Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 123383
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 123.383, "Linares, Bernardo Alfredo contra Instituto Médico Constituyentes S.A. Despido", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Soria, Genoud.
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Morón hizo lugar parcialmente a la demanda promovida, con costas del modo que especificó (v. fs. 1.748/1.771).
Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 1.792/1.803 vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. En lo que interesa, el tribunal de grado desestimó la demanda promovida por el señor Bernardo Alfredo Linares contra Instituto Médico Constituyentes S.A. -y otros- en cuanto pretendía el cobro de las indemnizaciones derivadas del despido, las previstas en los arts. 1 y 2 de la ley 25.323, así como las sumas que había reclamado en concepto de participación ganancial impaga (v. fs. 1.748/1.771).
Para así decidir, tuvo por probado que el actor ingresó a prestar servicios dependientes para dicha institución el día 12 de abril de 1982, desempeñándose en los últimos años como director médico en el servicio de hemodiálisis, a cambio de una remuneración de $42.000 mensuales y que la relación no se encontraba registrada (arts. 7 y 18, ley 24.013; v. fs. 1.752/1.753).
Declaró que la extinción del contrato de trabajo se produjo por el despido directo dispuesto por la patronal, notificado mediante telegrama de fecha 17 de mayo de 2013 (v. fs. 55), aduciéndose como causal rescisoria la pérdida de confianza motivada -en prieta síntesis- en haberse constatado en los días previos a enviar la misiva: a) la progresiva salida de pacientes (identifica un total de trece) dializados en las instalaciones del instituto demandando, con destino a otros centros respecto de los cuales el actor era socio; b) la circunstancia de que el demandante se valía de trabajadores de la empleadora para que brinden servicios en establecimientos de aquel, en días y horarios en que debían laborar para la accionada, al tiempo que dicho personal justificaba su inasistencia con certificados médicos expedidos por el socio del señor Linares -doctor López- (v. fs. 1.753/1.754).
Juzgó que la empleadora cumplimentó acabadamente los extremos requeridos por el art. 243 de la Ley de Contrato de Trabajo en tanto detalló con claridad, precisión y sencillez los incumplimientos contractuales que le endilgó al dependiente (v. fs. 1.762 vta.).
Estimó acreditado que el señor Linares había constituido las empresas Grupo FS S.A. y Grupo ER S.R.L., en las que detentaba los cargos de presidente y gerente, respectivamente, dedicadas a la prestación de servicios de salud en el área de nefrología y tratamiento dialítico (v. fs. 1.757 y 1.762 vta.).
Destacó que el accionante no logró demostrar que la demandada tuviera conocimiento desde un primer momento de la actividad comercial del actor, que resultara frecuente el traslado de insumos desde los establecimientos de este último hacia la institución demandada, que existieran problemas con los proveedores, ni tampoco la pretensa falta de recursos (v. fs. 1.757 y vta.).
Con sustento en las declaraciones testimoniales recibidas en la audiencia de vista de la causa -que estimó respaldadas con la prueba documental anejada al expediente (formularios 04 DEM, informe brindado por el Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de la Provincia de Buenos Aires, v. fs. 1.034/1.099)- tuvo por probada la progresiva salida de pacientes desde el Instituto Constituyentes S.A. hacia los establecimientos asistenciales de propiedad del accionante (v. fs. 1.757).
Ponderó, especialmente, las circunstancias apuntadas en orden a que Linares ocupaba un cargo jerárquico en la estructura interna y su antigüedad dentro de la empresa; que había constituido sociedades comerciales con el mismo objeto que la demandada, a lo que adunó que, aprovechando desperfectos en la máquina de agua, provocó -con la ayuda de otros empleados de la firma- la salida de varios pacientes hacia sus propios establecimientos (v. fs. 1.764 y vta.).
Consideró que dicho proceder configuró una injuria de tal gravedad que justificó la decisión rupturista de la patronal por constituir un obrar desleal, contrario a los legítimos intereses del principal, violatorio de los deberes de buena fe y fidelidad que imponen los arts. 62, 63 y 85 de la Ley de Contrato de Trabajo, lo que afectó gravemente la confianza que le fuera depositada por su empleador (v. fs. 1.764).
De tal modo, juzgó que el despido directo resultó ajustado a derecho; por lo que rechazó las indemnizaciones derivadas del despido y el agravamiento establecido en los arts. 1 y 2 de la ley 25.323.
Desestimó, también, el reclamo tendiente a que se le abone la suma de $450.000 en concepto de participación en las ganancias, con sustento en no haberse acreditado por el interesado el porcentaje alegado, ni detallado en el escrito de demanda el modo en que arribó a dicha suma. Afincó su decisión, también, en la doctrina legal de esta Corte que identificó en el fallo según la cual cuando se discute la causa fuente de la obligación de pagar un concepto determinado, su demostración corresponde a la parte actora, conforme lo dispuesto por el art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial (v. fs. 1.765).
II. La parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y violación de los arts. 14, 14 bis, 17, 18 y 19 de la Constitución nacional; 15, 25, 39 inc. 3 y 171 de la Constitución provincial; 63, 85, 88, 242, 243, 245, 269 y 275 de la Ley de Contrato de Trabajo; 1.071, 1.077, 1.078, 1.089, 1.090 del Código Civil -ley 340-; de la resolución del Ministerio de Salud 1.704/07; de los arts. 34 incs. 4 y 5 "c", 362, 376, 375, 384, 386 y 415 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y 39, 40, 44 inc. "d", 47 y 53 ter de la ley 11.653.
II.1. Critica la sentencia de grado porque ella se apoya -a su criterio- en pruebas que no fueron admitidas, ordenadas, producidas ni incorporadas por alguno de los medios previstos por la ley procesal, ni por el tribunal de trabajo (v. fs. 1.796).
En este sentido, refiere que los jueces no debieron meritar el informe glosado a fs. 1.068/1.133, proveniente del Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de la Provincia de Buenos Aires (CUCAIBA) -que forma parte de la IPP n° 10-00-031942-15/00- por haber sido rechazado el hecho nuevo que se intentó acreditar a través del mismo (v. fs. 1.135/1.136; 1.795 y vta.).
Afirma que, en general, no debió considerar ninguna constancia de la mentada IPP, cuya producción -aduce- nunca fue ordenada por el judicante de mérito (v. fs. 1.997 y vta.).
Destaca que, sin perjuicio de lo antes expuesto, de las constancias referenciadas y del informe emanado del Grupo ER S.R.L. -agregado a fs. 1.327- se colige que era una práctica habitual el intercambio de pacientes entre los centros del actor y de la demandada, a lo que aduna que no se demostró que el promotor del juicio prestase servicios en aquellos nosocomios (v. fs. 1.796 y vta.).
II.2. Arguye que el juzgador omitió valorar las posiciones absueltas en rebeldía por las demandadas, de las que se desprende que tenían conocimiento de la condición de socio del actor respecto de los establecimientos antes referenciados y de la existencia de un acuerdo de derivación de pacientes entre dichos nosocomios y la firma demandada (v. fs. 1.796 vta.).
Añade que conforme surge del informe glosado a fs. 1.300, a través de la página web del CUCAIBA se puede acceder a los datos de cada uno de los centros de diálisis -domicilio, directores, equipo profesional, etcétera-, razón por la cual la supuesta ignorancia de la empleadora respecto al carácter de socio del actor es falaz (v. fs. 1.796 vta. y 1.797).
Puntualiza que el tribunal de grado tampoco consideró lo manifestado por la parte demandada en ocasión de contestar el oficio que le fuera remitido, en el que dejó asentado que los pacientes Restucia y Chiary fueron derivados a otras instituciones no vinculadas al promotor del pleito (v. fs. 1.797).
Indica que mediante la IPP n° 10-00-015179-13/00 -ver fs. 1.484/1.656- y la actuación notarial del 20 de mayo de 2013 obrante a fs. 38/50, se acredita el grave deterioro que tenían los equipos de diálisis de la demandada (v. fs. 1.798 vta.).
II.3. Afirma que la comunicación rupturista no cumple con las exigencias del art. 243 de la Ley de Contrato de Trabajo, toda vez que no especifica cuándo se constataron los hechos que consigna, no detalla el personal de la accionada que -supuestamente- trabajó en los centros del actor, si se trató de una o más personas, qué función cumplían y cuáles habrían sido los hipotéticos horarios de superposición (v. fs. 1.799 y vta.).
Refiere que tampoco se verificaron los requisitos de causalidad, proporcionalidad y oportunidad entre el supuesto hecho injurioso y el despido (v. fs. 1.800 y vta.).
II.4. Descalifica la valoración efectuada por el tribunal respecto de la prueba testimonial producida en la audiencia de vista de la causa.
Puntualiza que los deponentes no formularon manifestación alguna respecto de los hechos consignados por la empleadora en la comunicación rupturista (v. fs. 1.800 vta.).
Asevera, entre otras cuestiones, que los testigos Verón y Raggio expresaron haber tomado conocimiento de los acontecimientos a partir de los dichos de terceros (v. fs. 1.802).
Aduna que la testigo Perrota tiene un conflicto penal con el actor, por lo cual sus dichos debieron tomarse con mayor prudencia y cautela (v. fs. cit.).
II.5. Añade que la causa penal IPP n° 5.881/14 glosada al expediente, da cuenta que los pacientes concurrieron a otros centros de diálisis por decisión propia, y no por haber sido inducidos por el actor (v. fs. 1.801).
II.6. Refiere que el juzgador no se detuvo a analizar que los pacientes mencionados en la carta documento por la cual se puso fin al contrato de trabajo fueron derivados durante los años 2010, 2011 y 2012, es decir, sin contemporaneidad con la rescisión dispuesta por la patronal (v. fs. 1.801 vta.).
II.7. Finalmente, se agravia del rechazo de la suma de $450.000 reclamada en concepto de ganancias impagas.
Afirma que aun cuando no se practicó liquidación con la demanda, resulta claro -en su criterio- que dicho importe es el resultado de multiplicar $22.000 por veintidós meses anteriores a abril de 2013, último período en el que -señala- se le había abonado al actor el sueldo fijo (v. fs. 1.802).
III. El recurso no prospera.
III.1. En primer lugar, entiendo que debe permanecer firme la decisión en crisis en cuanto dispuso que el despido del dependiente obedeció a justa causa, habida cuenta que la impugnación no presenta fundamentos idóneos que habiliten su modificación.
III.1.a. Tiene dicho este Tribunal que tanto la interpretación del intercambio telegráfico, así como la evaluación de la conducta de las partes previa a la rescisión del vínculo laboral para establecer la existencia o no de injuria, la apreciación de la entidad de las causales invocadas para disponer un despido y la valoración de las pruebas adunadas a la causa para su demostración, constituyen cuestiones reservadas a la función axiológica de los jueces de la instancia de grado.
De modo tal que, para desbaratar esas conclusiones, el interesado debe cumplir con la eficaz alegación y demostración del absurdo en la apreciación de los hechos y las pruebas, o bien en la afirmación y comprobación de que la conducta injuriosa ha sido evaluada por el juzgador sin la prudencia que la ley exige (art. 242, LCT; causas L. 118.273, "Ruíz Díaz", sent. de 14-X-2015; L. 118.219, "Pozzo", sent. de 4-V-2016; L. 122.227, "Chaparro", sent. de 26-II-2020; e.o.).
Anticipo que, si bien el recurrente alega dicho defecto, no logra acreditar su configuración. Tampoco consigue poner en evidencia que la ponderación de la injuria efectuada en la instancia anterior hubiera contrariado la previsión legal del citado art. 242 de la Ley de Contrato de Trabajo.
III.1.b. Como surge del relato de los antecedentes, el examen de las constancias de la causa -principalmente la prueba testimonial y documental- permitió al tribunal de trabajo tener por demostrada la pérdida de confianza que motivó el despido directo del dependiente, instrumentado mediante carta documento de fecha 17 de mayo de 2013.
Puesto a valorar la gravedad de la injuria, ponderó -especialmente- las modalidades de la relación y circunstancias personales del actor. En este sentido, tuvo en cuenta que el promotor del pleito ocupaba un cargo jerárquico y contaba con una dilatada antigüedad dentro de la empresa accionada (v. fs. 1.764 vta.), que había constituido dos centros de hemodiálisis respecto de los cuales era socio, con idéntico objeto que la demandada, y que -valiéndose de dicha situación- provocó la progresiva salida de pacientes de la empleadora a establecimientos de su propiedad (v. fs. 1.764), circunstancias -todas estas- descriptas en la comunicación rupturista remitida.
Paralelamente, juzgó que el actor no logró demostrar que la accionada hubiera tenido conocimiento, desde un comienzo, de la actividad comercial de aquel (v. fs. 1.763); ni de la frecuencia de los traslados entre los centros del accionante y la firma demandada (v. fs. cit.). Hizo hincapié en los deberes de buena fe, lealtad y fidelidad que deben regir las relaciones de trabajo, obligaciones que juzgó incumplidas por el dependiente (v. fs. 1.764 vta.).
III.1.c. En primer lugar, no advierto que el impugnante logre acreditar la denunciada violación del art. 243 de la Ley de Contrato de Trabajo.
En este sentido, tiene dicho esta Corte que tal transgresión se configura cuando el fallo computa como justificantes de la cesantía hechos no expuestos por el empleador como motivo de la rescisión, más no, si el pronunciamiento se sujetó a las causales de cesantía invocadas por el principal (causas L. 97.126, "Pérez Simieli", sent. de 14-X-2009; L. 110.825, "Troyansky", resol. de 25-VIII-2010 y L. 120.819, "Guerra", sent. de 4-IX-2019).
Precisamente, la última circunstancia descripta es la que se constata en el caso, lo que -como señalé- torna ineficaz el embate.
III.1.d. Luego, frente a las definiciones fácticas plasmadas en el fallo de grado, las alegaciones que ensaya el compareciente resultan insuficientes, desde que se dirigen a exponer -sin éxito- su propia versión sobre el modo en que debió apreciarse el contenido del telegrama rescisorio y las circunstancias que culminaron con la decisión rupturista del trabajador, así como también a refutar la valoración de la prueba producida en el expediente, técnicas estas que -reiteradamente se ha declarado- resultan impropias para demostrar el error grave, grosero y manifiesto que constituye el absurdo (causas L. 105.326, "Doble", sent. de 5-X-2011; L. 119.194, "Ferreyra", sent. de 15-XI-2016; e.o.).
Cabe recordar que no configura dicha anomalía cualquier error o la aplicación opinable o que pueda aparecer como discutible o poco convincente, sino que se requiere algo más: el error grave y manifiesto que conduzca a conclusiones claramente insostenibles o inconciliables con las constancias de la causa (causas L. 106.493, "Florentín", sent. de 22-VIII-2012; L. 119.704, "Jerez", sent. de 14-XII-2016; L. 120.171, "Morales", sent. de 3-V-2018; e.o.).
III.1.e. Por otro lado, la denuncia por supuestas irregularidades procesales vinculadas a la valoración de prueba documental cuya producción no habría sido admitida por el tribunal de trabajo -esto es, fotocopias certificadas de la IPP n° 10-00-031942-15- no resulta atendible.
Al respecto, resulta trascedente destacar, por un lado, que fue el propio quejoso quien agregó algunas de las mentadas constancias (v. fs. 1.109/1.112; derivaciones de pacientes obrantes a fs. 1.035 y sigs.) e, incluso, interpuso reposición contra la providencia que había reputado extemporáneo el hecho nuevo denunciado con base en dichos documentos (v. fs. 1.135/1.141).
En ese contexto, la tesis que ahora enarbola en el recurso, según la cual debería desecharse de plano tales constancias no es de recibo, ya que, como ha señalado este Tribunal, "por aplicación de los principios que informan la doctrina de los actos propios, es inatendible la pretensión que importe ponerse en contradicción con los comportamientos anteriores jurídicamente relevantes y plenamente eficaces" (causas L. 110.090, "Pérez", sent. de 11-IX-2013; L. 86.920, "P., G. M.", sent. de 8-X-2014; L. 114.166, "Giordano", sent. de 15-VII-2015; L. 118.225, "Dahl", sent. de 24-II-2016; L. 120.781, "Pintos", sent. de 26-V-2020; e.o.).
Por otra parte, y en lo que hace a las copias acompañadas a fs. 1.375/1.380 por el demandado (sobreseimiento de la señora Perrota), se aprecia que -a diferencia de lo expuesto por el quejoso- el tribunal de trabajo no rechazó expresamente su agregación (v. fs. 1.390 y 1.448).
Ello así, y aun cuando las providencias de trámite recién citadas resultan algo confusas en punto al real alcance de lo decidido, es dable recordar la doctrina de esta Corte en virtud de la cual "la denuncia de pretendidas irregularidades ocurridas en el curso del proceso, como los cuestionamientos vinculados a la producción de la prueba [...] devienen inatendibles, por cuanto dichos tópicos resultan ajenos a la órbita del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, cuyo ámbito está circunscripto -en rigor- al contenido del fallo y su concreta impugnación" (causas L. 104.783, "Del Bagno", sent. de 8-VIII-2012; L. 87.378, "Rodríguez", sent. de 10-XII-2008; L. 93.454, "Bogoslovsky", sent. de 22-X-2008; L. 49.495, "Giménez", sent. de 28-XII-1993; e.o.).
III.1.f. Asimismo, no es ocioso remarcar que el sentenciante basó su decisión -principalmente- en las declaraciones de los testigos Pacello, Raggio, Perrota y Verón, las que estimó corroboradas mediante las constancias instrumentales anexadas al expediente (v. fs. 1.034/1.099 y 1.423/1.446; sent., fs. 1.763/1.764; e.o), medios de prueba sobre cuya base juzgó acreditada la injuria que motivó la decisión rupturista de la empleadora (v. fs. 1.767).
A esta altura, cabe memorar -atento las diversas descalificaciones que ensaya el compareciente respecto de la apreciación de la prueba oral producida en la audiencia de vista de la causa- que la valoración de las declaraciones testimoniales queda reservada a los jueces del trabajo, quienes gozan de amplias facultades en razón del sistema de apreciación "en conciencia", tanto en lo que concierne al mérito como a la habilidad de las exposiciones, salvo la hipótesis de configuración de absurdo (causas L. 122.554, "Marinado", sent. de 9-II-2021; L. 122.965, "Juárez", sent. de 23-II-2021; L. 123.818, "García", sent. de 26-V-2021; e.o.), anomalía que -como lo anticipé- no logra acreditar el compareciente.
III.1.g. Tampoco tiene entidad para conmover la decisión de grado, la crítica dirigida a refutar la ponderación que el juzgador efectuó de las posiciones absueltas en rebeldía por las codemandadas.
Ha dicho esta Corte que los tribunales de trabajo están facultados para tener por ciertos los hechos señalados en las posiciones absueltas en rebeldía, pero en modo alguno obligados a acceder por la sola confesión ficta -automática o mecánicamente- a las pretensiones deducidas. Ello, toda vez que deben apreciarse en su correlación con el resto de las pruebas para decidir la eficacia que se le adjudica como elemento de convicción,
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.