Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 125959
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 125.959, "Guinski, Erica Sofía contra Swiss Medical ART S.A. Accidente in itinere ", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Kogan, Genoud.
El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora rechazó la excepción de cosa juzgada, imponiendo las costas a la parte demandada (v. fs. 82/83).
Se dedujo, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 11-III-2020).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. En lo que interesa destacar, en el marco de la acción que persigue el cobro de prestaciones dinerarias por la incapacidad laboral denunciada, incoada por Erica Sofía Guinski contra Swiss Medical ART S.A., el tribunal de trabajo interviniente rechazó la excepción de cosa juzgada administrativa opuesta por la parte demandada (v. fs. 82/83).
Para así resolver, consideró que el dictamen emanado de las comisiones médicas previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo, no constituye un pronunciamiento definitivo que dirima el conflicto de modo final.
II. La accionada interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo, arbitrariedad y violación de los arts. 16, 18 y 19 de la Constitución nacional; las leyes 27.348 y 14.997; y de la doctrina legal que cita (v. escrito electrónico de 11-III-2020).
II.1. Liminarmente, sostiene que corresponde descalificar oficiosamente la sentencia de grado con arreglo a la doctrina legal que identifica.
II.2. Ya al desarrollar sus agravios, afirma que el tribunal se excedió en sus facultades jurisdiccionales al declararse competente sin haberse pronunciado respecto de la inaplicabilidad al caso del procedimiento ante las comisiones médicas previsto en la ley 27.348 y normativa concordante y reglamentaria. Asimismo, esgrime ciertas consideraciones orientadas a defender la validez constitucional del mentado procedimiento administrativo.
II.3. Luego, sostiene que operó en el caso la cosa juzgada, pues la actora no cumplió con el plazo estipulado en la ley 15.057, desde que -expresa- interpuso el recurso una vez operado el vencimiento de los noventa días hábiles judiciales.
Con ello, explica que la vía señalada no constituye una demanda ordinaria sino una acción de revisión que contiene una crítica razonada al dictamen emitido por la comisión médica.
Sostiene que los dictámenes emanados de dicho órgano gozan de la presunción de legitimidad y, una vez notificados, poseen efectos de la cosa juzgada administrativa.
Argumenta que, en el caso, se advierte que, frente a una primera resolución contraria a sus intereses, la contraparte no agotó la instancia revisora prevista en las normas aplicables, dejando firme y consentido el acto que no se ajustaba a su pretensión.
III. El recurso es inadmisible.
III.1. Liminarmente cabe señalar que, habiendo sido concedido el remedio procesal en examen en el marco de la excepción prevista en el art. 55, primer párrafo in fine de la ley 11.653, decisión que -debidamente notificada- no ha merecido objeciones por parte de la impugnante, la competencia revisora de esta Corte ha de quedar circunscripta a verificar si lo resuelto en el fallo en crisis se contrapone con la doctrina legal (causas L. 120.201, "Morris", sent. de 25-IV-2018; L. 123.407, "Cazón", sent. de 28-IV-2021; L. 123.841, "Tossi", sent. de 29-X-2021; e.o.). Esta hipótesis se configura cuando este Tribunal ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 116.470, "Armesto", sent. de 6-III-2013; L. 117.086, "Selesan", sent. de 20-VIII-2014; L. 117.516, "Raminey", sent. de 1-IV-2015 y L. 123.644, "Goicoechea", sent. 9-II-2021).
III.2. En este marco de análisis, es dable advertir que no se verifica la excepcional hipótesis referida. Es que el argumento central del recurrente -así lo reconoce- remite al análisis de cuestiones de índole fáctica, cuya definición constituye una facultad privativa de los jueces de grado, como lo es determinar si, en el caso, concurren las condiciones necesarias para declarar configurada la cosa juzgada administrativa alegada (causas L. 124.453, "Pino", resol. de 16-VI-2020; L. 127.524, "Testa", resol. de 6-XII-2021 y L. 127.514, "Cardozo", resol. de 7-IV-2022).
Sin perjuicio que lo expuesto resulta suficiente para rechazar el embate, cabe agregar que los precedentes emanados de este Tribunal invocados en el recurso fueron elaborados sobre la base de presupuestos disímiles a los que se ventilan en el caso bajo juzgamiento, lo que nuevamente revela lo infructuoso que luce el medio de impugnación traído (causas L. 101.909, "Garritano", sent. de 9-V-2012; L. 115.717, "Mestre", sent. de 8-V-2013; L. 121.400, "Hernández", sent. de 16-IX-2020 y L. 126.890, "Agüero", sent. de 5-V-2022).
Para más, no es ocioso señalar que la cita de fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de otros tribunales de justicia que formula la interesada a lo largo del desarrollo de su postulación impugnativa, no constituyen doctrina legal (causas L. 91.908, "Acuña", sent. de 18-III-2009; L. 121.143, "Hurtado", sent. de 14-VIII-2019; L. 118.997, "Da Rocha Figueiredo", sent. de 30-VIII-2021; e.o.).
III.3. Finalmente debe descartarse la petición para que se anule de oficio el pronunciamiento.
Ello así, porque, como ha sido reiteradamente declarado, la anulación de oficio de las decisiones judiciales constituye una facultad exclusiva y excluyente de esta Suprema Corte y, por ende, no resulta dable que su actuación sea propiciada por las partes (conf. causas L. 117.552, "Ibañez", sent. de 2-IX-2015; L. 117.778, "Abadie", sent. de 18-V-2016; L. 118.299, "L., J. A.", sent. de 31-V-2017; e.o.).
IV. Por todo lo expuesto, corresponde rechazar, por inadmisible, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído; con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
El señor Juez doctor Torres, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Genoud, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron en el mismo sentido .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 21/10/2022 10:47:12 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/10/2022 23:08:13 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 25/10/2022 09:11:57 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/10/2022 20:23:37 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/10/2022 10:19:12 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia