Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 126298
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 126.298, "Torena, Claudio Francisco contra Federación Patronal Seguros ART S.A. Daños y Perjuicios", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Soria, Genoud.
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Dolores se declaró incompetente para intervenir en las presentes actuaciones (v. resolución electrónica de fecha 10-IX-2020).
Se dedujo, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 26-IX-2020).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal de origen se declaró incompetente para entender en las presentes actuaciones promovidas por el señor Claudio Francisco Torena contra Federación Patronal Seguros Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., en procura del cobro de una indemnización por daños y perjuicios con fundamento en las normas del derecho civil (arts. 1.749, 1.757 y concs. del Código Civil y Comercial de la Nación), y, en subsidio, el reclamo sistémico de la ley 24.557, con motivo de la incapacidad que denuncia padecer por el accidente de trabajo que dice haber sufrido el día 9 de marzo de 2017, mientras prestaba tareas bajo las órdenes de la demandada.
Para así decidir, con fundamento en lo dispuesto por el art. 1 de la ley 27.348 y en la doctrina legal de esta Suprema Corte sentada en la causa L. 121.939, "Marchetti" (sent. de 13-V-2020) -y otros precedentes que cita-, juzgó que toda vez que el trabajador no transitó la vía administrativa ni se configuró el denominado silencio de la administración, el órgano no tenía aptitud para intervenir y conocer en autos.
Agregó que no obstaba a la solución arribada que se tratara de un reclamo con fundamento en el Código Civil y Comercial de la Nación.
II. Contra dicho pronunciamiento, se alza la parte actora mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de los arts. 39 apartado 3 y 15 de la Constitución provincial; 26, 32, 47 y concordantes de la ley 11.653; 330, 354, 375, 384 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial y de la doctrina legal que cita. Asimismo, reprocha erróneamente aplicados los arts. 1, 2 y 3 de la ley 27.348 y 1 de la ley 14.997.
II.1. Señala que el pronunciamiento vulnera la doctrina legal de la citada causa L. 121.939, "Marchetti" (sent. de 13-V-2020), pues entiende que los presupuestos de ese caso difieren de los del presente.
En esta línea, imputa al sentenciante haber aplicado erróneamente la ley 27.348, por cuanto -indica- es claro que la norma se refiere al tránsito administrativo previo y obligatorio solo si lo que se reclama son las prestaciones dinerarias previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo.
En cambio -expresa- en el presente juicio el trabajador procura la reparación de daños y perjuicios de los que fue víctima con sustento en las normas del derecho común. Alega que someter a un empleado a una instancia administrativa previa resulta violatorio del principio de congruencia y del derecho de defensa.
II.2. Por otro lado, destaca que las disposiciones de la ley nacional citada no resultan aplicables al caso porque a la fecha del siniestro denunciado en la demanda (esto es, el 9 de marzo de 2017) la Provincia de Buenos Aires aún no había manifestado su adhesión al régimen establecido en aquella.
En este sentido, sostiene, en esencia, que se ha infringido el principio de irretroactividad de la ley, en tanto se ampara en un precepto cuya sanción es posterior al hecho. Aduce transgredido el art. 7 del Código Civil y Comercial de la Nación.
II.3. Concluye que resulta sesgada e irracional la cita legal del art. 4 de la ley 26.773 que efectúa el tribunal.
Resalta que el juez de grado transcribió el cuarto párrafo de la mencionada norma que establece que: "las acciones judiciales con fundamento en otros sistemas de responsabilidad solo podrán iniciarse una vez recibida la notificación fehaciente prevista en este artículo y agotada la vía administrativa mediante la resolución de la respectiva comisión médica jurisdiccional o cuando se hubiere vencido el plazo legalmente establecido para su dictado", pero omite citar el primer párrafo de ese mismo artículo que, en su opinión, se refiere claramente a los importes que se corresponden por aplicación del régimen sistémico, toda vez que regula un régimen destinado a funcionar en el marco de reclamos basados en el sistema especial.
II.4. Por último, considera que el tribunal de origen no efectuó una recta interpretación de las circunstancias de la causa y de la prueba documental adunada, de la que se extrae que la aseguradora de riesgos del trabajo demandada rechazó el siniestro, por lo que mal podría el actor tener alguna expectativa de que se cumpla con lo previsto en el art. 4 de la ley 26.773, cuando ello -dado lo expuesto- resultaba imposible.
III. Alterando -por razones metodológicas- el orden en que los agravios fueron expuestos, anticipo que el recurso no prospera.
III.1. En primer lugar, merece desestimarse la crítica afincada en que el caso de autos escapa al ámbito temporal de vigencia de la ley 27.348.
En efecto, el planteo encuentra respuesta adversa en la doctrina sentada en la causa L. 121.895, "Orellana" (sent. de 17-VI-2020) en la cual se precisó que las nuevas reglas de orden procesal establecidas por la ley 14.997 -de adhesión a la ley nacional de referencia- resultan aplicables a toda acción judicial que se promueva en el ámbito de los tribunales de trabajo provinciales a partir del octavo día de su publicación (art. 5, Cód. Civ. y Com. de la Nación), esto es, desde el día 17 de enero de 2018.
Así las cosas, y dado que en autos la demanda se interpuso en marzo de 2020, el reproche no es de recibo.
III.2. Tampoco resulta atendible el embate dirigido a cuestionar la definición sustentada en que la parte actora debió efectuar el trámite previo y obligatorio ante las comisiones médicas por aplicación de lo previsto en el art. 4 de la ley 26.773, modificado por la ley 27.348 -a la que prestó adhesión la Provincia de Buenos Aires a través de la ley 14.997-.
III.2.a. Cabe recordar que esa versión del citado precepto establece en su primer párrafo que: "Los obligados por la ley 24.557 y sus modificatorias al pago de la reparación dineraria deberán, dentro de los quince días de notificados de la muerte del trabajador, o de la homologación o determinación de la incapacidad laboral de la víctima de un accidente de trabajo o enfermedad profesional, notificar fehacientemente a los damnificados o a sus derechohabientes los importes que les corresponde percibir por aplicación del régimen, precisando cada concepto en forma separada e indicando que se encuentran a su disposición para el cobro".
Luego, el art. 15 de la ley 27.348 -complementaria de la Ley de Riesgos del Trabajo- sustituyó el cuarto párrafo del art. 4 de la ley 26.773, cuya redacción actual, que fuera actuada por el tribunal de grado, determina que: "Las acciones judiciales con fundamento en otros sistemas de responsabilidad sólo podrán iniciarse una vez recibida la notificación fehaciente prevista en este artículo y agotada la vía administrativa mediante la resolución de la respectiva comisión médica jurisdiccional o cuando se hubiere vencido el plazo legalmente establecido para su dictado", incorporando como nuevo recaudo la exigencia del agotamiento de la instancia ante la comisión médica.
III.2.b. Ceñido a la interpretación de ese esquema normativo, el sentenciante declaró su incompetencia porque entendió, justamente, que al no haberse transitado la vía administrativa previa -ni configurado el silencio de la administración- carecía de aptitud para conocer en el presente reclamo.
III.2.c. De la reseña se infiere que el planteo que trae el quejoso para desbaratar esa conclusión se basa en un doble orden de razones.
Por un lado, indica que esa etapa previa solamente es obligatoria cuando se requiere una reparación sistemática, supuesto que -enfatiza- no es el de autos.
Por otra parte, sostiene que -en el caso- no corresponde cumplir ese recaudo desde que la aseguradora rechazó -lisa y llanamente- el siniestro.
III.2.c.i. En lo que hace a la primera línea argumental, es dable apuntar que más allá de lo expresado en el fallo de grado, la obligación de cumplir con el tránsito previo de carácter obligatorio ante las comisiones médicas, en el marco de la doctrina legal emergente de la antes mencionada causa L. 121.939, resulta ineludible en el caso bajo examen.
Al respecto, una atenta lectura del escrito de inicio revela que, además del reclamo amparado en el derecho civil, el actor pretende, en subsidio, la reparación sistémica (v., en particular, capítulos II y IX de la demanda).
Tal circunstancia, resulta definitoria para concluir que en la especie es de aplicación la doctrina legal forjada en el citado precedente -así como en las causas L. 124.309, "Delgadillo" y L. 123.792, "Szakacs" (sents. de 2-VI-2020)- y, a su vez, para descartar los pasajes del recurso en los que, de una manera algo confusa, se denuncia que el tribunal de grado "incurrió en incongruencia" al declararse incompetente a pesar de que la acción se sustentaba en normas de derecho común.
III.2.c.ii. El restante razonamiento, vinculado con la desestimación del reclamo por parte de la aseguradora, no es atendible, ya que -independientemente de otras consideraciones que pudieran formularse- el quejoso no lo sometió a consideración del tribunal de origen al interponer, con fecha 24 de julio de 2020, revocatoria contra el proveído del Presidente del Tribunal dictado el 20 de julio de dicho año que, precisamente, lo había intimado a acreditar el cumplimiento de la instancia administrativa previa bajo apercibimiento de archivar las actuaciones.
Al respecto, recuerdo que tiene dicho esta Suprema Corte que no resultan atendibles los planteos novedosos que no fueron arrimados a examen en la instancia de grado (causas L. 116.945, "Bernachea", sent. de 26-III-2014; L. 116.602, "Ramos", sent. de 12-VII-2017 y L. 124.715, "Martínez", sent. de 14-XII-2020; e.o.).
IV. En razón de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Torres , Soria y Genoud , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 14/10/2022 20:10:28 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/10/2022 15:57:51 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 17/10/2022 11:00:01 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/10/2022 10:10:35 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/10/2022 12:37:11 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 21/10/2022 13:07:30 hs. bajo el número RS-80-2022 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia