Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 125987
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 125.987, "Molinari, Mario Raúl contra La Segunda Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. Daños y perjuicios", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Torres, Genoud.
El Tribunal de Trabajo n° 2 con asiento en la ciudad de Olavarría, perteneciente al Departamento Judicial de Azul, rechazó íntegramente la acción deducida e impuso las costas a la parte actora con el beneficio que consagra el art. 22 de la ley 11.653 (v. veredicto de 1-VI-2020 y sentencia de 8-VI-2020).
Se interpuso, por esta última, recurso extraordinario de nulidad en forma conjunta con el de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica del 23-VI-2020).
Oído el señor Procurador General (v. dictamen de fecha 20-V-2022), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Ha sido bien concedido el recurso extraordinario de nulidad?
En caso afirmativo:
2ª) ¿Es fundado?
En su caso:
3ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar respecto del de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal de trabajo rechazó -por mayoría- íntegramente la demanda promovida por Mario Raúl Molinari contra La Segunda Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., mediante la cual procuraba el resarcimiento de la incapacidad que contrajera a consecuencia del accidente de trabajo in itinere que sufrió el día 3 de noviembre de 2014.
Para así decidir, desestimó inicialmente el planteo de inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773 (en su versión anterior a la reforma de la ley 27.348) en cuanto establece la denominada opción excluyente para promover acciones judiciales en materia de responsabilidad por daños derivados de accidentes o enfermedades del trabajo.
Luego, de conformidad con lo concluido en la cuestión primera del veredicto, en cuanto a que el actor había reclamado una indemnización integral sustentada en las disposiciones del derecho común, y subsidiariamente el resarcimiento del sistema especial de reparación de infortunios laborales, juzgó que carecía de " legitimatio ad causam para el asunto de marras", por cuanto no había ejercido la opción excluyente prevista en aquella norma.
II. Contra dicho pronunciamiento, el actor anuncia que interpone recurso extraordinario de nulidad.
III. En coincidencia con lo dictaminado por el señor Procurador General, estimo que dicho remedio ha sido mal concedido.
En efecto, pese a lo expresado en el capítulo correspondiente al objeto de la presentación recursiva -y en su petitorio- no se observa en el desarrollo de la impugnación argumento alguno que pueda vincularse con un supuesto incumplimiento de las exigencias previstas en los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial, que constituyen el específico ámbito del remedio extraordinario en cuestión; ni de los agravios expuestos puede inferirse que se pretenda la declaración de nulidad del pronunciamiento atacado (causas L. 102.972, "Díaz", sent. de 6-VII-2011; L. 116.525, "Rouco", sent. de 20-VIII-2014 y L. 120.386, "Roldán", sent. de 3-X-2018).
En consecuencia, voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Soria, Torres y Genoud , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron la primera cuestión también por la negativa.
A la segunda cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
En atención al resultado obtenido al tratar la primera cuestión, no corresponde considerar la presente.
Así lo voto .
Los señores Jueces doctores Soria, Torres y Genoud , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron la segunda cuestión en el mismo sentido.
A la tercera cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. Como fuera señalado, el tribunal de origen rechazó -por mayoría- el planteo de inconstitucionalidad de la opción excluyente prevista en el art. 4 de la ley 26.773 (en su versión anterior a la modificación de la ley 27.348) y desestimó íntegramente la demanda promovida por el señor Mario Raúl Molinari contra La Segunda Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., mediante la que procuraba el resarcimiento de las secuelas incapacitantes derivadas del accidente de trabajo in itinere que sufrió el día 3 de noviembre de 2014.
II. Contra dicho pronunciamiento se alza la parte actora con recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación y errónea interpretación de los arts. 14, 14 bis, 17, 18 y 19 de la Constitución nacional; 10, 11 y 31 de la Constitución provincial; 499, 1.074 y 1.109 del Código Civil (ley 340); 2 de la ley 23.551; 11 y 14 de la ley 24.557; 34 incs. 4 y 5, 163, 266, 375 y 384 del Código Procesal Civil y Comercial; 28, 44, 47 y 63 de la ley 11.653 y de la doctrina legal que cita.
Inicialmente sostiene que la decisión del tribunal de grado, en cuanto rechazó el planteo de inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773 y declaró la falta de acción, priva al demandante de todo resarcimiento por el daño ocasionado por el accidente in itinere sufrido, inclusive de la reparación sistémica que fuera peticionada en forma subsidiaria.
Manifiesta que dicho precepto legal provoca una transgresión al derecho de acceso inmediato a la justicia y a los principios de indemnidad, irrenunciabilidad, preferente tutela constitucional y progresividad sobre los que se asienta el Derecho del Trabajo.
Alega que en autos se encuentra reconocido que el actor contaba con la cobertura asegurativa de la demandada, que el siniestro ocurrió, que como consecuencia del mismo sufrió un daño, y que La Segunda Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. ofreció abonar una determinada suma de dinero, por lo que deviene improcedente y contraria a derecho la decisión del tribunal de grado de declarar la falta de legitimación activa. Añade que dicha defensa no fue siquiera opuesta por la contraria, no abriéndose -por ende- ningún debate al respecto, en franca violación al debido proceso legal.
Por otra parte, argumenta que el ofrecimiento económico efectuado por la accionada constituye el reconocimiento del derecho del actor a obtener esa suma de dinero por el infortunio acaecido.
Refiere que el tribunal de grado debió hacer mérito del principio iura novit curia , toda vez que le corresponde a los jueces determinar el encuadramiento legal del caso, con prescindencia del derecho invocado por las partes.
III. El recurso prospera.
III.1. En primer lugar, cabe señalar que el valor de lo cuestionado en esta instancia extraordinaria -representado por las sumas reclamadas en demanda (v. fs. 61 y vta.)- no supera el límite establecido en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141). Por tal razón, la admisibilidad del recurso deducido, en principio, solo puede justificarse en el estricto marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo parte final, de la ley 11.653.
Siendo ello así, la función revisora de esta Corte se limita a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando este Tribunal ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 109.022, "Villa", sent. de 31-VIII-2011; L. 103.432, "Zanuttini", sent. de 6-XI-2012; L. 116.470, "Armesto", sent. de 6-III-2013 y L. 121.474, "Sotelo", sent. de 31-VIII-2020; e.o.).
Ahora bien, no puede soslayarse que el agravio por el que se cuestiona la validez constitucional del art. 4 de la ley 26.773 involucra el análisis de una cuestión federal que, con prescindencia del valor del litigio, amerita la apertura de la instancia extraordinaria.
Ante dicha circunstancia, se impone destacar que -conforme reiteradamente lo ha declarado este Tribunal- aun cuando el monto de lo cuestionado no supere el indicado límite establecido en los arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653, corresponde ingresar en el tratamiento de los agravios contenidos en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que se vinculan con tales cuestiones federales, toda vez que -según lo ha resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN Fallos: 308:490 in re "Strada"; 311:2478 in re "Di Mascio"), es necesario que la Suprema Corte, en tanto órgano máximo de la judicatura local, ingrese al conocimiento de los cuestionamientos relacionados con puntos regidos por la Constitución, las leyes federales y los tratados internacionales (causa L. 91.737, "Kaufmann", sent. de 21-IX-2011).
Por consiguiente, el cuestionamiento habrá de ser abordado con prescindencia de las limitaciones establecidas en las leyes procesales locales.
III.2. Anticipo que la decisión del tribunal de grado que rechazó el planteo de inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773 y declaró la falta de acción del actor debe modificarse, de conformidad con lo resuelto por esta Suprema Corte en la causa L. 124.807, "Vera" (sent. de 11-V-2021), doctrina legal que, aun sobreviniente al dictado de la sentencia recurrida e incluso de la interposición del recurso deducido, no corresponde dejar de atender (causas L. 116.959, "Navarro", sent. de 20-VIII-2014; L. 117.272, "Gómez González", sent. de 24-VI-2015 y L. 118.566, "Mauri", sent. de 26-X-2016; e.o.).
En tales condiciones, habré de reiterar -en lo pertinente- los conceptos expuestos al emitir mi opinión en aquella oportunidad.
III.2.a. Liminarmente, resulta trascendente aclarar que, en la especie, la temática en debate se circunscribe al cuestionamiento constitucional del citado dispositivo de la ley 26.773 (B.O. de 26-X-2012), en su versión anterior a la ley 27.348 (B.O. de 24-II-2017), es decir, con antelación a la entrada en vigencia de la previsión normativa que establece el transito previo y obligatorio por las comisiones médicas.
Cabe recordar, a propósito de esta última, que la Provincia de Buenos Aires aceptó la invitación que contiene el art. 4 de la ley 27.348 -complementaria de la Ley de Riesgos del Trabajo- mediante la ley 14.997 (B.O. de 8-I-2018), adhiriendo plenamente a la normativa contemplada en el Título I de aquel ordenamiento. De ese modo, se tornaron operativas las disposiciones de carácter adjetivo allí previstas, entre ellas, aquella que establece "...que la actuación de las comisiones médicas jurisdiccionales creadas por el art. 51 de la ley 24.241 y sus modificatorias, constituirá la instancia administrativa previa, de carácter obligatorio y excluyente de toda otra intervención..." (art. 1).
La validez constitucional y aplicabilidad de las leyes 14.997 y 27.348 fue declarada -por mayoría- por esta Corte en la causa L. 121.939, "Marchetti" (sent. de 13-V-2020) y en las posteriores L. 123.792, "Szakacs" y L. 124.309, "Delgadillo" (sents. de 28-V-2020), a cuyos fundamentos cabe remitir por razones de brevedad.
III.2.b. Luego, corresponde recordar que la citada ley 26.773 (B.O. de 26-X-2012) ha reinstalado la llamada opción excluyente entre la reparación tarifada de la ley especial o la integral del derecho común. Al respecto, por razones de brevedad, me remito al desarrollo que efectué sobre este tópico en la mentada causa L. 124.807, "Vera", sentencia de 11-V-2021.
III.2.c. Sentado lo anterior, he de precisar que en dicho precedente diferentes argumentos condujeron a justificar la declaración de invalidez constitucional del art. 4 de la ley 26.773 (en su versión anterior a la reforma de la ley 27.348) a los que me referiré brevemente -por razones de buen orden y en honor a la brevedad- remitiéndome -en lo demás- a las declaraciones contenidas en la opinión que expuse en dicha oportunidad.
III.2.c.i. Tras reseñarse la evolución del sistema de la "opción" en materia de reparación de accidentes y enfermedades profesionales en la legislación argentina, se determinó la incongruencia entre la norma contenida en el mencionado precepto y el principio de progresividad, con raigambre constitucional en los planos provincial y nacional.
Se estableció que dicho postulado, consagrado en la Constitución nacional -por conducto de los incs. 22 y 23 del art. 75- en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art. 2.1.), en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 26), en el Protocolo Adicional a esta última o Protocolo de San Salvador (art. 1) y en el art. 39 inc. 3 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; y receptado por la Corte Suprema de Justicia como principio cardinal especialmente operativo en materia laboral (CSJN 3-V-2007, "Madorrán, Marta C. c/ Administración Nacional de Aduanas", Fallos: 330:989; ídem, 26-II-2008, "Medina, Orlando R. y otro c/ Solar Servicios On Line Argentina S.A. y otro"; e.o.); define la improcedencia de la regresión normativa -regla derivada del aludido principio- en la medida en que se prohíbe al trabajador lo que antes no se vedaba, reduciendo claramente el nivel de intensidad de la tutela jurídica.
Luego, se concluyó que la ley 26.773 retrograda de modo manifiesto la protección del sujeto de preferente tutela constitucional a la que debe propender la legislación.
III.2.c.ii. Desde otroángulo, también se declaró en el citado caso registrado como L. 124.807 que la norma en cuestión viola la indemnidad del trabajador (arts. 19, Const. nac. y 39 inc. 3, Const. local), pues la síntesis de lo declarado en la causa de referencia indica que le impide al operario accidentado o enfermo (o, en su caso, a sus derechohabientes) por causas vinculadas al trabajo y que percibió las prestaciones de la ley especial, el acceso a la reparación integral del daño, dejando subsistentes daños laborales sin reparación.
Tal situación, que se traduce en una indemnización que se avizora como carente de integralidad, afecta -asimismo- los postulados del art. 14 bis de la Constitución nacional, y los principios de progresividad, propiedad (art. 17, Const. nac.), igualdad y no discriminación (art. 16, Const. cit.). Estos dos últimos, máxime cuando el legislador dispuso ratificar el cúmulo cuando el daño provenga de terceros (el damnificado o sus derechohabientes podrían cobrar la tarifa y promover una acción por reparación integral); mientras que, si la responsabilidad es atribuible al empleador, la posibilidad se limita y nace la obligación de optar entre uno u otro sistema.
Se dijo que la solución propuesta va en línea con lo resuelto por la Corte federal en la causa "Rodríguez Pereyra" (CSJN 27-XI-2012; R.401.XLIII, en www.csjn.gov.ar) pronunciada con posterioridad a la sanción de la ley 26.773, en la que reconoció la inconstitucionalidad de los sistemas especiales que admiten limitaciones indemnizatorias frente al derecho a una reparación integral al comprobarse la existencia de un menoscabo sustancial a este último, pero afirmando también que la "reparación no se logra si los daños subsisten en alguna medida", lo que implica la total correspondencia entre los daños y el resarcimiento que se confiera.
En ese mismo orden de ideas, se recordó que este Superior Tribunal tuvo oportunidad de expresar que el empleado o sus derechohabientes -según el caso- que, en el marco de un proceso con amplitud de debate y prueba como el diseñado por la ley 11.653, logre acreditar la insuficiencia de las prestaciones establecidas en la ley 24.557 para reparar integralmente el daño padecido, podrá obtener del patrono -cuya responsabilidad civil hubiere sido demostrada- la diferencia del valor según el quantum que el tribunal de trabajo reputare suficiente para resguardar los derechos constitucionales inherentes al bien jurídico protegido (causas L. 87.394, "V. d. C., M. C", sent. de 11-V-2005 y L. 88.912, "L., A. F.", sent. de 9-XII-2010).
III.2.c.iii. Desde otroángulo, también se estableció en la referida causa "Vera" que el art. 4 de la ley 26.773 atenta de modo directo y fatal contra el principio de irrenunciabilidad de los derechos, reglaínsita e indisolublemente ligada al principio protectorio (arts. 14 bis, Const. nac. y 39 inc. 3, Const. local).
Tal conclusión encuentra amparo en la norma -general- contenida en el art. 12 de la Ley de Contrato de Trabajo y -no sin atender las pautas que brindan los arts. 31 y 32 del Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo (ratificado por nuestro país por ley 26.678)- en el art. 11 de la ley 24.557, que -como normativa específica- establece en su apartado 1 que "las prestaciones dinerarias de esta ley gozan de las franquicias y privilegios de los créditos por alimentos. Son, además, irrenunciables y no pueden ser cedidas ni enajenadas", dispositivo que integra el régimen normativo de reparación por daños laborales, desde que no ha sido derogado por la novel ley 26.773 (arts. 1 y 17 apdo. 1).
III.2.c.iv. Por último, conforme lo señalado en el ya indicado precedente L. 124.807, la descalificación constitucional de la norma bajo la lupa también encuentra respaldo en la violación del principio de igualdad ante la ley (arts. 16 y 75 inc. 22, Const. nac.), pues -en definitiva- el ejercicio de la opción excluyente altera la posición inicial de plena igualdad del sujeto damnificado respecto de otro que (en iguales condiciones originales) adoptó un camino -de elección imperativa- diferente.
III.2.d. En estas condiciones, entiendo que debe juzgarse procedente el recurso deducido, declarar la inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773, en su versión anterior a la ley 27.348, y revocar el fallo de grado en cuanto juzgó que el actor carecía de legitimación para demandar a La Segunda Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A.
III.3. Siendo que lo dicho es suficiente para dar respuesta a la réplica ensayada, resulta innecesario el tratamiento de los demás argumentos allí contenidos.
IV. Por lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído. En consecuencia, debe declararse la inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773, en su versión anterior a la ley 27.348, y revocar el fallo de grado en cuanto declaró la falta de acción del actor para demandar a La Segunda Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A.
Los autos deberán remitirse al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces, y renovando -en su caso- los actos procesales que estime pertinentes, dicte nuevo pronunciamiento con arreglo a lo que aquí se decide.
Costas por su orden, atento la naturaleza de la cuestión tratada en el marco de las dificultades interpretativas generadas por la normativa analizada (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
Con el alcance indicado, así lo voto.
A la tercera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El recurso prospera.
I.1. El pronunciamiento sobre el agravio traído, no puede ignorar la doctrina legal actual de esta Corte, aun cuando ésta a la época del dictado de la sentencia recurrida e incluso de la interposición del recurso todavía no se encontraba vigente (causas L. 96.891, "Díaz", sent. de 3-XI-2010 y L. 90.644, "Conde", sent. de 22-VI-2011).
Es que, dejando a salvo mi opinión sobre el tema, esta Suprema Corte en el precedente L. 124.807, "Vera" (sent. de 11-V-2021), de relevantes contornos análogos al sub examine , se pronunció por la inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773 (B.O. de 26-X-2012, conforme la redacción que precedió a la ley 27.348). Ello me conduce a adherir a la solución propuesta en autos por mi distinguida colega doctora Kogan (conf. art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), incluso en materia de costas.
Con el alcance indicado, así lo voto.
El señor Juez doctor Torres , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votó la tercera c
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