Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 123501
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 123.501, "Consorcio de Gestión Puerto La Plata contra T., P. S.. Consignación", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Torres, Genoud.
El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de La Plata rechazó la demanda por consignación promovida por Consorcio de Gestión Puerto La Plata contra la señora P. S. T., haciendo lugar parcialmente -en cambio- a la reconvención deducida por esta última. Impuso las costas del modo que especificó (v. fs. 853/867).
Se dedujo, por la parte reconviniente, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 20-IX-2018, fs. 882/896 vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. En lo que resulta de interés, el tribunal de trabajo interviniente rechazó el reclamo formulado por P. S. T. -reconviniente- contra quien fuera su empleador Consorcio de Gestión Puerto La Plata con el objeto de que se declarara la nulidad del despido dispuesto por este en razón de constituir un acto discriminatorio y violatorio de la cláusula de estabilidad contemplada en el Convenio Colectivo de Trabajo 621/03 "E", se le abonaran los salarios hasta su reinstalación, la indemnización en concepto de daño moral por cesantía ilegítima, la reparación de daños y perjuicios por incapacidad psiquiátrica; como asimismo, la pretensión subsidiaria tendiente a que -para el supuesto de no prosperar aquella nulidad- se condenara a la empleadora a pagar la suma equivalente a trece salarios con más un resarcimiento a título de daño moral (v. fs. 853/867).
Inicialmente vale destacar, que el a quo ponderó acreditado que la patronal le notificó a la trabajadora mediante acta notarial de fecha 22 de abril de 2013 su decisión rescisoria, alegando distintos motivos que podrían constituir justa causa de despido, y que sin perjuicio de ello "en gesto de consideración a la situación familiar" de T. resolvió abonarle una indemnización (v. fs. 853 vta. y 854).
Luego, sostuvo el tribunal que la trabajadora no logró demostrar haber estado sometida por parte de su jefa directa a una situación de acoso que tornara el ambiente de trabajo en agresivo, insalubre, irrespetuoso para su dignidad y/o atentatorio para su salud psíquica, fundamentalmente, fue contundente en afirmar que en lo tocante a la supuesta incapacidad de origen psiquiátrico denunciada, no fueron acreditados los hechos que la dependiente denunció como causantes de la patología (v. fs. 856 vta. y 857).
Determinó que tampoco se probó que el despido hubiera sido en represalia a la demanda iniciada por restablecimiento de las condiciones de trabajo alteradas (que dio origen al respectivo expediente tramitado ante el Tribunal de Trabajo n° 4 de La Plata), "y/o" por el reclamo de regularización cursado en los términos de la ley 24.013 (v. fs. 857 vta.). En este aspecto, ponderó el comportamiento de las partes a través de las comunicaciones cursadas de modo contemporáneo a la notificación de la medida judicial mencionada. Junto a ello, destacó en el punto el diálogo habido entre los litigantes en las audiencias celebradas en aquellas actuaciones e incluso, lo acordado en orden al goce de vacaciones de la dependiente en un tramo del mes de abril del año 2013 (v. fs. 858).
También valoró que la relación entre T. y su jefa Palazzolo era tensa y conflictiva en un ámbito laboral exigente, circunstancias que existían -apuntó el juzgador- desde mucho tiempo antes que la actora reclamara (v. fs. 858 vta.). Adicionalmente, mencionó que de la documentación acompañada por la patronal, surgía que -al menos- entre los letrados de las partes existieron conversaciones a fin de arribar a un acuerdo que contemplara el pago de indemnizaciones por desvinculación, dato que reforzaba la conclusión acerca de que no se verificaba el despido represalia denunciado (v. fs. 858 vta.).
Apreció, asimismo, el episodio derivado del cambio de clave de ingreso que T. habría realizado en la computadora del trabajo, acontecimiento que -apuntó el juzgador- fue una de las causales invocadas por la patronal para despedirla. En el punto, después de ponderar distintos medios de prueba, sostuvo que de acuerdo a lo declarado por uno de los testigos, a raíz de ese hecho se produjo un retraso en la labor relacionada con las empresas de servicio, tarea a cargo de T. (v. fs. 858 vta. y 859).
En suma, a la luz de los hechos descriptos -tanto anteriores como posteriores a la formalización de la demanda de restablecimiento de las condiciones de trabajo y la intimación formulada en los términos de la ley 24.013- el sentenciante descartó que el cese de la trabajadora hubiera sido en represalia por la demanda y el reclamo formulados por la trabajadora antes individualizados (v. fs. 859).
En la etapa de sentencia, destacó que la trabajadora no logró acreditar los extremos a partir de los cuales endilgó conductas discriminatorias a su empleadora (v. fs. 863 vta.).
En lo tocante a la pretensión tendiente a obtener la nulidad del despido por violación a la cláusula de estabilidad normada en el art. 29 del Convenio Colectivo de Trabajo 621/03 "E", el juzgador de grado fundó su rechazo en que dicha disposición no prevé sanción alguna en caso de inobservancia, por lo que la solución debía buscarse en la legislación vigente que impone al empleador la obligación de abonar una indemnización tarifada comprensiva de todo perjuicio sufrido con motivo de la cesantía; fundó esa decisión en distintos precedentes de esta Suprema Corte. En suma, dijo que ante la omisión patronal de transitar la instrucción sumarial prevista en la normativa convencional colectiva de referencia, el despido de la trabajadora devino injustificado (v. fs. 863 vta. y 864).
Por otro lado, con sustento en la falta de prueba de que la afección tuviera vinculación causal o concausal con el trato recibido o el ambiente laboral, se pronunció por el rechazo del reclamo de daños y perjuicios motivado en la minusvalía psiquiátrica denunciada (v. fs. 864).
A su vez, desestimó el reclamo indemnizatorio articulado para el caso de no prosperar la nulidad del despido, lo hizo, por haber descartado los fundamentos sobre los cuales la trabajadora basó su petición (v. fs. 864).
Añadió que no habiéndose demostrado que con motivo o en ocasión de la extinción del contrato de trabajo, la empleadora hubiera cometido un ilícito no representativo de una mera inejecución de las obligaciones derivadas de la relación laboral, no se verificaron los presupuestos a los que la ley sujeta la obligación de indemnizar con sustento en la responsabilidad civil extracontractual, más allá de lo previsto en la Ley de Contrato de Trabajo (v. fs. 864 y vta.).
II. La reconviniente interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y violación de los arts. 19 de la Constitución nacional; 1 de la ley 23.592; 18, 1.109 y 1.113 del Código Civil; 178, 182 y 245 de la Ley de Contrato de Trabajo; 44 inc. "d" de la ley 11.653 y de la doctrina legal que cita.
II.1. Alega que el tribunal de la instancia omitió valorar pruebas relevantes de la causa, concluyendo absurdamente en que no se verificaron indicios de los que pudiera inferirse que el despido dispuesto por la patronal hubiera sido en represalia a los reclamos que le formuló la trabajadora. A su juicio, surgen elementos que permiten colegir el carácter discriminatorio de la desvinculación.
II.2. Expresa que a partir de una absurda valoración de las constancias probatorias, el tribunal tuvo por demostrada una motivación del despido basada en consideraciones netamente subjetivas, que -asevera- no hacen más que ratificar la existencia de un despido represalia.
Asimismo, se agravia de lo afirmado en el fallo en cuanto allí se enuncia que la relación entre T. y su jefa era tensa o conflictiva, lo cual habría llevado a la empleadora a decidir su despido, dice que el tribunal, violando la congruencia y la garantía del debido proceso, infirió una causal no invocada por la empleadora (v. fs. 889).
II.3. Reprocha la inobservancia del art. 18 del Código Civil (ley 340) y la errónea aplicación del art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Expresa que su parte postuló oportunamente que el despido debía declararse nulo por haberse violado la cláusula establecida en el art. 29 del Convenio Colectivo de empresa 621/03 "E", en una tesitura que fue recogida en el voto minoritario.
Añade que la jurisprudencia que invoca admite la posibilidad de pactar cláusulas de estabilidad en los convenios de empresa.
Postula que si la cuestión motivara alguna duda, correspondía aplicar los arts. 9 y 10 de la Ley de Contrato de Trabajo, debiendo estarse por la continuidad del contrato de trabajo y no por su finalización.
Aduce que la doctrina legal invocada por el tribunal de grado para fundar este aspecto del fallo no resulta aplicable porque fue elaborada para hipótesis distintas a la puesta bajo juzgamiento.
II.4. Objeta, igualmente, la falta de aplicación al caso de los arts. 1 de la ley 23.592; 953 y concordantes del Código Civil, así como de la doctrina legal sentada por esta Suprema Corte en los precedentes L. 104.378, "Sffaeir" (sent. de 8-VIII-2012) y L. 97.804, "Villalba" (sent. de 22-XII-2010; v. fs. 892).
Afirma que la no discriminación es un derecho humano fundamental, y que el despido represalia, ingresa en el marco de los actos discriminatorios y se asimila en sus efectos, agrega que ello es avalado por el Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo.
Agrega que el cese de la actora es un acto nulo por ser contrario a la libertad de acción (art. 953, Código Civil), por lo que son aplicables a su respecto los arts. 1.044, 1.050, 1.056 y 1.083 del Código Civil.
II.5. Cuestiona también el rechazo del reclamo subsidiario consistente en trece sueldos -por vía de la pretendida aplicación analógica de los arts. 178 y 182 de la Ley de Contrato de Trabajo- más una indemnización a título de daño moral. Argumenta que el tribunal omitió considerar el planteo central por conducto del cual solicitó esa reparación a partir del quebrantamiento de la estabilidad que emana del art. 29 del Convenio Colectivo de Trabajo 621/03 "E".
II.6. Finalmente, impugna la decisión porque desestimó el reclamo de daños y perjuicios motivada en la incapacidad permanente de origen psiquiátrico que padece la actora.
Asegura que dicha conclusión sólo indagó en la circunstancia de si la actora había sido sometida -o no- a un maltrato verbal por parte de su jefa, y, al no tener por acreditado ese extremo se rechazó la pretensión.
Señala que mediante la prueba documental y la pericia médica quedaron demostrados los presupuestos fácticos invocados por la reconviniente, que fueron informados por el experto como causales de la reacción vivencial de la que es portadora la reclamante.
Entiende que lo resuelto en este aspecto del fallo vulnera la doctrina legal que emana de la causa L. 91.163, "B., C. A." (sent. de 17-XII-2008).
III. El recurso no prospera.
III.1. No es de recibo la objeción referida a la conclusión del a quo en la que juzgó no acreditados siquiera indiciariamente que se verificaran los extremos a partir de los cuales la trabajadora endilgó conductas discriminatorias al principal, y, al cabo, que desestimara lo peticionado en base a dicha hipótesis.
III.1.a. Esta Corte tiene dicho que tanto la interpretación del intercambio postal cursado entre las partes y la valoración del material probatorio, así como la determinación de las circunstancias en que se produjo la extinción del contrato de trabajo, constituyen cuestiones de hecho reservadas a la instancia ordinaria y marginadas de la casación, salvo demostración de absurdo (causas L. 101.189, "González", sent. de 11-VIII-2010; L. 97.479, "Díaz", sent. de 1-IX-2010; L. 103.003, "Tristani Cárdenas", sent. de 3-XI-2010; L. 102.411, "Almada", sent. de 29-II-2012; L. 106.683, "Suárez", sent. de 29-V-2013; L. 117.076, "Carmiglio", sent. de 28-V-2014 y L. 117.397, "González", sent. de 11-II-2015; e.o.).
III.1.b. En el caso, si bien el recurrente denuncia la existencia del mentado vicio lógico, no logra acreditar su configuración (art. 279, CPCC).
No obstante haberse indicado en el pronunciamiento de grado la ausencia de acreditación de indicios, no sin tanto esfuerzo puede advertirse que el razonamiento del tribunal de trabajo avanzó hacia una serie de valoraciones que en rigor lo llevaron directamente a descartar la versión acerca de que el despido hubiese sido dispuesto en represalia a ciertos reclamos iniciados por la trabajadora. Para arribar a tan trascendental definición, el juzgador ponderó diversas circunstancias, así, la conducta exteriorizada por las partes antes y después de concretas pretensiones que formuló la señora T.; el intercambio telegráfico habido entre los litigantes; el acta notarial glosada a fs. 179/188 vta.; las actuaciones judiciales caratuladas "T., P. S. c/ Consorcio de Gestión del Puerto La Plata s/ Reinstalación -sumarísimo-" y las declaraciones brindadas en autos por los testigos Trincheri y Sabatini. Tal conclusión (v. fs. 857 vta./859), contrapuesta claro a la esgrimida por la reconviniente, la estimó fortalecida -sólo eso- mediante la documental acompañada por la empleadora (referida a correos electrónicos) relativa a las negociaciones llevadas a cabo por los letrados de las partes, y si bien la valoración de esta prueba ha sido objetada en otra parte del recurso, el hecho ponderado (el ofrecimiento de la empresa al pago de una suma indemnizatoria) es admitido en la propia pieza recursiva.
Retomando, frente a esa labor de los jueces de la instancia, reflejo de la valoración conjunta e interrelacionada de los distintos elementos de prueba obrantes en el expediente, y con ello, mostrando un método -al menos- alejado de la absurdidad (causas L. 110.862, "Cardozo", sent. de 13-XI-2012 y L. 105.229, "Jiménez", sent. de 15-VII-2015), a partir de una subjetiva apreciación de las constancias de la causa, el impugnante se circunscribe a exteriorizar un razonamiento paralelo al plasmado en el pronunciamiento en crisis, sobre la base de una disímil ponderación de los hechos y las pruebas meritados en el fallo que ataca, sin lograr desvirtuar el análisis que condujo al tribunal a descartar la acreditación del carácter discriminatorio del despido. Es que prescinde controvertir idóneamente la línea reflexiva sobre la que se sostiene la decisión que impugna, solamente basa su intento revisor en la pretensión de disputarles a los magistrados de grado el ejercicio de facultades privativas, realizando un nuevo análisis fáctico según su personal criterio valorativo, sistema este que -reiteradamente- se ha declarado impropio para demostrar el absurdo (causas L. 106.409, "Di Yorio", sent. de 8-V-2013; L. 111.695, "Villanueva", sent. de 8-IV-2015 y L. 122.554, "Marinado", sent. de 9-II-2021; e.o.).
Al respecto, conviene recordar que dicha anomalía no se configura ante cualquier yerro o la aplicación opinable o que pueda aparecer como discutible o poco convincente, sino que se requiere algo más: el error grave y manifiesto que conduzca a conclusiones claramente insostenibles o inconciliables con las constancias de la causa (causas L. 106.493, "Florentín", sent. de 22-VIII-2012; L. 116.437, "Verdera", sent. de 4-VI-2014; L. 119.704, "Jerez", sent. de 14-XII-2016 y L. 122.965, "Juárez", sent. de 23-II-2021; e.o.). Ninguno de estos extremos logra ser puesto en evidencia en el embate traído.
Se sigue de lo dicho que, más allá de que la cesantía haya resultado injustificada, el recurrente no logra acreditar en esta parte del recurso que resulte absurda la conclusión del fallo en la que se desechó que el despido de T. fuese decidido como represalia -a estos dos sucesos se circunscribió el sentenciante- por "la demanda judicial de restablecimiento de las condiciones de trabajo alteradas iniciada ante el Tribunal de Trabajo Nro. 4 de La Plata y/o por el reclamo de regularización cursado en los términos de la ley 24.013" y que de este modo pueda ser calificado como discriminatorio. La indicada insuficiencia hallará su confirmación en el siguiente punto a abordar.
III.2. Junto a lo anterior, tampoco es atendible el agravio por conducto del cual se aduce que a partir de una valoración absurda de la prueba, el tribunal tuvo por demostradas causales de despido basadas en declaraciones netamente subjetivas.
El planteo evidencia una lectura apartada del hilo argumental que contiene el fallo. En este sentido, es de destacar que se concluyó en la sentencia que fue la omisión por parte de la patronal de transitar la instrucción sumarial prescripta en el art. 29 de la ya citada convención colectiva de trabajo lo que tornó injustificado el distracto, sin perjuicio de los motivos invocados para disponerlo (v. sent., fs. 864).
Es verdad que al analizar la tesis de la trabajadora situada en la denuncia de que el despido obedeció a una represalia, el juzgador aludió a uno de los motivos esgrimidos en la comunicación de la cesantía: aquel referido al cambio de clave que realizó T. a la computadora que utilizaba en sus labores, pero en el punto, el embate traído no logra derribar la valoración que realizó el tribunal, especialmente, con base en las declaraciones testimoniales que individualizó.
Enlazado con esa observación, debe recordarse que devienen inhábiles para la revisión casatoria las alegaciones destinadas a controvertir la valoración de la prueba testimonial atento que, al apreciar "en conciencia" tales declaraciones, el tribunal de trabajo ejerce una facultad privativa respecto del mérito y la habilidad de los testigos (causas L. 117.589, "Silva", sent. de 10-XII-2014; L. 108.255, "Paz", sent. de 27-V-2015; L. 118.004, "Pereyra", sent. de 26-VI-2016 y L. 123.818, "García", sent. de 26-V-2021).
Y si aquí reitera personales valoraciones de índole fáctica que no tienen el peso de evidenciar el absurdo al que se condiciona el éxito de la crítica, puede destacarse además que el impugnante despliega un razonamiento que busca encontrar andamiaje en el sufragio del magistrado de grado que quedó en minoría en la votación, algo que se inscribe en una desaconsejable práctica recursiva (causas L. 118.669, "Cap", sent. de 21-IX-2016; L. 118.531, "Scardulla", sent. de 31-V-2017 y L. 117.888, "Garrigou", sent. de 29-VIII-2017).
III.3. Más allá de lo dicho precedentemente, tampoco es atendible la denuncia de conculcamiento del principio de congruencia fundada en la supuesta introducción por parte del tribunal de una causal rescisoria no invocada por la empleadora.
La crítica no contiene la necesaria denuncia de violación de las normas procesales que receptan aquel postulado procesal. Esta falencia no puede ser salvada por la Suprema Corte, que se encuentra impedida de suplir de oficio, por inferencias o interpretación, la omisión de las citas que debieron efectuarse por la interesada para sustentar la impugnación (causas L. 119.704, "Jerez", sent. de 14-XII-2016 y L. 119.556, "Costa", sent. de 22-VIII-2018; e.o.).
Sin perjuicio de lo anterior, tampoco el interesado ha elaborado un agravio idóneo para evidenciar una absurda ponderación de la comunicación extintiva, pues sus explicaciones en modo alguno demuestran que la manifestación del tribunal referida a la relación habida entre la trabajadora y su jefa se encuentre desconectada de las causales de despido que individualizó el sentenciante, así, de aquel "insatisfactorio desempeño" que se le
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