Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 64921
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa B. 64.921, "Laredo y Asociados S.R.L. contra Municipalidad de Vicente López. Demanda contencioso administrativa", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Torres, Kogan, Soria.
I. La firma comercial Laredo y Asociados SRL, mediante apoderados, interpone demanda contencioso administrativa contra la Municipalidad de Vicente López por la que persigue el cobro de la suma de $391.850, con más intereses y costas, en virtud de la falta de pago de los servicios de limpieza y mantenimiento integral prestados en el Hospital Municipal "Prof. Dr. Bernardo Houssay", en el Instituto Municipal de Rehabilitación y en el Instituto Municipal de Geriatría "Rodríguez Ortega", por el contrato de limpieza celebrado a través de la Licitación Pública n° 39/99, de la cual resultara oportunamente adjudicataria.
Afirma que en agosto de 1999 se sustanció la mentada Licitación Pública, cuyo objeto fue la prestación del servicio de limpieza y mantenimiento integral de los citados nosocomios, y el contrato celebrado el 25 de agosto de ese año se instrumentó mediante decreto de adjudicación 2.120/99. Desde esa fecha, continúa, la empresa cumplió con la prestación del servicio contratado conforme a la modalidad establecida en el Pliego de Bases y Condiciones, presentando oportunamente las facturas debidas, debiendo ellas ser abonadas a los sesenta días de su presentación, según lo dispuesto por el art. 19 de las normas contractuales.
Asegura que, inicialmente, la demandada cumplió con sus obligaciones, pero, a partir del período correspondiente al mes de marzo de 2001 en adelante, se interrumpió el pago, ocasionando graves perjuicios a la empresa. Pese a ello, prosigue, no se interrumpió en ningún momento la prestación del servicio pactado, y que fuera prorrogado mediante los decretos 347/00 y 3.591/00 hasta que, el 11 de marzo de 2002 le fuera notificado que en virtud de haber finalizado la contratación el 31 de diciembre de 2001, debía dejar de realizar las actividades en los establecimientos objeto de la prestación. Sin perjuicio de que la comuna, continuaba en ese entonces incumpliendo sus obligaciones y con una deuda que se había acrecentado notablemente.
Sostiene que, desde la fecha de la desvinculación contractual, la empresa solicitó la regularización de la deuda aludida en diversas oportunidades, mediante notas y cartas documento que fueran finalmente respondidas por la doctora Zorilla, en su calidad de Secretaria de Economía y Hacienda de la Municipalidad de Vicente López, aduciendo que sin perjuicio de la vocación de pago del municipio, "dadas las actuales condiciones económicas del país y del municipio no están en condiciones de suscribir convenio alguno con la absoluta certeza de cumplirlo".
Ante tal panorama, alega, la empresa presentó un reclamo administrativo, instrumentado mediante cartas documento n° 472798245 y n° 472798237, siendo ignorado por las autoridades comunales, incluso luego de presentado un pronto despacho para su actuación concreta.
Por último, adjunta detalle de las facturas impagas, con número de serie, fecha y monto exacto de cada una.
Funda su derecho en la existencia de una relación contractual entre las partes, perfeccionada mediante el procedimiento de una Licitación Pública, los arts. 10 y 15 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, 17 y 18 de la Constitución nacional y 505, 509, 1.137, 1.197 y concordantes del por entonces vigente Código Civil.
Ofrece prueba documental, pericial contable, informativa y pericial caligráfica. Hace reserva del caso federal.
II. Corrido el traslado de ley, se presenta en autos la Municipalidad de Vicente López, mediante apoderado y solicita el total rechazo de la demanda en atención a la legitimidad del accionar comunal.
Efectúa una negativa general de todos y cada uno de los hechos expuestos en la presentación inicial, para luego continuar con una negativa detallada y particular de varios de ellos como, por ejemplo, que no es cierto que la actora hubiera cumplido fehacientemente con sus obligaciones contractuales, que la demora en el pago de facturas le hubiera ocasionado a la actora grandes perjuicios o que la prestación haya sido realizada en forma impecable e ininterrumpida.
Reconoce la existencia del contrato administrativo que uniera a las partes durante los años 1999/2001, sus prórrogas y la comunicación cursada a la empresa del cese del servicio el día 31 de marzo de 2002.
Destaca que durante el período (fines del año 2000/principios del 2001) la Municipalidad de Vicente López, al igual que los Estados nacional y provincial atravesaban una grave crisis económica, circunstancia que, hizo imposible -por imprevisibilidad y fuerza mayor- hacer frente a todas las erogaciones que implicaba el desenvolvimiento económico comunal de manera corriente, como ser, precisamente, el pago a proveedores.
Menciona que existieron, más allá de lo anteriormente anotado, determinadas conductas que la empresa omitió señalar. Menciona el hecho de que hubo continuas quejas de la autoridad a cargo de las dependencias donde se brindaba el servicio de mantenimiento y limpieza "por falta de personal" o "por falta de aseo e higiene", en violación a lo dispuesto por el art. 6 y concordantes del Pliego de Bases y Condiciones. Asegura que esto sucedía "incluso en épocas en que la Comuna cumplía con sus pagos en término (año 2000). No obstante dichas conductas no cambiaron en ningún momento".
Sostiene que, como consecuencia de los reiterados incumplimientos, la empresa fue intimada en diversas oportunidades e incluso, en varias ocasiones le impusieron distintas penalidades conforme al art. 18 incs. "a", "c", "e" y "d" de las cláusulas particulares del Pliego, que implicaban el descuento del 10% en la facturación del mes correspondiente.
Explica que, no obstante ello, y debido a la particular situación de gravedad económica que atravesaba el país, el contrato debió seguir su curso por resultar imposible rescindirlo y llamar a nueva licitación sin incurrir en mayores costos. Ello teniendo en cuenta siempre el interés general y debiendo primar el bien público comprometido en la ejecución del contrato.
Recuerda que, en virtud de la referida crisis se dictaron en el país diversas leyes de emergencia facultando a la Administración nacional, provincial o municipal -entre otras cosas- a rescindir cualquier tipo de contratación (leyes 25.344, 25.561 -nacional- y 12.727 -y decreto 2.113/02, a nivel provincial-). Asegura que la Municipalidad de Vicente López adhirió expresamente a dichas normativas mediante ordenanzas 16.441, 16.468, 16.296 y 16.213.
Hace alusión a la jurisprudencia de esta Corte y otras jurisdicciones que consideró aplicable a la situación la teoría de la imprevisión contractual.
En definitiva, la demandada reconoce la ausencia de pago de algunos períodos, no obstante peticiona que todas las circunstancias antes descriptas sean meritadas por esta Suprema Corte para que se considere una merma de la deuda conforme la sanción por incumplimiento que será oportunamente probada, y que los saldos correspondientes puedan ser abonados mediante la ley 12.774 de consolidación de pasivos.
También hace referencia a los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia de emergencia durante los años 2002/2003 y reclama la aplicación de la "doctrina del riesgo compartido", peticionando que la indemnización o reparación no sea integral, sino fijada en una proporción del 50% en la reducción de los intereses desde la fecha que correspondería abonar las facturas hasta su efectivo pago, con la aplicación de la tasa pasiva que establezca el Banco de la Provincia de Buenos Aires.
Por último, plantea una reconvención, ante los reiterados incumplimientos de la parte actora, en los términos del art. 18 incs. "a", "c", "e" y "d" del Pliego de Bases y Condiciones, solicitando expresamente la aplicación del descuento del 10% en cada una de las facturas presentadas para el cobro durante el período del año 2001.
Funda su derecho genéricamente en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, la ley orgánica de las municipalidades y el Código Contencioso Administrativo, así como en los arts. 513, 514, 1.071, 1.198 y 1.201 del por entonces vigente Código Civil. Ofrece prueba confesional, instrumental, testimonial y pericial contable.
Hace reserva del caso federal.
III. Agregadas las actuaciones administrativas sin acumular, glosados los alegatos de la parte actora (la demandada no hizo uso de su derecho), no restando prueba pendiente de producción y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundada la demanda?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. De las actuaciones administrativas agregadas a la causa sin acumular, surgen los siguientes elementos útiles para la resolución del pleito instaurado:
I.1. A fs. 470/481 y 1.520/1.652 del expediente administrativo n° 4.119-002006/99 obran diversas copias de facturas, remitos y órdenes de pago por parte de la Municipalidad de Vicente López a la firma Laredo SRL por la prestación de los servicios de limpieza y mantenimiento en los tres nosocomios señalados en los antecedentes de la causa.
I.2. Con fecha 20 de febrero de 2000 se produce el primer reclamo de deuda por parte de la firma actora (v. fs. 482).
I.3. Por decreto 347/00 se prorrogó el contrato de prestación de servicios por un año (año 2000) y por carta documento del 14 de marzo de 2002 se notifica a la empresa que debería cesar de prestar las actividades a partir del día 31 de marzo de 2002, por haber finalizado la contratación del servicio (v. fs. 496/497 y 2.308).
I.4. A fs. 1.939/1.946 diversos profesionales de la medicina que prestaban funciones en los hospitales e institutos señalados denunciaron la existencia de suciedad e "insectos" en salones y áreas clave de los nosocomios durante el mes de enero de 2001, como asimismo la ausencia de personal de limpieza el día 22 de enero de 2001.
I.5. Dicha circunstancia fue, asimismo, constatada por el encargado de servicios generales del Hospital Houssay el 15 de septiembre de 2001, solicitando aplicar sanciones a la empresa prestadora (v. fs. 1.933). En virtud de ello, la Secretaría de Salud Pública aconsejó la aplicación de la penalidad establecida por el art. 18 del Pliego de Bases y Condiciones (consistente en un descuento del 10% en el monto de la facturación de los meses de noviembre y diciembre de 2000).
I.6. Las órdenes de pago correspondientes al mes de enero de 2001 fueron efectuadas con el mencionado descuento (v. fs. 1.960).
I.7. La Secretaría de Salud Pública de la Municipalidad de Vicente López denunció la falta de limpieza en el Instituto Geriátrico "R. Ortega" durante los meses de abril y agosto de 2001 y solicitó la aplicación de la sanción prevista en el art. 18 del Pliego de Bases y Condiciones. Pese a ello, y habiéndose hecho efectiva la sanción de descuento en sucesivas facturas, en ningún momento existió un acto administrativo que circunstanciara los hechos y aplicara formalmente la sanción (v. fs. 2.094 y 2.281/2.284).
I.8. A fs. 2.309/2.311 consta un detalle completo de todas las facturas abonadas durante la contratación.
II. Tal como demostraré a continuación, la causa bajo análisis no presenta mayor complejidad. En efecto, la propia demandada reconoce la deuda que posee con la actora, la única discusión que se presenta en autos es la relativa a la forma de pago y la vigencia de las leyes de emergencia, aspecto que, virtualmente, tampoco ha sido discutido por la actora.
De su lado, de los escritos postulatorios no surge reclamo alguno propio de la mora en el pago, ni en concepto de daños y perjuicios, por lo que dichos ítems no forman parte de la presente litis.
III. Las condiciones de contratación fueron las siguientes:
a) se pactó la obligación de abonar las facturas dentro de los sesenta días de ser recibidas por la Municipalidad de Vicente López (art. 5 del contrato de fecha 25 de agosto de 1999).
b) el precio del contrato debía abonarse en pesos (cfr. art. 3 del contrato; v. copia obrante a fs. 1/2 del sub lite ).
c) el plazo de ejecución implicaba para la actora la obligación de cumplir con la realización del servicio de "mantenimiento y limpieza integral" en el hospital "Doctor Bernardo Houssay", en el Instituto de Geriatría "R. Ortega" y en el Instituto de Rehabilitación dependiente de la Secretaría de Salud y Acción Social en un todo de acuerdo con el Pliego de Bases y Condiciones y expediente n° 4.119-2120/99-Licitación Pública n° 39/99.
De su lado, debo destacar que la prueba documental producida en autos por quien acciona, da cuenta claramente de que formuló reclamos de pago (CD de 2-VIII-2000, obrante a fs. 4) y, asimismo, de reconocimientos expresos de la entidad de la deuda por parte de la comuna de Vicente López, tal lo ocurrido a fs. 6/20 del sub lite , de donde surge que a través de diversas cartas documento y respuestas oficiales, la demandada reconoce que "a pesar de su voluntad de pago [...] no está en condiciones de suscribir convenio alguno con la absoluta certeza de cumplirlo" (sic. fs. 14, informe de la Secretaría de Economía y Hacienda del 9 de agosto de 2002).
Dicha circunstancia, resulta por lo demás conteste y concordante con la prueba documental aportada por la demandada a fs. 21/22, 25/26, 44/47 y 71/74 del sub examine , consistente en constancias de diversas facturas conformadas.
Del dictamen del perito contador obrante a fs. 77/84 se extrae que existen períodos impagos según constancias de facturas flotantes a favor de la actora correspondientes a todo el año 2001, así como los primeros meses del año 2002 (v. Anexos I y II), aspecto puntual que no ha sido desconocido por la demandada que, en cambio, sí impugna el monto general de las facturas, la metodología sobre la cual se calcularon los intereses y la ausencia del descuento del 10% sobre el monto de esos documentos, según aplicación del art. 18 inc. "d" del Pliego de Bases y Condiciones en concepto de penalidad por deficiente prestación del servicio (v. contestación al traslado de la pericia contable obrante a fs. 275/279 del sub lite ).
Por otro lado, debe mencionarse que, pese a que los testimonios brindados a fs. 348/349, 350 y 351 por exagentes del hospital municipal Houssay de Vicente López dan cuenta de la existencia de incumplimiento de la normativa de limpieza del quirófano "debido a que no había personal suficiente", y que por ello "comienza a aumentar el índice de infecciones" (sic. fs. 38 vta.), tal como se expresó en los antecedentes del presente caso, de un lado, la Administración comunal practicó de hecho el descuento del 10% en diferentes facturas según el mecanismo previsto en el art. 18 del Pliego de Bases y Condiciones, circunstancia que, pese a no haber sido canalizada adecuada y regularmente por la Administración comunal en el marco de un procedimiento administrativo formal, no mereció críticas ni impugnaciones en esta instancia por la actora. Dicho acontecer excluye tales hechos del tema a decidir en el presente pleito, por no formar parte de su objeto. En nada afecta a lo anteriormente expresado, el hecho de que la demandada impugne el dictamen del perito contador en este aspecto, dado que tal circunstancia en modo alguno modifica el hecho central previamente definido.
IV. Por último, es dable abordar la cuestión referida a la invocación por parte de la demandada de la aplicación al caso de la "teoría del riesgo compartido" (v. punto V.c. del escrito de fs. 137/144 del sub judice ).
Allí, la Municipalidad de Vicente López expresa que, en razón del dictado de las leyes de emergencia económica ya referidas, así como del fin de la convertibilidad y la entrada a "una devaluación asimétrica" de enormes proporciones, se impone la distribución de riesgos en forma compartida, lo cual -según dice- evitaría que ambas partes se perjudiquen por demás o se enriquezcan indebidamente.
Debo destacar que la demandada, al exponer su punto de vista sobre la cuestión en modo alguno explicita o brinda detalle alguno de lo que unilateralmente denomina "teoría del riesgo compartido", ya que no efectúa citas legales, ni jurisprudenciales, ni doctrinarias en respaldo de sus alegaciones.
En dicho orden de ideas, el pedido se muestra confuso, poco claro y sin ningún fundamento de orden fáctico o jurídico. Por lo que no puede más que rechazarse en esta instancia, máxime teniendo en cuenta que, como se verá seguidamente, la condena remite a la aplicación directa del régimen de emergencia que la propia demandada solicita, en definitiva, le sea aplicado.
Respecto de la aplicación de la ley provincial de consolidación de deudas 12.774 al presente caso, solicitada por la demandada a fs. 141 vta., cabe decir que, conforme el texto modificatorio del art. 9 de la misma, conforme ley 13.070 en el marco del Programa de Unificación Monetaria establecido por el decreto 743/03 del Poder Ejecutivo nacional y sus normas modificatorias y complementarias, carece de vigencia actual, sin perjuicio de los acuerdos que en el marco de los hechos aquí juzgados y la normativa de emergencia puedan realizar entre las partes para arreglar su deuda. En tal sentido, recuerdo que es doctrina de esta Suprema Corte que la aplicación de normas por las cuales la Provincia de Buenos Aires ha consagrado la posibilidad de que los municipios puedan consolidar ciertas obligaciones a su cargo (11.192, 11.756, 12.532, 12.774), presupone -para que dichas obligaciones queden consolidadas- la existencia de una sentencia firme (v. arts. 1, ley 11.192; 2, ley 11.756 y 25, ley 12.774). Es decir, su aplicación es un tema a debatir en la etapa de ejecución de sentencia (cfr. causa B. 54.281, "La Jirafa Azul S.A.", resol. de 27-V-2015).
V. En su planteo inicial, la empresa actora reclama la falta de pago de una suma de $391.850 (v. pto. "II. Objeto" de fs. 101 del escrito de demanda).
Sin controvertir la procedencia sustancial de la deuda y amparándose en la imposibilidad de pago por la crisis económica, la comuna solicita -en términos de "reconvención"- una compensación con las eventuales multas impuestas a la firma "Laredo y asoc. S.R.L." por deficiente prestación del servicio (v. fs. 141 vta.).
Ciñéndonos estrictamente a las probanzas de la causa, en particular a la prueba pericial obrante a fs. 262/269, surge la aplicación de una sola multa en los términos del art. 18 inc. "d" del pliego de condiciones particulares del contrato, por la suma de $400 (v. esp. fs. 268 de esta causa). Este dato se corrobora con la sustanciación de dicha sanción a fs. 2.256, 2.281 y 2.282 del expediente administrativo agregado.
Finalmente, la demandante al momento de alegar tampoco cuestiona la penalidad impuesta (v. fs. 621).
Es por ello que, tratándose de una obligación puramente dineraria no satisfecha, y merced a lo dispuesto en el art. 622 del Código Civil -ley 340, hoy derogada-, concordantemente con el art. 768 del Código Civil y Comercial de la Nación -ley 26.994-, el deudor debe adunar a la prestación debida los intereses devengados durante el período de mora, sobre el capital adeudado, desde el vencimiento del plazo para efectuar el pago y hasta la fecha de la íntegra cancelación del crédito, conforme a las reglas de aplicación de la legislación de emergencia (leyes 23.928, 25.561, 12.727 y ordenanza municipal 16.213/01) todo lo cual deberá dilucidarse en la etapa de ejecución de sentencia (doctr. causa B. 54.281, "La Jirafa Azul S.A.", resol. de 27-V-2015).
Merced a lo anterior, entiendo que corresponde fijar el capital de condena en la suma de $391.450.
A la cuestión planteada,
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.