Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 125146
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 125.146, "Gorosito, Mirta Valentina contra Provincia ART S.A. y otro. Daños y perjuicios", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Torres, Kogan, Soria.
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín -en cumplimiento de lo ordenado por esta Suprema Corte- (v. fs. 558/569 vta.) practicó una nueva liquidación de la prestación dineraria prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 (v. fs. 579/581 vta.).
Se interpusieron, por la parte actora, recursos extraordinarios de nulidad, inconstitucionalidad e inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 29-X-2019), que fueron concedidos (v. fs. 594 y vta. y 604 y vta.). Esta Corte rechazó el primero y declaró mal concedido el segundo (v. resol. de fecha 19-IV-2021).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por Mirta Valentina Gorosito y condenó a Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. al pago de la prestación dineraria del art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557, por la incapacidad que contrajera como consecuencia del accidente de trabajo que protagonizó el día 12 de mayo de 2009. La rechazó, en cambio, en cuanto procuraba una indemnización integral de daños y perjuicios con fundamento en las normas de los arts. 1.109 y 1.113 del Código Civil (v. fs. 430/450 vta.).
Esta Suprema Corte, en oportunidad de resolver el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la aseguradora codemandada (v. fs. 453/458), revocó la sentencia de grado, en cuanto había declarado aplicables las prescripciones del decreto 1.694/09 y de la ley 26.773. Asimismo, dejó sin efecto la decisión en lo concerniente a la tasa de los intereses moratorios y remitió los autos al a quo para que practique una nueva liquidación (v. fs. 558/569 vta.).
Radicadas las actuaciones en la instancia ordinaria, el órgano de origen mensuró nuevamente la prestación del citado art. 14 apartado 2 inc. "a" ($11.825,76) a tenor de las comprobaciones de la causa y el entramado normativo vigente al momento de la contingencia objeto de reclamo. Dispuso, asimismo, que desde la fecha del accidente y hasta la de su efectivo pago, se computen intereses a la tasa pasiva más alta que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito en pesos a treinta días a través del sistema BIP (v. fs. 579/581 vta.).
II. La parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia absurdo y violación de la doctrina legal que identifica (v. fs. 587/588).
Se agravia porque el tribunal de grado efectuó una nueva liquidación de la prestación dineraria establecida en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557, sin resolver -dice- la cuestión vinculada con la inconstitucionalidad del art. 39 del mismo cuerpo legal (v. fs. 587).
A su vez, controvierte la suma que estableció el a quo por tal concepto desde que la considera exigua, confiscatoria, injusta y violatoria del derecho a la reparación integral (v. fs. cit.). Aduce que el sentenciante se limitó a realizar un cálculo aritmético sin fundarlo en las constancias de autos (v. fs. 588).
También objeta el fallo porque no le otorgó "lo que le correspondía por tratamiento psicológico" (fs. cit.).
En definitiva, postula la descalificación constitucional indicada y una indemnización justa conforme al derecho común y a los rubros reclamados en la demanda.
III. El recurso no prospera.
III.1. En primer lugar, corresponde advertir que en el caso el valor de lo cuestionado -representado por la diferencia entre la suma que, en concepto de reparación, estableció el tribunal de grado y aquella otra pretendida por la impugnante (v. demanda fs. 19 y 38 vta.)- no supera el límite establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141), razón por la cual su análisis solo podrá justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo in fine de la ley 11.653.
Bajo esas condiciones, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, supuesto que se configura cuando este Tribunal ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente en un caso similar (causas L. 116.470, "Armesto", sent. de 6-III-2013; L. 117.086, "Selesan", sent. de 20-VIII-2014; L. 117.516, "Raminey", sent. de 1-IV-2015; L. 123.644, "Goicoechea", sent. de 9-II-2021; e.o.).
III.2. Desde esa perspectiva, no resulta atendible el planteo inicial que contiene el recurso, sobre la necesidad de efectuar el test de constitucionalidad del art. 39 de la Ley de Riesgos del Trabajo, a los efectos de comprobar en el caso que la reparación brindada por dicha ley especial -sin las modificaciones introducidas por el decreto 1.694/09 y la ley 26.773- no excede el resarcimiento al que accedería la señora Gorosito de acuerdo al régimen común de responsabilidad civil.
Ello, toda vez que las doctrinas que denuncia violadas la interesada con relación al mentado art. 39, no resultan idóneas para lograr la apertura de esta instancia extraordinaria por el excepcional conducto señalado, en tanto fueron elaboradas sobre la base de presupuestos fácticos notoriamente disímiles a los que se verifican en el caso bajo juzgamiento (causas L. 96.273, "Baier", sent. de 5-V-2010; L. 101.909, "Garritano", sent. de 9-V-2012; L. 115.717, "Mestre", sent. de 8-V-2013; L. 121.400, "Hernández", sent. de 16-IX-2020; e.o.).
En efecto, las causas invocadas en el recurso difieren sustancialmente de lo actuado y decidido en autos, donde el órgano judicial de grado declaró que no se habían acreditado los presupuestos configurativos de la responsabilidad civil de las codemandadas (Municipalidad de Chacabuco y Provincia ART S.A.) en los términos previstos en los arts. 1.109 y 1.113 del Código Civil (v. fs. 438 vta./440 vta.). Conclusión, que lo condujo a declarar la improcedencia de la acción deducida con fundamento en las normas citadas y a rechazar igualmente los rubros "daño moral, lucro cesante y daño psicológico" (fs. cit.).
Suscitado ahora el agravio por la menor cuantía que arrojó el cálculo de la prestación sistémica efectuada conforme el entramado normativo vigente a la fecha del infortunio objeto de reclamo, la interesada desatiende -precisamente- la determinación fáctica antedicha, cuyo examen queda excluido del estrecho marco de conocimiento previsto por el art. 55 más arriba citado.
Acaso guiado por el impropio análisis de la validez del aludido art. 39 de la ley 24.557 llevada a cabo por el juzgador de origen en el esquema decisorio antedicho (v. fs. 446), lo cierto es que el planteo que porta la impugnación al respecto resulta desacertado y, por tanto, inadmisible.
III.3. Lo expuesto torna inoficioso el análisis de los planteos vinculados al monto indemnizatorio y tratamiento psicológico reclamado con fundamento en las normas del derecho civil indicadas.
III.4. También es inadmisible el agravio concerniente a la suma que estableció el a quo en concepto de prestación dineraria (art. 14, apdo. segundo, inc. "a", LRT).
En el estricto marco de análisis antes referido, resulta nítido que no se verifica la hipótesis de excepción prevista en la ley adjetiva local, toda vez que la genérica crítica que ensaya la recurrente carece de la necesaria denuncia de violación de doctrina legal (causas L. 117.038, "Zapata", sent. de 20-VIII-2014; L. 116.975, "Kilimik", sent. de 27-VIII-2014; L. 115.488, "Cahuapé Pereyra", sent. de 10-IX-2014; L. 100.654, "Reising", sent. de 15-VII-2015; L. 123.858, "Bueno", sent. de 20-X-2021; e.o.).
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar por inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
El señor Juez doctor Torres , la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Soria , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 30/09/2022 10:47:25 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/10/2022 16:03:09 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/10/2022 15:52:00 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 17/10/2022 11:00:20 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/10/2022 13:49:25 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 17/10/2022 14:23:47 hs. bajo el número RS-69-2022 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia