Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 122379
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto y se revoca la sentencia impugnada con los alcances establecidos en el punto III.2.b. del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de grado para que, debidamente integrado, dicte nuevo pronunciamiento.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención a las dificultades interpretativas derivadas de la cuestión tratada (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 122.379, "Casal, Braian Emanuel contra Experta ART S.A. Accidente de trabajo - acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Kogan, Genoud, Carral .
El Tribunal de Trabajo con asiento en la ciudad de Tandil, perteneciente al Departamento Judicial de Azul, declaró la inconstitucionalidad de la ley provincial 14.997 y rechazó la excepción de cosa juzgada, imponiendo las costas a la parte demandada (v. pronunciamiento de fs. 44/50 vta. y aclaratoria de fs. 51 y vta.).
Se dedujo, por la accionada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 21-IX-2018).
Conferidos los traslados que en razón de la entrada en vigencia de la ley 15.057 (B.O. de 27-XI-2018) fueron ordenados, dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I.1. El señor Braian Emanuel Casal inició demanda contra Experta ART S.A. en procura del cobro de la prestación dineraria vinculada con la incapacidad que denunció haber contraído como consecuencia del accidente de trabajo que adujo sufrido el día 8 de septiembre de 2017. Asimismo, impugnó el dictamen emitido por la Comisión Médica n° 132 de Punta Alta y planteó la inconstitucionalidad de los arts. 1 y 2 de la ley 27.348; 21 y 22 de la ley 24.557 por considerar que el procedimiento establecido en dicha normativa resulta violatorio de los principios del juez natural, debido proceso y acceso a la justicia (v. fs. 20/40).
I.2. Al contestar la demanda, la firma aseguradora opuso excepción de cosa juzgada administrativa argumentando que el trabajador no había apelado aquel dictamen y que, a tenor de la fecha de inicio de estas actuaciones, habiendo transcurrido más de un mes desde su dictado, había quedado firme. Sostuvo además, que el planteo actoral resultaba infundado (v. escrito electrónico de 4-VI-2018).
I.3. Corrido el pertinente traslado, la parte actora rechazó la defensa ensayada por la contraria. Alegó que, al momento de interponer la acción, el dictamen emitido en la instancia administrativa no había adquirido firmeza pues no había sido notificado. Más allá de ello, sostuvo que el dictamen no constituye un acto del cual emane "la cosa juzgada" pues la comisión médica no constituye "un órgano jurisdiccional con facultades constitucionales competentes para ello" (presentación electrónica de fecha 18-VI-2018).
I.4. A la hora de resolver la excepción, el tribunal de origen señaló que la contingencia de autos se encontraba regida por la ley 24.557, con las modificaciones introducidas por la ley 27.348. Indicó que este último cuerpo legal resultaba aplicable en el ámbito provincial en virtud de la ley de adhesión 14.997.
Luego, señalando que la accionante no había efectuado ningún reproche constitucional de la citada ley provincial (algo que sí había hecho respecto de los arts. 1 y 2 de la legislación nacional), sostuvo que igualmente cabía emprender de oficio su control de constitucionalidad y convencionalidad.
Apontocado en los fundamentos que expuso (v. fs. 45 vta./49), concluyó -en síntesis- que la referida legislación local resulta inconstitucional porque vulneraba principios y garantías consagrados en la Constitución nacional (arts. 1, 5, 14 bis, 16, 75 incs. 12 y 22, 121, 122 y 123), la Convención Americana sobre Derechos Humanos (arts. 4, 8 y 25), y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP, art. 2.3.a.), toda vez que delegaba facultades exclusivas de la Provincia de Buenos Aires en un organismo del gobierno federal, excediéndose -con ello- las atribuciones de la legislatura provincial (arts. 1, 15, 36, 39 inc. 3, 45, 57 y concs. de la Constitución local).
Con sustento en las motivaciones esgrimidas, entendió que no resultaban operativos en la Provincia de Buenos Aires los preceptos que rigen el procedimiento administrativo diagramado por la ley 27.348, por lo que consideró que la controversia suscitada debía resolverse a influjo de los parámetros delineados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en cuanto -dijo- habilita que la decisión administrativa pueda ser modificada en un proceso posterior sometiendo a la aseguradora a una nueva discusión frente a los planteos de inconstitucionalidad de los arts. 6, 21, 22 y 46 de la ley 24.557, conforme se sostuvo en la causa identificada como "Llosco, Raúl c/ Irmi S.A." (sent. de 12-VI-2007). Citó también otros precedentes del más Alto Tribunal que a su juicio, avalaban la postura expuesta (así, los conocidos precedentes "Castillo", "Venialgo", "Marchetti" y "Obregón").
Y siempre como paso posterior al desajuste de la norma de adhesión provincial al texto constitucional resuelto, observó que el resarcimiento reclamado en la demanda encontraba fundamento en una incapacidad permanente parcial derivada de un infortunio laboral, contradiciendo -de esta manera- el dictamen de la comisión médica adjuntado a fs. 16/17, el que, más allá de no asignar incapacidad alguna, encuadró el siniestro y sus consecuencias en un supuesto de enfermedad inculpable.
Concluyó en que la habilitación de la instancia judicial neutralizaba la posibilidad de considerar que lo reclamado en autos hubiera sido alcanzado por una decisión previa y firme, restándole -a su vez- entidad y autoridad a lo decidido en sede administrativa.
De este modo, rechazó la excepción de cosa juzgada administrativa opuesta.
II. La aseguradora de riesgos del trabajo demandada interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 21-IX-2018).
Objeta lo resuelto por el tribunal de grado en tanto, alega, carece de fundamentos y contraviene los principios de legalidad y división de poderes. Agrega que la solución a la que arribó y que lo condujo a desestimar la excepción, también es contraria a la jurisprudencia en la materia.
Luego, afirma que el trámite preliminar ante las comisiones médicas no constituye una violación del derecho de defensa del trabajador, pues no existe norma alguna que lo prohíba y porque el espíritu de la ley es establecer un procedimiento ágil y eficaz para resolver los conflictos. A su vez, expresa que tampoco se verifica transgresión alguna de la normativa internacional en materia de derechos humanos ni en el ámbito de los derechos de orden civil y político ni -menos aun- de las garantías consagradas en la Constitución nacional y en la provincial.
Sostiene que la decisión con arreglo a la cual se dispuso decretar la inconstitucionalidad de la ley 14.997 es a todas luces injustificada y exorbita el marco de las peticiones efectuadas por la propia parte actora.
Insiste en que hallándose consentido el dictamen emitido por la comisión médica interviniente, se encuentra vedado el reclamo ante la sede judicial.
Finaliza precisando que ni la ley 27.348 ni la ley 14.997, impiden el ejercicio de ninguna acción.
III. El recurso prospera con el siguiente alcance.
III.1. Corresponde inicialmente destacar que -en el caso- el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria -representado por el monto reclamado en demanda- no supera la suma mínima para recurrir establecida por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141) vigente al momento de la interposición del medio de impugnación. Por ello, el recurso deducido debe examinarse en el marco de la excepción prevista en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
En estas condiciones, la competencia revisora de esta Suprema Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en el fallo en crisis se contrapone con la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando esta ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 120.201, "Morris", sent. de 25-IV-2018; L. 121.143, "Hurtado", sent. de 14-VIII-2019 y L. 122.752, "Bravo", sent. de 4-VIII-2020; e.o.).
III.2.a. Atento el contenido de la decisión de grado, cabe señalar que la resolución del recurso no puede ignorar la doctrina legal actual de esta Corte, aun cuando a la época del dictado de la sentencia recurrida e incluso de la interposición del medio de impugnación todavía no se encontrara vigente (causas L. 104.124, "Peláez", sent. de 5-III-2014; L. 120.436, "Zirulia", sent. de 14-VIII-2019 y L. 121.504, "Tala", sent. de 21-XII-2020).
Dable es memorar que en repetidas ocasiones ha declarado este Tribunal (causas L. 85.534, "O., C. G.", sent. de 13-II-2008; L. 107.602, "Iturregui", sent. de 30-X-2013 y L. 121.016, "Santillán", sent. de 21-IX-2020) y reiteradamente lo ha advertido la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 298:33; 301:693; 304:1649 y 1761; 308:1087; 310:670 y 2246; 311:870 y 1810; 312:555 y 891; e.o.), que no corresponde dejar de atender a las circunstancias existentes al momento de la decisión, aunque ellas sean sobrevinientes a la interposición del recurso extraordinario.
III.2.b. Sentado lo que antecede, debe destacarse que este Superior Tribunal se ha pronunciado sobre la materia debatida con fundamentos patentemente opuestos a los que integraron la estructura de la resolución recurrida.
Así, en la causa L. 121.939, "Marchetti" (sent. de 13-V-2020) y muchas otras que siguieron su saga (entre tantos, los precedentes L. 124.309, "Delgadillo" y L. 123.792, "Szakacs", sents. de 2-VI-2020) ha declarado la validez constitucional de la ley 14.997, de modo que -por las razones blandidas- cabe aquí replicar esa solución (art. 31, ley 5.827 y modif.).
En lo sustancial, se estableció que la adhesión dispuesta en el art. 1 de la ley 14.997 (en el contexto de lo legislado en los arts. 2 inc. "j" y 103 de la ley 15.057, de la cual las partes han tenido en autos oportunidad de explayarse) supera el test de constitucionalidad, desde que no importa delegación de facultades propias del gobierno local, ni su contenido se observa sustraído del conocimiento de las controversias del fuero provincial del trabajo, quedando garantizados los derechos de defensa, debido proceso y acceso a la justicia de los trabajadores víctimas de infortunios laborales y sus derechohabientes, así como el control judicial suficiente en el esquema organizacional del régimen de riesgos del trabajo.
Por ello, y demás fundamentos expuestos en las causas mencionadas -a los que procede remitir por razones de brevedad-, debe declararse procedente la impugnación.
De suyo, que rescindida la conclusión que desplazó la aplicación de las leyes 27.348 y 14.997 en violación a la doctrina legal, han de quedar lógicamente sin efecto las posteriores motivaciones del fallo logradas a partir de la declaración de inconstitucionalidad a la que arribó el a quo .
IV. En virtud de lo dicho, cabe hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y revocar la resolución impugnada. Los autos deberán regresar al tribunal de la instancia para que con distinta integración dicte el pronunciamiento que corresponda.
Las costas se imponen por su orden, atento las dificultades interpretativas generadas por la normativa en juego y el modo en que se resuelve la presente (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
Con el alcance indicado, así lo voto .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I.1. Coincido con lo expuesto por el colega doctor Soria en el punto III.1. de su voto.
I.2. Sin embargo, aun cuando el valor de lo cuestionado en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no supere el límite establecido en los arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653, corresponde ingresar al tratamiento del agravio contenido en la impugnación dirigido a rebatir la declaración de inconstitucionalidad de la ley 14.997, pues involucra, claramente, una cuestión federal que esta Corte debe abordar en tanto órgano máximo de la judicatura local (CSJN Fallos: 308:490 in re "Strada"; 311:2478 in re "Di Mascio" y causa L. 120.479, "Guzmán", sent. de 21-XI-2018).
I.3. Luego, ingresando al abordaje del planteo indicado, asiste razón a la impugnante conforme expone el doctor Soria en el punto III.2.b. de su voto, al cual doy mi adhesión.
II. Por todo lo expuesto, considero que el recurso extraordinario deducido debe prosperar, en los términos señalados en el punto IV del voto que abre el acuerdo.
Con el alcance indicado, así lo voto .
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Genoud y Carral , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, por mayoría de fundamentos, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto y se revoca la sentencia impugnada con los alcances establecidos en el punto III.2.b. del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de grado para que, debidamente integrado, dicte nuevo pronunciamiento.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención a las dificultades interpretativas derivadas de la cuestión tratada (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 28/10/2022 18:18:08 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/10/2022 20:23:31 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 01/11/2022 09:22:58 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/11/2022 10:22:54 - CARRAL Daniel Alfredo
Funcionario Firmante: 03/11/2022 10:01:22 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/11/2022 11:05:21 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 03/11/2022 11:31:46 hs. bajo el número RS-87-2022 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia