Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 125509
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 125.509, "Cuello, Gonzalo Ricardo contra DIACSA S.A. y otro/a. Accidente de Trabajo-acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Soria, Kogan, Genoud.
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar parcialmente a la demanda deducida e impuso las costas del modo que especificó (v. sent., fs. 442/466).
Se dedujo, por la parte demandada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 475/488).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente acogió parcialmente la demanda interpuesta por Gonzalo Ricardo Cuello y condenó a la firma DIACSA S.A. a pagar la suma que especificó en concepto de salarios adeudados, sueldo anual complementario, vacaciones, rubros derivados del despido, horas extras y las penalidades previstas en los arts. 9 y 15 de la ley 24.013; 2 de la ley 25.323 y 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (texto según ley 25.345; v. fs. 442/466). Rechazó, en cambio, la pretensión relativa al pago de la sanción prevista en el art. 132 bis de la última de las leyes citadas (v. vered., fs. 449; sent., fs. 460 vta.).
Por otra parte, aplicó a la demandada la sanción por temeridad y malicia porque entendió que su conducta encuadraba en las prescripciones de los arts. 9 de la ley 25.013 y 275 de la citada Ley de Contrato de Trabajo (v. fs. 461 y vta.), y condenó a entregarle al actor el certificado de trabajo y la constancia documentada de aportes sindicales y de la seguridad social.
Para así decidir, en lo esencial, tuvo por probado que el trabajador ingresó a laborar para la empresa demandada el 1 de mayo de 1998, cumpliendo tareas de vendedor hasta el día 19 de diciembre de 2014 en que la empleadora lo despidió de modo directo. Declaró injustificada la decisión rupturista porque consideró que no cumplía las pautas del art. 243 de la Ley de Contrato de Trabajo y que la causa invocada resultaba insuficiente para provocarlo, a la luz del art. 242 de la ley citada. Asimismo, juzgó demostrado que el trabajador realizó horas suplementarias y que percibió pagos en concepto de comisiones fuera de todo registro.
II. Contra la decisión de grado se alza la demandada mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que -a lo largo de su desarrollo- denuncia la transgresión de los arts. 14 bis, 16, 17, 18 y 75 incs. 22 y 23 de la Constitución nacional; 168 y 171 de la Constitución provincial; 242 y 243 de la Ley de Contrato de Trabajo; 9 y 15 de la ley 24.013; 9 de la ley 25.013; 375 del Código Procesal Civil y Comercial; 39 y 44 de la ley 11.653; de los pactos y tratados internacionales que identifica; y de la doctrina legal que cita (v. fs. 475/488). Asimismo, invoca absurdo en la valoración de la prueba.
Expone los siguientes agravios:
II.1. Refuta lo resuelto en la sentencia de grado en cuanto, según el recurrente, se declaró -de modo oficioso- la suspensión de la prescripción, sin haber sido solicitada por la actora.
Expone que tal como la excepción de prescripción debe ser interpuesta por la parte a la que beneficia, lo mismo sucede con los supuestos de suspensión o interrupción. Invoca infringida doctrina legal de esta Suprema Corte.
Luego, señala que deben considerarse prescriptos los créditos anteriores a los dos años de la interposición de la demanda, que fue iniciada el día 17 de marzo de 2013 (v. fs. 478 vta.).
II.2. Se queja porque el tribunal de origen consideró injustificado el despido dispuesto por la empleadora y declaró procedentes los rubros indemnizatorios, así como los salariales y las multas reclamadas, cuando -en rigor- se cumplieron las exigencias del art. 243 de la Ley de Contrato de Trabajo, ya que los motivos en que se fundó la ruptura del vínculo fueron expresados claramente por la empleadora.
Sostiene que no caben dudas acerca de que la justa causa del despido resultó ser el hecho de que el trabajador protagonizó una pelea en su horario de trabajo.
Expone que no existió, como equivocadamente entiende el a quo , una ampliación o modificación de esa causal, ya que la circunstancia determinante de la cesantía fue la descripta, la cual -indica- quedó acreditada mediante la prueba testimonial e informativa producida en autos.
II.3. Asimismo, denuncia que la errónea valoración de la prueba en que incurrió el órgano de la instancia inferior en grado lo condujo también a concluir que no podía considerarse justificado el despido en los términos del art. 242 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Argumenta que en la sentencia solamente se hace mención a algunos fragmentos de la declaración de los testigos, cuando -en verdad- quedó inobjetablemente acreditada la pelea del trabajador en el horario de trabajo y frente a clientes. Alega que el hecho en sí mismo tuvo una gravedad tal que no dejó otra alternativa que dar por finalizado el vínculo, en tanto se puso en juego el prestigio y la buena imagen de la empresa (v. fs. 480/482).
II.4. En otro aspecto, se agravia respecto de la fecha en que el tribunal de grado consideró extinguida la relación laboral, a partir de lo que -según entiende- resulta ser una absurda apreciación de la planilla de ingreso y del domicilio consignado en ella por el dependiente.
Expone que este último asentó allí una dirección inexistente y que dicha documentación, reconocida por el trabajador como de su puño y letra, fue totalmente omitida por el tribunal de origen, sin exponerse en el fallo los motivos que lo condujeron a así decidir.
Asevera que debe considerarse que el contrato de trabajo finalizó el día 5 de diciembre de 2014, desde que la misiva rescisoria se remitió correctamente, debiendo reputarse extemporánea la posterior intimación del trabajador.
II.5. Refuta, además, la conclusión por conducto de la cual se estableció que este último ingresó a prestar tareas el 1 de mayo de 1998.
Manifiesta que en la demanda se denunció como inicio de la relación el mes de septiembre de 2000 y en la contestación se reconoció como fecha de ingreso el día 2 de diciembre de 2000, siendo el periodo comprendido entre esos meses el que estaba en discusión.
Sostiene el recurrente que no existe una deficiencia registral en los libros de la demandada, como entiende el a quo . Agrega que cuando el actor fue transferido a la empresa DIACSA S.A. -en el mes de enero de 2013- se consignó en los libros y en los organismos de seguridad social esa fecha de ingreso, respetando su antigüedad con ALOISE y CIA S.A. desde el 2 de diciembre de 2000.
Expone que un claro error en la valoración de la prueba llevó al tribunal de mérito al absurdo de considerar una fecha de ingreso dos años antes de la denunciada por el propio actor y determinar que la empresa ALOISE HOGAR S.A. forma parte o se halla vinculada con ALOISE y CIA S.A. o DIACSA S.A., evidenciando una clara transgresión al principio de congruencia, que afecta el derecho de defensa de la accionada.
En este aspecto sostiene que si el hecho hubiera sido introducido por el actor en el intercambio telegráfico o en su demanda, la empleadora podría haber ofrecido y producido prueba a los fines de desacreditar dichos extremos. En cambio, al incorporarlos el juzgador de grado al momento de fallar de manera arbitraria, no solo se apartó del tema debatido y a decidir, sino que -arguye- al resultar hechos no planteados la accionada se vio privada de ejercer su defensa.
En suma, asevera que el órgano de origen realizó una valoración sesgada y absurda de la prueba producida, y al sentenciar más allá de los hechos expuestos por las partes, vulneró el elemental derecho de defensa de la empleadora, transgrediendo los principios de igualdad, bilateralidad y equilibrio procesal (v. fs. 482/484 vta.).
Por último, aduce que el a quo interpretó erróneamente las declaraciones testimoniales, las que no tienen la claridad y certeza que les adjudica. Destaca que el juzgador fue notoriamente subjetivo en la valoración.
En su apoyo, denuncia la doctrina legal que considera violada.
II.6. Luego, cuestiona el reconocimiento efectuado por el sentenciante de origen con relación al pago de comisiones fuera de registro y de la jornada extraordinaria.
Arguye que tuvo por acreditados dichos extremos tomando en cuenta únicamente dos testimonios: el de la testigo Torres, quien se reconoció parcial a las pretensiones del actor; y el del testigo Juárez, quien simplemente trabajó con el demandante durante dos meses. Luego, descartó el resto de la prueba testimonial. En este marco, indica que el tribunal se apartó de los criterios de valoración de la prueba (v. fs. 484 vta. y 485).
II.7. Por otro lado, objeta la aplicación de las multas contempladas en los arts. 9 y 15 de la ley 24.013.
Aclara que el cuestionamiento lo es en subsidio de aquellos expuestos en los puntos II.1. y II.2., pues entiende que de tener favorable acogida estos últimos, la inaplicabilidad al caso del referido plexo legal se impone.
Luego, manifiesta que ante el improbable supuesto de que no se hiciera lugar a esos argumentos, la condena a abonar el rubro previsto en el art. 15 debe ser -igualmente- revocada.
Relata que la discusión de autos versó sobre la legitimidad de la causa del despido dispuesta por la empleadora, por lo que -concluye- siendo ese -y no otro- el motivo de la rescisión del vínculo, en nada influyó la intimación del trabajador sobre supuestas irregularidades registrales.
Aduce que la empleadora decidió dar por extinguido el contrato de trabajo el día 1 de diciembre de 2014, con anterioridad a que el actor hubiera remitido telegrama alguno. Por ello -insiste- no puede considerase que la ruptura decidida por el principal tenga vinculación con dicho emplazamiento.
Entiende que el citado art. 15 establece una multa en el marco de una presunción iuris tantum , que debe ceder ante circunstancias que, como en el caso, den cuenta de la existencia de una verdad distinta a aquella presumida.
II.8. Por último, controvierte la condena por temeridad y malicia, toda vez que -manifiesta- se dispuso la aplicación de la multa prevista en el art. 2 de la ley 25.323 (v. fs. 486), de modo que de mantenerse la primera se estaría condenando dos veces por un mismo hecho.
Al efecto, denuncia violada la doctrina legal emergente de la causa L. 119.678, "Bertinelli" (sent. de 10-IV-2019), destacando que este Superior Tribunal reiteradamente ha sostenido que no corresponde adicionar a la condena derivada del indicado precepto, la sanción por temeridad y malicia en los términos de los arts. 9 de la ley 25.013 y 275 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Se opone a la conclusión con arreglo a la cual el juzgador de origen sostuvo que la empleadora adoptó una conducta obstruccionista y la calificó como temeraria y maliciosa.
Niega haber asumido tal comportamiento, desde que la empresa se presentó a estar a derecho, ofreció prueba y no adoptó ninguna conducta de esa índole.
Concluye que la empleadora se limitó a considerar que el hecho imputado al actor ameritaba la sanción que se aplicó, es decir, el despido, lo que -enfatiza- no puede ser juzgado como una actitud de esa naturaleza.
III. El recurso prospera con el siguiente alcance.
Por razones metodológicas, habré de alterar para su tratamiento el orden de los agravios ensayados.
III.1. Principiaré por analizar el reproche dirigido a rebatir el reconocimiento del pago de comisiones fuera de registro y de la jornada extraordinaria, el que -anticipo- no resulta atendible.
III.1.a. En lo que reviste interés, el tribunal interviniente juzgó probados -en base a los testimonios rendidos en la audiencia de vista de la causa- que el actor trabajó de lunes a viernes de 8:30 a 17:30 hs. y los sábados de 9 a 17:30 hs., confirmando lo expuesto en la demanda en cuanto a la realización de horas suplementarias.
Sostuvo que la conclusión arribada se veía robustecida con el informe contable que informó sobre la falta de exhibición de constancias documentales de las que surgiera el horario de trabajo del accionante (v. vered., segunda cuestión, fs. 443 vta. y 444).
En cuanto a la remuneración, afirmó que el dependiente percibió comisiones por ventas que no eran consignadas en los recibos, sino que eran abonadas de manera clandestina, fuera de toda registración. Destacó que su pago en forma normal y habitual quedó contundentemente acreditado mediante los testimonios prestados.
Luego, consideró que la mejor remuneración devengada ascendía a la suma de $14.628,42, conforme lo denunciado en el escrito de demanda (v. vered., tercera cuestión, fs. 444/445).
III.1.b. Situado en este plano, me permito memorar que el examen y valoración de la prueba testimonial es asunto reservado a los jueces de grado, quienes gozan de amplias atribuciones en razón del sistema de "apreciación en conciencia", tanto en lo que concierne al mérito y habilidad de las exposiciones, salvo el supuesto extremo de absurdo (causas L. 117.721, "Agapito", sent. de 25-XI-2015; L. 119.010, "Martínez", sent. de 28-II-2016; L. 121.935, "Ibarra", sent. de 2-XI-2020 y L. 123.542, "Atalaya", sent. de 15-VI-2022).
Asimismo, conforme surge de la doctrina legal de este Superior Tribunal, esas reglas no resultan alteradas por la utilización de la técnica de videograbación de la audiencia de vista de la causa implementada en autos por el tribunal de trabajo, pues la aludida herramienta tecnológica, orientada a facilitar el examen material de lo actuado en aquel trascendental acto, permitiendo su reproducción, revisión y conservación, no desplaza el referido método de evaluación de la prueba, centrado en la inmediación valorativa de los magistrados de la instancia (causa L. 119.644, "Salas", sent. de 6-II-2019; e.o.).
Bajo tales premisas, la crítica formulada luce insuficiente para conmover lo resuelto, en tanto solamente exhibe la disconformidad del recurrente con la solución alcanzada en el fallo, a través del intento de disputarle al tribunal interviniente la potestad de evaluar la prueba oral, sin lograr demostrar -con ese ineficaz método- la existencia de absurdo.
De allí que estas conclusiones del fallo objetado no han de modificarse.
III.2. Corresponde ahora abordar el agravio vinculado con el tratamiento oficioso de la suspensión de la prescripción, causal que -señala el quejoso- no fue solicitada por la parte interesada.
III.2.a. Sobre el punto, preciso es señalar que el tribunal de la causa evaluó que la demandada opuso -según dijo- en un par de lacónicos párrafos y sin mayores precisiones, la defensa de prescripción.
Entendió que la excepción fue interpuesta en forma genérica, sin indicación de las razones que justificaran su procedencia y sin que dichas falencias pudieran ser subsanadas por el juzgador. En ese contexto, procedió a rechazarla, señalando que toda vez que los créditos reclamados poseían contenido alimentario y carácter irrenunciable, la prescripción debía analizarse de manera especialmente restrictiva.
No obstante, continúo diciendo que la intimación epistolar efectuada por el actor fue útil para suspender el curso de la prescripción por un año, por lo que siendo que las diferencias salariales reclamadas se cuantificaron desde el mes de enero de 2013, que los rubros derivados del distracto devinieron exigibles en el mes de diciembre de 2014 y que la demanda fue interpuesta con fecha 17 de marzo de 2015, afirmó con contundencia que "...ninguno de los créditos reclamados en la demanda y liquidados en el peritaje se encuentran prescriptos (art. 256, LCT)..." (fs. 452 vta.).
III.2.b. Si bien es cierto que el interesado desatiende el primero de los argumentos dados en el fallo impugnado, no lo es menos que ataca -de modo concreto y eficaz- la segunda línea de razonamiento introducida por el tribunal de origen al abordar dicha defensa, en la que se ocupó de declarar suspendido el plazo prescriptivo, aspecto que, sin lugar a dudas, debe atenderse porque tiene gravitación sobre el reclamo de diferencias salariales.
Sentado ello, observo que le asiste la razón al quejoso cuando aduce que la suspensión del curso prescriptivo no fue invocada por la parte actora y que su eventual configuración -que, al cabo, fue decretada en la especie- no puede abordarse por los jueces de manera oficiosa.
Conforme con agudeza explica el interesado, el sentenciante incurrió en violación de la doctrina legal de esta Suprema Corte, citada en la réplica, que establece que los magistrados no pueden abordar de oficio la existencia de motivos susceptibles de provocar la suspensión o interrupción del plazo de prescripción (causa L. 117.901, "Fernández", sent. de 20-V-2015; e.o.).
Desde este punto de mira, toda vez que la decisión que declaró suspendido el curso de ese término incide sobre las diferencias salariales que fueron objeto de condena (periodo enero de 2013 a noviembre de 2014), corresponde hacer lugar a esta parcela del remedio traído y revocar este fragmento de la decisión de grado, debiendo practicarse en la instancia de origen nueva liquidación con los alcances que se desprenden de la solución que aquí propicio.
III.3.a. También merece recepción el cuestionamiento dirigido a objetar la fecha de ingreso del trabajador.
Afirma con éxito la recurrente que a la hora de determinar el momento en que el actor comenzó a laborar para la demandada, el tribunal de grado incurrió en violación de la doctrina legal elaborada en torno al principio de congruencia y al derecho de defensa en juicio.
III.3.b. Sobre el particular, el órgano de la instancia inferior concluyó que la relación laboral que ligó a las partes se inició el 1 de mayo de 1998.
Expuso que de la prueba pericial contable surgía una inconsistencia registral que se desprendía de los libros y registros de la empleadora. Además -indicó- el análisis conjunto de la prueba informativa y testimonial permitió evidenciar la real fecha de ingreso del dependiente, lo que -sostuvo- corroboraba la falsedad de las fechas registradas por la patronal.
Juzgó que del informe proveniente de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que luce agregado a fs. 273/294 surgía que el actor fue registrado por "ALOISE HOGAR SOCIEDAD ANÓNIMA" en el mes de mayo de 1998 y que continuó inscripto para dicha firma en forma ininterrumpida hasta el mes de agosto de 2000. Luego -remarcó- a partir de diciembre 2000 figuraba registrado para "ALOISE Y CIA S.A." en forma continua hasta el mes de diciembre de 2012, mientras que, desde enero de 2013 y hasta noviembre de 2014, figuró como trabajador de "DIACSA S.A.".
Concluyó que era evidente que el señor Cuello fue registrado para la empresa de venta de electrodomésticos "ALOISE" desde mayo de 1998, la cual fue mutando su denominación societaria y en cada uno de esos cambios se produjeron modificaciones en la registración.
Finalmente, corroboró la fecha de ingreso con la prueba testimonial, y sostuvo que los dos testigos propuestos por la demandada que declararon en la audiencia de vista de la causa afirmaron que el actor comenzó a prestar tareas en la fecha indicada.
Aclaró que arribaba a esa conclusión con apoyo en la pericia contable, la informativa proveniente de la AFIP y la testimonial, y por aplicación de los principios in dubio pro operario y de primacía de la realidad (arts. 9, LCT y 39.3, Const. prov.; v. vered., primera cuestión, fs. 442/443).
III.3.c. Interesa destacar que en el escrito de inicio, el actor refirió haber ingresado a trabajar a las órdenes de la empresa DIACSA S.A. en el mes de septiembre d
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