Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 127031
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído.
Las costas del recurso que se resuelve, así como las de la queja, se imponen a la recurrente vencida (art. 289, CPCC y ley 14.967).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 127.031, "Unión de Docentes de la Provincia Buenos Aires (UDOCBA) contra Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y otro. Amparo sindical", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Torres, Genoud .
El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la medida cautelar solicitada por la parte actora (v. resolución electrónica de fecha 8-VI-2020).
Se interpuso, por la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 18-II-2021) el que, denegado por el juzgador de grado (v. resolución electrónica de fecha 1-III-2021), fue concedido por esta Suprema Corte (v. resolución electrónica de fecha 16-VII-2021), previa deducción de la queja respectiva (v. presentación electrónica de fecha 15-III-2021).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente, en el marco del amparo sindical iniciado por la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (UDOCBA) contra el Poder Ejecutivo provincial, dispuso la suspensión de las intimaciones tributarias emitidas por la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), con sustento en la ley 14.983, sobre los bienes que individualizó, cuya titularidad corresponde al sindicato actor.
Asimismo, ordenó mantener la exención del impuesto inmobiliario y automotor -dispuesta por los arts. 177 inc. "p" y 243 inc. "l" del Código Fiscal y derogados por la ley indicada-, hasta tanto se dicte sentencia definitiva.
Para así decidir consideró, en lo esencial, que la situación descripta en el escrito liminar guardaba estrecha similitud con la planteada en el expediente número 22.871/18, "Sindicato Gráfico Platense", en trámite ante el mismo órgano jurisdiccional, en el que se cuestionó la modificación adoptada por el legislador provincial mediante ley 14.983, en cuanto derogó la normativa antes indicada.
A su vez, juzgó que la documentación acompañada en soporte digital acreditaba la titularidad de los bienes denunciados y la liquidación de deuda relativa a cada uno de ellos.
Luego, el sentenciante declaró que, en autos, se encontraban cumplidos los requisitos genéricos requeridos por el art. 195 del Código Procesal Civil y Comercial para el dictado de la medida cautelar requerida, esto es, la verosimilitud del derecho invocado y el peligro en la demora.
Para así concluir, tuvo en cuenta que, de acuerdo a las circunstancias alegadas, se afectaba el financiamiento de la entidad actora, poniendo en riesgo el cumplimiento de los fines sindicales protegidos por el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo y el art. 39 de la Constitución provincial.
Situado en ese escenario, atento la entidad de los derechos en juego y la urgencia de su tutela, el juzgador acogió la precautoria peticionada, aclarando que ello no implicaba atribuir mérito alguno ni anticipar la procedencia de la cuestión sustancial, que debía resolver oportunamente en vista al conflicto normativo existente y al rango de preponderancia entre la legislación tributaria y la sindical.
II. Contra dicho pronunciamiento, la Fiscalía de Estado interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia violación y errónea aplicación de los arts. 14 bis, 16, 17, 18, 28, 31 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; de los Convenios 87, 98, 135 y 151 de la Organización Internacional del Trabajo; 15 y 39 de la Constitución provincial; 2 del Código Civil y Comercial; 5, 9, 23, 39 y 47 de la ley 23.551; de la ley 13.758; 177 y 243 del Código Fiscal; 101 y 108 de la ley 14.983; del decreto nacional 760/01; 34 inc. 4, 37, 163 inc. 6 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y 18, 19, 26, 28, 29, 32, 39, 44 inc. "d", 47 y 63 de la ley 11.653.
Cuestiona la decisión del tribunal de grado en cuanto juzgó configurados los requisitos de verosimilitud del derecho y peligro en la demora.
En relación con el primero de los recaudos indicados, señala que el órgano de origen efectuó una errónea valoración de las circunstancias fácticas del caso, basándose en forma arbitraria en lo establecido en un precedente en el que se había declarado la inconstitucionalidad del art. 101 de la ley 14.983, cuando en las presentes actuaciones no hay decisión judicial de fondo, ni se presenta el grado de certeza que resulta exigible para decretar una medida precautoria.
Aduce que en autos no se han oído aún los argumentos del Fisco provincial respecto de los tributos que gravan los bienes de los sindicatos, que -destaca- son la base del presupuesto con el cual el Estado local afronta gastos de distinta naturaleza, como el mantenimiento de escuelas, hospitales y caminos, para consecución del bien común.
Alega que tampoco se configura el peligro en la demora porque las consecuencias que invoca la amparista son de estricto carácter económico y, eventualmente, podría obtener la pertinente reparación, por el medio procesal que corresponda, en caso de que -a la postre- la decisión final le ocasione un daño injustificado.
Agrega que, en el marco de un juicio de apremio contra UDOCBA, no se puede hablar seriamente de la afectación de su patrimonio, pues es una de las asociaciones sindicales con más afiliados de la Provincia de Buenos Aires, por lo que cuenta con importantes aportes societarios y recaudaciones millonarias, provenientes no solo de los trabajadores sino también de actividades accesorias.
Asegura que la promotora del juicio tiene solvencia suficiente para hacer frente a los gravámenes y obligaciones, sin que ello impida su accionar sindical.
Expresa que la presión tributaria sobre los bienes registrables de los cuales la accionante resulta titular no tiene relación con el principio de autonomía sindical, que -en su opinión- el sentenciante de grado interpretó equivocadamente.
Explica que dicho postulado, reconoce -a su vez- al principio de pureza -plasmado en el art. 9 de la ley 23.551- y se refiere a la imposibilidad de recibir ayuda económica de empleadores u organismos políticos, preservando así a la organización gremial de cualquier injerencia externa que pretenda limitar la independencia de sus actividades.
III. El recurso no prospera.
III.1. Sin dejar de señalar que la interesada soslaya denunciar infracción o errónea aplicación de la principal norma actuada en el fallo, lo cierto es que en el desarrollo de su pieza impugnativa se observa que, con principal apoyo en la invocación del vicio de absurdo, la aquí apelante direcciona su crítica a desvirtuar la valoración de los extremos necesarios para el otorgamiento de la medida cautelar (v. rec. puntos III, último párrafo y VIII).
Desde este enfoque he de examinar el remedio ensayado, anticipándome a señalar que la impugnación no abastece la carga de demostrar dicha anomalía ni logra conmover las motivaciones que han constituido factores esenciales de la decisión.
III.2.a. Discute la recurrente el requisito de la verosimilitud del derecho, bajo el argumento de que no resulta idónea para resolver su configuración la ponderación que el sentenciante realizó a partir de otra causa tramitada ante el mismo órgano, en la cual se resolvió la cuestión sustancial que aquí también se debate.
Seguidamente, cuando objeta el tramo de la decisión con arreglo a la cual se tuvo por verificado el peligro en la demora, indica -en lo esencial- que no se encuentra acreditada la existencia de una afectación -en forma concreta- del patrimonio del sindicato actor, realizando -en este marco- un breve desarrollo expositivo en alusión al principio de autonomía sindical.
III.2.b. Sabido es que el otorgamiento de medidas precautorias no exige de los magistrados el examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido, sino tan solo de su verosimilitud, pues requerir un juicio de verdad no condice con la finalidad del instituto cautelar, que no es otra cosa que atender aquello que no excede del marco de lo hipotético. Asimismo, la procedencia de este tipo de tutela urgente y provisoria demanda la concurrencia de una situación de peligro en la demora (causas Q. 70.810, "Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires", sent. de 17-XII-2014 y L. 119.005, "Malizia", sent. de 2-III-2017).
En el caso, se desprende del relato efectuado, que el órgano de origen a la hora de valorar dichas exigencias en el contexto de la provisoriedad y urgencia inherentes al tema a resolver, se basó en la documental aportada por la peticionante y sopesó -asimismo- los derechos constitucionales en juego de cara a la posible afectación del financiamiento de la entidad gremial, que -según entendió- podía poner en serio riesgo el cumplimiento de sus fines sindicales.
III.2.c. Desde esta perspectiva, no es difícil colegir que la vía extraordinaria ensayada por el Fisco provincial no consigue acreditar el absurdo que plantea, a través de una réplica que transita sobre su propio criterio y, a la par, prescinde cuestionar cada uno de los argumentos blandidos por el tribunal de grado para admitir la procedencia de la medida precautoria, circunstancias que lo tornan ineficaz a los fines pretendidos.
Sobre el particular, cabe recordar que esta Corte tiene dicho que es no es útil para demostrar la existencia del vicio de absurdo la impugnación que expone un simple criterio discrepante con el del tribunal de la instancia de origen (causa L. 120.965, "Corona Schell", sent. de 17-VI-2020) y que resulta requisito ineludible de dicho remedio impugnar concreta y directamente cada una de las motivaciones esenciales del fallo, pues deviene insuficiente aquel que deja incólume la decisión por falta de cuestionamiento de todos los conceptos sobre los cuales se asienta (causa L. 124.850, "Rodríguez", sent. de 13-X-2021).
III.3. En las condiciones relatadas, la ausencia de idoneidad de la réplica ensayada impide revisar en esta sede casatoria el acierto de lo decidido y, por ende, su suerte adversa queda sellada.
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído.
Las costas del recurso que se resuelve, así como las de la queja, se imponen a la recurrente vencida (art. 289, CPCC y ley 14.967).
Voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Soria y Torres, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
Como se expresa en el punto III del voto que abre el acuerdo, la recurrente no logra demostrar que el tribunal de grado incurriera en absurdo al valorar las exigencias propias de la medida cautelar decretada, a lo que se adiciona la inexistencia de denuncia de infracción del art. 230 del Código Procesal Civil y Comercial, actuado por el a quo en la especie.
Tales deficiencias determinan sin más la suerte adversa del remedio interpuesto, con costas del recurso y de la queja a la vencida (art. 289, CPCC y ley 14.967).
Voto por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído.
Las costas del recurso que se resuelve, así como las de la queja, se imponen a la recurrente vencida (art. 289, CPCC y ley 14.967).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 15/09/2022 18:11:26 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/09/2022 20:56:11 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 16/09/2022 15:19:33 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/09/2022 09:22:36 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/09/2022 11:13:16 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia