Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75386
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 75.386, "Asociación Civil de Usuarios Bancarios Argentinos contra Empresa Distribuidora de Energía Atlántica S.A. (E.D.E.A. S.A.). Materia a categorizar. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Kogan, Genoud.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la Asociación Civil de Usuarios Bancarios Argentinos y, en consecuencia, revocó la sentencia dictada por el señor juez de primera instancia que, a su turno, había desestimado la demanda promovida por dicha entidad al admitir la excepción de falta de legitimación activa opuesta por la Empresa Distribuidora de Energía Atlántica SA (EDEA SA), y los terceros, Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (CAMMESA) y la Provincia de Buenos Aires (v. fs. 629/638).
Se interpusieron, por el tercero -Provincia de Buenos Aires- y por la parte demandada -Empresa Distribuidora de Energía Atlántica S.A. (EDEA SA)- recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. fs. 646/654 y 659/681, respectivamente).
Oído el señor Procurador General (v. fs. 693/696), dictada la providencia de autos para resolver (v. fs. 697) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto por la Fiscalía de Estado?
En su caso:
2ª) ¿Lo es el interpuesto por la parte demandada Empresa Distribuidora de Energía Atlántica S.A. (EDEA S.A.)?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora a fs. 565/572 y, en consecuencia, revocó lo decidido por el señor juez de primera instancia, que había desestimado la pretensión judicial incoada por la Asociación Civil de Usuarios Bancarios Argentinos por carecer -a su juicio- de legitimación activa para entablar la acción colectiva promovida.
En ese marco, resolvió devolver las actuaciones al juez que previno para que arbitre un procedimiento apto que garantice una adecuada notificación de todas aquellas personas que pudieran tener un interés en el resultado del litigio, de manera de asegurarles tanto la alternativa de optar por quedar afuera del pleito como la de comparecer en él como parte o contraparte (conf. doctr. CSJN causas "Halabi" y "Consumidores Financieros Asociación Civil", Fallos: 332:111 y 337:753, respectivamente) para que, cumplido lo antes ordenado, se pronuncie en lo que por derecho corresponda en punto a la pretensión articulada.
Entendió, básicamente, que la actora estaba legitimada para reclamar, en representación de todos los usuarios a los que presta servicios la empresa demandada, la devolución de las sumas que en la demanda se adujo habían sido indebidamente cobradas.
En esa lógica advirtió que la parte actora procura la protección jurisdiccional de un derecho de incidencia colectiva relativo a intereses individuales homogéneos que se vincula con la protección a los usuarios y consumidores (art. 42, Const. nac.; arg. doctr. CSJN Fallos: 332:111, cit.).
Indicó que -conforme lo normado en el segundo párrafo del art. 43 de la Constitución nacional- este tipo de asociaciones, para iniciar acciones colectivas relativas a derechos de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos, incluso de naturaleza patrimonial, deben acreditar: i) la existencia de un hecho único susceptible de ocasionar una lesión a una pluralidad de sujetos; ii) que la pretensión esté concentrada en los "efectos comunes" para toda la clase involucrada y iii) que de no reconocerse la legitimación procesal podría comprometerse seriamente el acceso a la justicia de los integrantes del colectivo cuya representación se pretende asumir (cfr. doctr. CSJN Fallos: 336:1236 y 338:1492). Así, al igual que el señor juez de origen, indicó que no habría controversia en cuanto a los primeros dos requisitos; y, en cuanto al último, expuso que se encuentra acreditado el tercer presupuesto requerido por el Máximo Tribunal para la procedencia de este tipo de enjuiciamiento (conf. doctr. CSJN causa "Halabi" del año 2009, Fallos: 332:111), vinculado con la afectación del derecho de acceso a la justicia por constatar que el interés de cada uno de los usuarios considerado individualmente no justificaría la promoción de una demanda de cada uno de los posibles afectados.
Resaltó, luego de citar la causa "López" (C. 91.576, sent. de 26-III-2014), los resultados negativos que traería aparejado impedir la representación colectiva y la indefensión que ello generaría.
Afirmó que el tratamiento concentrado del conflicto aparece -en el caso- como el medio idóneo para garantizar a los usuarios involucrados el derecho a la tutela judicial efectiva, a la vez que resulta más beneficioso al sistema jurisdiccional y a quienes a él acuden en busca de una respuesta a situaciones de conflicto plural como el que aquí se ventila.
Además señaló que la pretensión deducida queda comprendida dentro del objeto estatutario de la asociación actora, en tanto ésta declara entre sus fines: "...a) La defensa, información y educación del consumidor o usuario [...] f) Defender y representar los intereses de los consumidores, ante la justicia, autoridad de aplicación y/u otros organismos oficiales o privados [...] k) Asesorar y defender a los consumidores y usuarios; l) Incoar acciones colectivas en defensa de los derechos de los usuarios y consumidores..."; además de encontrarse registrada por ante la Dirección Provincial de Comercio (v. fs. 42) e inscripta ante el Registro Nacional de Asociaciones de Consumidores.
Afirmó que la idoneidad de la Asociación Civil de Usuarios Bancarios Argentinos se encuentra sobradamente acreditada para asumir la representación del grupo afectado.
II. Contra dicho decisorio, la Fiscalía de Estado interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. fs. 646/654), en el que denuncia la violación o errónea aplicación de los arts. 18, 19 y 43 de la Constitución nacional.
Asimismo, aduce que la sentencia recurrida transgrede la interpretación constitucional que de dichas normas establece la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Reprocha al Tribunal interviniente haberle reconocido legitimación a la Asociación Civil de Usuarios Bancarios Argentinos para ejercer la tutela colectiva de los derechos individuales homogéneos, puramente patrimoniales y disponibles de los usuarios de energía eléctrica que distribuye la empresa demandada, violándose de esa manera los arts. 19 y 43 de la Constitución nacional, en tanto no se encuentra demostrada una grave afectación del acceso individual a la justicia que habilite la apertura de esa vía supletoria.
Adiciona a ello que tampoco se acreditó la autorización o el consentimiento de cada interesado a fin de que la asociación pueda arrogarse la tutela colectiva de los derechos en juego (cfr. art. 22, dec. 467/88).
Alega que la legitimación colectiva de derechos individuales homogéneos de índole patrimonial no fue reconocida de la manera en que lo hizo el a quo .
Expresa que en materia de derechos subjetivos de índole patrimonial la acción no es colectiva sino individual, en respeto a la disponibilidad personal de esos derechos (art. 19, Const. nac.).
Manifiesta que las excepciones admitidas para habilitar subsidiariamente la tutela colectiva de derechos individuales homogéneos en asuntos patrimoniales obedecen a la constatación de una grave afectación del acceso individual a la justicia, definida por la escasa significación económica del reclamo que, individualmente considerado, permitiría suponer que el costo que insumiría a cada usuario accionar en forma particular resultaría muy superior a los beneficios que se derivarían de un eventual pronunciamiento favorable (cfr. arts. 19 y 43, Const. nac.; CSJN causas "Halabi", Fallos: 332:111; "Padec", Fallos: 336:1236; e.o.).
Alega que el Tribunal de Alzada incurrió en absurdo pues, más allá de la inscripción formal de la asociación en los registros de consumidores y usuarios, la defensa colectiva debe vincularse con su objeto, agregando que la limitada actuación -en defensa de los intereses de sus socios y de los derechos e intereses que surgen de su objeto social- solo puede surgir del acompañamiento de una autorización expresa ( opt in ) extendida por cada uno de sus afiliados, sin la cual la Asociación no puede arrogarse la tutela de aquellos derechos ajenos (art. 22, dec. 467/88, reglamentario de la ley 23.551).
III. En coincidencia con lo dictaminado por el señor Procurador General a fs. 693/696, entiendo que el recurso no puede prosperar.
Una de las notas características de la instancia recursiva extraordinaria ante esta Suprema Corte está dada por la mayor exigencia en cuanto a las cargas técnicas. Ellas deben ser idóneamente abastecidas para transitar con éxito la casación (doctr. causas A. 70.139, "Falasconi", sent. de 29-IX-2016; A. 72.775, "Cruz", sent. de 20-IX-2017; A. 74.290, "Andrade", sent. de 6-XII-2019; e.o.).
En el caso, la Fiscalía de Estado, en las argumentaciones plasmadas en el remedio extraordinario en tratamiento, denuncia infringidas una serie de normas constitucionales sin siquiera intentar explicar por qué y de qué modo se produjo esa vulneración.
Sobre el punto esta Corte tiene dicho que es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que se limita a invocar la violación de normas constitucionales, toda vez que no se logra acreditar de qué manera el pronunciamiento colisiona con los derechos y garantías emergentes de esos preceptos que se dicen infringidos, tarea a cargo de la agraviada en este caso insatisfecha, que no puede ser suplida por esta Corte (doctr. causa A. 74.515, "Rojas", sent. de 20-III-2019).
Puntualmente se agravia de que, en el caso, tratándose de derechos que se identifican como "intereses individuales homogéneos de índole patrimonial" la legitimación es individual (art. 19, Const. nac.) y solo procede la tutela colectiva de esos derechos de manera subsidiaria, ante la acabada demostración de la dificultad de acceso individual a la jurisdicción por los integrantes del colectivo.
En el caso, el Tribunal de Alzada consideró que la demandante se encontraba legitimada para promover la acción colectiva en representación de la totalidad de los usuarios del servicio de electricidad que brinda la empresa demandada, en tanto de las constancias de autos surge que los costos (económicos y no económicos) que se derivarían de la iniciación de una demanda individual resultarían muy superiores a los beneficios que produciría un eventual pronunciamiento favorable, pudiendo verse comprometido el acceso a la justicia de los integrantes del colectivo involucrado en el incremento tarifario dispuesto por la resolución 741/08 (v. cons. II.2.2. de la sentencia agregada a fs. 629/638).
En especial, la recurrente no ha rebatido los fundamentos por los cuales la Cámara reconoció la idoneidad de la asociación actora para asumir la representación del grupo afectado, en especial teniendo en cuenta los bienes jurídicos implicados y la preferencial protección que el constituyente les confirió en los arts. 42 y 38 de la Constitución nacional y provincial, respectivamente.
Los agravios esgrimidos se circunscriben a exteriorizar una mera disconformidad respecto a la significación económica objeto de reclamo, que no habría justificado la promoción de procesos individuales; circunstancia que no alcanza para tener por cumplidas las cargas técnicas que supone el tránsito por esta vía, por cuanto omite señalar aquello que resulta esencial a los fines recursivos, esto es, las razones tendientes a demostrar en qué medida lo resuelto por la Cámara importa una violación de las normas aplicadas.
Esta Suprema Corte tiene dicho que deviene ineficaz el recurso que no se hace cargo de la línea argumental del fallo y, en su lugar, se dedica a impugnarlo con su propia interpretación del tema, dejando incólumes afirmaciones que le dan sustento bastante (conf. doctr. causas A. 73.210, "Emar Salud S.R.L.", sent. de 18-IV-2018; A. 73.491, "Lin", sent. de 13-VI-2018; e.o.).
En relación con el carácter colectivo de la controversia a la luz de los lineamientos sentados por la Corte federal y teniendo en cuenta los establecidos en la causa C. 91.576, "López", sentencia de 26-III-2014, la Cámara concluyó que admitir la legitimación de la actora constituye -en el caso de autos- un medio idóneo para garantizarle a los consumidores y usuarios involucrados el derecho a la tutela judicial efectiva.
Ante ello, la recurrente no controvierte los asertos que constituyen el fundamento central del fallo atacado, lo que demuestra la sinrazón de su prédica.
IV. Por las razones expuestas, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto y confirmar la sentencia impugnada (art. 289, CPCC), con costas a la impugnante en su calidad de vencida (conf. arts. 60 inc. 1, CCA -texto según ley 13.101-; 68 y 289 in fine , CPCC).
Voto por la negativa .
El señor Juez doctor Torres , la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la primera cuestión también por la negativa .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Conforme los antecedentes reseñados al votar la primera cuestión, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte actora a fs. 565/572 y revocó la sentencia de grado en cuanto desestimó la pretensión incoada por la Asociación Civil de Usuarios Bancarios Argentinos por carecer -a su juicio- de legitimación activa para entablar la acción colectiva promovida (v. fs. 629/638).
II. Contra dicho pronunciamiento la Empresa Distribuidora de Energía Atlántica S.A. (EDEA S.A.) interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. fs. 659/681) en cuyo marco denuncia la errónea aplicación de los arts. 14, 17, 18, 19, 28, 31, 33 y 42 de la Constitución nacional y 11, 15, 25, 27, 31, 38, 57 y 171 de la Constitución provincial; la ley 24.240 y su decreto reglamentario 1.798/94 y su similar provincial 13.113 de protección a los consumidores y usuarios y sus modificatorias; la ley 11.769 que establece el Marco Regulatorio Eléctrico de la Provincia de Buenos Aires y su decreto reglamentario 2.479/04; la ley 12.008 y sus modificatorias y la ley 13.928, texto según ley 14.192.
Asimismo, denuncia la violación de los arts. 163 incs. 5 y 6 y 34 inc. 4 del Código Procesal Civil y Comercial. Aduce, además, que el fallo en crisis transgrede la doctrina y jurisprudencia emanada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de este Tribunal en la materia.
Sostiene que el Tribunal de Alzada omitió ponderar la idoneidad de la asociación actora para promover una acción colectiva, en los términos exigidos por el art. 7 de la ley 13.928.
Ello, en concordancia con la doctrina sentada por la Corte Suprema nacional en la causa "Halabi", según la cual -en este tipo de procesos- se le exige al actor la demostración de la precisa identificación del grupo o colectivo afectado cuya representación se ha atribuido como propia.
Así sostiene que, no obstante encontrarse incumplido el recaudo mencionado, el a quo le confirió legitimación por el solo hecho de estar inscripta en ciertos registros.
Destaca que en el escrito de inicio la asociación manifestó genéricamente que representa a "todos los usuarios abastecidos por la empresa demandada" extremo que no satisface de modo alguno el recaudo esencial para la procedencia de esta clase de procesos, que exige determinar e identificar adecuada y detalladamente el conjunto afectado.
Indica que de ello deriva la ineptitud de la asociación actora (de usuarios bancarios) para representar a los diferentes y variados tipos de usuarios del servicio eléctrico.
Asimismo, pone de relieve que la asociación actora tampoco demostró la "...existencia de un planteo que involucre por sobre los aspectos individuales, cuestiones de hecho y de derecho que sean comunes y homogéneas a todo el colectivo", vulnerando la doctrina legal de la causa "Halabi" (cons. 20, cit.).
Puntualiza que las facturas de tres usuarios del servicio que se han acompañado en la demanda para constituir la clase afectada, carecen de la aptitud suficiente como para impactar al colectivo que pretende representar, constituido por más de quinientos mil usuarios.
Aduce que el decisorio impugnado se enfoca en que la escasa significación económica de las sumas involucradas no justificaría la promoción individual de una demanda y, en consecuencia, se vulneraría el acceso a la justicia. Sin embargo, sostiene que ninguno de los usuarios se ve impedido de promover una acción por sí mismo o bien por medio de otra asociación que los represente adecuadamente.
Señala que la Cámara incurre en absurdo al concluir que, de las facturas acompañadas pertenecientes a tres usuarios del servicio, se encuentra configurado el recaudo atinente a que el interés individual considerado aisladamente no justifique la promoción de una demanda para todos los usuarios comprendidos en el servicio de distribución de energía brindado por la demandada.
Plantea la vulneración de la doctrina legal emergente de los precedentes provincial C. 91.576, "López" (sent. de 26-III-2014) y nacionales "Halabi" (Fallos: 332:111) y "CEPIS" (Fallos: 339:1077).
Por último, alega que existen distintas categorías de usuarios, con desiguales impactos y que la actora no resulta idónea para representar a los usuarios del suministro del estado nacional, provincial y municipal entre otros tantos.
III. Adelanto que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado por la Empresa Distribuidora de Energía Atlántica S.A. (EDEA S.A.) tampoco prospera atento a la insuficiencia técnica que porta (art. 279 in fine , CPCC).
III.1. La parte recurrente en el punto V de su impugnación hace una frondosa enumeración de normas constitucionales y de distintos preceptos del ordenamiento jurídico que -según denuncia- fueron infringidos por la sentencia de Cámara. Sin embargo, esa enunciación no luce acompañada de la condigna explicación -que en términos claros y concretos exige el art. 279 del código ritual- en cuanto al modo en que se encontrarían violados o erróneamente aplicados. Dicha omisión deja a esa crítica vacía de argumento y la torna ineficaz a los fines pretendidos (art. 279, cit.).
Al respecto, este Tribunal tiene dicho que quien denuncia la violación de normas constitucionales o preceptos del derecho vigente, anticipa una premisa cuya demostración debe luego llevar a cabo, no resultando suficiente a ese efecto la mera cita del precepto supuestamente transgredido ni la exposición de un criterio interpretativo distinto al del juzgador (art. 279, CPCC; causas C. 94.501, "Cooperativa Falucho de Viviendas", sent. de 4-VI-2008; C. 95.063, "Racing Club Asociación Civil", sent. de 22-XII-2008; A. 69.210, "Wilches", sent. de 26-VIII-2009; e.o.).
Lejos de satisfacer tal exigencia, la pieza recursiva en tratamiento -fs. 669-, al ceñirse a esa mera enumeración, prescinde de cualquier desarrollo destinado a evidenciar de qué manera la decisión recurrida contradice lo dispuesto en los arts. 14, 17, 18, 19, 28, 31, 33 y 42 de
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