Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 125917
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 125.917, "López, Rubén Edgardo contra Congelados Ártico S.A. y otro. Daños y perjuicios", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Torres, Genoud.
El Tribunal del Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de Mar del Plata hizo lugar parcialmente a la acción instaurada, imponiendo las costas a la demandada vencida (v. fs. 451/470).
Se dedujeron, por ambas codemandadas, recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley, siendo que Congelados Ártico S.A., además, articuló uno de nulidad (v. escritos electrónicos presentados en fechas 29-X-2019 -por Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A.- y 31-X-2019 -por la citada sociedad-).
Oído el señor Procurador General (v. dictamen de 28-XII-2020), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad deducido por Congelados Ártico S.A.?
En caso negativo:
2ª) ¿Lo es de inaplicabilidad de ley interpuesto por dicha codemandada?
En su caso:
3ª) ¿Lo es el incoado por Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A.?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de grado declaró procedente la demanda promovida por el señor Rubén Edgardo López contra Congelados Ártico S.A. y Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., a quienes condenó solidariamente a pagar una indemnización por daños y perjuicios con fundamento en el derecho civil derivados de la incapacidad provocada por la enfermedad que contrajo como consecuencia de las tareas prestadas a órdenes de la empleadora. Desestimó, en cambio, el reclamo pretendido por gastos médicos (v. fs. 451/470).
Para así decidir, precisó que no resultó materia de controversia que el actor se desempeñó para la primera de las sociedades mencionadas hasta su despido directo sin invocación de causa, en el mes de febrero del año 2016. Asimismo, señaló que la aseguradora reconoció que se vinculó con la codemandada a través de un contrato de afiliación en los términos de la Ley de Riesgos del Trabajo (v. vered., fs. 451 y vta.).
Con apoyo en la prueba testimonial, juzgó acreditado que el trabajador prestó servicios efectuando tareas como encargado de expedición, cumpliendo la jornada requerida por Congelados Ártico S.A., excediendo la máxima legal (v. vered., fs. 251 vta.). En ese orden, ante la falta de prueba al respecto, desestimó que la apuntada jornada se llevara a cabo "a pedido de los trabajadores", tal como había sido denunciado la empleadora (v. vered., fs. 451 vta. y 452).
Tuvo en consideración que el accionante ingresó a prestar tareas para su empleadora sin afección alguna, asimismo, destacó la ausencia de evaluaciones médicas periódicas durante la relación laboral, incluso, al momento de su finalización. Meritó también, que la aseguradora demandada no acreditó haber efectuado los controles de rigor que estaban a su cargo para verificar las condiciones en las que se desplegaban las labores del señor López (v. vered., fs. 452 y vta.).
Con fundamento en las constancias de autos y en el informe pericial psicológico, tuvo por probado que el día 13 de abril de 2016, con posterioridad a la desvinculación laboral, el accionante debió iniciar un tratamiento psiquiátrico a raíz de los síntomas que comenzó a padecer al dejar de prestar sus funciones laborales para la accionada; todos ellos compatibles con el denominado trastorno de ansiedad (sensación de falta de aire, sudoración, temblor, trastorno de sueño), corroborados por la experta en su dictamen y diagnosticados como "síndrome de Burnout". Estableció que, de acuerdo al baremo 659/96, dicha afección lo incapacitaba en un 10,2% del índice de la total obrera, mientras que utilizando la "Tabla Psicofísica de Mc. Bride", se traducía en un 20% (valor psíquico integral o global), siendo este porcentaje el que tomó el juzgador para fijar la minusvalía del accionante (v. vered., fs. 453 y sent., fs. 457).
Precisó entonces, que los hechos debatidos fueron la causa fuente de la incapacidad, derivados de las labores y consecuentemente del exceso de horas que cumplió el actor para la empresa accionada. Sostuvo que al estar la dolencia relacionada con el trabajo debía ser resarcida como enfermedad no listada a través de una interpretación amplia del decreto 1.278/00 (v. vered., fs. 453 y vta.).
En la etapa de sentencia -en lo que interesa destacar-, entendió configurados los factores de atribución de responsabilidad subjetivos y objetivos de la compañía Congelados Ártico S.A., en los términos de los arts. 1.724, 1.726, 1.749, 1.757 y 1.758 (y concs.) del Código Civil y Comercial de la Nación. Sobre el particular, tuvo por probada la conducta omisiva en la que incurrió la principal -en tanto beneficiaria de la prestación laboral del trabajador-, en orden a los deberes de seguridad que pesaban sobre ella (art. 75, LCT) al haber sometido al trabajador a la realización de una tarea riesgosa (dada la abusiva duración de la jornada laboral), incumpliendo con sus obligaciones en materia de seguridad e higiene en el trabajo establecidas en las leyes 19.587 y 24.557. Concluyó que esa omisión culposa constituyó el nexo de causalidad adecuado y se vinculó directamente con las consecuencias dañosas padecidas por el dependiente; las cuales -a juicio del sentenciante- pudieron haberse evitado en el supuesto de reducción del horario de trabajo a un límite razonable. A su vez, precisó que no se evidenció la interrupción de dicho vínculo por una conducta imputable a la víctima o la intervención de un tercero (v. sent., fs. 457/458).
A la par, juzgó comprometida la responsabilidad de la aseguradora demandada en virtud de los hechos acreditados al hallar incumplidas sus obligaciones legales de prevención de los riesgos en el trabajo (arts. 4 y 31, ley 24.557; 18 y 19, dec. 170/96; resols. 38/96 y 231/96 y arts. 1.724 y 1.749, Cód. Civ. y Com.; v. sent., fs. 458/459). Y en el punto, aseveró que "la exigencia de 'prevenir eficazmente' (artículo 4° L.R.T.), supone una conducta anticipada de tal envergadura que provoque una interrupción de la cadena causal que desemboca indefectiblemente en el daño, conducta inexistente en el caso". Aquí, efectuó un análisis ajustado a los deberes de prevención y control que pone el régimen legal en cabeza de las aseguradoras y fijó la existencia de vinculación causal entre la actitud pasiva adoptada por Provincia ART S.A. y la afección que le ocasionó la incapacidad laboral al accionante (v. sent., fs. 459 vta.).
En este contexto, mencionó que sin perjuicio de la opción incorporada por la ley 26.773 y la posibilidad de accionar por vía del derecho civil que le acuerda al trabajador, la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente T.205.XLIV "Torrillo, Atilio Amadeo y otro c/ Gulf Oil Argentina S.A. y otro" (sent. de 31-III-2009) sostuvo que "no existe razón alguna para poner a una ART al margen del régimen de responsabilidad previsto por el Código Civil, por los daños a la persona de un trabajador derivados de un accidente o enfermedad laboral, en el caso en que se demuestren los presupuestos de aquél, que incluyen tanto el acto ilícito y la imputación, cuanto el nexo causal adecuado (excluyente o no) entre dichos daños y la omisión o el cumplimiento deficiente por parte de la primera de sus deberes legales", lineamientos -agregó- concordantes con los que esta Suprema Corte sentara en la causa L. 98.584, "Bordessolies de Andrés" (sent. de 25-XI-2009). Así, juzgando reunidos los presupuestos necesarios, desestimó la defensa articulada por la aseguradora relativa a la falta de cobertura por tratarse de una "enfermedad inculpable", y la consideró solidariamente responsable con el principal frente al accionante (arts. 827, 1.751 y concs., Cód. Civ. y Com.; v. sent., fs. 459 vta. y 460).
Seguidamente, con apoyo en el art. 1.746 del Código Civil y Comercial y en los precedentes "Arostegui", "Vuotto" y "Méndez" de la Corte nacional, fijó la indemnización por daño patrimonial, comprensivo del daño emergente, el lucro cesante, la pérdida de chance y, a tenor de las circunstancias especiales del caso, en la suma de $900.000 (v. sent., fs. 460/461).
Luego, atendiendo que ambas coaccionadas debían soportar solidariamente el pago de la indemnización consideró abstracto el tratamiento del planteo subsidiario de la acción tarifada regulada por la ley 24.557 -y concordantes de la ley 26.773-, así como también del resto de las inconstitucionalidades articuladas por la parte actora y lo propio en lo referente a lo incoado por la codemandada -a fs. 193 y siguientes- (v. sent., fs. 461 vta.).
Finalmente, tras declarar la inconstitucionalidad de la ley 14.399, con sustento en los incisos "b" y "c" del art. 770 del Código Civil y Comercial de la Nación, determinó que al monto de condena debían adicionarse intereses desde que cada suma fue debida y hasta la fecha de notificación de la demanda inclusive (21-XII-2016), si el citado Código se encontraba vigente o -en su defecto- hasta el día 1 de agosto de 2015 a la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta días - vigentes en los distintos periodos de aplicación-, los que en dicha oportunidad debían capitalizarse y, una vez efectuado dicho cálculo, aplicarse el mismo tipo de interés moratorio hasta que quede firme la sentencia (efectuándose ese cálculo hasta el 2-X-2019). Ello, sin perjuicio de calcular aquellos que correspondan por el periodo posterior a la citada fecha y hasta que adquiera firmeza el resolutorio (v. sent., fs. 465 y vta.).
II. La codemandada Congelados Ártico S.A. interpone recurso extraordinario de nulidad conjuntamente con el de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 31-X-2019).
III. El recurso no prospera.
La irregularidad de los medios de impugnación traídos, fundados en forma promiscua -tal como destaca inicialmente el señor Procurador General en el segundo y tercer párrafo del punto III de su dictamen-, confiere razón suficiente para su rechazo (arts. 279, CPCC y 31 bis, ley 5.827 y modif.).
Sabido es que la nota característica de esta instancia extraordinaria es la mayor exigencia en cuanto a las cargas procesales que deben ser idóneamente abastecidas para transitar con éxito la casación (causas L. 119.828, "Puszko", sent. de 4-VII-2018 y L. 121.648, "Aguirre", sent. de 31-VIII-2020), labor que no ha sido cumplida por la recurrente.
En efecto, como surge de la lectura de la presentación en examen, los recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley deducidos y presentados en forma conjunta, contienen un mismo desarrollo argumental del cual no es posible deslindar aquellos argumentos referidos a uno u otro medio de impugnación.
En la especie, la parte interesada ha hecho caso omiso del principio de especialidad de las vías recursivas y de la doctrina de esta Corte que sostiene que, por ser distintas las fuentes de impugnación a que se refieren los arts. 278 y 296 del Código Procesal Civil y Comercial, la pretensión de fundar los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley y nulidad de manera conjunta, con los mismos argumentos o entrelazándolos, incumpliendo de tal manera con la exigencia legal de deducirlos en términos claros y concretos, resulta improcedente, salvo supuestos excepcionales que, en la especie, no encuentro configurados (causas L. 121.027, "Sánchez", sent. de 17-VI-2020; e.o.).
Siendo ello así, corresponde el rechazo de los embates cuya promiscuidad argumental genera una confusión en la que no es posible desentrañar dónde comienza o finaliza uno u otro (causas L. 122.044, "López", sent. de 9-II-2021; L. 124.079, "Nicolini", sent. de 1-IV-2022; e.o.). Tal actividad, en definitiva, es una carga propia del recurrente que no puede ser suplida por este Tribunal.
IV. En este marco, entiendo que no corresponde formular más apreciaciones para rechazar el recurso extraordinario de nulidad deducido, con costas (art. 298, CPCC).
Voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Torres y Genoud, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la primera cuestión también por la negativa.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
Atento a los fundamentos de la respuesta dada a la primera cuestión planteada, corresponde por iguales motivos rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley por la codemandada Congelados Ártico S.A., en tanto se ha fundado promiscuamente con el de nulidad (art. 279, CPCC), con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Torres y Genoud, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la segunda cuestión también por la negativa.
A la tercera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Contra la decisión de grado también se alza la codemandada Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de los arts. 14, 14 bis, 17 y 18 de la Constitución nacional; 9, 15, 27 y 43 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 45 inc. "c" y concordantes de la ley 24.557; de la 26.773; de los arts. 68 del Código Procesal Civil y Comercial; 19 y concordantes de la ley 11.653 y de la doctrina legal que cita (v. escrito electrónico de fecha 29-X-2019).
I.1. En primer término, asevera que la decisión se aparta de la legislación vigente en materia de accidentes y riesgos del trabajo, toda vez que -entiende-, fue a partir de una apreciación incorrecta de la prueba que el tribunal resolvió aplicar los arts. 827, 1.749 y 1.751 del Código Civil y Comercial de la Nación. Así, afirma que el fallo es arbitrario y violatorio de los derechos y garantías constitucionales referidas al debido proceso y defensa en juicio.
Argumenta que la parte actora no demostró la concurrencia de los presupuestos propios de la responsabilidad civil, así, el nexo causal entre las tareas realizadas por el actor y las patologías denunciadas; entre el daño producido en ocasión del trabajo y la omisión o incumplimiento de la aseguradora de sus deberes legales. Respecto de la responsabilidad objetiva, señala que la firma aseguradora no es ni dueña ni guardiana de la cosa riesgosa.
Integra su agravio, con la invocación de las directrices sentadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso "Torrillo" (sent. de 31-III-2009).
Alega que estas aseguradoras se encuentran legalmente obligadas a desarrollar un rol preventivo eficaz, como así también a controlar, supervisar y denunciar los incumplimientos del empleador ante la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.
Precisa que, no obstante que el actor efectuó la denuncia por la supuesta enfermedad profesional ante su mandante seis meses después de haber finalizado su vínculo laboral, las Comisiones Médicas tomaron intervención del caso y determinaron su carácter inculpable. En virtud de ello, sostiene que correspondía al accionante probar las circunstancias fácticas alegadas.
Finaliza citando doctrina autoral y jurisprudencia que estima aplicables.
I.2. Se agravia de la aplicación de las fórmulas que individualiza como "Méndez" y "Vuotto" y del monto indemnizatorio al que arribó el juzgador por resultar -a su criterio- abusivo, arbitrario y violatorio del derecho de propiedad.
Argumenta que en el veredicto se receptó el porcentaje de incapacidad del 20% del índice de la total obrera estimado por la perito psicóloga, ello, sin considerar que allí también se estableció que en base a los baremos del decreto 659/96, el porcentaje de invalidez era del 10,2%, aspecto que -dice- no fue controvertido.
Enfatiza que el quantum indemnizatorio al que se arribó es excesivo e irrazonable y configura un enriquecimiento sin causa, toda vez que no se compadece con los elementos de juicio ponderados en el fallo. Afirma que tampoco pueden reconocerse los lineamientos que llevaron a su determinación, máxime -expone- teniendo en consideración el último porcentaje de incapacidad determinado y que este solo lo fue en el aspecto psicológico.
Seguidamente, cita y transcribe parcialmente doctrina legal de este Tribunal y jurisprudencia de la Corte federal.
Manifiesta que, si la contingencia sufrida por el trabajador se encontraba entre aquellas cubiertas por el seguro de riesgos del trabajo, correspondía responsabilizar a la aseguradora por la incapacidad laboral determinada en los términos de la Ley de Riesgos del Trabajo, así como por el tratamiento psicológico indicado hasta los límites de dicho aseguramiento. Consecuentemente, plantea que la empleadora codemandada debería responder por la reparación del daño material verificado en autos, una vez deducido el importe que resulte de la fórmula prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557.
I.3. Controvierte la aplicación del art. 4 de la ley 26.773.
Con sustento en la doctrina autoral que cita, postula que desde el año 2014 la jurisprudencia de la Corte federal confirmó la postura de aquellos que consideraban aplicable la opción contenida en aquella norma, sin que pudieran formularse ante ella reparos de índole constitucional. Explica que en el caso "Urquiza", "...se resolvió la aplicación retroactiva de las disposiciones de la ley 26.773, disponiendo que en el supuesto que el damnificado opte por la acción civil, renuncia al régimen de reparación especial tarifado, y por ende el juicio debe tramitar ante la Justicia en lo Civil conforme las reglas del procedimiento civilista..." (rec., págs. 10 y 11).
Por otro lado, plantea que en los supuestos en los que reclama la reparación integral con fundamento en las normas del derecho común, el juez natural es aquel con competencia civil, y no laboral. Por lo expuesto, solicita el dictado de una nueva sentencia, conforme lo dispuesto en las leyes 24.557 y 26.773.
I.4. Objeta que el sentenciante considerara acreditada la patología denunciada por el trabajador como enfermedad profesional. En tal sentido, denuncia vulnerados los derechos de propiedad, defensa en juicio, igualdad y debido proceso.
Argumenta que no se produjo prueba con el propósito de demostrar que este último cumpliera horas extraordinarias, ni que la empleadora efectuara dicha exigencia.
Arguye que de acuerdo al testimonio brindado por el señor Ibáñez, "el clima de trabajo era bueno y no se recibían presiones", todo lo cual resultaría -a su modo de ver- demostrativo de la incorrecta apreciación del tribunal al juzgar probado el referido extremo denunciado.
Refiere que, en el informe pericial psicológico, la experta estableció que el accionante era portador de una incapacidad del orden del 10,2% del índice de la total obrera, sin indicar que tuviese el carácter de permanente y definitiva. Entiende que esta última circunstancia se comprueba cuando la perito relata que la patología es pasible de tratamiento adecuado, limitado en el tiempo a través de sesiones de terapia psicológica. Plantea entonces que, en tanto las disminuciones resarcibles a través de la Ley de Riesgos del Trabajo son solo aquellas que ocasionen una incapacidad laborativa permanente, no resulta posible considerar a los efectos de la cuantificación del daño que se reclama al supuesto de autos.
Asevera que el accionante no acreditó que la enfermedad padecida sea consecuencia de las tareas prestadas para la empleadora demandada, tampoco la conexión entre la dolencia y las conductas denunciadas como causantes del padecimiento.
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.