Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75574
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 75.574, "Supermercados Toledo S.A. contra Provincia de Buenos Aires. Pretensión declarativa de certeza. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Genoud, Soria .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata rechazó el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía de Estado e hizo lugar al deducido por la parte actora. En consecuencia, le reconoció a la firma Supermercados Toledo S.A. la continuidad en el goce de la exención del impuesto sobre los ingresos brutos por las actividades de cría de ganado porcino y frigorífico (v. fs. 250/263).
Se interpuso, por la parte demandada (escrito en soporte electrónico de fecha 10-VII-2018, 12:08:26, p.m. en el sistema Augusta), recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal.
Dictada la providencia de autos (v. fs. 272), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. La firma Supermercados Toledo S.A. promovió una acción declarativa de certeza con el objeto de que se declare la inconstitucionalidad de las normas a través de las cuales la Provincia de Buenos Aires dejó sin efecto la exención del impuesto sobre los ingresos brutos que le había sido reconocida por ciertas actividades que desarrolla, a saber: "Frigorífico" y "Cría de ganado porcino" (v. fs. 21/41 y 19).
En su escrito postulatorio sostuvo que el Estado provincial, en cumplimiento de lo dispuesto por el Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento celebrado entre el Estado nacional y las provincias con fecha 12 de agosto de 1993, ha dictado normas mediante las cuales se establecieron diversas exenciones en el impuesto sobre los ingresos brutos (leyes 11.490 y 11.518).
Adujo que, no obstante, el art. 5 de la ley 13.850 y otras normas correspondientes a las leyes impositivas de los años 2003 y 2009 a 2014 suspendieron las exenciones establecidas por aquel plexo normativo transgrediendo, a su criterio, las previsiones del Pacto Federal y vulnerando el art. 31 de la Constitución nacional.
Solicitó, en consecuencia, que se mantenga la exención reconocida por la autoridad tributaria y se declaren inconstitucionales las normas que pudieran justificar la aplicación del gravamen en cuestión.
II. El titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo n° 1 del Departamento Judicial de Mar del Plata decidió, en relación a las cuestiones formales, que: i) la tacha de inconstitucionalidad de la ley 13.850 (y otras leyes impositivas de similar efecto) no constituía una cuestión federal sino, por el contrario, la materia en debate encuentra debida cabida en la competencia ordinaria del fuero en lo contencioso administrativo (arts. 3 y 12 inc. 4, CCA) y, ii) en cuanto a la vía intentada, encontró claramente configurada la existencia de una situación de incertidumbre que habilita la pretensión incoada (art. 12 inc. 4, CCA).
II.1. Indicó que el objeto litigioso gira en torno de ciertas actividades secundarias que desarrolla la demandante, específicamente la de cría de ganado porcino (código 11000-04) y frigorífico (código 31000-01), cuya exención del pago del impuesto sobre los ingresos brutos fue reconocida por la resolución 56/02 de la ex Dirección Provincial de Rentas, a partir del 1 de junio de 2001.
Señaló que, en su oportunidad, el entonces titular del organismo tributario provincial adoptó un nuevo nomenclador de actividades, denominado NAIIB-99 (disposición normativa serie "B" 31/99, de fecha 26-V-1999) y en consecuencia se dejó de utilizar el listado de actividades anterior que había sido aprobado por la disposición normativa serie "B" 1/85, texto ordenado por la disposición normativa serie "B" 6/86, Anexo II, Orden de Servicio 35/83.
En este aspecto el juez que previno señaló que la actora en su demanda especificó que la actividad "Frigorífico" (cód. 31000-01) equivalía a las siguientes cinco actividades NAIIB-99: 151110 Matanza de ganado bovino y procesamiento de carne; 151120 Producción y procesamiento de carne de aves; 151130 Elaboración de fiambres embutidos; 151140 Matanza de ganado excepto bovino y procesamiento de su carne y 151190 Matanza de animales n.c.p. y procesamiento de su carne y elaboración de subproductos cárnicos n.c.p. A su vez, el anterior código 11000-04 de "Cría de ganado porcino", recibió en la denominación NAIIB-99, el código 012130.
Señaló que del Anexo II de la disposición normativa serie "B" 31/99, que contiene la tabla de equivalencias de las actividades surge que, como lo afirma la parte actora, el anterior código 11000-04 ("Cría de ganado porcino") equivale al actual NAIIB-99 código 012130 ("Cría de ganado porcino -excepto en cabañas-"), pero el anterior código 31000-01, correspondiente al rubro "Frigorífico" fue desagregado en cuatro códigos NAIIB-99: 151110, 151120, 151140 y 151190, motivo por el cual la situación del código 151130 ("Elaboración de fiambres y embutidos") que se corresponde con el anterior código 31000-11 ("Fabricación de chacinados, embutidos, fiambres y carnes en conserva"), si bien está referido en la demanda no se encuentra comprendido en el acto administrativo de reconocimiento de la exención impositiva, motivo por el cual desestimó la pretensión en relación a dicha actividad; la cual si bien estaba exenta del tributo por la ley 11.490, no se acreditó en el proceso que la franquicia haya sido solicitada a la autoridad de aplicación tributaria.
II.2. Respecto a las normas que tacha de inconstitucionales expresó que en la demanda se mencionan: i) arts. 34 y 35 de la ley 13.003 (impositiva del año 2003); ii) art. 5 de la ley 13.850 (reforma tributaria del año 2008); iii) leyes 13.930, 14.044, 14.200, 14.333, 14.394 y 14.553 (impositivas del período 2009 a 2014), solo respecto a los artículos de cada una de ellas que alude a la prórroga de la suspensión de la exención prevista por el art. 39 de la ley 11.490 y 1 de la ley 11.518 y iv) arts. 482 a 484 de la disposición normativa 1/04.
Puntualizó que, en ocasión de contestar la demanda, la Fiscalía de Estado se refirió con exclusividad a las normas agrupadas en los puntos ii) y iii), guardando total silencio respecto de las demás normas citadas por la actora, así como de las leyes impositivas sancionadas durante los años 2004 a 2008, considerándolas irrelevantes a los fines de brindar solución al presente.
Destacó que la decisión que recaiga en el proceso comprenderá a las normas dictadas para el período 2015/2018, en virtud de que los arts. 29, 28 y 26 de las leyes 14.653, 14.808, 14.880 y 14.983 respectivamente, suspenden los artículos aquí relevantes de las leyes 11.490 y 11.518, en idéntica situación que las leyes impositivas 2009/2014.
II.3. Luego de efectuar un repaso de las normas involucradas puso de relieve la diversa interpretación que sobre la problemática tiene la Cámara del fuero de la ciudad de Mar del Plata y la Comisión Federal de Impuestos (CFI), para finalmente coincidir con aquella.
Sostuvo que el Tribunal del fuero, en causas análogas al caso analizado en autos, no hizo hincapié en la específica actividad desplegada por el contribuyente (primaria, secundaria o industrial), sino en que "...lo esencial transita por los aspectos normativos y constitucionales y no en la específica actividad desplegada, toda vez que las normas cuestionadas brindan un tratamiento genérico que no discrimina entre las actividades...".
Indicó que las conclusiones de la resolución general interpretativa 35 de la Comisión Federal de Impuestos carecen de injerencia en el caso de autos, no obstante, resaltó que la especialidad técnica de dicho organismo merece que al menos sus conclusiones sean consideradas como antecedente ante la dudosa competencia de dicha Comisión para expedirse en relación a la inconstitucionalidad del art. 5 de la ley 13.850.
Agregó que dicha resolución no pondera la diversa jerarquía normativa que poseen las manifestaciones positivas del llamado federalismo de concertación, cuestión que considera central en el presente debate.
Concluyó que la ley 13.850 se presentaba como frustratoria del objeto y fin del Pacto Fiscal y, por ello, debía ser declarada inconstitucional, coincidiendo con la postura formulada por la actora en cuanto al alcance de su situación jurídica en relación al tributo. Paralelamente invalidó también las leyes impositivas que prorrogaron mediante la suspensión la mecánica desarrollada por la ley 13.850.
En cuanto a los arts. 482 a 484 de la disposición normativa 1/04 consideró que no resultaba necesaria su invalidación en atención a que su operatividad se encontraba condicionada a la vigencia de las normas que establecieron las suspensiones y dada la inconstitucionalidad declarada, el planteo pierde actualidad.
II.4. En consecuencia, hizo lugar parcialmente a la demanda y declaró la inconstitucionalidad de los arts. 34 y 35 de la ley 13.003; 5 de la ley 13.850; 39 de la ley 13.930 (impositiva 2009); 69 de la ley 14.044 (impositiva 2010); 25 de la ley 14.200 (impositiva 2011); 25 de la ley 14.333 (impositiva 2012); 29 de la ley 14.394 (impositiva 2013); 29 de la ley 14.553 (impositiva 2014); 29 de la ley 14.653 (impositiva 2015); 29 de la ley 14.808 (impositiva 2016); 28 de la ley 14.880 (impositiva 2017) y 26 de la ley 14.983 (impositiva 2018); que suspenden los arts. 39 de la ley 11.490 y 1 de la ley 11.518 en tanto disponen expresa o implícitamente la suspensión de la exención del pago del impuesto sobre los ingresos brutos otorgada a la firma actora por las leyes 11.490 y 11.518. Declaró, asimismo, que la exención otorgada mediante resolución 56/02 del entonces Director Provincial de Rentas (v. fs. 19) se encuentra vigente, en relación a las actividades códigos NAIIB: 012130, 151110, 151120, 151140 y 151190 (arts. 1, 3 y 6, ley 11.463 y 50 inc. 4 y 5, CCA). En lo que hace a la actividad de elaboración de fiambres y embutidos (antes código 31000-11, luego NAIIB-99 151130) estimó que, aun cuando esa actividad se encontraba exenta por la ley 11.490, no se acreditó en el proceso que dicha exención hubiera sido solicitada al órgano tributario, por lo que desestimó tal aspecto de la demanda.
Impuso las costas a la demandada (art. 51, inc. 1, CCA, modif. ley 14.437).
III. Ambas partes apelaron el pronunciamiento. La parte demandada a fs. 223/228 y la actora a fs. 233/237.
La Cámara en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata rechazó el recurso de apelación deducido por la parte demandada e hizo lugar al interpuesto por la firma actora.
De ese modo revocó la sentencia solo en relación al rubro NAIBB-99 151130 fabricación de chacinados, embutidos, fiambres y carnes en conserva que fuera desestimado por el a quo . Ello, por entender que el mismo no formaba parte de la litis , en tanto la resolución 56/02 de la ex Dirección Provincial de Rentas no lo contemplaba y la incerteza denunciada por la actora quedaba circunscripta a la suspensión de la exención de los rubros comprendidos en la mencionada resolución: cría de ganado porcino, Código 11000-04 y frigorífico, Código 31000-01.
III.1. Para desestimar el remedio interpuesto por la Fiscalía de Estado, en primer lugar, caracterizó la pretensión declarativa de certeza regulada por el art. 12 inc. 4 del Código Contencioso Administrativo como una vía procesal amplia, de carácter independiente y principal, diferente por ende de la acción declarativa contemplada en el art. 322 del Código Procesal Civil y Comercial, cuya naturaleza es subsidiaria. Sin oponer objeciones a su admisibilidad en el caso sujeto a juzgamiento, manifestó que la parte actora, cuestionando la constitucionalidad de distintas normas (detalladas en el capítulo II de la demanda, fs. 21/22), perseguía hacer cesar el estado de incertidumbre que se habría generado a partir de la sanción de dicha normativa. Específicamente puso en crisis el cuadro normativo fijado por la ley 13.850 en tanto, según afirmó en su demanda, importaba el apartamiento de la Provincia de Buenos Aires de los compromisos asumidos en ocasión de suscribir el Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento, compromiso que reafirmó mediante las leyes 11.490 y 11.518.
III.2. En cuanto al fondo de la materia debatida manifestó que lo resuelto por el juez de primera instancia se condice con los precedentes análogos que fueron tramitados ante esa Cámara.
Sostuvo que los tratados o leyes convenio celebrados entre las provincias y el gobierno nacional (y dentro de ellos, el Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento) cuentan con un rango normativo específico que impide su derogación, modificación o la alteración de su contenido por parte de cualquiera de los signatarios, salvo que alguno de ellos materialice el procedimiento de denuncia. Seguidamente observó que, en cumplimiento de lo previsto en la cláusula primera, puntos 3 y 4, apartado "a" del Pacto involucrado, la legislatura bonaerense sancionó la ley 11.518, a través de la cual dispuso eximir del pago del impuesto sobre los ingresos brutos, entre otras, a ciertas actividades que desarrolla la parte actora. Consideró que, en tanto dicho convenio no fue denunciado, la Provincia demandada se encuentra obligada por él y que su objeto y fin se vieron frustrados por la decisión de suspender la vigencia de la exención previamente otorgada.
Destacó que la fecha originalmente establecida por el referido Pacto Federal para el cumplimiento de las medidas consensuadas (esto es, el 30 de junio de 1995) fue objeto de sucesivas prórrogas, cuyo esquema no importaba haber puesto en crisis la operatividad y vigencia de dicho convenio en aquellas parcelas de compromiso que tuvieron oportuna ejecución.
Rechazó el argumento del Fisco relacionado con la interpretación realizada en la sentencia de grado respecto de los alcances la resolución interpretativa 35 de la Comisión Federal de Impuestos, así como de las potestades del citado órgano para expedirse en relación a la constitucionalidad de las leyes, por cuanto en su opinión carece de toda relevancia a los fines de decidir la controversia a su favor.
Consideró que la representación fiscal al expresar agravios no alcanzó, en esta parcela, a efectuar una crítica concreta y razonada del fallo de primera instancia en los términos del art. 56 inc. 3 y concordantes del Código Contencioso Administrativo al argumento cardinal expuesto por el magistrado de grado para concluir que, en la especie, resulta el Poder Judicial el intérprete de la cuestión constitucional introducida en el pleito.
Aseguró compartir la arraigada jurisprudencia según la cual nadie tiene un derecho adquirido al mantenimiento de leyes, reglamentaciones ni a la inalterabilidad de las mismas, pero argumentó que la pretensión articulada no procura mantener inalterado el régimen dispuesto por las leyes 11.490 y 11.518 sino más bien cuestionar la constitucionalidad del nuevo esquema delineado por la ley 13.850, que -a su juicio- importa una vulneración del art. 31 de la Constitución nacional al constituir un apartamiento unilateral de la Provincia al compromiso asumido mediante el Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento, cristalizado en su momento por las leyes antes citadas.
IV. Contra dicho pronunciamiento la Fiscalía de Estado interpone el recurso en tratamiento, en el que denuncia la violación o errónea aplicación de los arts. 12 inc. 4 del Código Contencioso Administrativo, 322 del Código Procesal Civil y Comercial y de la doctrina legal construida por esta Corte en torno a los presupuestos de admisibilidad de la pretensión declarativa de certeza.
Asimismo, señala la errónea aplicación del Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento y afirma la constitucionalidad del art. 5 de la ley 13.850.
En primer lugar, plantea que en el caso de autos no existe un estado de incertidumbre que remediar, por cuanto el Fisco y el contribuyente mantienen dos posturas claramente diferenciadas que -según su visión- no requieren de una aclaración judicial, sino que la disputa -en todo caso- debería zanjarse mediante una sentencia de condena.
Indica que el propio Tribunal de Alzada reconoce que el propósito de la actora apunta a una cuestión comprendida en el principio de jerarquía normativa establecido en el art. 31 de la Constitución nacional, cuya vía específica es la acción de inconstitucionalidad.
En apoyo a su postura cita doctrina sentada por este Tribunal (v. pto. VI.1.b. del recurso en tratamiento).
Postula que el marco normativo vigente regula con precisión las cuestiones debatidas y por ello rechaza que la incertidumbre alegada tenga sustento.
Sobre el punto, destaca que esta Suprema Corte ha resuelto que la acción meramente declarativa no es la vía para resolver diferencias respecto de la regulación legal de una relación jurídica en los siguientes términos: "...cuando el actor no persigue que se fije el alcance de una determinada relación jurídica sino que se declare que la norma aplicable debe ser interpretada de un cierto modo, la acción declarativa no es la vía idónea" (doctr. causa B. 66.737, "Spicer Ejes Pesados S.A", sent. de 6-VII-2005).
Predica que la inconstitucionalidad de una norma resulta materia ajena a la acción declarativa, invocando en sustento de sus dichos la doctrina de las causas B. 57.714, "Municipalidad de La Plata", sentencia de 5-XI-1994 y B. 63.896, "Pano", sentencia de 10-IV-2002.
Asimismo, sostiene que el caso entablado pertenece a la competencia federal, toda vez que los planteos de la actora se basan en lo dispuesto por el ya mencionado Pacto Fiscal y en el art. 31 de la Constitución nacional, citando jurisprudencia a ese efecto.
En lo atinente al fondo de las cuestiones discutidas, destaca que las exenciones invocadas no debían implementarse de manera inmediata, sino que, según el Pacto Federal, podían hacerse efectivas en forma parcial y progresiva, aunque debían completarse antes del 30 de junio de 1995. Sin perjuicio de observar que mediante las leyes 11.490 y 11.518 se cumplió con esta obligación, expresa que el mencionado Pacto no llegó a ser plenamente operativo dentro del ordenamiento nacional debido a las prórrogas del plazo para reconocer los beneficios en cuestión, dispuestas mediante las leyes 24.699, 25.063, 25.239 y 26.078, el decreto 2.054/10 y la ley 27.199; y que lo mismo ocurrió en el plano provincial a tenor de las leyes 13.698, 13.850, 13.930, 14.333 y 14.808. De allí extrae que los Estados signatarios no se hallan obligados al cumplimiento actual de los compromisos asumidos.
Manifiesta que su postura ha recibido respaldo legal mediante la ley nacional 27.429, por la cual se aprobó el "Consenso fiscal" suscripto el día 16 de noviembre de 2017 por el Poder Ejecutivo nacional y representantes de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por el art. 1 de la ley 15.017 para el ámbito de la Provincia de Buenos Aires.
Destaca que mediante el mismo las partes signatarias acuerdan suspender los plazos para el cumplimiento de las cláusulas del Pacto Fiscal II (v. apdo. V, escrito recursivo).
Afirma que el plexo normativo señalado no deja lugar a dudas en cuanto a que la obligatoriedad de las cláusulas del Pacto Fiscal se encuentra prorrogada, motivo por el cual deviene inexistente el conflicto normativo entre el Pacto Federal y la ley 13.850, a fin de no aplicar esta última a la firma actora.
Advierte que el estado provincial no decidió u
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