Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 126106
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 126.106, "Juárez, José Antonio contra Cedulce S.A. y otros. Despido", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Kogan, Genoud.
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Mar del Plata hizo lugar parcialmente a la acción promovida e impuso las costas del modo que especificó (v. fs. 168/185).
Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 247/257).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por José Antonio Juárez y condenó solidariamente a Cedulce S.A., José Eduardo Dulce y Claudia Edith Aguirre al pago de diferencias de haberes (adicional manejo de dinero), días laborados del mes de noviembre de 2009, integración del mes de despido, indemnizaciones por antigüedad y sustitutiva del preaviso, sueldo anual complementario y vacaciones proporcionales, resarcimientos previstos en los arts. 2 de la ley 25.323; 8 y 15 de la ley 24.013 y 80 de la Ley de Contrato de Trabajo; desestimó, en cambio, lo peticionado en concepto de ciertas diferencias salariales que precisó, horas extras y presentismo sobre horas extras. Además, rechazó el reclamo impetrado contra Café de la Costa S.A. (v. fs. 168/185).
En lo que interesa, luego de individualizar los elementos que a su criterio evidenciaban el carácter de empleadores de los demandados que finalmente resultaron condenados, el a quo juzgó que ante la carencia de documentación laboral por parte de estos, cobraba virtualidad el juramento prestado por el trabajador en los términos del art. 39 de la ley 11.653, debiéndose tener por ciertos los extremos denunciados por el promotor del juicio, así "...que entró a laborar el 15 de enero de 1999 para Cedulce S.A., el Sr. José Eduardo Dulce y la Sra. Claudia Edith Aguirre, cumpliendo labores que lo encuadraban en la categoría 'auxiliar B' del c.c.t.130/75 que determinó como remuneración a partir del 1 de setiembre de 2008 la de $1.345,46..." con más los adicionales "presentismo" y "manejo de dinero", rubro este último cuyo pago no fue demostrado.
En lo tocante a las diferencias reclamadas en el escrito de inicio individualizadas como "puntos A, C y D" (v. fs. 12 vta.), aseveró que el confuso relato allí esbozado imposibilitó que pudieran determinarse las supuestas acreencias pretendidas.
Añadió que tampoco logró demostrar el accionante su trabajo en exceso de la jornada legal.
Por otro lado, declaró que más allá de las consideraciones expuestas por la parte actora en su presentación liminar, con la prueba testimonial no se acreditó responsabilidad alguna respecto de la codemandada Café de la Costa S.A., por lo que juzgó no demostrado que dicha persona jurídica hubiera estado vinculada mediante un contrato de trabajo. A influjo de lo expuesto, ya en la etapa de sentencia, dispuso rechazar el reclamo impetrado respecto de la mencionada firma.
En suma, concluyó que en la especie existió un contrato de trabajo no registrado entre José Antonio Suárez y los coaccionados Cedulce S.A., José Eduardo Dulce y Claudia Edith Aguirre, juzgando que el vínculo laboral habido se extinguió por despido indirecto del trabajador fundado en justa causa.
En consecuencia, sostuvo que cabía condenar en forma solidaria a dichos accionados al pago de determinados rubros -entre los que incluyó a la indemnización por antigüedad-, para lo cual, habría de tomar como base "...el salario correspondiente al mes del distracto noviembre de 2009...".
II. La parte actora deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo, violación de los arts. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo; 44 inc. "d" y 47 de la ley 11.653 y de la doctrina legal que cita.
II.1. Sostiene que lo juzgado por el tribunal respecto a la mejor remuneración mensual, normal y habitual considerada para calcular la indemnización por despido es absurdo y contrario a lo dispuesto en el art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo y su doctrina legal.
Afirma que, si bien en el veredicto el juzgador señaló que a esos fines consideraría el salario correspondiente al mes de septiembre de 2008, ello obedeció a un error material, pues el distracto aconteció en septiembre, pero del año 2009, con lo cual, dice, debe entenderse que hubo de referirse a este último mes.
Analizando el recibo de sueldo correspondiente a dicho período, obrante a fs. 17, puntualiza que fue reconocido por la contraria, y que resulta ser el mismo que utilizó su parte para practicar liquidación en el escrito de demanda.
Añade que las escalas salariales acompañadas por el Sindicato de Empleados de Comercio, en respuesta al oficio que le fuera dirigido, no hacen más que corroborar lo que surge del mencionado instrumento de pago.
Observa que el juzgador no explicó el motivo por el cual no consideró la mejor remuneración del último año laborado ni por qué tomó solamente una parte de los conceptos que surgen del referido recibo.
Precisa que en dicho instrumento aparecen tres ítems identificados con los códigos numéricos 212, 213, 215 y 223, los cuales -a su criterio- debieron incorporarse para determinar la base de cálculo. Sin perjuicio de ello, aclara que los conceptos que llevan las identificaciones "212" y "215" pasaron a ser remuneratorios a partir del mes de abril de 2009, conforme se desprende del acuerdo del sector correspondiente a abril de 2008.
Seguidamente, concluye que el tribunal de grado no se expidió con apoyo en las pruebas instrumental e informativa obrantes en el expediente, esto es, el mencionado recibo de haberes de septiembre de 2009, y los acuerdos y escalas salariales acompañados por el Sindicato de Empleados de Comercio.
En línea con ello, alega que el juzgador tampoco meritó la certificación de servicios acompañada con el escrito de contestación de demanda (v. fs. 70/71), de la cual surge -según asegura- que los salarios de los meses de marzo y abril del año 2009 ascendieron a $1.901,30, suma superior a la definida por el tribunal de trabajo como mejor remuneración computable.
II.2. También impugna el rechazo dispuesto en la sentencia de las diferencias salariales derivadas de acuerdos del sector y de la antigüedad sobre el presentismo.
Manifiesta que -contrariamente a lo resuelto por el tribunal de grado- a fs. 12 vta. del escrito de inicio, se identificaron claramente las diferencias impagas, las que -alega- fueron individualizadas con fechas, porcentaje y montos resultantes.
II.3. Critica se hayan descartado los reclamos en concepto de diferencias salariales por antigüedad, resultantes de la falta de registración de un tramo de la relación laboral.
Afirma que el rubro en cuestión fue desechado por el tribunal de grado de manera general, sin el menor análisis, en abierta oposición con lo resuelto en el veredicto a fs. 168 vta., tramo en el que tuvieron por ciertos los extremos de la relación laboral denunciados por el actor.
II.4. Con denuncia de absurdo y violación de la doctrina legal que identifica, objeta por último el rechazo de la pretensión de condena respecto de la codemandada Café de la Costa S.A.
Afirma que en el escrito de demanda se denunció que la empresa para la cual prestaba servicios el actor había cambiado de titularidad, habiéndose conformado con posterioridad al distracto. Con ello, alega que fundó la responsabilidad solidaria de la mencionada sociedad en lo dispuesto por los arts. 14 y 225 de la Ley de Contrato de Trabajo y que el tribunal de grado prescindió abordar esa normativa.
Destaca que a partir de un razonamiento erróneo y la omisa consideración de los elementos obrantes en autos que individualiza (fundamentalmente prueba informativa), el a quo rechazó el reclamo impetrado contra Café de la Costa S.A., fundándose en la inexistencia de un contrato de trabajo entre esta última y el actor, cuando en rigor, ese supuesto no fue alegado para obtener la condena.
III. El recurso no prospera.
III.1. No son de recibo los cuestionamientos referidos al juicio llevado a cabo por el tribunal de grado de la remuneración que consagra el art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo para cuantificar la indemnización por despido.
III.1.a. Cabe recordar que determinar la mejor remuneración mensual, normal y habitual prescripta por aquella norma constituye una típica cuestión de índole fáctica, por lo que su revisión se encuentra subordinada a la cabal invocación y demostración del absurdo en el que pudo haber incurrido por el tribunal de trabajo (causas L. 110.609, "Maturano", sent. de 5-VI-2013; L. 117.225, "Ruiz", sent. de 22-IV-2015 y L. 120.027, "Rivero", sent. de 30-V-2018).
III.1.b. En el caso, el recurrente no logra evidenciar la configuración de tan grave anomalía.
Es que todo su discurso parte de una errónea lectura del pronunciamiento, pues al señalar que en un evidente error material el tribunal expresó que a los fines de cuantificar la indemnización por despido habría de considerar la remuneración del mes de septiembre de 2008 cuando en rigor -se continuó expresando en el recurso- debe entenderse que seleccionó la del mismo mes pero del año 2009, el impugnante soslaya que en el único pasaje del fallo en el cual concretamente se hizo alusión al salario a emplear a los fines de cuantificar la indemnización mencionada se indicó que sería el correspondiente al mes de noviembre del año 2009, en el que se produjo el distracto (v. sent., fs. 172).
Resultan aplicables las directrices de esta Corte que tachan de insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley si la argumentación que expone parte de una premisa errónea, transitando de tal modo por carriles propios y desentendiéndose de las razones proporcionadas por el sentenciante de grado (causas L. 119.616, "Ruíz", sent. de 8-XI-2017; L. 121.253, "Portillo", sent. de 19-II-2020 y L. 123.299, "Galimberti Betancur", sent. de 9-XI-2021).
III.1.c. Con lo dicho, no queda margen para atender a aquellas demás reflexiones del recurso que, conectadas con distintas constancias del expediente (así, prueba informativa, certificación de servicios), se encuentran dirigidas a evidenciar un supuesto yerro en la determinación del haber relativo al mentado mes de septiembre del año 2009, ya que, cabe reiterar, según se expresó en el fallo, fue el salario de noviembre de ese año el que hubo de seleccionarse a la hora de cuantificar las indemnizaciones y otros rubros que se individualizaron.
III.1.d. En fin, sin que ello implique emitir juicio alguno sobre su grado de acierto, la falta de idoneidad del embate conduce a dejar firme la decisión recurrida en las parcelas pertinentes.
III.2. No mejor suerte han de correr los agravios dirigidos a cuestionar el rechazo de supuestas diferencias salariales por acuerdos del sector impagos, y aquellas otras derivadas de una supuesta antigüedad no registrada.
III.2.a. Recordemos que el tribunal de grado fundó este tramo de la decisión en el confuso relato que atribuyó al planteo contenido en el escrito de la demanda, que -sostuvo- le impidió "...que en base a pautas claras se determinen acreencias para el trabajador mediante un cotejo con los recibos de haberes que el mismo presentara...".
Esta definición es fruto de la ponderación que en ejercicio de facultades privativas realizó el juzgador del escrito de inicio, por lo cual -una vez más- la suerte del planteo se encuentra sujeta a la acreditación del excepcional vicio de absurdo en esa concreta labor axiológica (causas L. 101.109, "Hidalgo", sent. de 2-III-2011; L. 98.775, "Ferreira", sent. de 2-VII-2010 y L. 92.804, "Olivares", sent. de 3-VI-2009).
III.2.b. El cumplimiento de esta carga tampoco es satisfecho aquí por el interesado quien ni siquiera ha afirmado que tal vicio pueda hallarse presente en la puntual tarea de los magistrados tendiente a valorar el escrito de la demanda.
En una mejor hipótesis para el impugnante, las consideraciones que ensaya no superan el mero registro de su discrepante y subjetiva opinión; técnica que reiteradamente ha sido descalificada por esta Corte para evidenciar aquel yerro valorativo (causas L. 108.918, "Hernández", sent. de 4-VII-2012; L. 117.032, "Caballero", sent. de 13-XI-2013 y L. 120.860, "Olivero", sent. de 9-IX-2021).
III.3. Finalmente, no es de recibo la objeción traída vinculada con el rechazo de la demanda contra Café de la Costa S.A. dispuesto por el sentenciante.
III.3.a. Sostiene el recurrente que jamás fundó dicha pretensión en la configuración de una relación laboral dependiente con dicha sociedad, sino que -antes bien- lo hizo al amparo de los arts. 14 y 225 de la Ley de Contrato de Trabajo, lo que no fue atendido por el juzgador.
III.3.b. El embate, como aconteció con los dos agravios antes descriptos, también remite a la valoración de los términos del escrito de demanda, aun así, no se verifica una denuncia de absurdo conectada a dicha función jurisdiccional en este pasaje del medio de impugnación. Asimismo, vale decir que no hay mención al hipotético quebranto del principio de la congruencia, a pesar del tenor de la crítica (causas L. 121.810, "Varga", sent. de 20-VII-2020; L. 123.270, "Silva", sent. de 6-X-2020 y L. 120.023, "Quijano", sent. de 23-II-2021).
Y a mayor abundamiento, se divisa del escrito inicial una postulación con vocación para proyectarse sobre todos los codemandados inicialmente enmarcada en la figura del "empleador múltiple" y sustentada en el art. 26 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. fs. 8), dato que ciertamente contrasta con lo asegurado por el impugnante al expresar que jamás hubo de demandar a Café de la Costa S.A. como integrante de una relación laboral habida con el actor.
Por otro lado, si el presentante hubo de razonar que el a quo incurrió en la supuesta omisión de una cuestión esencial, corresponde señalar que este no es el carril extraordinario para analizar ese tipo de denuncias (causas L. 119.347, "Bernardi", sent. de 14-VIII-2019 y L. 122.558, "Trápani", sent. de 17-XI-2021).
III.4. Corolario de todo lo dicho es que las motivaciones esenciales del fallo de grado han de subsistir incólumes.
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa.
El señor Juez doctor Torres, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votó también por la negativa.
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. Adhiero al voto del distinguido colega, doctor Soria.
Sin embargo, en lo que hace a las manifestaciones efectuadas por el quejoso en punto a que el tribunal de grado ignoró -al determinar la mejor remuneración a los efectos del art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo- la certificación de servicios acompañada por Cedulce S.A. al contestar la demanda, a las consideraciones realizadas por el ponente en el punto III.1.c. de su propuesta he de agregar algunas complementarias.
II. Al respecto, el recurrente indicó que de la mentada certificación de servicios surgía que los haberes percibidos durante los meses de marzo y abril de 2009 ascendieron a $1.901,30 y, por lo tanto, eran superiores "a los tomados por el a quo" por un total de $1.776,23 (v. fs. 253/254).
Empero, los períodos mencionados no se corresponden con aquel identificado puntualmente en la demanda, esto es, el de septiembre de 2009, al que -para más- se viene haciendo referencia en la presentación bajo análisis.
De tal modo, el planteo no resulta atendible porque importa el intento del impugnante de modificar, según su conveniencia, la posición sostenida desde el inicio del pleito.
Recuérdese que este Tribunal tiene dicho que es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley si la argumentación en él esgrimida denota un discurso novedoso que altera la inicial postulación, trocando de ese modo el enfoque fáctico-jurídico desplegado en la etapa procesal oportuna (causas L. 117.867, "Vigliero", sent. de 17-V-2017; L. 119.336, "Flores", sent. de 28-II-2018; L. 120.460, "Pontel", sent. de 2-VI-2020; e.o.).
III. Por lo expuesto, y reiterando mi adhesión al voto del doctor Soria, doy el mío también por la negativa.
El señor Juez doctor Genoud, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votó también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 21/10/2022 10:47:13 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/10/2022 23:08:15 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 25/10/2022 09:11:58 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/10/2022 20:23:39 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/10/2022 10:19:13 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia