Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 122523
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 122.523, "Galván, Carmen Mailen contra Federación Patronal Seguros S.A. y otros. Enfermedad profesional", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria , Kogan, Torres, Genoud.
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de La Plata declaró la validez constitucional del art. 4 de la ley 26.773 e intimó a la parte actora para que en el plazo de tres días efectúe la opción que establece dicho precepto bajo apercibimiento de disponer el archivo de las actuaciones (v. fs. 170/175).
Se interpuso, por la demandante, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 183/184).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Las presentes actuaciones fueron iniciadas por la señora Carmen Mailen Galván quien demandó a Federación Patronal Seguros S.A., Canal Business Intelligence S.A. y al señor Adrián Gustavo Guzzo procurando el resarcimiento -en sus distintas vertientes legales- de la incapacidad derivada de las dolencias que denunció haber contraído con motivo de las tareas prestadas para su empleador (v. demanda, fs. 23/54 vta., sus contestaciones de fs. 69/76; 83/90 y 100/107 y respuestas al traslado conferido en los términos del art. 29, ley 11.653 a fs. 135/139).
En lo que resulta de interés, cabe señalar que el tribunal de grado hizo lugar a la revocatoria planteada por la firma aseguradora contra la resolución del tribunal de grado por medio de la cual había proveído las pruebas ofrecidas por las partes (v. fs. 148/149, 159, 160, 168 y vta.). Inicialmente, precisó que en autos la parte actora había propuesto una lisa y llana acumulación de acciones, pues pretendía el cobro de la indemnización sistémica y además la diferencia hasta alcanzar la reparación plena con basamento en el derecho civil, ello, cuestionando la constitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773 -aclaró: vigente al momento de la primera manifestación invalidante- que expresamente veda ese tipo de reclamos (v. fs. 170/174).
Luego de indicar que la referida norma -en su primigenia versión- vuelve al método de la ley 9.688 -mantenido por la ley 24.028- que establecía una opción excluyente a favor del trabajador o de sus derechohabientes entre el sistema resarcitorio especial y el civil (v. fs. 170 vta. in fine y 171), señaló que prima facie, no implica una renuncia por parte del trabajador a la prestación no escogida, ya que cuando elige reclamar la reparación integral cumple la condición resolutoria establecida por la propia ley caducando el derecho en expectativa o posibilidad de reclamar la vía sistémica; no se trataría stricto sensu de una renuncia sino de la pérdida del derecho condicionado por la propia ley (v. fs. 171).
Añadió que ello, sin perjuicio de que la acción civil no es sinónimo de una sentencia favorable contra el empleador, y menos, una garantía de resarcimiento más amplio, ya que el importe indemnizatorio podría ser inferior a la prestación sistémica e, incluso, inexistente si se presentara una causal eximente de responsabilidad. Continúo diciendo que, de lo contrario, habría que admitir la automaticidad de la reparación plena, donde la mera promoción de la demanda garantizaría una condena por daños y perjuicios (v. fs. cit.).
Por otro lado, manifestó que el "principio de irrenunciabilidad" postula la nulidad del negocio o cualquier renuncia del trabajador frente a su empleador en un ámbito privado, pero no se proyecta sobre una renuncia regulada legalmente o cuando se verifica en un ámbito oficial y público y contando con asesoramiento letrado; agregó que el citado principio no posee jerarquía constitucional directa, de manera que el Congreso puede válidamente disponer una excepción si considera que no hay peligro que la decisión del trabajador no sea fruto de su libre decisión y conveniencia (v. última fs. cit.).
Destacó que no resultaba correcto alegar que la reparación sistémica resulta siempre menguada, pues en muchos casos el daño material no se presume. Explicitó que las prestaciones de la Ley de Riesgos del Trabajo no son desdeñables, no ya por eventuales dificultades probatorias de la extensión del daño, sino también por un factible eximente que libere de responsabilidad al empleador, ya sea en forma total o parcial, en cuyo caso la reparación "plena" podría resultar inferior a la sistémica o, incluso, ninguna (v. fs. 171 in fine y vta.).
Posteriormente, juzgó que la mentada opción receptada en la norma no violenta el "principio de progresividad". Afirmó que este constituye un postulado de la política social y aconseja que, en la medida de lo posible, las leyes tiendan a mejorar el nivel de beneficios reconocidos para aquellos sectores que necesitan la protección especial del Estado; pero que no está dado para fundar la descalificación constitucional de una norma (v. fs. 171 vta.).
Destacó que sin perjuicio de la inmensa cantidad de fallos que descalificaron la validez constitucional del art. 39 de la ley 24.557, lo cierto y concreto era que la anterior ley prohibía directamente el ejercicio de la acción civil y que el contexto histórico y normativo en el que la Corte Suprema de Justicia de la Nación había dictado los fallos "Aquino" y "Llosco", no se compadecía con el actual, ya que la sanción de la ley 26.773 introdujo una mejora sustancial en el sistema de riesgos del trabajo, esencialmente por conducto de la aplicación del índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) en los pisos de las prestaciones y el porcentaje adicional al que alude su art. 3. A la par, precisó que también la ley 27.348 modificó el modo de calcular el valor mensual del ingreso base, pues según prescribe, no solo se deben considerar todos los salarios devengados de conformidad con lo establecido en el Convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo, sino también ha de aplicarse un "mecanismo de actualización" de dicho módulo a través del índice RIPTE con más intereses a la tasa activa del Banco de la Nación Argentina (v. fs. 172).
Dijo que en la mayoría de los casos el nuevo sistema compensa adecuadamente los daños, limitando la acumulación de acciones y estableciendo una opción excluyente que no es decidida por el trabajador sino por un profesional abogado, quien -cabe suponer- posee la suficiente versación jurídica como para aconsejarlo sabiamente, de acuerdo con los presupuestos fácticos y jurídicos que rodean el caso (v. fs. 172 vta.).
Con todo, rechazó el planteo de inconstitucionalidad efectuado por la parte actora del art. 4 de la ley 26.773 y la intimó para que en el plazo de tres días proceda a efectuar la opción allí contemplada, bajo apercibimiento de resolver el archivo de las actuaciones conforme lo dispone el art. 27, primer párrafo de la ley 11.653 (v. última fs. cit.).
II. La parte actora deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de los arts. 14, 17 y 18 de la Constitución nacional; 15 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 12 de la Ley de Contrato de Trabajo y de la doctrina legal que cita (v. fs. 183/184).
Alega que el planteo de inconstitucionalidad efectuado en la demanda del art. 4 de la ley 26.773 fue tratado por el tribunal de grado "en forma prematura sin la debida sustanciación", contrariando la doctrina legal de esta Suprema Corte que emana de las causas L. 88.333, "P., M. M.", sentencia de 14-II-2007, L. 97.042, "Vega" y L. 113.020, "Meza", sentencias de 21-II-2013, que establece que "Corresponde diferir la resolución del planteo de inconstitucionalidad del art. 39 de la Ley de Riesgos del Trabajo hasta el momento de dictar sentencia definitiva, resultando abstracto y prematuro cualquier pronunciamiento al respecto adoptado anticipadamente, cualquiera fuera el sentido de la decisión", además de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación establecida en el caso "Aquino".
Luego de sostener que se ha violado el derecho constitucional de la accionante de acceso a la justicia, forzándosela a renunciar a sus derechos, reitera que la decisión recurrida ha sido dictada sin la sustanciación suficiente ni la realización de la prueba ofrecida por las partes "...tendiente a demostrar, entre otras cuestiones la distorsión que se generara en la base de la remuneración de la actora, y consecuentemente, del ingreso base mensual [...] en función del incorrecto e insuficiente pago de las remuneraciones".
III. El recurso no prospera.
III.1. La crítica traída es marcadamente insuficiente (art. 279, CPCC).
III.1.a. Cabe observar que, ausente en aquella oportunidad en que la parte actora respondió el traslado conferido en la instancia (v. fs. 168 y vta.), el cuestionamiento acerca del momento procesal en el que el órgano jurisdiccional de grado abordó el referido planteo de inconstitucionalidad y que constituye el núcleo argumental desde el cual parten las reflexiones del impugnante, bien puede ser reputado como extemporáneo (causas L. 98.973, "Pantuso", sent. de 14-VII-2010; L. 110.976, "Ariza", sent. de 21-II-2013 y L. 118.930, "Romero", sent. de 10-X-2018).
Para más, tal objeción pretende encontrar sustento en la jurisprudencia de este Tribunal que emana de las causas L. 88.333, "P., M. M." (sent. de 14-II-2007); L. 97.042, "Vega" y L. 113.020, "Meza" (sents. de 21-II-2013), y que fue elaborada -como aconteció en la sentencia dictada por la Corte federal en el conocido caso "Aquino"- en el marco del art. 39 apartado 1 de la ley 24.557, cuando es sabido que esa norma fue derogada por la ley 26.773 (art. 17 apdo. 1) que a tenor de su ámbito de aplicación temporal -conforme lo juzgó el tribunal, en un aspecto que no ha sido debatido- resulta ser aplicable al litigio, sin perjuicio de los cuestionamientos constitucionales blandidos sobre algunas de sus prescripciones (así, obviamente su art. 4). Indudablemente entonces, el argumento del impugnante se muestra infructuoso, ya que en reiteradas ocasiones a dicho esta Corte que resulta ineficaz la cita de doctrina legal elaborada sobre la base de presupuestos jurídicos disímiles a los que se verifican en el caso bajo juzgamiento (causas L. 107.939, "Continiello", sent. de 3-X-2012; L. 118.704, "Morini", sent. de 31-VIII-2016 y L. 119.113, "Ramos", sent. de 18-X-2017; e.o.).
III.1.b. Y en rigor, ninguna de las variadas motivaciones que brindó el juzgador de origen a lo largo de su decisión han sido objeto de una crítica directa y pormenorizada, mostrando patente la inhabilidad de la impugnación (causas L. 99.420, "A. G., E. R.", sent. de 29-IX-2010; L. 105.057, "Madariaga", sent. de 28-XII-2011 y L. 116.859, "Mudryk", sent. de 1-VII-2015; e.o.). No solo se ha omitido atacar frontal y eficazmente aquellos tramos del pronunciamiento en los que el tribunal examinó la constitucionalidad de la "opción" prevista en el art. 4 de la ley 26.773 sino también aquel otro en el que juzgó aplicable el art. 27 primer párrafo de la ley 11.653 al considerar que la falencia apuntada constituye un "defecto legal" de la demanda encuadrable en la mentada prescripción procesal, por cierto, silenciada en el medio de impugnación.
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído; con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa .
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Torres y Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 11/10/2022 14:44:35 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/10/2022 11:00:39 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/10/2022 15:05:53 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 21/10/2022 10:08:51 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/10/2022 12:35:50 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 21/10/2022 13:07:21 hs. bajo el número RS-72-2022 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia