Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 124102
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 124.102, "Jose, María del Carmen contra Aseguradora de Riesgos del Trabajo Interacción S.A. Enfermedad profesional", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Soria, Genoud .
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Pergamino hizo lugar a la acción promovida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 303/313).
Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 10-X-2018).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. En lo que interesa, el tribunal de grado hizo lugar a la acción interpuesta por la señora María del Carmen Jose y condenó a la Aseguradora de Riesgos del Trabajo Interacción S.A. al pago de la prestación prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 ($106.489,66), con más la indemnización adicional contemplada en el art. 3 de la ley 26.773 ($21.297,88).
Para así resolver, juzgó probado que la actora, como consecuencia del cumplimiento de sus tareas de enfermera, padece una hernioplastia de columna lumbar -"en hernia única"-, que le produce una incapacidad del 19% del índice de la total obrera (v. vered., fs. 304/305 y sent., fs. 308/309).
A la suma de condena ($127.787,22), adicionó intereses -por el período que especificó- según la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días mediante el sistema "Banca Internet Provincia", vigente en los distintos períodos de aplicación (v. sent., fs. 309/311).
II. Contra dicho pronunciamiento, la legitimada activa interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de los arts. 14, 17 y 18 de la Constitución nacional; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; del Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo; de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; de los arts. 15 de la Constitución provincial y 34 de la ley 24.557. Asimismo, invoca transgresión de la doctrina legal que cita.
II.1.a. En primer lugar, imputa al tribunal de grado que haya condenado exclusivamente a Aseguradora de Riesgos del Trabajo Interacción S.A., omitiendo extender dicha condena -en forma solidaria- a la Superintendencia de Seguros de la Nación, en su carácter de administradora del Fondo de Reserva y a Prevención Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., en su calidad de gerenciadora de aquel.
Aclara que esta última se presentó en el pleito y, según indica, asumió la responsabilidad establecida legalmente ante la existencia de un eventual crédito a favor de la trabajadora. En este orden, refiere que manifestó que se haría cargo de afrontar el cumplimiento de la respectiva obligación.
Precisa que, si bien en el relato de los antecedentes del caso que contiene el fallo impugnado, el tribunal de origen hizo referencia a la denuncia de liquidación de la aseguradora demandada y a la posterior presentación en el juicio de la compañía nombrada -a tenor de lo dispuesto en el art. 34 de la ley 24.557- condenó solo a la demandada en liquidación.
Indica que este modo de resolver origina un grave daño a la actora, toda vez que vulnera el sistema de reparación de accidentes y enfermedades profesionales instaurado por la Ley de Riesgos del Trabajo.
Al efecto, denuncia violada la doctrina legal emergente del fallo L. 119.128, "Nuñez" (sent. de 23-XI-2016), toda vez que en esta causa -según apunta- se condenó solidariamente al Fondo de Reserva, gerenciado por Prevención Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., como consecuencia de la liquidación de Responsabilidad Patronal Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A.
II.1.b. Luego, se explaya respecto del alcance de las obligaciones que la ley establece a cargo del Fondo de Reserva, en los términos del citado art. 34 de la ley 24.557 y su decreto reglamentario 334/96.
Inicialmente, distingue los distintos mecanismos diseñados por la normativa para proteger los créditos de los trabajadores siniestrados o de sus derechohabientes. Por un lado -indica- el Fondo de Garantía (art. 33, ley cit.), que funciona en la órbita de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), opera frente a la situación de insolvencia patrimonial del empleador no asegurado o autoasegurado. Y por otro, el Fondo de Reserva, administrado por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), brinda cobertura ante la hipótesis de liquidación de las compañías Aseguradoras de Riesgos del Trabajo.
Precisa que, conforme el mentado decreto reglamentario 334/96, las obligaciones a cargo del Fondo de Garantía resultan comprensivas solo del monto de las prestaciones, marginando expresamente los intereses, costas y gastos causídicos, no existiendo -alega- un precepto de igual tenor aplicable al referido Fondo de Reserva.
En resumen, sostiene que el citado art. 34 de la ley 24.557 ni las normas que reglamentan su operatividad, establecen una limitación respecto a las obligaciones del Fondo de Reserva que autorice a excluir los intereses y costas de la cobertura.
En apoyo de su argumentación, cita el Fallo Plenario de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo recaído en los autos caratulados "Borgia, Alejandro Juan c/ Luz ART S.A. s/ accidente-ley especial" (sent. de 4-XII-2015), en el cual -según expone- se concluyó que la responsabilidad de la Superintendencia de Seguros de la Nación, como administradora del Fondo de Reserva del art. 34 de la Ley de Riesgos del Trabajo, se extiende a intereses y costas.
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente, debo señalar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria -representado por el monto de condena cuya extensión pretende a la aseguradora gerenciadora del Fondo de Reserva (v. liq. fechada el 28-IX-2018)- no supera el monto mínimo para recurrir fijado en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141), de modo que el tratamiento del canal extraordinario ensayado debe situarse en el marco de la excepción contemplada en el art. 55 primer párrafo última parte de la ley 11.653.
En consecuencia, la función revisora de la Suprema Corte queda acotada a verificar si lo resuelto contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando se ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 120.201, "Morris", sent. de 24-IV-2018; L. 120.998, "López", sent. de 27-XI-2019; L. 121.770, "Salgado", sent. de 21-IX-2020; L. 120.853, "Bowers", sent. de 21-X-2020; L. 122.218, "Villarroel", sent. de 9-XII-2020; L. 121.841, "Sanchioni", sent. de 21-IV-2021; L. 124.084, "Vecchio", sent. de 5-V-2021; e.o.).
III.2.a. En ese contexto, se impone la exclusión de la excepción contenida en la norma procesal citada, toda vez que el único precedente de esta Suprema Corte que invoca violado el recurrente en su postulación (esto es, la señalada causa L. 119.128, "Nuñez", sent. de 23-XI-2016; v. rec., punto V), resulta ineficaz para modificar la decisión atacada, en tanto en él mediaron presupuestos fácticos y jurídicos disímiles a los que exhibe este litigio (causas L. 120.779, "Suárez", sent. de 28-XI-2018; L. 122.120, "Sociedad de San Vicente de Paul de la República Argentina", sent. de 26-V-2020; L. 124.854, "Carzoglio", sent. de 28-XII-2021; e.o.).
Me afirmo en esta conclusión desde que -aun soslayando la lacónica explicación introducida en la impugnación respecto del modo en que estaría violada la doctrina citada-, la cuestión debatida en el caso de referencia versó, en rigor, sobre la determinación del alcance de la responsabilidad del Fondo de Reserva en el supuesto de una sentencia que había condenado al pago de una reparación fundada en el derecho civil, de la que en la instancia extraordinaria se lo declaró excluido; y, a la par, de la obligatoriedad de satisfacer los conceptos de intereses y costas ante la falta de una reglamentación similar a la vigente a la época de los hechos ventilados con relación al Fondo de Garantía. En cambio, tal y como fue relatado, en el presente caso, habiendo recaído la condena de la prestación dineraria únicamente sobre la Aseguradora de Riesgos del Trabajo demandada -en liquidación-, el principal planteo que porta la réplica reside en el pedimento orientado a que se extienda la responsabilidad por aquella respecto de la Superintendencia de Seguros de la Nación, en su calidad de administradora del señalado Fondo de Reserva, y de Prevención Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., en su rol de gerenciadora del mismo.
De suyo entonces, como anticipé, los ribetes de hecho y de derecho del precedente cuya infracción se invoca y del caso bajo juzgamiento difieren en sustancia.
III.2.b. En estas condiciones, más allá de cualquier otra consideración que pudiera formularse, deviene abstracto el tratamiento del argumento vinculado a los alcances de la condena que hubiera correspondido afrontar a los sujetos respecto de los cuales pretende extenderla el autor del embate (causas L. 103.559, "Abrain", sent. de 10-X-2012; L. 117.323, "Garnica", sent. de 25-X-2017; L. 123.216, "Bravo", sent. de 9-IX-2021; e.o.).
III.2.c. Finalmente, cabe añadir que no resulta apta la mención de fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ni de otros tribunales de justicia que formula el interesado a lo largo del desarrollo de su postulación impugnativa, ya que la doctrina legal a la que se refiere el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial es la que fluye de los pronunciamientos de esta Suprema Corte (causas L. 96.241, "Montoya", sent. de 9-V-2012; L. 115.342, "Federación Única de Viajantes de la Argentina (FUVA)", resol. de 5-IV-2013; L. 118.054, "Lima Pintado", resol. de 24-IX-2014; L. 121.303, "Vargas", sent. de 12-II-2020; L. 120.627, "Viñau", sent. de 31-VIII-2021; e.o.).
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Con el alcance indicado, así lo voto.
Los señores Jueces doctores Torres, Soria y Genoud , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 11/10/2022 14:44:36 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/10/2022 11:00:40 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/10/2022 15:05:54 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 21/10/2022 10:08:52 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/10/2022 12:35:54 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 21/10/2022 13:07:23 hs. bajo el número RS-74-2022 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia