Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 125944
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 125.944, "Astrada, Néstor Daniel contra Provincia ART S.A. Materia a categorizar", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Torres, Genoud .
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín hizo lugar parcialmente a la acción promovida, imponiendo las costas a la demandada vencida (v. fs. 110/115 vta.).
Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 29-V-2020).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal de trabajo hizo lugar a la acción deducida por el señor Néstor Daniel Astrada contra Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. y condenó a esta última a abonar la suma que especificó en concepto de diferencias indemnizatorias por la incapacidad parcial y definitiva que padece el demandante (conf. art. 14 apdo. 2 inc. "a", ley 24.557).
Puesto a determinar el importe de la prestación dineraria que correspondería según el método de cálculo contemplado en la citada norma, el órgano de grado la cuantificó en la suma de $5.884,63 (53 x $1.029,97 -valor mensual del ingreso base- x 5,5% -porcentaje de incapacidad- x 65/33). A ese resultado, le dedujo el importe de $2.818,14 ya percibido por el trabajador; imputándolo primero a los intereses calculados desde el evento dañoso (20-II-2006) hasta la fecha de dicho pago parcial (26-IX-2006), los que ascendieron a la suma de $137,19 (v. sent., fs. 113). Concluyó, entonces, que restaba pagar a la aseguradora demandada la suma de $3.203,68.
Finalmente, dispuso que al capital de condena debían adicionarse los accesorios de la siguiente manera: a) desde la fecha del pago parcial (26-IX-2006) y hasta el día 18 de agosto de 2008, con arreglo a la tasa pasiva del Banco de la Provincia de Buenos Aires; y b) desde el 19 de agosto de 2008 y hasta el efectivo pago a la tasa pasiva "digital" de esa misma entidad financiera (v. sent., fs. 114).
II. La parte actora deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia violación del principio de congruencia, de los arts. 14, 14 bis, 16, 17, 19, 28 y 75 incs. 22 y 23 de la Constitución nacional; 2 apartado 1, 7 inc. "b" y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 31 inc. "b" de la Carta Interamericana de Garantías Sociales; 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 del Acuerdo San Salvador; 10, 11, 15, 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 2 y 3 del Código Civil y Comercial de la Nación; 34 inc. 4 y 163 inc. 6 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires; 12 y 14 de la ley 24.557; 47 de la ley 11.653 y de la doctrina legal que cita (v. presentación electrónica de fecha 29-V-2020).
II.1. Inicialmente cuestiona el monto de la condena establecido en la sentencia.
Al respecto, sostiene que las indemnizaciones laborales abonadas al trabajador se deben ajustar a valores razonables al momento de su pago.
En este sentido, alega que el juzgador de grado vulneró la doctrina legal que emerge de la causa L. 119.987, "Espínola" (sent. de 4-VII-2018), en la que -afirma-, a partir de un análisis basado en el control de razonabilidad, este Tribunal confirmó el carácter de exigua y menguada de la reparación brindada mediante las prestaciones de la ley 24.557, declaró la inconstitucionalidad de los arts. 12 y 14 de esta última ley y calculó el monto indemnizatorio al momento del pago.
Relata que el supuesto de autos se refiere a una contingencia laboral acaecida en fecha 20 de febrero de 2006, previa a la sanción del decreto 1.694/09 y de las leyes 26.773 y 27.348. Manifiesta que el damnificado debió transitar el procedimiento administrativo, en el cual la Comisión Médica jurisdiccional de Junín n° 14 le otorgó una incapacidad del 4,4% del índice de la total obrera, lo que motivó la interposición del recurso de apelación ante el juzgador de origen. Este determinó elevar la incapacidad del trabajador al 5,5% del índice de la total obrera, mediante sentencia de fecha 19 de agosto de 2014, habiendo transcurrido más de catorce años desde el evento dañoso que afectó su integridad física.
Remarca que hasta la fecha, la demandada obligada abonó únicamente la suma de $2.818,14 en concepto del 4,4% de incapacidad otorgado por el citado órgano administrativo, sin responder por el mayor porcentual determinado en sede judicial.
Expone que la pretensión actoral es percibir una indemnización razonable y adecuada al momento del pago. Plantea que para lograr la actualización de los salarios del año 2005/2006 y efectuar el cálculo de la prestación dineraria que le corresponde al trabajador, el tribunal debió aplicar algún tipo de mecanismo de ajuste, entre los que menciona, por ejemplo, tomar como parámetro el aumento que tuvo un salario mínimo vital y móvil desde aquel año al momento del dictado de la sentencia; ponderar el salario vigente para la misma categoría en la oportunidad del dictado del fallo; o actualizar el ingreso original con índice RIPTE.
II.2. Por otro lado, reiterando algunos conceptos ya formulados, alega que el juez de grado cometió una flagrante transgresión de los derechos del dependiente, en tanto soslayó emplear normas legales vigentes, y arribó a un cálculo indemnizatorio ínfimo, casi irrisorio, quebrantando principios generales del derecho laboral.
Señala que las sucesivas reformas del sistema de riesgos del trabajo, exhiben claramente la insuficiencia reparatoria del régimen especial y la escasez y desactualización de las prestaciones dinerarias.
Arguye que la apuntada infracción en la interpretación y aplicación de la ley, se materializa cuando se analiza solo el ámbito temporal de aplicación de dicha normativa, prescindiendo utilizar mandatos de jerarquía constitucional, que postulan y erigen el principio de razonabilidad de las indemnizaciones.
Argumenta que el agravio concreto y puntual que la decisión atacada ocasiona al actor, radica en la ínfima, insuficiente e irrazonable suma de $3.203,68 que emerge como condena en el proceso, y que el pronunciamiento de grado convalida como reparación del daño, que se profundiza al considerar el tiempo transcurrido desde el siniestro y la minusvalía del 5,5% del índice de la total obrera que porta el trabajador.
II.3. Por último, denuncia violación del principio de congruencia.
Asegura que el fallo dictado se desentiende de los planteos realizados en los escritos constitutivos, habiéndolos ponderado erróneamente. Cita doctrina legal en apoyo de su postulación.
Expone que el sentenciante yerra notablemente en los basamentos de su resolución, puesto que el accionante no cuestionó solamente la temporalidad de las normas destinadas a regir el caso, sino que -además- planteó la violación de la razonabilidad indemnizatoria y la inconstitucionalidad de los arts. 12 y 14 de la Ley de Riesgos del Trabajo.
Afirma que el pronunciamiento en crisis omitió ponderar las mencionadas cuestiones, que fueron -según indica- llevadas a consideración durante el trámite del proceso en forma contemporánea a la presentación del alegato y bilateralizadas, provocando dicha ausencia de tratamiento una afectación directa al trabajador y un beneficio para la demandada.
III. El recurso es inadmisible.
III.1.a. Liminarmente, cabe advertir que, encontrándose notificada y consentida por la interesada ante la falta de impugnación aquella resolución del tribunal de origen en virtud de la cual se concedió el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el estrecho marco de cognición que prevé el art. 55 primer párrafo última parte de la ley 11.653 (v. notificación electrónica de fecha 29-VI-2020), la competencia revisora de esta Corte debe ejercerse con las restricciones derivadas de ese estricto molde de análisis.
En ese contexto, cabe recordar que el supuesto excepcional habilitante de la vía intentada se configura cuando esta Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 119.077, "B., C. A.", sent. de 14-XII-2016; L. 118.332, "Messina", sent. de 29-XI-2017; L. 120.201, "Morris", sent. de 25-IV-2018 y L. 123.407, "Cazón", sent. de 28-IV-2021; e.o.).
III.1.b. Ahora bien, a propósito de las argumentaciones del recurrente relativas a la exigencia de un monto mínimo para acceder a esta instancia extraordinaria, sabido es que el criterio jurisprudencial sustentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente "Di Mascio" (Fallos: 311:2478) -citado por el quejoso- condiciona la validez de las restricciones procesales locales para recurrir ante los superiores tribunales de la causa (como en el caso el valor del litigio previsto en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial) a la circunstancia de que las mismas no sean aplicadas para limitar el acceso a esta instancia casatoria de embates que porten agravios federales.
Sin embargo, en la especie, no se observa que los planteos y agravios introducidos por el impugnante pudieran considerarse incluidos en las previsiones del art. 14 de la ley 48 (causas L. 116.665, "Funes", resol. de 3-V-2012; L. 109.466, "Silveiro", resol. de 29-XII-2009 y L. 124.183, "Britos", sent. de 9-XII-2020; CSJN Fallos: 310:1545; 325:2192, 1145).
III.2. Aclarado ello, debiendo resolverse la impugnación, entonces, en el estrecho marco de análisis del art. 55 primer párrafo última parte de la ley 11.653, debo indicar que la exclusión de la hipótesis de excepción habilitante se impone nítida.
III.2.a. En primer lugar, ello es así porque no asiste razón al recurrente en cuanto reputa transgredida la doctrina que emana de la causa L. 119.987, "Espínola" (sent. de 4-VII-2018).
En efecto, no es exacto el argumento contenido en la impugnación en orden a que la sentencia atacada contradice lo resuelto por esta Suprema Corte al fallar en el citado precedente.
En esos obrados, la decisión del órgano de grado fue confirmada en esta sede casatoria en virtud de la insuficiencia en la fundamentación del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto. Este extremo indica que no hubo, por parte de este Superior Tribunal, pronunciamiento alguno sobre la cuestión de fondo en el sentido pretendido por el aquí impugnante.
III.2.b. Por otro lado, en cuanto a la transcripción efectuada por el recurrente, relativa a los precedentes L. 118.992, "Machado" (sent. de 4-VII-2018) y L. 117.890, "Venerus" (sent. de 22-VIII-2018), cabe señalar que la cita correspondiente a la opinión personal de uno de los señores Ministros votantes en las mencionadas causas, no constituye -de suyo- doctrina legal en el sentido y con el alcance establecido por esta Corte, que -por ende- permita subsumir el caso en la referida hipótesis de excepción (causas L. 119.484, "Martínez", sent. de 28-VI-2017; L. 120.473, "Sotelo", sent. de 19-IX-2018 y L. 121.571, "Crisostomi", sent. de 26-V-2020).
Por lo demás, el interesado prescinde denunciar doctrina legal específicamente vinculada a los agravios que expone concernientes al modo en que el sentenciante hubo de calcular las prestaciones a las que el accionante es acreedor, circunstancia que contribuye a sellar de modo definitivo y fatal esta parcela del embate.
III.2.c. Igual suerte han de correr los restantes agravios traídos con apoyo en doctrina legal cuyos precedentes refieren a presupuestos fácticos y normativos disímiles a los que se ventilan en autos (causas L. 101.909, "Garritano", sent. de 9-V-2012; L. 115.717, "Mestre", sent. de 8-V-2013 y L. 121.400, "Hernández", sent. de 16-IX-2020; e.o.).
III.2.d. Para mejor ilustración, no es ocioso recordar al recurrente que los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no constituyen la doctrina legal a la que alude el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (causas L. 116.422, "Robles", sent. de 18-XII-2013; L. 118.978, "Larrea", resol. de 18-XI-2015 y L. 123.407, "Cazón", sent. de 28-IV-2021).
III.3.a. En lo concerniente a la denuncia de violación del principio de congruencia, he de señalar que participo de la opinión de que la doctrina legal aprehendida por la hipótesis de excepción bajo examen resulta comprensiva de aquella elaborada en orden a la hermenéutica de normas tanto de carácter sustancial como de las adjetivas o de forma (conf. mi voto en las causas L. 82.176, "Giménez", sent. de 30-XI-2005; L. 87.476, "Pardo", sent. de 29-VIII-2007 y muchas otras más recientes).
Sin embargo, la decisión que propuse en dichos precedentes ha sido minoritaria y, puesto que uno de los objetivos del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley es el de mantener y -especialmente- procurar la unidad en la jurisprudencia, ante la reiteración de los pronunciamientos habidos sobre el tema y a tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827 y modificatorias (dejando siempre a salvo mi opinión al respecto), analizaré la impugnación relativa a la denunciada violación del principio de congruencia con los alcances de la doctrina forjada por mayoría.
Con arreglo a tal premisa, conforme tiene dicho esta Corte, la doctrina elaborada en torno a dicho postulado carece de idoneidad para habilitar la apertura del canal extraordinario previsto por el art. 55 primer párrafo última parte de la ley 11.653 (causas L. 120.040, "Salto", sent. de 3-V-2018; L. 124.183, "Britos", sent. de 9-XII-2020 y L. 122.889, "De Zan", sent. de 26-V-2021).
III.3.b. En otro orden, conviene recordar que la eventual omisión de cuestiones litigiosas imputadas al juzgador de mérito en cuanto afirma el quejoso que no se pronunció respecto del pedido de inconstitucionalidad de los arts. 12 y 14 de la Ley de Riesgos del Trabajo efectuado en una presentación formulada de modo contemporáneo con el alegato no es apta para ser analizada por conducto de la vía en tratamiento (causas L. 121.046, "Trillo", sent. de 6-V-2020 y L. 128.035, "Suriani", resol. de 23-V-2022).
III.4. Sentado lo que antecede, no habiéndose configurado la hipótesis de admisibilidad contemplada en la ley procesal laboral local, deben permanecer incólumes las conclusiones del fallo de grado.
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar, por inadmisible, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
Con excepción de lo expuesto en los párrafos primero y segundo del punto III.3.a., habré de adherir al sufragio emitido por mi distinguida colega doctora Kogan.
Así lo voto .
Los señores Jueces doctores Torres y Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 14/10/2022 20:10:28 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/10/2022 15:57:46 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 17/10/2022 11:00:00 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/10/2022 10:10:34 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/10/2022 12:37:09 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 21/10/2022 13:07:27 hs. bajo el número RS-78-2022 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia