Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 125095
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechazan los recursos extraordinarios traídos, con costas (arts. 289 y 298, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 125.095, "Vega, Juan Eliseo contra Apolo Fish S.A. y otro. Despido", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Kogan, Genoud.
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Mar del Plata acogió parcialmente la demanda deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 494/528).
Se interpusieron, por Federación Patronal Seguros S.A., recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 10-VII-2019).
Oído el señor Procurador General (v. dictamen del día 13-VIII-2020), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad?
En su caso:
2ª) ¿Lo es el de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. En lo que interesa, el tribunal de trabajo interviniente hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por el señor Juan Eliseo Vega contra Apolo Fish S.A. y Federación Patronal Seguros S.A. y condenó a esta última a abonar diferencias vinculadas con las prestaciones dinerarias percibidas por el accionante como derivación de las secuelas incapacitantes que padece en razón del accidente que sufriera el día 27 de agosto del año 2009 (v. fs. 494/528).
Para así decidir, declaró la inconstitucionalidad de los arts. 11 y 12 de la ley 24.557 y señaló que a los fines de cuantificar los montos de las prestaciones dinerarias correspondientes, debía considerarse el ingreso base mensual del actor al mes de abril del año 2010 (momento en que se le otorgó el alta médica); concluyó que este se correspondía con el denunciado en la demanda y ascendía a la suma de $3.187,74. Arribó a esa definición por conducto de aplicar las reglas previstas en el art. 39 de la ley 11.653, atento no haber exhibido en juicio el empleador codemandado el libro de sueldos y jornales.
Por otro lado, con sustento en la pericia médica, juzgó probado que el demandante padece como secuela derivada del accidente un porcentaje de incapacidad del 10% del índice de la total obrera, incluyendo los factores de ponderación, minusvalía -dijo- que resulta superior a la del 3,5% del índice de la total obrera determinado por la Comisión Médica interviniente y sobre cuya base en el mes de mayo de 2010 cobró la suma de $4.228,02 en concepto de prestación dineraria por incapacidad parcial y permanente.
Con esos datos, calculó que -restando lo oportunamente abonado por la aseguradora- el monto debido en concepto de "Incapacidad Laboral Parcial, Permanente y Definitiva" era de $23.226,39. A este valor, le adicionó intereses moratorios desde la consolidación del daño y hasta la fecha de notificación de la demanda (21 de septiembre de 2011) a la tasa pasiva digital del Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta días, los que debían acumularse al capital de condena con fundamento en el art. 770 inc. "b" del Código Civil y Comercial. Seguidamente, precisó que al importe resultante debía devengar el mismo tipo de interés moratorio referido, hasta que quedase firme la sentencia. Dijo que el capital "actualizado e intereses" totalizaban la suma de $71.097,33, sin perjuicio de los intereses que se devengasen con posterioridad.
Ya para el supuesto de falta de pago de la liquidación judicial en el plazo de diez días, estableció que los intereses moratorios allí liquidados se acumularían al capital (art. 770 inc. "c", Cód. cit.).
II. La aseguradora codemandada deduce recurso extraordinario de nulidad en el que denuncia vulnerado el art. 171 de la Constitución local (v. presentación electrónica de fecha 10-VII-2019).
II.1. Sostiene que al emitir la condena, el órgano de grado omitió fundar su decisión, la que excede la obligación legal que le impone a la aseguradora la ley 24.557 y normas complementarias.
Cuestiona la validez del fallo como acto jurisdiccional, en tanto -alega- adolece de sustanciales errores de derecho y de un cúmulo de ausencias de fundamento.
II.2. Además, afirma que se incurrió en autocontradicción en la parte dispositiva del fallo, pues al pronunciarse respecto de la diferencia por incapacidad laboral parcial, permanente y definitiva, en el apartado tercero la acogió parcialmente y, en el decimocuarto, la rechazó.
III. En coincidencia con lo dictaminado por el señor Procurador General, considero que el remedio incoado no puede prosperar.
III.1. El recurso extraordinario de nulidad solo puede fundarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, falta de fundamentación legal, incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (causas L. 119.503, "Barreiro", sent. de 21-II-2018; L. 121.033, "Aguirre", sent. de 9-XI-2020 y L. 124.430, "Puentes de integración", sent. de 23-II-2021; e.o.).
III.2. En el caso, no se evidencia la configuración de ninguna de las causales señaladas.
El recurrente no ha satisfecho la carga de brindar argumentos que avalen la supuesta falta de fundamentación que atribuye al pronunciamiento. Y en una mejor hipótesis para el interesado, cabe recordar que el art. 171 de la Constitución provincial solo se infringe cuando el fallo carece de toda fundamentación legal (causas L. 122.117, "Gigliotti", sent. de 10-VIII-2020; L. 122.156, "Godio", sent. de 9-XI-2020 y L. 124.430, "Puentes de integración S.R.L.", sent. de 23-II-2021; e.o.), transgresión que no se configura en la sentencia atacada, en tanto se encuentra respaldada en expresas disposiciones legales, sin que corresponda examinar por esta vía si su fundamentación normativa es -o no- acertada (causas L. 98.144, "Cejas", sent. de 2-III-2011 y L. 121.578, "Bertocchi", sent. de 2-XI-2020).
Por lo demás, el agravio vinculado con la pretensa comisión del vicio de contradicción que la interesada atribuye a la sentencia, resulta ajeno a la órbita del recurso en examen (causa L. 106.708, "Severino", sent. de 12-VI-2013).
Finalmente, procede indicar que la anulación de oficio de los pronunciamientos de los tribunales de la instancia se trata de una facultad exclusiva y excluyente de este Tribunal y no asiste a las partes la potestad de efectuar un planteo de esa naturaleza (causas L. 119.469, "Sánchez", sent. de 29-VIII-2017; L. 120.384, "Rocha", sent. de 19-II-2020 y L. 120.300, "Antognoli", sent. de 13-X-2020).
IV. Por lo expuesto, el recurso extraordinario de nulidad debe ser rechazado, con costas (art. 298, CPCC).
Voto por la negativa .
El señor Juez doctor Torres , la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la primera cuestión también por la negativa .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. La aseguradora de riesgos del trabajo condenada, también deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo, arbitrariedad y la violación de los arts. 18, 28, 33 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 44 inc. "e" de la ley 11.653; de la ley 24.557; del decreto 659/96 y de la doctrina legal que identifica.
I.1. Critica la parcela del fallo en la que -alega- se fijó la remuneración del trabajador mediante la aplicación de la presunción prevista en los arts. 55 de la Ley de Contrato de Trabajo y 39 de la ley 11.653.
I.1.a. Sostiene que resulta irrazonable extender a la aseguradora la obligación legal que recae sobre el empleador conforme el art. 52 de la ley 20.744 (t.o.), más aún, cuando tenía otros medios probatorios para poder realizar aquella determinación. Así, alega que de la pericia contable obrante en la causa surge que el ingreso base mensual era de $1.402,62.
Manifiesta que, aun cuando se acreditara que el trabajador percibía un salario superior, la aseguradora sólo debe responder hasta el monto de las remuneraciones denunciadas por la empleadora y en base a las cuales se contrató la póliza.
Añade que los arts. 55 de la Ley de Contrato de Trabajo y 39 de la ley 11.653 son aplicables respecto de las personas vinculadas por un contrato de trabajo, es decir, cuando queda demostrada la existencia de una relación de trabajo, extremo que -enfatiza- no se verifica con relación a la aseguradora.
I.1.b. Postula que en ninguna parte de la sentencia se explica ni fundamenta el método de cálculo utilizado para obtener la mencionada remuneración, ni tampoco el origen del monto que allí se indica, a partir del cual establece las condenas indemnizatorias. Señala que solamente puede advertirse que el resultado es similar al importe denunciado por el actor en su demanda.
Asimismo, cuestiona que el juzgador de grado no haya utilizado el informe de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) como elemento de prueba para verificar que el haber percibido por el señor Vega no era el denunciado en demanda.
Expresa adicionalmente que el juzgador se apartó de lo establecido en el art. 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo al incluir en el ingreso base sumas no remunerativas. Arguye que el tribunal declaró su inconstitucionalidad sin un análisis adecuado y fundado.
I.1.c. Cuestiona que se haya exigido a su parte el cumplimiento de una obligación que no estaba a su cargo. En tal sentido, expresa que las únicas obligaciones a cargo de la aseguradora son las que derivan de la ley 24.557, sus modificaciones y reglamentaciones.
Reitera que no se puede responsabilizar a una compañía de seguros más allá de lo pactado con el asegurado, cuyas alícuotas son abonadas con arreglo a los salarios denunciados por este último. Asevera que la condena a un pago por montos que exceden las remuneraciones denunciadas por el empleador, afecta el derecho de propiedad de su parte, puesto que se le estaría exigiendo afrontar obligaciones nunca asumidas y que no derivan de la ley aplicable.
I.2. Por otra parte, denuncia que el sentenciante de grado incurrió en anatocismo, por cuanto, a partir de lo establecido en el art. 770 del Código Civil y Comercial (ley 26.994) determinó la acumulación de intereses al capital originario y sobre el importe total resultante, calculó nuevamente intereses.
De este modo, afirma, el tribunal de origen aplicó retroactivamente dicho cuerpo normativo en tanto no se encontraba vigente ni a la fecha del infortunio ni de la presentación de los escritos postulatorios, épocas en que regía el Código Civil (según ley 340).
Destaca que el nuevo Código ratificó como regla general la prohibición del anatocismo, salvo determinadas excepciones establecidas en la citada norma.
Indica que la aplicación en forma conjunta de sus incs. "b" y "c" produce un enriquecimiento indebido por parte del trabajador.
II. El recurso no puede prosperar, en atención a la falta de sustancialidad o trascendencia que el planteo contiene (arts. 31 bis, ley 5.827 y modif. y 289, CPCC).
Es necesario recordar que el legislador provincial ha previsto en el art. 31 bis de la ley 5.827 y modificatorias un mecanismo que le permite a esta Suprema Corte -entre otros supuestos- en cualquier estado de su tramitación rechazar los recursos extraordinarios locales si considera que plantean una cuestión insustancial o carente de trascendencia, ello, con la sola invocación de dicho precepto (causas C. 120.005, "López", resol. de 21-XII-2016; L. 121.035, "Caputto", resol. de 21-III-2018; L. 121.630, "Quintana", resol. de 5-XII-2018 y L. 125.464, "Sacoski", resol. de 6-XI-2020; e.o.).
En la especie, los agravios que trae el recurrente se circunscriben a cuestionar la labor desplegada por el tribunal de la instancia a la hora de determinar el ingreso base mensual al que alude la Ley de Riesgos del Trabajo, y luego, al disponer en la condena la capitalización de intereses con fundamento en el art. 770 del Código Civil y Comercial de la Nación (ley 26.994). Con lo dicho, queda claro que nada discute el impugnante en orden a la brecha en el porcentaje de incapacidad fijado por el a quo en relación con aquel dictaminado en sede administrativa, tampoco se debate -ya observando la estructura final del fallo- sobre el tipo de tasa de interés empleado en la sentencia.
Bajo la concreta limitación que marcan las críticas del impugnante, partiendo de los montos que se reflejan en la sentencia (mencionados al abordar la anterior cuestión planteada en este acuerdo), el caso se revela como insustancial o carente de trascendencia para ser abordado por un Tribunal superior como esta Corte, atento a la elevada misión que le cabe, por lo que corresponde utilizar la facultad regulada en el art. 31 bis citado y desechar, sin más, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley impetrado (conf. arts. 31 bis, ley 5.827 y modif.; 289, CPCC y causas cits.).
III. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa .
El señor Juez doctor Torres , la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la segunda cuestión también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General respecto del de nulidad, se rechazan los recursos extraordinarios traídos, con costas (arts. 289 y 298, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c", resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 26/09/2022 09:32:04 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/09/2022 08:13:34 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/09/2022 13:06:01 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 03/10/2022 16:04:34 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/10/2022 07:49:26 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 04/10/2022 08:45:52 hs. bajo el número RS-66-2022 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia