Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 126697
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 126.697, "Escobar, Juan Carlos contra LINEAERRE S.A. Despido", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Genoud .
El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de Mar del Plata acogió parcialmente la acción deducida e impuso las costas del modo que especificó (v. fs. 157/174).
Se interpusieron, por las partes actora y demandada, sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley mediante las presentaciones electrónicas de fecha 4 de diciembre de 2018 y 11 de diciembre de 2018, respectivamente. El a quo concedió el deducido por la accionante y rechazó el incoado por la legitimada pasiva (v. fs. 180 y vta., 207 y vta. respectivamente).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente -en lo que reviste interés por resultar materia de agravio-, rechazó la demanda promovida por Juan Carlos Escobar contra LINEAERRE S.A. por la que se pretendía el cobro de la sanción conminatoria contemplada en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo (texto conf. art. 43, ley 25.345).
Para así decidir, juzgó -por mayoría- que, a la hora de efectuar la intimación a la empleadora, el actor incumplió con el requisito normativo de indicar el plazo del emplazamiento al haber intimado solo por el "término de ley", cuando el citado art. 43 de la ley 25.345 no establece plazo alguno y sí lo hace el art. 1 del decreto reglamentario 146/01 (v. fs. 161).
II. Contra dicho pronunciamiento, la parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y violación de los arts. 14 bis, 17 y 28 de la Constitución nacional; 39 incs. 1 y 3 de la Constitución provincial; 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo; 43 de la ley 25.345; 1 del decreto 146/01; 47 de la ley 11.653 y de la doctrina legal que identifica (v. presentación electrónica de fecha 4-XII-2018).
Se agravia únicamente respecto del tramo del pronunciamiento que rechazó la pretensión deducida al amparo del art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo (conf. texto del art. 43, ley 25.345).
Inicialmente, destaca que el tribunal de grado con las constancias obrantes en la causa (recibos de haberes de fs. 11/12 e informe de la AFIP de fs. 127/140) tuvo por probado que, al momento del distracto, la demandada no ingresó los aportes que había retenido a los organismos de la seguridad social. En ese orden -con sustento en la citada norma y en la doctrina legal que cita- reputa configurados los presupuestos de procedencia de la sanción conminatoria reclamada.
A su vez, impugna la motivación que expuso el juzgador -en cuanto declaró que el actor no había cumplido con la manda del art. 1 del decreto 146/01-. Considera que para así concluir incurrió en un excesivo rigorismo formal y, además, en una absurda valoración de la prueba y las constancias de la causa.
Aclara que en el telegrama agregado a fs. 6 expresó textualmente que "...Asimismo intimo término de ley ingrese los fondos retenidos con destino a los organismos de la seguridad social y obra social, bajo apercibimiento de formular formal denuncia penal, por delito de retención indebida y reclamar multa del art. 132 bis LCT...".
Explica que el hecho que se haya utilizado la frase expresión "término de ley...", en nada puede perjudicar a su parte ni -menos aun- beneficiar a quien se enriqueció ilegítimamente.
Aduce que es evidente que cumplió con lo establecido en el art. 1 del decreto 146/01. Sin embargo -indica- al interpretar literalmente la palabra "ley", soslayando el sentido amplio que debe dársele -que incluye a todo el plexo normativo a que dicha obligación se refiere-, el sentenciante arribó a una conclusión arbitraria y absurda.
Agrega que el fallo también transgredió el principio de congruencia -consagrado en los arts. 34 inc. 4 y 163 inc. 6 del Código Procesal Civil y Comercial y 47 de la ley 11.653-, toda vez que cuando la empleadora contestó la demanda, solo se defendió diciendo que su parte había cumplido con los depósitos correspondientes.
Por último, reprocha al juzgador que no haya declarado de oficio la inconstitucionalidad del mencionado art. 1 del decreto reglamentario 146/01. Entiende que dicho precepto altera el espíritu o la sustancia de la ley que reglamenta e implica un claro exceso de las facultades que fueron otorgadas al Poder Ejecutivo por el art. 99 inc. 2 de la Constitución nacional.
III. El recurso no prospera.
III.1. El órgano judicial de grado, al analizar los requisitos de admisibilidad del medio de impugnación bajo examen, consideró que "...el valor del litigio no excede la suma determinada por el art. 278 CPCC. modificado por ley 14.141..." y, en ese orden, lo concedió teniendo en cuenta "...los precedentes citados en el punto IV y el art. 55 primer párrafo -última parte- de ley 11.653..." (fs. 180), resolución que -pese a lo expresado en el punto II.4. del escrito de réplica- no mereció objeciones.
De allí que la función revisora de esta Corte queda entonces circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, trasgresión que se configura cuando este Tribunal ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 116.470, "Armesto", sent. de 6-III-2013; L. 117.516, "Raminey", sent. de 1-IV-2015; L. 123.644, "Goicoechea", sent. 9-II-2021; e.o.).
No obsta a lo señalado, el discurso del interesado vinculado a que el juzgador debió -no obstante no haber sido objeto de planteo- declarar oficiosamente la inconstitucionalidad del art. 1 del decreto 146/01. Ello así por las siguientes razones. En primer lugar, resulta concluyente que el argumento no ha sido traído por el impugnante para sortear el recaudo de admisibilidad atinente a la cuantía económica del asunto (causa L. 116.584, "González", sent. de 26-IX-2018). En segundo término, sin dejar de recordar que el control oficioso que reprocha insatisfecho importa el ejercicio de una facultad inherente a los jueces, a las que estos acuden como ultima ratio del orden jurídico, y más allá del análisis de la oportunidad de introducción de la cuestión, lo cierto es que el argumento exhibe una contradicción intrínseca revelada por la manifestación atingente a la observancia por parte del interesado del plazo reglamentario, cuando -a la vez- lo tacha de inconstitucional.
III.2. En estas condiciones, en el estrecho marco de análisis impuesto, no es eficaz la denuncia de violación de la doctrina legal elaborada respecto del art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo que contiene el recurso.
Me afirmo en esta conclusión desde que las directrices que se plasmaron en las causas citadas por el interesado no se identifican con las particulares motivaciones que dotan de estructura al fallo impugnado. Las declaraciones efectuadas en esos precedentes aludieron -concretamente- a determinados requisitos a los que dicha norma legal subordina la aplicación de la sanción conminatoria mensual que prevé, y no a la configuración de la exigencia vinculada al plazo de la intimación; ni -menos aun- a la revisión de la apreciación que propone el agraviado respecto de la pieza postal que porta la referencia al emplazamiento, aspecto que -por lo demás- importa el ejercicio de una facultad privativa de los jueces de la instancia ordinaria y ajena a la casación en el marco de la presente vía excepcional. Nótese, en efecto, que el propio quejoso tilda de absurdo al razonamiento plasmado en el fallo que pone en tela de juicio.
Sentado lo anterior y, sin perjuicio del acierto o desacierto sustancial de la decisión de grado, cabe recordar que no concurre el supuesto de excepción previsto en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 si la doctrina que emana del antecedente invocado por el recurrente no guarda correspondencia con las motivaciones del tribunal de grado que han constituido factores esenciales de su decisión, ni se trata de situaciones similares atento su diferente contenido fáctico (causas L. 118.976, "Veroisa Muñoz", sent. de 28-II-2018; L. 120.253, "Pastor", sent. de 2-V-2019 y L. 123.643, "Slutzky", sent. de 14-III-2022).
Asimismo, carece de idoneidad para habilitar la revisión del pronunciamiento de origen por el excepcional conducto que contempla la ley procesal del fuero del trabajo local, la mención de doctrina legal concerniente a la supuesta transgresión del principio de congruencia (causas L. 101.058, "Sánchez", sent. de 29-VI-2011; L. 116.906, "Romero", sent. de 3-VI-2015 y L. 123.841, "Tossi", sent. de 29-X-2021).
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. Como indica el ponente, el recurso extraordinario fue concedido por el tribunal de grado en los términos del primer párrafo, parte final del art. 55 de la ley 11.653, por estimar que el valor del agravio no alcanzaba el umbral fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial.
Tal definición -más allá de su acierto o error- no fue controvertida por el recurrente, lo cual impone examinar la impugnación en el estrecho marco fijado por el precepto citado (causas L. 121.840, "Arias Balderrama", resol. de 17-X-2018 y L. 122.061, "Acosta", resol. de 5-XII-2018).
II. Sentado lo que antecede, adhiero al voto del distinguido colega, doctor Torres.
Solo me permito aclarar, respecto de lo manifestado en el último párrafo del apartado III.2. en lo concerniente a la denunciada violación del principio de congruencia, que si bien participo de la opinión que la doctrina legal aprehendida por la hipótesis de excepción bajo examen resulta comprensiva de aquella elaborada en orden a la hermenéutica de normas tanto de carácter sustancial como las adjetivas o de formas (conf. mi voto en las causas L. 82.176, "Giménez", sent. de 30-XI-2005; L. 87.476, "Pardo", sent. de 29-VIII-2007 y muchas otras más recientes), cierto es, que resultando que uno de los objetivos del recurso de inaplicabilidad de ley es mantener y unificar la jurisprudencia, ante la reiteración de pronunciamientos habidos en el tema, siendo la postura que sustento minoritaria, dejo a salvo mi opinión y, a tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827 y sus modificatorias, acompaño -como lo anticipé- lo decidido por el doctor Torres (causas L. 125.904, "Almada", resol. de 1-IX-2021; L. 124.100, "Goncálves", sent. de 20-X-2021 y L. 123.841, "Tossi", sent. de 29-X-2021).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
Comparto lo expuesto por mi distinguido colega doctor Torres en los dos primeros párrafos del apartado III.1. de su sufragio y con ello, lo señalado en orden al acotado marco de revisión por el que ha de transitar el recurso.
Luego, los argumentos desplegados por el ponente en el apartado III.2. de su opinión, a los que adhiero, me conducen a desestimar el medio de impugnación conforme lo propone el mentado colega.
Con el alcance indicado, así lo voto .
El señor Juez doctor Genoud, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votó en el mismo sentido.
Con lo que termino el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 03/11/2022 14:32:01 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 08/11/2022 09:16:25 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/11/2022 13:27:57 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/11/2022 17:10:14 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/11/2022 09:25:43 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia