Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 123943
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 123.943, "Reyes, Noemi Elizabeth contra Transporte Gaiba S.A. Despido", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Soria, Genoud.
El Tribunal del Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Azul, con asiento en dicha ciudad, acogió parcialmente la acción deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 697/741).
Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 10-IV-2019).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente -en lo que reviste interés- rechazó las demandas promovidas por Noemi Elizabeth Reyes contra Transporte Gaiba S.A., Medi Pak S.A. y Aires Express S.R.L., por las que pretendía el cobro de haberes y sueldo anual complementario adeudados, vacaciones no gozadas, diferencias salariales, indemnizaciones por antigüedad, sustitutiva de preaviso e integración de mes de despido; como también el recargo indemnizatorio establecido en el art. 2 de la ley 25.323. Desestimó, asimismo, respecto de Transporte Gaiba S.A. y Medi Pak S.A., la procedencia de la multa prevista en el art. 9 de la ley 24.013 y, con relación a Aires Express S.R.L., la contemplada en el art. 8 de la mencionada norma.
Sin embargo, condenó solidariamente a las tres firmas a abonar a la actora la indemnización prevista en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, con más los intereses que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en operaciones a plazo fijo digital a treinta días, especificando que las costas por la parte de la demanda que prospera estarán a cargo de las accionadas en forma solidaria, imponiendo las correspondientes a la parcela que se desestima a la actora.
Para así decidir, advirtiendo la existencia de tres juicios con conexidad subjetiva y eventualmente causal, el juzgador dispuso la acumulación de las actuaciones a los fines de evitar el dictado de sentencias contradictorias, posibilitando la emisión de un solo pronunciamiento con relación a los reclamos que en cada uno de ellos se formalizaron (v. fs. 695 y 698 vta.).
Es menester destacar -por ser materia de agravio- que el tribunal tuvo por acreditado que la actora prestó tareas para las empresas indicadas, quienes actuaban como un grupo económico bajo una misma dirección, haciéndolo en forma simultánea, indistinta e inescindible, en un lugar físico y en una jornada de trabajo común, cumpliendo al principio funciones administrativas y luego gerenciales, estando de tal forma unida a estas por medio de un único contrato de trabajo que reconoce como particularidad la existencia de un empleador múltiple (v. fs. 732). También juzgó demostrado que el contrato de trabajo descripto reconoce como fecha de inicio el 1 de junio de 1992 (v. fs. cit.).
En ese marco, el sentenciante aclaró que los despidos indirectos que fueran dispuestos por la accionante simultáneamente respecto de cada una de las demandadas el día 3 de diciembre de 2015, debían considerarse y evaluarse como un solo acto resolutivo (v. fs. cit.).
Por otro lado, teniendo en cuenta las particulares circunstancias fácticas que corroboró en torno a la remuneración mensual que percibía la señora Reyes, declaró que esta quedó conformada, en principio, con los haberes que le eran abonados por Transportes Gaiba S.A., a partir del mes de mayo de 2008 por la sumatoria de estos con los que le comenzó a pagar la otra empresa del grupo, Medi Pak S.A. -que vinieron a complementar los ingresos de la demandante en razón de las tareas de mayor rango (gerenciales) que le fueran asignadas al servicio de las demandadas- y desde el año 2012 con dichos sueldos más "retiros de caja" (v. fs. 732 vta.).
A partir de esa conclusión, sobre la contraprestación por los servicios conjuntos a las tres firmas indicadas, el tribunal rechazó la pretensión de cobro de haberes y aguinaldos no prescriptos dirigida a una de ellas, Aires Express S.R.L., descartando que pueda adeudar suma alguna en tal concepto (v. fs. 733).
Igualmente improcedente consideró el reclamo de diferencias salariales formulado a Medi Pak S.A. -en el expediente 14.578- respecto a los ítems 4.1.12. y 4.1.13. del Convenio Colectivo de Trabajo 40/89. Ello desde que -consideró- a tenor de lo dispuesto en el punto 3.1.14. del citado convenio colectivo la función y cargo gerencial de la actora la excluyen del alcance de sus disposiciones, dando ello como resultado que aun cuando en los recibos de haberes pudieran haberle sido reconocidos como una liberalidad los aludidos ítems, su pago no resultaba exigible en los términos del convenio (v. fs. 733 vta.). Ello así, máxime cuando -destacó - el sueldo formal percibido por la actora resultaba sustancialmente superior al previsto en el convenio para la máxima categoría administrativa, ascendiendo el de octubre de 2015 -último mes completo-, a $24.464 ($12.853, proveniente de MEDI PAK S.A., según lo denunciado a fs. 71 del expediente 14.578, y $11.611, proveniente de TRANSPORTES GAIBA S.A., como lo indica a fs. 147 vta. del expediente 14.570; v. fs. cit.).
Asimismo, desestimó las diferencias salariales reclamadas con fundamento en su desempeñó como gerente, ponderando que mantenía un único contrato con las accionadas, que percibía un haber mensual de $24.464, y que, por ejercer tal rol, no se encontraba incluida en el Convenio Colectivo de Trabajo 40/89, ni por tanto alcanzada por sus beneficios y mínimos salariales garantizados, los que, no obstante, superaba ampliamente (v. fs. 733 vta.). Adunó que desde el momento en que la demandante pasó a cumplir funciones gerenciales, la determinación de sus condiciones de trabajo (incluida su remuneración) quedaron en el marco del convenio de partes, aunque siempre bajo el amparo de la Ley de Contrato de Trabajo (arts. 17 y 81) y con las garantías emergentes de la Constitución nacional contenidas en el art. 14 bis (v. fs. 734).
En razón de lo expuesto, concluyó que no se vislumbraba la vulneración de ningún derecho reconocido a la reclamante por la ley o la Constitución nacional, juzgando inapropiado -con apoyo en el art. 958 del Código Civil y Comercial- adentrarse en la determinación del monto de su remuneración (v. fs. 734 vta.).
Finalmente, tras analizar las circunstancias fácticas que precedieron a la extinción del vínculo dispuesto por la actora -concernientes a las intimaciones realizadas a las firmas demandadas por la regularización de su fecha de ingreso, el pago de haberes y diferencias salariales, y por la restitución de las condiciones de trabajo que entendía modificadas-, entendió que en autos había quedado acreditada la existencia de un único contrato de trabajo que se inició el 1 de junio de 1992 y por tanto regularmente inscripto.
Relacionado con ello, estimó que no se habían constatado diferencias salariales, como tampoco otro incumplimiento de la patronal comprensivo de una indebida modificación de sus condiciones de trabajo, por lo que no se verificaban causas justificativas del distracto decidido por la demandante, y por lo tanto el mismo debía reputarse ilegítimo e infundado (art. 242, LCT), no dando lugar al pago de las indemnizaciones fundadas con base en el mismo (v. fs. 734 vta. y 735)
II. La parte actora deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia la violación de los arts. 14, 14 bis, 17, 18, 28, 33 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 142 del Código Civil y Comercial; 231, 232, 233, 242, 245, 276 y 277 de la Ley de Contrato de Trabajo; 9 y 11 de la ley 24.013; 2 de la ley 25.323 y 2, 4, 5, 7, 165, 166 y 183 de la Ley de Sociedades Comerciales (v. presentación electrónica de fecha 10-IV-2019).
II.1. Cuestiona la conclusión del tribunal de grado en cuanto declaró que en autos no probó la existencia de múltiples vínculos laborales con las demandadas, sino que, por el contrario, se verificó una relación única entre las partes involucradas.
En ese sentido, le reprocha haber desatendido los hechos planteados en los escritos iniciales, y valorado absurdamente el material probatorio incorporado al proceso, efectuando una inadecuada subsunción o calificación jurídica.
En particular, objeta la interpretación que realizó el sentenciante de la prueba documental y las circunstancias relativas a la fecha de inicio de la relación laboral y a la remuneración que percibió.
Indica que los recibos de haberes de Transportes Gaiba S.A. -agregados a fs. 12/40 del expediente 14.570- demuestran un monto sustancialmente inferior al que le correspondía, pues se desempeñaba como gerente general de dicha sociedad, pero cobraba un sueldo de empleada administrativa.
Señala que los recibos de Medi Pak S.A. -obrantes a fojas 16/46 del expediente 14.578- dan cuenta de otra relación laboral independiente, cuyos salarios se abonaban por tareas prestadas como empleada categoría I, consignándose una falsa fecha de ingreso (1-V-2008), cuando en rigor la relación comenzó el día 1 de julio de 1993.
Añade que la pericia contable revela la existencia de ambas relaciones conforme a la documentación acompañada (recibos y libros de la patronal).
Alega que el razonamiento del juzgador, al declarar que la remuneración mensual abonada por Transportes Gaiba S.A. se complementa con la de Medi Pak S.A., es absurdo, contrario a las máximas de la experiencia y el sentido común, y, además, no se condice con las fechas de liquidación.
Asegura que desde mucho antes de la asunción del cargo gerencial ya venía percibiendo un salario independiente de esta última firma, circunstancia que -en su opinión- surge clara del acta de directorio y los recibos de sueldo.
Impugna -también por absurda- la valoración de los recibos obrantes a fs. 221/250; 252/253; 255/256 y 258 del expediente 14.570, que llevó a los jueces de grado a considerar que los retiros de caja integran el salario total. Explica que estos documentan literalmente "diferencias de sueldo", lo cual denota que constituían anticipos y no retiros o complementos que podrían sumarse a la remuneración normal y habitual.
Desde esa perspectiva, entiende que el tribunal ha tergiversado y distorsionado la interpretación de dichos términos, porque quien "anticipa" una parte de su salario lo hace respecto del total, del cual luego será detraído, pero quien "retira" un plus adicional lo hace más allá del salario que le corresponde y, en tal caso, "agrega" una suma extra.
Expresa que en la audiencia de vista de causa se probó mediante el testimonio de la señora Amaro que tales retiros resultaban de imposible realización, lo cual, sin embargo, no fue expuesto en el fallo recurrido.
Se opone a que la califique como la persona de mayor rango en la empresa cuando recién desde el año 2011 se la podría haber considerado en ese carácter respecto de la sociedad Transportes Gaiba S.A., por su novísima designación en calidad de gerente de esta, y no del conjunto de las sociedades del grupo empresario.
II.2. Por otro lado, aduce que el juzgador realizó una valoración incorrecta y absurda de las causales e injurias que fundaron la extinción de las relaciones laborales.
II.2.a. Controvierte la conclusión que se estableció en el fallo -para desechar la motivación rescisoria afincada en la falta de registración laboral desde el día 7 de enero de 1991- en orden a que el comienzo de la existencia de la persona jurídica se ubica en oportunidad de su constitución (14-II-1992) y que previo a ese momento ni el ente societario ni el vínculo habían existido.
Refiere que no puede válidamente confundirse el beneficio de la personalidad jurídica, que resulta de la constitución de una sociedad comercial regularmente constituida, con el fenómeno de la irregularidad societaria, que arduamente ha sido tratado y debatido en la doctrina y la jurisprudencia.
Afirma que los hechos y las pruebas reunidas en la causa han permitido acreditar que Transportes Gaiba S.A. ya existía antes del año 1992, más allá de su precariedad, y que prestaba servicios para ella desde el año 1991, esto es, con antelación a su constitución formal o su regularización registral.
Recuerda que la sanción de la ley 19.550 (vigente al momento de perfeccionarse el vínculo laboral con dicha empresa, como así también durante casi la totalidad del período de tiempo que duró) contempló el régimen de las sociedades irregulares o de hecho en los arts. 21 a 26.
Expone que los jueces han ponderado los testimonios de las señoras Geneyro y Paso a partir de una premisa erróneamente planteada (a saber: la señalada imposibilidad de existencia societaria con antelación a la celebración del contrato constitutivo), lo que -en su criterio- resulta reprochable.
Denuncia que, "en su afán por frustrar los derechos de la trabajadora, se han omitido transcribir en el decisorio las declaraciones más importantes de las dos testigos".
II.2.b. En otro orden de consideraciones, objeta el análisis de la causal "común" que invocó la trabajadora para justificar el distracto respecto de las tres firmas, esto es, aquella vinculada con el rechazo a su intimación para que se restablezcan las condiciones de trabajo cuya alteración denunció.
Considera que el razonamiento de los magistrados es absurdo, pues lejos de haberse abocado a la ponderación objetiva de la entidad o gravedad de la injuria laboral, en función de las pruebas producidas y lo previsto en el art. 242 de la Ley de Contrato de Trabajo, han desplegado una serie concatenada de dudas, suposiciones o conjeturas sobre si una trabajadora, estando de vacaciones, puede interesarse por sus condiciones laborales o por su alteración.
Añade que el tribunal debió tener en cuenta sus circunstancias personales desde una perspectiva que contemple el principio de protección del trabajo (art. 14 bis, Const. nac.) y no desde un enfoque que privilegie el despojo de sus derechos.
Apunta que la especial posición y responsabilidad que asumió dentro de la empresa, como así también su antigüedad, relaciones personales y demás circunstancias de orden laboral y profesional, justificaban al menos una razonable y fundada explicación acerca del cambio en sus condiciones de trabajo, más allá de la insuficiente y falaz respuesta que recibiera en las contestaciones referidas a razones de seguridad.
II.2.c. Por lo demás, denuncia que las causales individuales de despido invocadas respecto a las sociedades Medi Pak S.A. y Aires Express S.R.L. ni siquiera fueron valoradas en el pronunciamiento de grado.
Recuerda que al promoverse la demanda contra la primera firma indicada se invocó como causal autónoma de autodespido la tardía registración laboral.
Señala, asimismo, que debe valorarse el contenido injuriante que resulta de la conducta de la demandada Aires Express S.R.L., toda vez que la ausencia de registración laboral, pago de salarios adeudados y demás conceptos remuneratorios e indemnizatorios comprendidos en el escrito inicial -previamente intimados y rechazados por la patronal- dieron suficiente validez y consistencia a la decisión rupturista.
II.3. Invocando circunstancias sobrevinientes de público conocimiento, vinculadas al proceso inflacionario de los últimos años, postula la declaración de inconstitucionalidad de las normas que prohíben la actualización monetaria (arts. 7 y 10, ley 23.928) por ser violatorias de la garantía de propiedad (arts. 14 y 17, Const. nac.).
Bajo la misma línea argumental y en el mismo capítulo, peticiona que se adicionen a la totalidad de los rubros reclamados intereses moratorios calculados a la tasa activa más alta que percibe en sus operaciones de descuento a treinta días el Banco de la Provincia de Buenos Aires.
II.4. Por último, cuestiona la distribución de costas dispuesta en la sentencia impugnada.
Argumenta, inicialmente, que la eventual revocación del fallo con arreglo a los argumentos expuestos en el recurso implicará que el juzgador las adecue a la nueva decisión.
Subsidiariamente, solicita la eximición total o parcial de los gastos del proceso por considerar discutible el criterio de imposición , teniendo en cuenta la magnitud de los montos pretendidos, su situación de vulnerabilidad y las razones plausibles que tuvo para litigar.
III. El recurso no prospera.
III.1. Corresponde analizar en primer lugar los cuestionamientos a las conclusiones que estableció el tribunal sobre la existencia de un único contrato de trabajo.
III.1.a. Al respecto, el órgano judicial de grado refirió, en primer lugar, que mientras que la señora Reyes sostuvo que prestaba tareas en forma paralela y diferenciada para cada una de las empresas -con variada extensión horaria, existiendo tres contratos individuales reveladores de una situación de pluriempleo, las accionadas afirmaron que aquella desplegó sus funciones en un mismo lugar físico y horario, de manera simultánea e indistinta para todas las firmas, sin que pueda discernirse cuando lo hacía para una o para otra, por lo que en verdad existía un único contrato de trabajo con empleador múltiple (v. fs. 709 vta.).
En ese marco, señaló que la propia versión de la actora conspira contra la postulación de existencia de tres contratos simultáneos, toda vez que ella misma reconoce que las accionadas conforman un grupo económico, funcionando bajo una misma dirección y domicilio, por lo que cabe entender que las tareas se ejecutaban en una misma y única jornada.
El sentenciante hizo hincapié en que la demandante no había indicado cuáles eran los horarios en los que se desempeñaba para cada una de las empresas, concluyendo así que no cumplía distintas jornadas por empresa, sino que lo hacía en una sola al servicio de las tres.
Meritó también las misivas dirigidas a Medi Pak S.A. y a Aires Express S.R.L. obrantes a fs. 7 del expediente 14.578 y 8 del expediente 14.592, en los cuales hace expresa referencia a que "cumplía un horario de 8 a 16 hs. para las tres empresas", así como la testimonial recibida en la vista de causa.
Relacionado con ello, y en lo que atañe a las tareas ejecutadas, el tribunal ponderó las declaraciones brindadas por varios testigos que dieron cuenta que la actora realizaba funciones gerenciales para todas las empresas del grupo con bastante antelación al año 2011, momento en el que se la designó formalmente como gerente de Transportes Gaiba S.A.
En suma, el tribunal concluyó que la actora, sea como empleada administrativa o cumpliendo tareas gerenciales, siempre laboró en forma conjunta e indistinta al servicio de las firmas que componían el grupo, restándole importancia al hecho de que formalmente el pago se realizara a través de dos recibos distintos "en los que se le liquidan salarios como si se tratara de una empleada comprendida en el C.C.T. 40/89 cuando en realidad y por el cargo que ocupaba (gerencial), que se hacía constar en los expedidos por TRANSPORTES GAIBA S.A. pero no en los de MEDI PAK S.A.", calificando a esa situación como una mera desprolijidad que, por otro lado, no resultaba ajena a la demandante, ya que dado su rol dentro del grupo empresario hubiera podido subsanarlas ordenando que se liquidara correctamente.
III.1.b. Es oportuno recordar que esta Corte tiene dicho que la interpretación de los escritos constitutivos del proceso, la evaluación del material probatorio y la determinación de las circunstancias fácticas que permitan definir -o no- la existencia de un contrato de trabajo, su fecha de inicio y la remuneración que le corresponde al trabajador, constituyen atribuciones privativas de los tribunales de origen
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