Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 126154
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de nulidad interpuesto; con costas (art. 298, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 126.154, "Zurita, Oscar Vicente contra Colodis S.A. Despido", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Soria, Genoud.
El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de San Martín, con asiento en dicha ciudad, rechazó la demanda interpuesta e impuso las costas a la actora, con el alcance establecido en el art. 22 de la ley 11.653 (v. pronunciamiento de fecha 22-IV-2020).
Se dedujeron, por esta última, recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 5-V-2020), habiendo sido concedido por el citado tribunal únicamente el primero de los nombrados (v. pronunciamiento de fecha 11-VIII-2020).
Oído el señor Procurador General (v. dictamen del día 4-III-2021), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal de trabajo rechazó la demanda instaurada por Oscar Vicente Zurita contra Colodis S.A., por la que reclamaba el reconocimiento de diferencias indemnizatorias.
Para así decidir, tras señalar que el reclamo obedecía al pago de "diferencia de liquidación por despido, basado en que [el actor] estaba registrado en una categoría inferior a la que desempeñaba en la empresa" (sent., pág. 2), tuvo por no acreditada esa invocada condición de la relación laboral.
Argumentó que, ante el desconocimiento por parte de la accionada -tanto en el intercambio telegráfico, como al contestar la demanda- de la diferencia de categoría que esgrimió el accionante, pesaba sobre este último la carga de probar ese hecho constitutivo, y, en tal sentido, consideró que no ofreció ningún elemento de prueba a ese efecto.
En esa línea, el sentenciante remarcó que "no existe constancia alguna, ni prueba en estos obrados de la que pueda colegirse que el actor se desempeñaba en una categoría laboral distinta a la registrada, que por ende aumente la base de cálculo para la indemnización por despido" (sent., pág. 3).
Tampoco hizo lugar al planteo de inconstitucionalidad del decreto 146/01 formulado en la demanda. En este orden de ideas, señaló que la intimación fehaciente a la que hacen referencia tanto el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (reformado por el art. 45 de la ley 25.345), como su reglamentación del art. 3 del decreto 146/01, sólo puede surtir efectos (con relación al inicio del cómputo de dos días y el posterior derecho a una indemnización) una vez transcurrido el plazo de treinta días acordado al empleador para cumplir con la exigencia legal, el que constituye -desde el momento de la extinción- una oportunidad para que el infractor regularice su situación administrativa (v. sent., págs. 3/4).
II. La parte actora interpone recurso extraordinario de nulidad, en el que denuncia la violación de los arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires (v. presentación electrónica de fecha 5-V-2020).
En su desarrollo sostiene que el juzgador omitió dar tratamiento a cuestiones que juzga esenciales, las cuales -alega- fueron planteadas en el escrito de inicio, y que resultan de indudable gravitación para la suerte del proceso.
Refiere que el órgano de grado tuvo por cancelados los rubros de la liquidación final, soslayando que su parte formuló reclamo respecto de los mismos, en particular sobre el ítem sueldo anual complementario sobre la integración del mes de despido.
También sostiene que el fallo carece de fundamentación legal, infringiendo lo dispuesto en el citado art. 171.
III. Apartándome del dictamen emitido por el señor Procurador General, estimo que el recurso no puede prosperar.
III.1. De modo preliminar, corresponde señalar que la vía prevista en el art. 161 inc. 3 apartado "b" de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires únicamente puede sustentarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171, Const. cit.; causas L. 121.277, "Jara", resol. de 7-III-2018; L. 121.088, "Oliva", sent. de 3-VII-2019; L. 122.013, "Vitale", sent. de 4-III-2020 y L. 123.216, "Bravo", sent. de 9-IX-2021).
III.2. Concerniente a la primera de las causales, cuya configuración se invoca en la especie, es dable poner de relieve que, de conformidad al relato de antecedentes efectuado en la sentencia en crisis, la liquidación final realizada por el empleador con motivo del distracto fue puntualmente impugnada en la demanda atento a que -en la tesis del accionante- "estaba registrado en una categoría inferior a la que desempeñaba en la empresa" (sent., pág. 1).
Tal delimitación de la pretensión no es antojadiza a tenor de lo expuesto en el escrito de inicio. Obsérvese, en este sentido, que en el apartado III de dicha pieza procesal, al describir los antecedentes fácticos en los que se apoyaba la pretensión, en forma muy escueta, se señaló que la indemnización "fue calculada tomando como base [una] categoría y un salario que no eran reales" (pág. 2).
En efecto, los rubros detallados en el apartado IV de la demanda (indemnizaciones de los arts. 232 y 245, LCT, integración del mes de despido más SAC, mes de despido, vacaciones proporcionales y SAC proporcional, así como el incremento indemnizatorio fijado en el art. 2 de la ley 25.323) resultaron, en el entendimiento del tribunal de grado, indisolublemente ligados a la acreditación de la alegada deficiencia en la registración y, por ello, no fueron tratados luego de concluir que no existía prueba "de la que pueda colegirse que el actor se desempeñaba en una categoría laboral distinta a la registrada" y que, como consecuencia, la demanda debía rechazarse "en todas sus partes" al no existir motivos para aumentar "la base de cálculo para la indemnización por despido" (sent., págs. 2 y 3).
En este sentido, reiteradamente tiene dicho esta Corte que la omisión a que se refiere el citado art. 168 de la Carta local ocurre cuando el juzgador ha excluido el tema por descuido o inadvertencia, pero no cuando -como aquí acontece- la cuestión que se denuncia aparece desplazada como consecuencia de la solución a la que arribó el tribunal de grado (causas L. 121.355, "Castillo", resol. de 4-VII-2018; L. 122.228, "Vera", resol. de 13-III-2019; L. 122.226, "Campan", resol. de 5-VI-2019 y L. 127.991, "De Tomas", resol. de 23-V-2022).
Téngase en cuenta, todavía, que el pedido de imposición de la multa del art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, igualmente incluida en el apartado IV de la demanda, fue expresamente abordado -aunque de manera desfavorable para la tesis del impugnante- por la decisión atacada (v. sent., pág. 3).
III.3. Estrechamente relacionado con lo recién expuesto, remarco que los términos de la demanda resultan muy confusos en orden a si los rubros reclamados en el apartado IV guardan -o no- algún grado de autonomía con respecto a la afirmación efectuada en el punto III de ese escrito según la cual la registración laboral del trabajador era incorrecta.
Esta circunstancia tampoco se aclara con lo expuesto en el recurso extraordinario, ya que el quejoso, en lo esencial, se ciñe a indicar, sin dar mayores precisiones, que el tribunal "ha tenido por cancelado los rubros de liquidación final, aun cuando esta parte ha reclamado todos los mismos, particularmente el Rubro de SAC sobre integración del mes de despido" (rec., pág. 2).
Por ende, y con independencia de lo expuesto en el apartado III.2. de este voto, el embate de todos modos ha de ser desestimado por derivación de la doctrina legal que consigna, por un lado, que los agravios que se dirigen a controvertir la interpretación de los escritos constitutivos del proceso resultan ajenos al acotado ámbito del recurso extraordinario de nulidad (causas L. 102.098, "Llera", sent. de 16-II-2011; L. 113.610, "Agustinelli", sent. de 5-III-2014 y L. 120.924, "Cipolla", sent. de 6-X-2020) y, por el otro, que no se configura omisión de cuestión esencial si la que se denuncia como preterida no fue concreta y claramente planteada en la etapa procesal pertinente, es decir, en el escrito de demanda (causas L. 34.200, "Michel", sent. de 23-IV-1985; L. 55.490, "San Martín de Ciafardini", sent. de 7-V-1996; L. 65.722, "Mollo", sent. de 19-V-1998 y L. 82.806, "Alberro", sent. de 21-IV-2004).
III.4. Finalmente, no se advierte violación del art. 171 de la Constitución local cuando, como en el caso, el fallo aparece sustentado en normas legales, siendo ajeno al ámbito del presente carril el análisis del acierto o desacierto en su fundamentación (causas L. 121.197, "Cevey", sent. de 31-VIII-2020; L. 120.816, "Experta", sent. de 30-III-2021 y L. 120.627, "Viñau", sent. de 31-VIII-2021; e.o.).
IV. Por lo expuesto, debe rechazarse el recurso extraordinario de nulidad deducido, con costas (art. 298, CPCC).
Voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Torres, Soria y Genoud , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, oído el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de nulidad interpuesto; con costas (art. 298, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 14/10/2022 20:10:28 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/10/2022 15:57:49 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 17/10/2022 11:00:01 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/10/2022 10:10:35 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/10/2022 12:37:10 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 21/10/2022 13:07:29 hs. bajo el número RS-79-2022 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia