Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 125941
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de nulidad traído, con costas (art. 298, CPCC).
Asimismo, por mayoría de fundamentos, se desestima el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 125.941, "Silva, Ariel Gerónimo contra Prevención ART S.A. Accidente In-Itinere", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Soria, Genoud, Carral, Kohan, Maidana.
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, con asiento en dicha ciudad, rechazó la demanda promovida, imponiendo las costas a la parte actora (v. fs. 365/371).
Se interpuso, por esta última, recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 27-II-2019).
Oído el señor Procurador General (v. dictamen de 18-XII-2020), dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad?
Caso negativo:
2ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar respecto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente rechazó la demanda promovida por el señor Ariel Gerónimo Silva contra Prevención ART S.A., por la que se pretendía -entre otros rubros- el cobro de diferencias en la indemnización percibida en los términos del art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557, bajo el régimen tarifario previsto en la ley 26.773. En lo que concretamente constituye materia de agravio, desestimó el planteo -subsidiario- de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 por el que se procuraba que el ingreso base mensual fuera cuantificado sobre la remuneración que pudiere corresponderle al trabajador al momento de la determinación del porcentaje de la incapacidad por la Comisión Médica (v. sent., fs. 369).
El sentenciante, entendió que con los recibos de sueldos acompañados por el actor obrantes a fs. 20/32 y el informe emitido por la empleadora a fs. 181, se habían acreditado las remuneraciones mensuales brutas percibidas durante el año anterior al accidente sufrido por el demandante (v. vered., tercera cuestión, fs. 366 vta.).
Posteriormente, en la etapa de sentencia -y tras rechazar la pretendida aplicación de la ley 26.773-, sostuvo que la declaración de invalidez constitucional de una norma constituye un acto de suma gravedad institucional que debe ser cabalmente demostrado por quien lo alega; y, en ese orden, desestimó el planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557, formulado por el reclamante, al juzgar que no se acreditó un perjuicio jurídico concreto derivado de la aplicación del precepto legal cuya inconstitucionalidad se denuncia (v. sent., fs. 369 y vta.).
II. Contra dicho pronunciamiento, la parte actora interpone recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley.
En sustento del primero de ellos, denuncia la transgresión del art. 168 de la Constitución provincial.
Afirma que el juzgador de grado omitió pronunciarse "acabadamente" respecto de una cuestión -a su criterio- esencial, cual es: el planteo de invalidez constitucional del art 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo, con relación al periodo computable para el cálculo del ingreso base mensual.
III. En coincidencia con lo dictaminado por el señor Procurador General, considero que el recurso no puede prosperar.
Inicialmente, cabe recordar que el remedio extraordinario de nulidad sólo puede fundarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, falta de fundamentación legal, incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171, Const. cit.; causas L. 122.013, "Vitale", sent. de 4-III-2020; L. 125.753, "Rey", resol. de 8-II-2021 y L. 125.039, "Peralta", resol. de 12-II-2021).
Desde ese esquema de análisis, la improcedencia del embate se advierte nítida en tanto -contrariamente a lo indicado por el interesado- el planteo cuya preterición se denuncia mereció consideración en el fallo, ocasión en que los magistrados intervinientes expusieron las razones -acertadas o no- por las cuales concluyeron que merecía su rechazo (v. fs. 369 y vta.).
En esas condiciones, no existe infracción de la cláusula constitucional bajo análisis, pues esta Corte en reiteradas oportunidades ha declarado que el recurso extraordinario de nulidad resulta improcedente si la cuestión denunciada como preterida fue tratada expresamente por el tribunal de trabajo, cualquiera sea el grado de acierto que pueda adjudicársele a la decisión, ya que el análisis de un eventual error in iudicando es ajeno al ámbito del remedio procesal bajo examen (causas L. 100.492, "Pérez", sent. de 10-III-2011; L. 104.466, "Prosa", sent. de 22-VIII-2012; L. 119.930, "Fernández", sent. de 10-IV-2019; e.o.).
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de nulidad deducido, con costas (art. 298, CPCC).
Voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Torres , Soria, Genoud, Carral, Kohan y Maidana , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron la primera cuestión también por la negativa .
A la segunda cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la legitimada activa denuncia la transgresión de los arts. 16, 17 y 18 de la Constitución nacional; 9 y 10 de la Constitución de la provincia de Buenos Aires; 8 incs. "a", "b" y "c" de la ley 9.688; 44 inc. "e", 47 y 65 del decreto ley 7.718/71; 330, 354 y 375 del Código Procesal Civil y Comercial local y de la doctrina legal que cita.
Objeta el rechazo del planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 y, por su conducto, la desestimación de la pretensión de que se calculara el ingreso base tomando en cuenta las remuneraciones devengadas a la fecha en que se consolidó la incapacidad laboral del actor, esto es en el mes de junio del 2012, y no aquellas correspondientes a los doce meses anteriores a la primera manifestación invalidante.
En concreto, señala que el ingreso base mensual que determina la ley en pugna vulnera la reparación suficiente que debe comprender toda indemnización, afectando su derecho de propiedad.
Afirma que el precepto legal cuestionado, congela los salarios realizando un promedio de los mismos durante el año anterior al accidente. Atento a ello, afirma que existe una notable diferencia entre lo percibido y lo que, en realidad debió cobrar el accionante.
Cuestiona el argumento del tribunal respecto a la inexistencia de perjuicio económico del trabajador toda vez que, en su opinión, la diferencia porcentual entre el ingreso base mensual que toma en cuenta la ley y el ingreso real al momento de consolidación del daño es significativo, superando la diferencia del 33%.
II. El recurso no prospera.
II.1.a. Liminarmente, se impone observar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia por conducto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley -representado en el caso por la diferencia que se verifica entre el importe de la prestación calculada con arreglo al ingreso base mensual que fijó el juzgador y aquel otro que habría de obtenerse según las pautas propuestas por el impugnante- no excede el mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, texto según ley 14.141, razón por la cual la admisibilidad del remedio en examen solo puede justificarse en el estrecho marco de la excepción que contempla en el art. 55, primer párrafo in fine de la ley 11.653.
Siendo ello así, la función revisora de esta Corte debe limitarse a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, destacándose que la violación de esta última se configura cuando este Tribunal ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 123.644, "Goicoechea", sent. 9-II-2021; L. 122.310, "Camerini", sent. de 15-III-2021; L. 123.817, "Juncos", sent. de 28-IV-2021; L. 123.858, "Bueno", sent. de 20-X-2021; e.o.).
II.1.b. Empero, no puede soslayarse que el cuestionamiento traído, por medio del cual se objeta el rechazo del planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 -en su versión anterior a la reforma de la ley 27.348- involucra el análisis de una cuestión federal que, con prescindencia del valor del litigio, amerita la apertura de la instancia extraordinaria.
En tal sentido, tiene dicho este Tribunal que aun cuando el valor de lo cuestionado no supere el límite establecido en los arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653, corresponde ingresar en el tratamiento de los agravios contenidos en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que se vinculan con cuestiones federales, toda vez que -según lo ha resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN Fallos: 308:490 in re "Strada" y 311:2478 in re "Di Mascio")- es necesario que la Suprema Corte, en tanto órgano máximo de la judicatura local, ingrese al conocimiento de los cuestionamientos relacionados con puntos regidos por la Constitución, las leyes federales y los tratados internacionales (causa L. 91.737, "Kaufmann", sent. de 21-IX-2011).
II.1.c. Por consiguiente, el presente cuestionamiento habrá de ser abordado con prescindencia de las limitaciones establecidas en las leyes procesales locales.
II.2. Aclarado ello, no acierta el interesado en cuanto objeta la decisión de grado por la que se rechazó el planteo de inconstitucionalidad formulado en torno al art. 12 de la ley 24.557 (texto anterior a la reforma de la ley 27.348), concretamente en lo que refiere al período a tomar en cuenta para definir el ingreso base mensual (IBM).
II.2.a. En efecto, y más allá de lo que pudiera opinarse respecto de la suficiencia técnica del recurso, de la lectura de los términos de la pretensión contenida en la demanda de cara al análisis de las pruebas acompañadas a la causa, no se advierte al influjo de los parámetros que utilicé al emitir mi voto en la causa L. 120.521, "Monchiero" (sent. de 30-VIII-2021) -a la que remito por razones de brevedad-, que concurran en el caso las condiciones que me condujeron en aquella oportunidad a declarar la inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 (texto anterior a la reforma de la ley 27.348) en lo referido al período a tomar en cuenta para calcular el ingreso base (causas L. 118.997, "Da Rocha Figueiredo" y L. 120.992, "Machado", sents. de 30-VIII-2021).
II.2.b. Por lo demás, si por vía de hipótesis pudiera considerarse que el interesado apoya -también- su argumentación sobre la base de la pretensión de que se determine el ingreso base con arreglo a la remuneración percibida a la fecha de la sentencia -pues, se advierte que en ciertos pasajes de la impugnación alude indistintamente al momento de consolidación del daño o del dictado del pronunciamiento como parámetro para definir el citado rubro-, dicho esquema difiere del introducido en oportunidad de deducir la demanda e impide determinar con claridad la concreta dimensión patrimonial del reclamo.
