Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 65982
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza la demanda interpuesta.
Por su actuación profesional en autos, regúlanse los honorarios de los letrados apoderados de la parte actora, doctores Ariel J. Bernardo Fusco y Guillermo Enrique Pache, en la suma de diecisiete mil ochocientos treinta y ocho pesos -$17.838- para cada uno; doctor Walter Oscar Lopez, en dieciséis mil pesos -$16.000-; para el letrado patrocinante, doctor Juan Agustín Parisso, en la suma de quince mil ochocientos veinte pesos -$15.820- (arts. 1, 9, 10, 14, 15, 16, 22, 28 inc. "a", 29, 44 inc. "b" segunda parte y 54, dec. ley 8.904/77), a las que deberán adicionarse el 10% (arts. 12 inc. "a" y 16, ley 6.716, t.o. dec. 4.771/95 y sus modif.) y el porcentaje que corresponda según la condición tributaria de los mencionados profesionales frente al Impuesto al Valor Agregado.
Habida cuenta de que los honorarios de los peritos han de adecuarse, además del mérito, importancia y naturaleza de la labor cumplida, a los emolumentos de los profesionales que han intervenido en la causa (conf. causas B. 47.489, "Cegelec", "D.J.B.A.", t. 119, pág. 602; L. 44.096, "Taraborelli", sent. de 27-XI-1990 y Ac. 2938/00), regúlanse los honorarios del perito contador oficial Edgardo Alfredo Lamonega, en la suma de quince mil pesos -$15.000-.
Costas por su orden (arts. 17, ley 2.961 y 78 inc. 3 in fine , ley 12.008 -texto según ley 13.101-).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa B. 65.982, "Picone, Arturo A. c/ Provincia de Buenos Aires (Servicio Penitenciario). Demanda contencioso administrativa", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres , Soria , Kogan , Genoud .
I. El señor Arturo Aníbal Picone, mediante apoderado, promueve demanda ante el Tribunal de Trabajo de Mercedes contra la Provincia de Buenos Aires (Servicio Penitenciario) solicitando el pago de la suma de treinta y cuatro mil quinientos cuarenta y seis pesos con noventa y cinco centavos ($34.546,95) en concepto de falta de pago de la bonificación "Riesgo de Vida", desde el mes de enero de 1983 hasta el mes de marzo de 2002 y sueldo anual complementario sobre el referido rubro por el mismo período.
II. Atento la relación de empleo público denunciada, el tribunal de origen remite las actuaciones ante esta Suprema Corte de Justicia donde se radica con fecha 18 de noviembre de 2003.
III. Corrido el traslado de ley se presenta a juicio la Fiscalía de Estado, quien contesta la demanda y solicita su rechazo.
IV. Agregadas las actuaciones administrativas sin acumular a los autos, el cuaderno de prueba de la actora y el alegato de la demandada, no habiendo hecho uso de su derecho a alegar la parte actora, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundada la demanda?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. Relata el actor que trabajó en relación de subordinación y dependencia de la demandada desde el año 1976 hasta el día 1 de abril de 2002, momento en el que cesó en el cargo en base al Retiro Efectivo Voluntario dispuesto por el Jefe del Servicio Penitenciario Bonaerense, mediante la resolución 406. Indica que percibía por las tareas desarrolladas la suma de ochocientos pesos ($800).
Aclara que durante su vinculación con la demandada se desempeñó con una conducta intachable, sin haber sido objeto de apercibimiento o sanción alguna por parte de su empleador.
Explica que desde el comienzo de la relación laboral, llevó adelante tareas correspondientes al escalafón general. Señala que dichas labores fueron cumplidas hasta fines del año 1982, momento en el cual sus funciones fueron modificadas, comenzando en consecuencia a desarrollar tareas de técnico, funciones de vigilancia y tratamiento, tomando piezas radiográficas, corroborando el aseo de las celdas y administrando medicamentos a los internos.
Aclara que todo ello ocurrió dentro del penal.
Agrega que, con habitualidad, desempeñaba también las funciones correspondientes al escalafón general, supliendo al personal faltante, asumiendo el recargo para visitas, acompañando internos, etcétera. Destaca que su relación laboral con el Servicio Penitenciario sólo se modificó en el aspecto administrativo porque en los hechos, siguió siendo igual. Manifiesta que la diferencia radica en que no obstante estar expuesto a las mismas condiciones laborales, el rubro "Riesgo de Vida" dejó de serle abonado en forma íntegra desde que asumió nuevas funciones, produciéndose un importante perjuicio en su salario.
Explica que, cotejando el bajo monto recibido por el rubro señalado entre los meses de enero de 1983 a marzo de 2002 con los importes cobrados por el resto de los trabajadores penitenciarios a los que les correspondía también percibirlo, constató que su salario había mermado en la suma de ciento treinta y siete pesos con ochenta y un centavos -$137,81-.
Indica que entonces, procedió a remitir el telegrama laboral de fecha 28 de noviembre de 2002, solicitando el pago de las sumas adeudadas. Pero expresa que no tuvo respuesta por parte del organismo de seguridad provincial.
Relata que remitió un nuevo telegrama el día 14 de diciembre de 2002 pero tampoco obtuvo respuesta. Agrega que luego, el día 30 de diciembre del mismo año, envió otro telegrama que tampoco fue contestado, cerrando así el intercambio epistolar.
Ofrece prueba y hace reserva del caso federal.
II. Al contestar la demanda, Fiscalía de Estado considera infundado el reclamo del actor.
Manifiesta que según las constancias documentales que se agregan a la presente causa se verifica que el actor se desempeñó como personal técnico, escalafón auxiliar, puntualmente como técnico radiólogo.
Señala que la ley 10.155 vigente desde el mes de marzo de 1984, dispone que el personal del servicio perteneciente al escalafón general, percibirá una bonificación por "Riesgo Profesional".
Explica que en consecuencia no puede el peticionante pretender el pago de una bonificación destinada a un escalafón distinto al que perteneciera.
Agrega que de ninguna manera en una relación de empleo público puede el agente salirse del escalafón que administrativamente le fuera asignado para ubicarse, dado el tipo de labores que dice haber realizado, en uno distinto, en el caso, escalafón general.
Sostiene que esta modificación del encuadramiento resulta inadmisible. Expresa que la integración de los cuadros de personal perteneciente al Servicio solo puede verificarse a partir de las previsiones del decreto ley 9.578/80. Añade que este resulta el instrumento que permite acceder a los distintos escalafones y grados, por lo que carece de eficacia cualquier otra circunstancia que a tal efecto se denuncie y no se ajuste a las previsiones de dicha norma.
Agrega que menos aún corresponde reclamar el rubro mediante cartas documento remitidas una vez extinguida la relación de empleo, siendo esta la única actividad que realizó el actor en procura del crédito que afirma le asiste.
Advierte que la única manifestación realizada por el reclamante, una vez desestimada su pretensión por el Jefe del Servicio, resultó ser firmar en disconformidad la notificación que de dicho acto se le efectuara.
A todo evento se opone al progreso de la acción intentada desde la perspectiva del art. 18 de la ley 12.008 pues considera que, notificada la denegatoria al actor el día 10 de diciembre de 2002, aquel promovió su pretensión recién el día 23 de junio de 2003.
Finalmente, para el hipotético caso de que no prospere la defensa precedentemente articulada, señala que el crédito reclamado se encuentra alcanzado por la prescripción atento a que el actor promovió su primera carta documento el día 10 de diciembre de 2002, señalando que en la especie debe computarse el plazo quinquenal del art. 4.027 del Código Civil, aplicable al caso.
Ofrece prueba, se opone a la realización de la pericial contable ofrecida por la contraria y hace reserva del caso federal.
III. De las actuaciones administrativas surgen las siguientes constancias útiles para la solución de la presente causa:
III.1. Expediente administrativo 21.211-290.818/02 alcance 1/03 que contiene el telegrama 55182165 del día 30 de diciembre de 2002 remitido por el señor Arturo Aníbal Picone (v. fs. 1).
III.2. Expediente administrativo 21.211-290.818/02, que contiene el telegrama 55182164 del día 14 de diciembre de 2002 remitido por el actor (v. fs. 1).
III.3. Expediente administrativo 21.211-285.573/02:
III.3.a. Telegrama 55182163 del día 28 de noviembre de 2002 remitido por el actor (v. fs. 1).
III.3.b. Dictamen de la Dirección de Auditoría General, que aconsejó desestimar la petición del señor Arturo Aníbal Picone (v. fs. 15).
III.3.c. Resolución del día 28 de noviembre de 2003, mediante la cual el Jefe del Servicio Penitenciario Bonaerense desestimó la petición del señor Picone (v. fs. 16).
III.3.d. Notificación en disconformidad del señor Picone de lo resuelto a fs. 16, de fecha 18 de diciembre de 2003 (v. fs. 17 y vta.).
III.3.e. Informe de la División Mesa de Entradas y Salidas donde se constató que al día 10 de febrero de 2004 no se registraron presentaciones de recursos por parte del señor Picone (v. fs. 21 vta.).
III.4. Expediente administrativo 5.100-22.349/04:
III.4.a. Informe del Departamento Contable de la Dirección de Administración del Servicio Penitenciario en el que se consignó que el requisito para percibir el "Riesgo Profesional" reclamado era pertenecer al escalafón general y que el actor no lo cumplía por pertenecer al escalafón técnico (v. fs. 3).
III.4.b. Recibos de haberes del señor Picone de los meses de febrero de 1990 a febrero de 2002 (v. fs. 4/144).
III.4.c. Informe de la Auditoría General del Servicio Penitenciario de fecha 3 de diciembre de 2004 (v. fs. 152/153).
IV. Sentado lo anterior, ha de abordarse la cuestión litigiosa sometida a consideración de este Tribunal, esto es, si debe abonarse al actor la bonificación por "Riesgo de Vida" y el sueldo anual complementario correspondiente.
Adelanto que, por las razones que a continuación se expondrán, la pretensión planteada debe ser desestimada.
IV.1. Preliminarmente, y en virtud de la oposición formulada por la demandada a fs. 30, corresponde aclarar que la resolución denegatoria fue notificada al actor el día 18 de diciembre de 2003 (conf. fs. 16 vta., expte. adm. 21.211-285.573/02) y no el día 10 de diciembre de 2002, como aquella consignara en su contestación, por lo que, al haberse interpuesto la demanda el día 23 de abril de 2003, de ningún modo pudo haber transcurrido el plazo consignado en el art. 18 de la ley 12.008 -texto según ley 13.101-. Ni siquiera pudo iniciarse su cómputo.
IV.2.a. Despejado ello, resulta oportuno destacar los hechos no controvertidos por las partes.
Así los litigantes coinciden en que el señor Arturo Aníbal Picone, trabajó en el Servicio Penitenciario Bonaerense desde el año 1976 y hasta el día 31 de marzo de 2002, momento en el que cesó en el cargo en virtud del Retiro Efectivo Voluntario dispuesto mediante la resolución 406/02.
Asimismo concuerdan en afirmar que el señor Picone se desempeñó desde su ingreso en el escalafón general hasta fines del año 1982, cuando comenzó a desarrollar tareas de técnico.
También existe coincidencia entre las partes en cuanto a que la ley 10.155 que establece el rubro reclamado se debe aplicar al personal del servicio perteneciente al escalafón general.
Finalmente, son contestes en que el reclamo del señor Picone por este rubro se efectuó por primera vez mediante el telegrama laboral del día 28 de noviembre de 2002 al que le sucedieron los de fecha 14 y 30 de diciembre de 2002, no obteniendo respuesta -ninguno de ellos- por parte del empleador hasta que por resolución del día 28 de noviembre de 2003 el Jefe del Servicio Penitenciario desestimó el reclamo al expresar que el beneficio de la ley 10.155 comprendía al personal del escalafón general y el señor Picone había cesado en el escalafón técnico.
IV.2.b. En donde existe controversia es en cuanto al derecho que le asiste al actor para percibir la bonificación reclamada.
IV.2.b.i. El señor Picone reconoce que inicialmente se desempeñó en el Servicio Penitenciario revistando en el escalafón general y luego, hasta su cese, en el escalafón técnico.
Añade que, no obstante su situación de revista, realizó tareas propias del personal del escalafón general estando, en consecuencia, en manifiesto riesgo de vida, circunstancia en la que sustenta la pretensión deducida en autos.
Para acreditar este extremo produjo la prueba de testigos. Pero estos, si bien expresaron que el actor realizaba varias tareas que en principio excederían a las propias del escalafón técnico, no circunscribieron su testimonio al período por el cual el señor Picone demanda la bonificación. Es decir, los testigos manifestaron que fueron compañeros de trabajo del actor por un período prolongado de tiempo, pero no fueron interrogados específicamente por los últimos años de servicio del señor Picone. Por lo que su testimonio podría estar referido a la época en que el actor ejercía funciones dentro del escalafón general. Atento ello esta prueba no arroja claridad a la situación planteada.
Luego intentó demostrar que percibía un monto inferior al que debía hacerlo. Para ello, mediante oficio contestado por el Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, se agregó un recibo de haberes del agente Rivas correspondiente al mes de abril del año 2001 de donde resulta que por el rubro "0300 RIESGO" percibió la suma de ciento sesenta y cinco pesos con treinta y siete centavos -$165,37-. Mientras que, por igual período, por el mismo rubro, el señor Picone recibió la suma de veintisiete pesos con cincuenta y seis centavos -$27,56- conforme recibo obrante a fs. 17 del expediente administrativo 5.100-22.349/04. De esta manera pretende acreditar que percibió una suma menor a la que le correspondería. Pese a ello, de la misma documentación referida se desprende que, aunque ambos agentes eran Suboficiales Mayores, Rivas revistaba en el escalafón general y Picone en el escalafón técnico. Con lo que la actora no hizo más que ratificar el hecho de que no reunía los requisitos para recibir el beneficio reclamado.
Por su parte la prueba pericial contable tampoco resulta favorable a las pretensiones del actor debido a que el experto desde su ámbito de incumbencia, tampoco encuentra diferencias en el rubro para aportar.
IV.2.b.ii. La demandada sostiene que la ley 10.155 prevé el beneficio reclamado para el personal de un escalafón al que no pertenecía el actor y que, en una relación de empleo público, de ninguna manera se puede modificar el escalafón si no es por el modo previsto, para el caso, en el decreto ley 9.578/80.
IV.2.b.iii. La bonificación por "Riesgo Profesional" para el personal del Servicio Penitenciario fue incorporada por ley 10.155 para los agentes que presten servicios en el escalafón cuerpo general siendo, por consecuencia, un suplemento inherente a la índole de las tareas desempeñadas desde que se configura como una contraprestación que retribuye la peligrosidad de la labor realizada por aquellos, que por su ubicación escalafonaria cumplen tareas vinculadas al área de seguridad (conf. causa B. 53.562, "Frisenberg Frank", sent. de 10-XII-1992).
En el caso, mediante oficio obrante a fs. 161 del Ministerio de Justicia y Seguridad se aclara que el señor Picone ha percibido en el período comprendido entre los meses de julio de 1991 y marzo de 2002 una bonificación por "Riesgo Especial" (y no una bonificación por "Riesgo Profesional") de acuerdo a su carácter de agente de escalafón técnico del Servicio Penitenciario Bonaerense, en base al art. 31 de la resolución 1.750/91 (coincidente con la ley 10.155) que establece que la bonificación por "Riesgo Profesional" es "exclusiva" y "propia" de los agentes que revistan en el escalafón cuerpo general, por el solo hecho de "pertenecer al mismo".
El propio actor reconoce en su presentación de fs. 165 que percibe una bonificación inferior a la reclamada por lo que pretende se le abone el concepto "Riesgo de Vida" o "Riesgo Profesional".
Atento entonces que el suplemento por "Riesgo Profesional" se abona a aquel personal que cumple servicios propios del área de seguridad y, por tal razón se encuentra encasillado en el escalafón cuerpo general (conc. ley 10.155), la pretensión del actor no puede ser acogida desde que no se halla encuadrada en las previsiones legales que lo regulan.
Reitero que el referido adicional se liquida, conforme la ley 10.155, solo a los agentes del servicio penitenciario que revistan en el escalafón cuerpo general.
Le asiste razón a la demandada en cuanto sostiene que el ingreso a cada uno de los escalafones propios del Servicio Penitenciario, está regido por la normativa aplicable (dec. ley 9.578/81 y dec. reglamentario 342/81), la que contempla todos los requisitos del ingreso a cada uno de los escalafones propios del Servicio Penitenciario, enunciando las condiciones y procedimientos necesarios, cuyo cumplimiento no fue acreditado en estos autos y el actor no probó fehacientemente los hechos denunciados que -entiende- justificarían la percepción del beneficio peticionado (punto IV.2.b.i.), por lo que el reclamo merece ser desestimado.
Para más, y como reiteradamente lo ha sostenido el Tribunal, teniendo en cuenta el carácter de juicio pleno en que se desenvuelve la acción contencioso administrativa, en la que las facultades con que cuentan las partes para probar los hechos justificativos de la pretensión son particularmente amplias, incumbía al actor la carga de demostrar la realidad de la situación fáctica en que sustentó su pretensión, no solo por revestir tal calidad en el proceso (arg. art. 375, CPCC y conf. art. 77, CCA), sino también en virtud de la presunción de legitimidad que distingue a la actividad de la Administración Pública (doctr. causas B. 55.353, "Cobos", sent. de 21-VI-2000; B. 59.986, cit.; B. 59.610, "Matwijow", sent. de 15-III-2006; B. 57.336, "Martinez", sent. de 26-XII-2019; B. 52.505, "Merchan", sent. de 16-XII-2020; e.o.).
V. Atento el modo en que propongo que sea resuelta la cuestión, resulta innecesario el tratamiento de las restantes defensas ensayadas por la demandada.
VI. Por las razones antes señaladas juzgo que corresponde rechazar la pretensión actora.
Voto por la negativa .
Costas por su orden (arts. 78 inc. 3, ley 12.008 -texto según ley 13.101- y 17, ley 2.961).
El señor Juez doctor Soria , la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza la demanda interpuesta.
Por su actuación profesional en autos, regúlanse los honorarios de los letrados apoderados de la parte actora, doctores Ariel J. Bernardo Fusco y Guillermo Enrique Pache, en la suma de diecisiete mil ochocientos treinta y ocho pesos -$17.838- para cada uno; doctor Walter Oscar Lopez, en dieciséis mil pesos -$16.000-; para el letrado patrocinante, doctor Juan Agustín Parisso, en la suma de quince mil ochocientos veinte pesos -$15.820- (arts. 1, 9, 10, 14, 15, 16, 22, 28 inc. "a", 29, 44 inc. "b" segunda parte y 54, dec. ley 8.904/77), a las que deberán adicionarse el 10% (arts. 12 inc. "a" y 16, ley 6.716, t.o. dec. 4.771/95 y sus modif.) y el porcentaje que corresponda según la condición tributaria de los mencionados profesionales frente al Impuesto al Valor Agregado.
Habida cuenta de que los honorarios de los peritos han de adecuarse, además del mérito, importancia y naturaleza de la labor cumplida, a los emolumentos de los profesionales que han intervenido en la causa (conf. causas B. 47.489, "Cegelec", "D.J.B.A.", t. 119, pág. 602; L. 44.096, "Taraborelli", sent. de 27-XI-1990 y Ac. 2938/00), regúlanse los honorarios del perito contador oficial Edgardo Alfredo Lamonega, en la suma de quince mil pesos -$15.000-.
Costas por su orden (arts. 17, ley 2.961 y 78 inc. 3 in fine , ley 12.008 -texto según ley 13.101-).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 26/10/2022 20:52:56 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/10/2022 09:37:43 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 27/10/2022 10:26:40 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/10/2022 14:00:01 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/10/2022 17:55:32 - MARTIARENA Juan José - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE REGULACIONES DE HONORARIOS DE SUPREMA CORTE el 27/10/2022 17:58:02 hs. bajo el número RH-76-2022
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