Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 77124
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 77.124, "S., A. S. y otro/a contra Agencia Nacional de Discapacidad y otro/a. Amparo. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Soria, Kogan, Genoud .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, por mayoría, hizo lugar a los recursos de apelación interpuestos por la parte actora y por la señora Asesora de Incapaces y, en consecuencia, revocó la sentencia de primera instancia que rechazó la acción de amparo promovida por la señora A. S. S., en representación de su hijo D.L.V., contra la Agencia Nacional de Discapacidad y el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires -Programa Federal Incluir Salud- con el fin de obtener la cobertura integral de las prestaciones que detalla en la demanda y de que se garantice su continuidad (v. sentencia de 15-IV-2021).
Disconforme con ese pronunciamiento, Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. presentación electrónica de 5 de mayo de 2021, 10:47:22 hs.), el que fue concedido por la Cámara interviniente mediante resolución de 11 de mayo de 2021.
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos para resolver y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I.1. La señora A. S. S., en representación de su hijo D. L. V., promovió demanda de amparo con el objeto de que se proteja y se le reconozca el derecho a la cobertura integral de los servicios del Centro de Día Jornada Doble y Transporte en el Centro de Día "Aprendiendo a Ser II", garantizando la continuidad de estas prestaciones, fundamentales para la vida de su hijo (v. objeto de la demanda digitalizada en 10-V-2019).
Lo peticionado es el resultado de las reiteradas irregularidades, denunciadas y acreditadas por la amparista, en que incurrieron las autoridades responsables en proveer las prestaciones pretendidas en determinados meses de 2017, 2018 y 2019, prestando la cobertura en forma parcial y, por ende, poniendo en serio riesgo su continuidad (v. demanda con documentación acompañada en formato digital).
Asimismo, en la presentación electrónica de 15 de julio de 2019, 14:24:33 hs., la actora adujo el agravamiento de la situación de la situación en relación a lo reseñado anteriormente, debido a que la cobertura reclamada dejó de estar autorizada por el Programa Incluir Salud (EX PROFE) a partir del mes de marzo de 2019 (v. nota cursada por el Centro de Día "Aprendiendo a Ser II" adjuntada digitalmente con la presentación electrónica de 15 de julio de 2019, 14:24:33 hs.). Solicitó que se decrete una medida cautelar a los fines de que continúen las prestaciones en razón de lo esencial que ello representaba en la rehabilitación de su hijo, que padece Síndrome de Down.
I.2. Mediante resolución de 16-VII-2019, la titular del Juzgado de Primera Instancia de Familia n° 7 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la medida cautelar articulada, intimando a la parte demandada a procurar la cobertura integral de las prestaciones objeto de reclamo y a que garantice la continuidad de estas, fundamentales para D.L.V.
I.3. Posteriormente, resolvió que correspondía rechazar la acción de amparo deducida e impuso las costas a la actora vencida (v. sentencia de 30-X-2019).
Fundamentó su decisión en el hecho de que no advertía que en el caso se hubiese configurado una situación de desamparo, puesto que ninguna prestación fue denegada y la atención se continuaba brindando sin interrupciones a través del prestador designado, de manera que en modo alguno se pudo lesionar o restringir cualquier derecho de la demandante.
Por último, consideró que, eventualmente, incumbirá al prestador exigir el puntual cumplimiento de los pagos al ente estatal por la vía administrativa o judicial que estime corresponder.
I.4. Contra el pronunciamiento de primera instancia, la amparista y la señora Asesora de Incapaces -que adhiere a los argumentos expuestos por la actora- dedujeron sendos recursos de apelación (v. presentaciones electrónicas de 3 de noviembre de 2020 y 17 de noviembre de 2020, respectivamente), pretendiendo que se revoque dicha decisión y se garantice tanto el derecho a la cobertura integral de las prestaciones precitadas como su continuidad.
II. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, por mayoría, hizo lugar a los recursos interpuestos y revocó el pronunciamiento en cuanto fuera materia de agravio, ordenando al Programa Federal Incluir Salud que otorgue a D.L.V. las prestaciones de jornada doble en el Centro de Día "Aprendiendo a Ser II" y transporte escolar, sin interrupciones, conforme prescripción de los profesionales tratantes, garantizando su continuidad. Con costas de ambas instancias a la demandada en su calidad de vencida (v. sent. de 15-IV-2021).
Para así resolver, en lo que al recurso interesa, en primer lugar, sostuvo que el amparo era la vía idónea para la efectiva protección del derecho esencial que el actor alegara vulnerado, en tanto se hallaba comprometido el derecho a la salud e integridad física, de rango constitucional y receptado por convenciones internacionales, junto a la protección especial de las personas que padecen una discapacidad (arts. 75 incs. 22 y 23, Const. nac.; 25 inc. 1, DUDH y 12 inc. 2 apdo. "d", PIDESC).
Asimismo, justificó la vía escogida estimando que el transcurso del tiempo y la adopción de otro derrotero procesal generarían un riesgo plausible de agravamiento en la salud del actor -con diagnóstico Síndrome de Down-, resultando necesario además tener en cuenta la expectativa de vida restringida de las personas afectadas por una contingencia en la salud, lo que ameritaba un tratamiento singular frente a la vulnerabilidad del ser humano ante enfermedades o accidentes, máxime cuando se encontraba en juego la vida.
Precisó que de conformidad a las constancias colectadas en la causa se hallaban acreditados los siguientes extremos, a saber: a) el hijo de la demandante se encontraba afiliado al Programa Incluir Salud (EX PROFE); b) le fue prescripto un determinado tipo de atención o tratamiento a tenor de su diagnóstico; y c) se realizaron gestiones para que el programa referido se hiciera cargo de la cobertura de las prestaciones -jornada doble en Centro de Día "Aprendiendo a Ser II" y traslado- y se garantice su continuidad sin interrupciones (v. historia clínica y certificado de discapacidad acompañados digitalmente con la demanda).
Con invocación de las pautas establecidas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos -conforme arts. 75 inc. 22 de la Constitución nacional- en torno al derecho a la salud, entendió que debía acogerse la acción promovida a la luz de los bienes jurídicos implicados y su compromiso, el alcance de las obligaciones asumidas por el Estado, el rigor científico acreditado en relación a la necesidad y premura de la cobertura pretendida sin interrupciones, la maximización de la protección de los derechos en juego de la persona junto a los deberes de arbitrar medidas de acción positiva, y aportar razones que demuestren la imposibilidad de asumir su costo económico ante la obligación de asignar prioritariamente recursos presupuestarios.
Al mismo tiempo, consideró que no se encontraba controvertida la discapacidad padecida por el demandante y la necesidad de las prestaciones reclamadas para su tratamiento y mejorar su calidad de vida. De allí que, por la patología documentada, juzgó que correspondía la continuidad en forma plena de las prestaciones requeridas ininterrumpidamente.
En base a ello, estimó incorrecta la interpretación efectuada por la jueza de grado respecto del bloque normativo aplicable al caso, agregando que tampoco resultaba acorde con las constancias de la causa, dado que desde el inicio de la acción incoada (10-V-2019) se documentaron amenazas de corte de las prestaciones detalladas precedentemente -autorizadas recién en julio de 2019 e indicadas a favor del amparista desde el año 2011-, las cuales no admitían demora ni intermitencia alguna debiendo ser continuas y, eventualmente, auditadas por la demandada para verificar su cumplimiento.
Asimismo, refirió a las diversas normativas internacionales de derechos humanos que receptan el derecho a la salud y su relación con el ejercicio de otros derechos humanos interdependientes, tales como la vida, la dignidad humana, la igualdad, la no discriminación, la educación y la alimentación, entre otros; y meritó el severo compromiso en la salud del actor, que padece de una discapacidad, aseverando que las prestaciones en los términos requeridos procuraban la máxima aspiración terapéutica posible para enfrentar su dolencia. Ello con sustento en los arts. 16, 33 y 75 incs. 19, 22 y 23 de la Constitución nacional y en distintos tratados internacionales de derechos humanos que cita.
Del mismo modo, puntualizó el plexo normativo legal que rige en la materia, aludiendo a la ley 24.901 de sistema de prestaciones básicas a favor de las personas con discapacidad, a su par provincial -ley 10.592- que regula el régimen jurídico básico e integral para las personas discapacitadas y, finalmente, al decreto 856/20 (B.O., 16-X-2020) mediante el cual se traspasó la Unidad de Gestión Administrativa del Programa Incluir Salud (EX PROFE) a la órbita del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.
Ponderó que, conforme a la índole de los bienes que se procuraba tutelar y al compromiso constitucional y legal asumido por el Estado, la falta de cobertura integral ininterrumpida de la prestación del Centro de Día Jornada Doble y Transporte del Instituto "Aprendiendo a Ser II" ocasionaba una lesión o amenaza, en forma actual o inminente con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, al ejercicio de los derechos constitucionales en juego.
En ese orden, concluyó que autorizar con intermitencias o interrumpir de manera intempestiva la cobertura de prestaciones que venía percibiendo el actor a partir del año 2011, a causa de demoras en la tramitación interna de la gestión de los recursos del programa, derivaba en la falta total o parcial de la cobertura prestacional, lo cual resultaba inaceptable y se contraponía con la protección jurídica que debía ser garantizada a favor de la persona con discapacidad.
Por tanto, señaló que la respuesta dada por la demandada fue evidentemente arbitraria, al omitir toda consideración respecto de la cobertura integral e ininterrumpida que requería el actor, según su diagnóstico específico y prescripciones médicas que así lo indicaban.
III. Contra esa sentencia, la Fiscalía de Estado interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. presentación electrónica de 3 de marzo de 2021, 10:47:22 hs.), denunciando la violación y errónea aplicación de lo dispuesto en los arts. 16, 17, 18, 33, 43, 75 incs. 19, 22, 23 y concordantes de la Constitución nacional; 20 inc. 2 y 36 incs. 5 y 8 de su par provincial; XI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 41 incs. 11 y 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 24 inc. 11 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1 de la ley 10.592; 1, 2 y concordantes de la ley 13.928; 384 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial; y el quebrantamiento de la doctrina legal que emana de esta Suprema Corte.
También alega absurdo y arbitrariedad de lo decidido.
III.1. Inicialmente, aduce la ausencia de los recaudos de procedencia de la acción de amparo exigidos por los arts. 43 de la Constitución nacional; 20 inc. 2 de la Constitución provincial y 1, 2 y concordantes de la ley 13.928, en virtud de no haber mediado acción u omisión alguna que pueda ser catalogada como arbitraria o ilegítima, por lo cual afirma que es irrazonable la condena al ente demandado.
Expresa que la Cámara no señaló el obrar arbitrario o ilegítimo manifiesto que se le reprocha, el cual -según considera- luce inexistente en el caso porque no se ha incumplido la cobertura de las prestaciones solicitadas, y solo da por sentada la posibilidad o amenaza de interrupción de aquella.
Ante ello sostiene que el pronunciamiento impugnado se contrapone a la doctrina de esta Corte en punto a la admisibilidad del carril de amparo que emana de las causas B. 64.413, "Club Estudiantes de La Plata", sent. de 4-IX-2002; B. 64.200, "Chacur", sent. de 27-XI-2002; B. 63.788, "Llusa", sent. de 21-V-2003; B. 64.981, "Bilicich", sent. de 23-II-2005; B. 64.102, "De la Torre", sent. de 27-IX-2017; entre muchas otras similares.
Se agravia de que el a quo incurre en absurdo al omitir la realidad fáctica del caso, en tanto de las constancias acompañadas como prueba documental surge el cumplimiento de la cobertura integral requerida por la demandante. Denuncia la vulneración de la doctrina legal emergente de las causas B. 64.357, "Albarracín", sent. de 3-III-2010 y B. 66.013, "Macías", sent. de 27-VI-2012.
Asimismo, entiende que el amparo no constituye la vía adecuada para la judicialización directa de una cobertura como la peticionada en autos, toda vez que la eventual insuficiencia prestacional de esta amerita un amplio debate que excede al carril procesal promovido.
III.2. Por otra parte, denuncia arbitrariedad por dogmatismo del Tribunal de Alzada al invocar precedentes en los que no se han ventilado circunstancias fácticas como las del caso de autos. Añade que tal déficit de fundamentación tampoco puede suplirse con la invocación genérica de razones de orden normativo vinculadas con lo establecido en tratados internacionales con jerarquía constitucional y en normas locales (arts. 75 incs. 22 y 23, Const. nac.; 11 y 36 incs. 5 y 8, Const. prov.), concluyendo que ese proceder es dogmático.
Insiste en que ha quedado acreditado en autos que el actor cuenta con la cobertura integral de las prestaciones oportunamente autorizadas por el Programa Incluir Salud desde antes de la promoción de la demanda, y por tanto considera que lo decidido se trata de una suerte de reconfirmación de la mentada cobertura brindada.
Explica que, si bien es conocida la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre el derecho a la salud y su reconocimiento relacionado con el derecho a la vida, no es menos cierto que estos no son absolutos.
Cita los arts. 14 y 28 de la Constitución nacional y fallos del Máximo Tribunal sobre fundamentación de las sentencias, y sostiene que la impugnada exhibe vicios de arbitrariedad por carecer de fundamento adecuado que sustente la condena impuesta al Programa Incluir Salud, lesionando en forma directa su derecho de defensa, lo que torna revocable el decisorio así adoptado.
Finalmente, concluye en que resulta improcedente condenar a la cobertura integral de prestaciones que nunca se denegaron y se venían cumpliendo normalmente. En este sentido, invoca lo resuelto en la causa A. 74.943, "Attanasio", sentencia de 29 de agosto de 2018.
IV. El recurso no prospera (arts. 279 y 289, CPCC).
IV.1. En el sub examine , la Cámara fundamentó su decisión en los siguientes argumentos centrales:
IV.1.a. En primer lugar, sostuvo que la vía procesal de amparo era la correcta al estimar que, en razón de la envergadura de los derechos invocados, de las obligaciones estatales asumidas y de la tutela especial de las personas que padecen una discapacidad -en el caso, Síndrome de Down-, la falta de continuidad de la cobertura prestacional pretendida -Jornada Doble en Centro de Día "Aprendiendo a Ser II" y Transporte- a favor del hijo de la amparista, configuraba la conculcación del derecho a la salud e integridad física en juego con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta.
En ese contexto, conforme a los escritos constitutivos y a la prueba obrante en la causa, apreció que no se encontraba controvertida la discapacidad y la necesidad de la cobertura de las prestaciones solicitadas para la atención, tratamiento y mejora de la calidad de vida de D.L.V. (v. certificado de discapacidad y solicitud médica de tratamiento suscripto por el doctor Christian Kravacek, anexados digitalmente con la demanda de 10-V-2019), por lo que en función de su diagnóstico, de las amenazas y corte de las prestaciones documentadas en autos (v. documentación adjuntada digitalmente con la demanda y con presentación electrónica de 15-VII-2019), entendió que correspondía la continuidad plena de dichas prestaciones sin interrupciones. Ello, fundado en el severo compromiso en la salud del actor y la cobertura integral que procuraba la máxima aspiración terapéutica para abordar su dolencia.
IV.1.b. Concluyó que la omisión de la demandada, de toda consideración respecto de la cobertura integral y continua reclamada en autos según diagnóstico específico y prescripciones médicas indicadas, resultó arbitraria, pues la autorización con intermitencias o la interrupción intempestiva de las prestaciones -percibidas desde el año 2011- debido a demoras de tramitación interna en la gestión de los recursos del programa, derivaban en la falta total o parcial de las prestaciones requeridas, lo cual se contraponía con la especial protección que debía ser garantizada en favor del accionante.
Tales son los fundamentos centrales que conforman la estructura del decisorio en crisis, de los cuales se colige que lo debatido radica en la continuidad ininterrumpida de la cobertura integral prestacional a favor del actor con diagnóstico Síndrome de Down, cuyo reconocimiento pleno fue dispuesto por el Tribunal de Alzada.
IV.2.a. En la especie, el embate de la impugnante se centra en reiterar a lo largo de la pieza recursiva el planteo vinculado a la falta de configuración de los recaudos de procedencia de la acción deducida, insistiendo en que la cobertura reclamada se venía cumpliendo con normalidad por el Programa Incluir Salud y, por tanto, no incidía en arbitrariedad alguna.
Cabe señalar que ante las particularidades del caso, entre ellas, la situación de urgencia denunciada y las posibles consecuencias negativas de la falta de continuidad plena de la cobertura prestacional en la modalidad prescripta por el médico tratante del actor, las circunstancias ponderadas por la Cámara para hacer lugar a la acción de amparo constituyen típicas cuestiones de hecho, no revisables, en principio, en la instancia extraordinaria, salvo eficaz y acabada demostración de la existencia de absurdo (conf. doctr. causas A. 70.655, "Acevedo", sent. de 20-II-2012; A. 73.133, "Valdez", sent. de 8-XI-2017; A. 73.122, "López", sent. de 29-XI-2017; A. 75.422, "Cáceres", sent. de 28-VIII-2019; e.o.), vicio que, si bien la agraviada ha denunciado, no ha logrado acreditarlo.
Es que, frente a lo que se tuvo por demostrado, la recurrente esgrime su punto de vista subjetivo expresando que han sido erróneamente valoradas las constancias documentales obrantes en autos, no logrando poner de manifiesto que el razonamiento de los sentenciantes en esta parcela del pronunciamiento esté afectado por un error grave que posibilite aseverar que las conclusiones arribadas reflejen contradicción con las probanzas objetivas de la causa o que haya sido efectuado con tergiversación de las reglas de la sana crítica y violación de las normas jurídicas sustantivas o procesales vigentes, que es lo que configura el absurdo (doctr. causas A. 71.84
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