Sobre el particular, conviene recordar que es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley si la argumentación esgrimida por el interesado denota un discurso novedoso que altera la inicial postulación, trocando de ese modo el enfoque fáctico-jurídico desplegado en la etapa procesal oportuna (causas L. 117.867, "Vigliero", sent. de 17-V-2017; L. 119.336, "Flores", sent. de 28-II-2018; L. 120.460, "Pontel", sent. de 2-VI-2020; e.o.).
II.2.c. En consecuencia, el pronunciamiento debe permanecer firme.
III. Por lo expuesto, considero que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído debe ser rechazado, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto .
El señor Juez doctor Torres , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votó la segunda cuestión en el mismo sentido.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El recurso no prospera.
I.1. Concuerdo con lo expuesto por mi distinguida colega doctora Kogan en los puntos II.1.b. y II.1.c. de su voto y con ello, que aun frente a la insuficiencia del valor de lo cuestionado, el agravio en el cual se plantea la inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 (texto anterior a la reforma de la ley 27.348), debe tratarse prescindiendo de su cuantía, en tanto la recurrente evidencia al respecto la presencia de una cuestión federal.
I.2. Luego, entiendo que el mentado reproche debe ser rechazado.
El impugnante no se hace cargo de impugnar idóneamente lo resuelto por el tribunal de grado.
Se limita a expresar que la aplicación de la norma cuestionada afectaría diversos derechos constitucionales (v.gr. propiedad y progresividad), sin embargo, bajo las concretas aristas que exhibe el caso, no aporta fundamentos aptos para acreditar tales afirmaciones.
Es sabido que la declaración de inconstitucionalidad de una ley o un decreto constituye una de las funciones mas delicadas susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, configurando un acto de suma gravedad que debe ser considerado como ultima ratio del orden jurídico (causas L. 62.704, "Caamaño de Trincado", sent. de 29-IX-1998; L. 74.805, "Menéndez", sent. de 21-III-2001; Ac. 87.787, "C., S.", sent. de 15-III-2006 y L. 117.462, "Dell Acqua", sent. de 20-VIII-2014; CSJN Fallos: 260:153; 286:76; 288:325; 300:241 y 1087; 301:1062; 302:457 y 1149; 303:1708; 324:920 y 335:2333; e.o.), de allí que la alegación de un supuesto de aquella índole requiere por parte de quien lo invoca de una crítica clara, concreta y fundada de las normas constitucionales que reputa afectadas; en fin, en estos casos, para arribar a una conclusión tan relevante como la que conduce a invalidar un precepto por contrario a la Constitución, la carga impugnativa y probatoria debe exacerbarse (causas L. 110.415, "Castro", sent. de 12-XII-2012 y L. 117.127, "L., b. J. M.", sent. de 16-VII-2014).
Luego, las reflexiones que desarrolla el interesado no reúnen los recaudos propios de este tipo de planteos.
II. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
A la segunda cuestión planteada, el doctor Genoud dijo:
Adhiero al voto del doctor Soria toda vez que la recurrente no ha abordado con la profundidad que es exigible a un planteo dirigido a descalificar la validez constitucional de una norma legal, de qué manera habrían sido conculcadas en el caso las garantías constitucionales que indica.
Al respecto, ha declarado este Tribunal que debe ser desestimado por insuficiente el planteo de inconstitucionalidad si la articulación ha sido vertida de manera genérica, incumpliendo el interesado con la carga impugnatoria que le es propia (causas B. 57.842, "Antonietti", sent. de 23-V-2001; L. 110.415, "Castro", sent. de 12-XII-2012; L. 117.462, "Dell Acqua", sent. de 20-VIII-2014 y L. 120.521, "Monchiero", sent. de 30-VIII-2021).
Así lo voto.
El señor Juez doctor Carral , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votó la segunda cuestión en el mismo sentido.
Los señores Jueces doctores Kohan y Maidana , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron la segunda cuestión en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de nulidad traído, con costas (art. 298, CPCC).
Asimismo, por mayoría de fundamentos, se desestima el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 21/10/2022 10:47:12 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/10/2022 23:08:12 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 24/10/2022 09:45:29 - CARRAL Daniel Alfredo
Funcionario Firmante: 25/10/2022 09:11:56 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/10/2022 10:03:51 - MAIDANA Ricardo Ramon - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/10/2022 18:21:44 - KOHAN Mario Eduardo - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/10/2022 20:23:34 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/10/2022 10:20:20 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia