabo una transacción comercial entre Novartis Argentina S.A. y Glaxosmithkline Argentina S.A. en virtud de la cual la segunda sociedad adquirió una unidad de negocios -el negocio de vacunas-, operación que incluyó la transferencia de personal; que el día 2 de marzo de 2015 la actora continuó prestando servicios para la firma adquirente; y que con fecha 3 de junio de 2015, la empleadora Glaxosmithkline Argentina S.A. comunicó a la accionante su despido en forma directa e incausada, día en el cual quedó perfeccionado el distracto, percibiendo la actora los rubros indemnizatorios y salariales en concepto de liquidación final que lucen en el recibo obrante en autos.
Entendió que tampoco comprendía el área de debate que la empleadora le asignó a la trabajadora un plan de cobertura médica a través de OSDE; además, que la actora contaba con descuentos en la cuota mensual de un gimnasio. Acerca de esto último, expresó que la entidad oficiada Gimnasios Argentinos S.A., que explota comercialmente la red de Clubes Megatlón, informó a fs. 116 que la empresa Novartis Argentina S.A. poseía un convenio con dicha firma en virtud del cual abonaba mensualmente determinada cantidad de pases por la totalidad de sus empleados a fin de que hicieran uso de sus instalaciones y que, el arreglo interno entre la empresa empleadora y sus empleados, dependía de cada uno, pudiendo deducirle al trabajador la totalidad, una parte o nada del valor que abonaba a Gimnasios Argentinos S.A.
Siempre en el veredicto, a partir de la prueba informativa obrante a fs. 98, tuvo por acreditada como fecha de ingreso a Novartis Argentina S.A. el día de su registración (1-IV-2008), ello así porque -adujo- si bien cumplió tareas en las instalaciones de la mentada firma desde el día 18 de julio de 2007, por aquel entonces lo hizo como personal contratado en relación de dependencia permanente con la empresa de servicios eventuales Sesa Internacional S.A., siendo Novartis Argentina S.A. la usuaria en dicha vinculación en los términos del art. 29 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. En ese contexto, resaltó que la parte actora no alegó ni invocó en su demanda que dicha contratación hubiera sido fraudulenta, por lo que correspondía presumir que la operación se había realizado bajo los términos de la legislación vigente (v. fs. 181 y vta.).
Luego, juzgó no probado que las codemandadas hubieran abonado a la actora y a su grupo familiar el abono mensual del gimnasio. Si bien memoró que se había comprobado la existencia de un convenio entre la firma que explota los gimnasios y la codemandada Novartis Argentina S.A., sostuvo que la actora no produjo prueba a los fines de acreditar aquella otra cuestión. En esa línea, tampoco probó que las codemandadas le hubieren pagado el abono mensual de telefonía celular, seguro de automotor y/o sesiones mensuales de masajes en los términos relatados en el escrito constitutivo del proceso.
Ya en la sentencia, analizando el reclamo por diferencias indemnizatorias peticionadas con apoyo en distintos beneficios (como el de cobertura médica mencionado), precisó que, si bien la empleadora le asignó un plan a través de OSDE, con fundamento en el decreto 137/97 estableció que los gastos efectuados para el pago de servicios médicos y de asistencia o prevención de su familia a cargo, son considerados "gastos médicos" y su reintegro por parte del empleador tiene el carácter de beneficio social, consecuentemente no correspondía aplicar a dicho concepto el carácter remuneratorio. En ese orden, señaló que el servicio de medicina prepaga no reconoce estrictamente su causa en el contrato de trabajo sino en "beneficios sociales", por los cuales se tiende a mejorar la calidad de vida de los trabajadores dependientes y de su grupo familiar, con independencia del tiempo trabajado o su rendimiento (art. 103 bis, LCT).
Aseveró que los importes dinerarios abonados por Glaxosmithkline Argentina S.A. al tiempo de la extinción de la relación laboral eran ajustados a derecho, toda vez que, sumado a la falta de definición del escrito de inicio, la parte actora omitió producir prueba a los fines de demostrar haber percibido la suma que identifica como "beneficios económicos" (pagos extracontables, abono mensual de telefonía celular, abono mensual de gimnasio para ella y su grupo familiar, seguro del automotor y sesiones mensuales de masajes) y, por consiguiente, que la codemandada los hubiera suprimido de su contraprestación económica, ni logró determinar el carácter remuneratorio que pretendía atribuirle a la "prepaga" (v. vered., fs. 183 y vta. y sent., fs. 187). En consecuencia, rechazó las diferencias indemnizatorias y salariales reclamadas y la aplicación de las sanciones previstas por los arts. 1 y 2 de la ley 25.323, por entender que al no existir dichas diferencias no habría montos que agravar -más allá de no hallarse los presupuestos de hecho necesarios para que se configure su procedencia-.
Por último, en cuanto a la pretensión actoral de imputar responsabilidad solidaria a la "transmitente" (Novartis Argentina S.A.), en los términos de los arts. 225 y 228 de la Ley de Contrato de Trabajo, concluyó, a partir de lo resuelto en la última cuestión del veredicto, que no había quedado acreditada la acción fraudulenta atribuida a las codemandadas, y dado que el crédito indemnizatorio se generó con posterioridad a la transferencia del establecimiento, la única responsable resultaba ser la empleadora, con lo que cabía rechazar la demanda incoada contra aquella.
II.2. El agravio vinculado con la supuesta vulneración de los arts. 29 y 99 de la Ley de Contrato de Trabajo y su doctrina, resulta inhábil a los fines pretendidos.
En reiteradas ocasiones ha indicado esta Corte que es carga específica del recurrente no solo denunciar la normativa o doctrina legal violada o erróneamente aplicada (art. 279, CPCC), sino también aportar la explicación concreta sobre el modo en que dicha transgresión o yerro se habría producido (causas L. 119.198, "Mirantes", sent. de 3-V-2018 y L. 119.930, "Fernández", sent. de 10-IV-2019), actividad esta última que se halla ausente en este tramo de la impugnación, lo que conduce a su desestimación.
II.3. En esta misma línea, atento su marcada insuficiencia, cabe rechazar el reproche fundado en la errónea aplicación del art. 39 de la ley ritual del fuero.
Conforme surge del relato de los antecedentes, a raíz del informe obrante a fs. 98 brindado por la empresa de servicios eventuales Sesa Internacional S.A., el tribunal de la instancia juzgó acreditado que la fecha de ingreso de la demandante a Novartis Argentina S.A. coincidió con el día de su registración (1-IV-2008), en tanto si estableció que si bien cumplió tareas para la mentada firma desde el día 18 de julio de 2007, por ese entonces lo hizo como personal contratado en relación de dependencia con la referida Sesa Internacional S.A., siendo Novartis Argentina S.A. la usuaria en dicha vinculación en los términos del art. 29 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. Destacó en dicho pasaje que la accionante no había alegado que dicha contratación hubiera sido fraudulenta, por lo que correspondía presumir que la operación se había realizado bajo los términos de la legislación vigente (v. vered., fs. 181 y vta.).
Encorsetado en su propio discurso, el impugnante en modo alguno se ocupa de rebatir de modo concreto y eficaz las reseñadas motivaciones que dan sustento a este tramo del fallo, luego, ese apartamiento de las conclusiones estructurales de la sentencia que se pretende atacar revela la insuficiencia de la crítica (causas L. 120.468, "Ferreyro", sent. de 18-VIII-2020 y L. 121.138, "Sindicato de Luz y Fuerza Gral. Pueyrredón", sent. de 25-VIII-2020).
II.4. La misma suerte adversa ha de correr la objeción que se trae sobre la conclusión con arreglo a la cual -a criterio del recurrente- el sentenciante atribuyó a la parte actora la carga de probar el carácter remuneratorio de las prestaciones referidas al servicio médico prepago y al uso del gimnasio por el grupo familiar de la demandante.
Aquí nuevamente el impugnante soslaya los fundamentos que contiene el pronunciamiento (aquellos reseñados en los párrafos cuarto y quinto del apartado II.1. de la presente) pero, además, omite indicar la normativa que considera violada o erróneamente actuada por el a quo y vinculada con el agravio que expone y es sabido que ello no puede ser suplido de oficio por esta Corte (causas L. 91.071, "Gómez", sent. de 28-V-2008 y L. 117.622, "Villalobos", sent. de 25-II-2015).
A su vez, no está demás agregar que la doctrina legal que trae la accionante en esta parcela del medio de impugnación tampoco guarda correspondencia con las motivaciones del juzgador de grado que han constituido factores esenciales de su decisión, ni refieren a situaciones similares, atento haber mediado presupuestos diferentes a los propios del caso en juzgamiento, hipótesis que según esta Corte amerita el rechazo de la crítica (causas L. 120.095, "Simari", sent. de 18-X-2017; L. 120.519, "Barbas", sent. de 28-XI-2018; e.o.).
II.5. El último agravio articulado amerita igualmente su desestimación.
II.5.a. A partir del análisis de la prueba aportada y haciendo mención a la contestación del Banco HSBC obrante a fs. 105/107 -entidad por medio de la cual la actora percibía sus haberes- el a quo consideró probado que la mejor remuneración mensual, normal y habitual fue la correspondiente al mes de mayo de 2015 ($37.587) y que las accionadas no hubieron de abonar salarios a la actora fuera de toda registración.
II.5.b. Cabe señalar que es inherente a la labor axiológica de los magistrados la apreciación de las circunstancias de hecho y la valoración del material probatorio, fundamentalmente en lo que atañe a su selección, jerarquización, mérito y eficacia que, en principio, no admite revisión en la instancia extraordinaria, salvo el supuesto de absurdo (causas L. 120.588, "Sosa", sent. de 4-IX-2019; L. 120.771, "Derra", sent. de 18-IX-2019; L. 121.476, "Parise", sent. de 14-VII-2020; e.o.) vicio que el impugnante omitió denunciar en esta parcela del recurso.
En tal sentido, reiteradamente ha señalado este Tribunal que resulta insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que no invoca la existencia del vicio de absurdo cuando se pretende -como en el caso- la apertura de la instancia extraordinaria a la revisión de cuestiones fácticas y probatorias, propias del análisis de los jueces de los tribunales de trabajo en ejercicio de facultades privativas (causas L. 103.508, "Rodríguez Blanco", sent. de 24-IV-2013; L. 118.078, "Hruby", sent. de 9-XII-2015 y L. 118.388, "Astudillo", sent. de 29-III-2017).
III. Por todo lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa .
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Torres y Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la segunda cuestión también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General respecto del de nulidad, se rechazan los recursos extraordinarios traídos, con costas (arts. 289 y 298, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 15/09/2022 18:11:25 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/09/2022 20:56:07 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 16/09/2022 15:19:30 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/09/2022 09:22:28 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/09/2022 11:13:14 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia