Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 125324
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 125.324, "Garay, Claudio Horacio contra Mario Caroleo S.A. y otro/a. Daños y perjuicios", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Kogan, Genoud.
El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de La Plata desestimó la acción deducida, imponiendo las costas a la parte actora en su calidad de vencida (v. fs. 268/274).
Se interpusieron, por esta última, recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. fs. 279/293 vta.).
Oído el señor Procurador General (v. dictamen del día 9-X-2020), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad?
En su caso:
2ª) ¿Lo es el de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente rechazó la demanda promovida por el señor Claudio Horacio Garay contra Mario Caroleo S.A. y QBE Argentina ART S.A. (hoy Experta ART S.A.), mediante la cual procuraba el pago de una reparación por daños y perjuicios con sustento en el derecho común, y subsidiariamente, el resarcimiento tarifado previsto en el régimen especial de infortunios laborales, ello, en razón de la incapacidad que denunció haber contraído como consecuencia del accidente de trabajo que habría sufrido el día 6 de noviembre de 2013 (v. fs. 268/274).
Para así decidir, tras valorar la prueba producida, juzgó probado que en la mencionada fecha, en momentos en que el trabajador se encontraba prestando servicios para la primera de las codemandadas, sufrió una lesión en su pierna izquierda al descender de la escalera de la casilla en la que se encontraba; no obstante, entendió que no se había acreditado la mecánica del infortunio según lo denunciado por el actor, como tampoco la existencia de los elementos que lo habrían ocasionado.
En tal contexto, destacó la falta de prueba acerca de la culpa atribuida a la empleadora y a la aseguradora demandada, traducida en acciones u omisiones violatorias de los deberes de seguridad. Además, aquí únicamente en relación con la empleadora, a idéntica conclusión arribó respecto a la carga de acreditar que el daño hubiese obedecido al riesgo o vicio de una cosa. De este modo, rechazó el reclamo fundado en los arts. 1.109 y 1.113 del Código Civil de Vélez Sarsfield.
Luego, sostuvo que "previo a considerar la obligación de reparar el daño en los términos de la L.R.T." correspondía tratar la defensa de falta de legitimación pasiva opuesta por la firma aseguradora demandada.
Expresó que, denunciando la falta de registro de la relación laboral mantenida con Mario Caroleo S.A. al momento del infortunio, el actor demandó a QBE Argentina ART S.A. en los términos del art. 28 apartado 2 de la ley 24.557. Sobre el punto, remitiendo al veredicto, dijo que con la pericia contable se demostró que el empleador contrató a la aseguradora demandada a partir del día 1 de diciembre del 2013, mientras que con anterioridad a esa fecha la cobertura era prestada por Prevención ART S.A.; concluyó, entonces, que en el caso no cabía responsabilizar a la aseguradora accionada por la incapacidad del trabajador derivada del infortunio acaecido antes de la vigencia del contrato de seguro existente entre las demandadas.
Ponderó que lo expuesto motivaba el rechazo de la demanda por carecer de causa jurídica que la sustente.
II. La parte actora deduce recurso extraordinario de nulidad, en el que denuncia violación de los arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires (v. fs. 279/293 vta.).
II.1. Manifiesta que la sentencia de grado exhibe graves irregularidades de carácter formal que la descalifican como acto jurisdiccional válido (v. fs. 281 vta.).
Asevera que el veredicto fue dictado el día 4 de julio de 2019, mientras que el Acuerdo que precedió a la sentencia fue celebrado con anterioridad, en tanto -aduce- fue fechado el día 4 de junio de ese mismo año. Entiende que el quebranto temporal mencionado se avizora incompatible con el debido proceso legal (v. fs. 281 vta. y 282).
Expone que la finalidad del Acuerdo no se centra en la publicidad para las partes de los fundamentos de la sentencia, sino en favorecer la calidad en el debate inmediato anterior a la resolución de las cuestiones esenciales. En ese orden, explica que si, como en el caso, este resulta ser de fecha anterior al fallo de los hechos, debe interpretarse que fue desarrollado previamente del abordaje de la cuestión fáctica, vulnerando lo normado en los arts. 44 y 47 de la ley 11.653 (v. fs. 282).
En ese marco, afirma que se "impone colegir que el decisorio cuya nulidad aquí se acusa carece de fundamentación legal (art.168 y cc. Const. Prov.)".
II.2. Por otra parte, afirma que el órgano de grado no abordó una cuestión esencial para la resolución de la litis, constituida por el planteo formulado de modo subsidiario (para el supuesto de no acreditarse los extremos de responsabilidad endilgados a las accionadas en los términos del derecho común) referido al tratamiento del resarcimiento reclamado al empleador en los términos de la ley 24.557, que indica, fue realizado en uno de los apartados de su escrito de inicio.
III. A diferencia de lo dictaminado por el señor Procurador General, entiendo que el recurso debe ser íntegramente desestimado.
III.1.a. En su intento de identificar la irregularidad que se denuncia en el primer agravio traído con alguna de las causales propias del medio de impugnación en análisis, el recurrente asegura que el pronunciamiento merece declararse nulo pues "carece de fundamentación legal".
Sin embargo, aun cuando pudiese aceptarse sin ningún tipo de reflexión la comisión de las imperfecciones que el interesado detecta en el fallo, es indudable que con ello el impugnante no demuestra la configuración de un incumplimiento a la manda contemplada en el art. 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, la que, para más, luce respetada por los magistrados de grado.
Este señalamiento le quita todo vigor a la impugnación.
III.1.b. Para mayor satisfacción del recurrente, caben efectuar ciertas reflexiones adicionales que evidencian una vez más su sinrazón.
Si bien el texto del veredicto y la parte dispositiva de la sentencia muestran que habrían sido fechados el día 4 de julio de 2019 mientras que el Acuerdo previo a esta última lo habría sido el día 4 de junio de ese mismo año, es evidente que la mencionada discrepancia ha sido producto de un mero un yerro material al consignar en el documento respectivo el mes en cuestión; el cual -de suyo- pasó inadvertido por el tribunal de la instancia y la secretaria interviniente.
Lo dicho encuentra respaldo en los trámites de las actuaciones efectuadas por el órgano de grado a través del sistema telemático de este Poder Judicial, del cual surge que los mencionados tramos de la resolución judicial impugnada se encuentran incorporados a la base de datos por el juzgador de mérito en una única fecha: 4 de julio de 2019 (bajo el número de registro 770).
Algo más: un mero examen de la sentencia cuestionada permite divisar que el examen de derecho allí desplegado se encontró expresamente ceñido a la ponderación de los hechos y las pruebas realizada con lógica anterioridad en el veredicto.
En fin, no se verifica la situación que denuncia el interesado bajo los particulares contornos que le asigna.
III.2. Tampoco asiste razón al recurrente cuando afirma que el tribunal de grado soslayó el tratamiento de una cuestión esencial.
En el marco del art. 168 de la Constitución provincial, este Tribunal ha tenido oportunidad de expresar que son cuestiones esenciales las que conforman la estructura de la traba de la litis y el esquema jurídico que la sentencia debe atender para la correcta solución del litigio y no cualquiera que las partes consideren tales (causas L. 108.376, "Salomón", sent. de 3-X-2012 y L. 116.542, "Duarte", sent. de 15-VII-2015; e.o.); también, que la omisión de la cuestión esencial que provoca la nulidad del fallo es aquella que se configura por descuido o inadvertencia del juzgador (causas L. 86.280, "Stremiz", sent. de 14-XI-2007; L. 111.174, "Covelo", sent. de 11-IX-2013 y L. 123.052, "Susso", sent. de 7-IX-2020).
En su discurso, el impugnante no evidencia ese soslayo fruto de una inadvertencia a la hora de abordar los planteos estructurales insertos en el escrito de demanda que exige la doctrina legal. De la lectura de aquella pieza y de la sentencia recurrida, emerge nítidamente que a juicio del tribunal de la instancia la única pretensión fundada en la ley 24.557 fue dirigida exclusivamente contra la firma aseguradora de riesgos del trabajo demandada, y con fundamento en el art. 28 apartado 2 de dicha legislación.
Antes bien, bajo la invocación de aquella causal contemplada en el mentado art. 168 de la Constitución local, el impugnante se dirige, en verdad, a controvertir la interpretación efectuada por el tribunal de trabajo de los términos del escrito de demanda y de la conformación de la litis, reproche que en tanto se vincula con la comisión de presuntos errores in iudicando resulta extraño al ámbito del recurso extraordinario de nulidad y propio del de inaplicabilidad de ley (causas L. 116.542, "Duarte", sent. de 15-VII-2015; L. 111.418, "González", sent. de 13-V-2015 y L. 118.276, "Borrelli", sent. de 7-III-2018).
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de nulidad deducido, con costas (art. 298, CPCC).
Voto por la negativa.
El señor Juez doctor Torres, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la primera cuestión también por la negativa.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el accionante denuncia violación de los arts. 14, 16, 17, 18, 19, 31 y 33 de la Constitución nacional; 10, 15, 168, 171 y concordantes de la Constitución provincial; 1, 3, 4, 6, 8, 27, 28, 39 y concordantes de la ley 24.557; 44 incs. "d" y "e", 47 y concordantes de la ley 11.653; 1.109, 1.113 y concordantes del Código Civil; 724, 726, 1.734, 1.738, 1.749, 1.757, 1.758 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación y 34 inc. 4, 163 incs. 5 y 6, 375 y 384 del Código Procesal Civil y Comercial. Aduce que el juzgador de grado incurrió en el vicio de absurdo y arbitrariedad en la valoración de los hechos y las pruebas, aplicando erróneamente la ley y la doctrina legal.
I.1. Objeta lo resuelto por el tribunal de grado en cuanto desestimó la acción por reparación integral deducida contra las demandadas.
Controvierte que, pese a tener por acreditado el acaecimiento del siniestro, rechazara que hubiese ocurrido por el vicio o riesgo de la cosa o que se produjera a causa de incumplimientos al deber de seguridad por parte de las accionadas. Manifiesta que al desestimar la mecánica del infortunio relatada en su presentación inicial, no quedan claras las circunstancias en las que suceso tuvo lugar; lo cual -dice- resulta contradictorio.
Argumenta que en el punto el sentenciante restó eficacia al testimonio brindado por el señor Vallejos con fundamento en la existencia de discrepancias entre sus dichos y lo alegado en la demanda, comparando cuál habría sido el escalón que cedió y provocó la caída del actor, ello a su juicio no reviste importancia pues -destaca- "el riesgo y/o vicio de la cosa reposaba en la escalera considerada como un todo", asimismo, entiende que con el paso de los años es absurdo procurar tal grado de precisión en el relato de los hechos. Análogas objeciones despliega en torno a la distinción formulada por el a quo respecto al "fierro" o "caño" que habría conformado la escalera.
Añade que la empleadora tampoco acreditó una mecánica distinta en el acaecimiento del infortunio o alguna eximente de responsabilidad en los términos del art. 1.113 del Código Civil de Vélez Sarsfield, en tanto negó llanamente su existencia del hecho.
En tales condiciones, sostiene que no desvirtuada la presunción de que el daño sufrido por el trabajador resultaba imputable al empleador, se configuró el factor de atribución receptado en la norma en cuestión.
I.2. Por otro lado, sostiene que al rechazar la demanda entablada contra el empleador con fundamento en la ley 24.557, el sentenciante violó la doctrina legal que emerge de las causas que individualiza, en tanto debió aplicar las prescripciones del art. 28 apartado 1 del régimen especial de infortunios laborales.
Expresa que, sin perjuicio que conforme se desarrollara en el recurso extraordinario de nulidad el tribunal omitió pronunciarse acerca de la responsabilidad endilgada a Mario Caroleo S.A. en los términos de la referida ley, lo resuelto implica un "extraordinario despropósito". Explica que la desestimación de la pretensión subsidiaria coloca al trabajador en una suerte de abandono institucional, laboral y jurisdiccional, puesto que -aduce- a pesar de haberse acreditado los extremos del accidente laboral, se lo priva arbitrariamente de percibir las reparaciones sistémicas.
Desarrolla un relato que desde su opinión, evidencia una actitud reprochable por parte del empleador, tanto en el marco de la relación laboral mantenida con el accionante como en la órbita del presente litigio; subraya que a pesar de ello, de la conducta ilícita del principal, este fue "premiado" con el resultado que se refleja en la sentencia y con claro apartamiento -enfatiza- de lo regulado en la Ley de Riesgos del Trabajo y de la doctrina de este Tribunal.
En su discurso, denuncia que el tribunal de grado vulneró el principio de congruencia, insiste en que la empleadora Mario Caroleo S.A. "resultó demandada por todo el universo de reclamo contenido en la demanda, pese a lo cual al resolver sobre la aplicación de la ley 24.557 el sentenciante se circunscribió a decidir acerca de la excepción de legitimación pasiva opuesta por QBE ART", lo que configura una absurda interpretación de dicho escrito.
II. El recurso no prospera.
II.1. A mérito de su insuficiencia, no resulta atendible el embate por el que se controvierte el rechazo de la demanda fundada en la responsabilidad endilgada a las accionadas en el marco del Código Civil de Vélez Sarsfield.
II.1.a. Cabe recordar que analizar el material probatorio aportado por las partes al proceso, determinar la existencia o mecánica del accidente de trabajo, y establecer si se configuraron o no los presupuestos que tornan viable la acción de daños y perjuicios deducida, corresponde al ámbito de las facultades privativas de los jueces de mérito, salvo que se invoque y demuestre eficazmente la existencia de absurdo (causas L. 117.177, "G., P. V.", sent. de 18-V-2016; L. 119.392, "López", sent. de 27-VI-2018 y L. 121.162, "Da Rosa", sent. de 17-VI-2020; e.o.); vicio que -en el caso-, el recurrente no logra demostrar.
II.1.b. En lo que interesa, en su veredicto el tribunal de origen juzgó no acreditado que en la producción del siniestro sufrido por el actor haya intervenido alguna cosa de propiedad o bajo la guarda de las demandadas que "admita calificarse de riesgosa o viciosa" o que estas últimas hayan incurrido "en alguna acción u omisión violatoria de deberes de seguridad o prestacionales a su cargo en relación de causalidad con el daño" (vered., cuarta cuestión).
Concretamente, enfocado -precisó- en la narración desarrollada en el escrito de demanda, subrayó la insuficiencia de la prueba producida para evidenciar que el accionante se hubiera lesionado la pierna izquierda al apoyar el pie en el escalón del medio de la escalera en la que se hallaba y se incrustara uno de los caños de dicho escalón que se encontraba desoldado.
Al respecto, señaló que el testimonio brindado por el señor Vallejo -dijo: único testigo aportado por la parte actora- explicó de manera imprecisa la mecánica del accidente, apartándose de lo denunciado en la demanda; señaló que en un primer momento el testigo dijo que se trataba del "último escalón" para luego indicar que era aquel "del medio" y que "había un fierro", sin poder explicar "de qué tipo de fierro se trataba ni dónde se encontraba ubicado". Añadió el a quo , que la pericia de ingeniería no pudo llevarse a cabo en el lugar del siniestro.
En ese contexto, consideró que no obraban elementos a los cuales asignarles entidad probatoria en la causación del daño del trabajador conforme lo alegado en el escrito inicial, precisamente, por no acreditarse en debida forma la "mecánica del evento y/o los elementos que habrían ocasionado el infortunio".
Destacó también la falta de pruebas sobre las presuntas acciones u omisiones violatorias de los deberes de seguridad o prestacionales a cargo de las demandadas, en relación causal con la incapacidad padecida por el accionante como consecuencia del accidente.
Ya en la sentencia, juzgó que ese cuadro fáctico debía subsumirse en la normativa legal aplicable, atendiendo las pretensiones que integraron los escritos que signaron la traba de la litis, respetando el principio de congruencia y el derecho de defensa en juicio.
En orden a la denunciada trasgresión del art. 1.109 del Código Civil (ley 340), resaltó la ausencia de evidencia sobre la culpabilidad por parte de las demandadas (ante la falta de infracciones o incumplimientos al deber de seguridad) y, respecto al art. 1.113 -segundo párrafo- del mismo Código, puso de resalto la orfandad probatoria en relación con el carácter riesgoso o vicioso de la cosa "con clara objetivación de su riesgo o vicio y la incidencia de estos últimos (riesgo o vicio) en el daño causado, o sea, que el daño obedece al riesgo o vicio de la cosa".
Con todo, desestimó la acción dirigida al resarcimiento de daños y perjuicios del derecho común.
II.1.c. Hallándonos ante cuestiones por regla privativas del tribunal de la instancia, el agravio traído no luce apto a los fines pretendidos por el interesado, pues no aporta ningún argumento que evidencie en el razonamiento del tribunal de grado la configuración del error grave y manifiesto que caracteriza al absurdo.
En primer lugar ocupa señalar, que apartado de lo alegado por el recurrente, el solo hecho de encontrarse acreditado el accidente de trabajo en modo alguno tiene virtualidad para definir la existencia de la responsabilidad civil endosada a las demandadas; por cierto, tampoco en este aspecto se demuestra una contradicción interna del pronunciamiento.
Por otro lado, al insistir en que a la hora de individualizar la cosa riesgosa productora del daño debió considerarse a la escalera como un todo "y no sus elementos constituyentes", el recurrente únicamente deja entrever su mera opinión subjetiva del asunto, que apontocada sobre novedosas reflexiones y sin otro esfuerzo argumental, en modo alguno tiene la capacidad para sustituir la interpretación que desplegó el tribunal del relato plasmado en la demanda.
En rigor, apartándose de la línea reflexiva y de la apreciación probatoria que condujo al órgano jurisdiccional a la solución objetada, el impugnante postula un nuevo examen de los hechos y de la prueba testimonial según su personal criterio valorativo, técnica carente de idoneidad para demostrar el absurdo (causas L. 120.316, "Palacios", sent. de 19-XII-2020 y L. 125.323, "Pestillo", sent. de 30-VIII-2021; e.o.). No debe olvidarse que no cualquier error, ni la apreciación opinable, discutible u objetable, ni la posibilidad de otras interpretaciones, alcanzan para configurar este grave vicio valorativo, que hace referencia a la existencia de un desvío notorio, patente o palmario de las leyes de la lógica
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