Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 125100
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 125.100, "Aguirre, Ernesto Aníbal contra Peri S.A. y otros. Despido", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Genoud.
El Tribunal de Trabajo n° 6 del Departamento Judicial de San Isidro, con asiento en dicha ciudad, acogió parcialmente la acción instaurada e impuso las costas del modo en que especificó (v. fs. 771/785 y aclaratoria de fs. 804/807).
Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 8-X-2019).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. En lo que aquí interesa, el tribunal de grado hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por el señor Ernesto Aníbal Aguirre y condenó a Peri S.A. al pago de la suma que estableció en concepto de indemnizaciones por antigüedad, sustitutiva del preaviso e integración del mes de despido, vacaciones proporcionales -con más el sueldo anual complementario sobre todos los rubros mencionados- y sueldo anual complementario el proporcional del primer semestre del año 2007, seis días trabajados en el mes del distracto y las penalidades contempladas por los arts. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo -texto según art. 45 de la ley 25.345-; 53 ter de la ley 11.653 y 2 de la ley 25.323. En cambio, la desestimó en cuanto pretendía el cobro de la totalidad de los días trabajados en el mes de abril de 2007; los resarcimientos previstos en los arts. 9 y 15 de la ley 24.013 y 1 de la ley 25.323; la entrega de los certificados previstos en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (conf. ley 25.345); la multa contemplada en el art. 275 de la ley de fondo citada y la indemnización por daño moral (v. sent., fs. 771/785).
Asimismo, rechazó en todas sus partes la acción iniciada contra Constec S.R.L. y CBA Constructora del Buen Ayre S.R.L. (v. sent., fs. 777 vta. y 778).
En lo que resulta de interés, por ser materia de agravios, desestimó el planteo por el que se cuestionaba la validez constitucional de los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 y modificatorias conforme ley 25.561 (v. sent., fs. 780 y vta.).
Finalmente, declaró que desde la fecha de exigibilidad del crédito hasta el día 18 de agosto de 2008 debían abonarse los acrecidos a la tasa pasiva del Banco de la Provincia de Buenos Aires para operaciones de depósito a treinta días y, con posterioridad a esa fecha, a la tasa pasiva "digital" mencionada (v. sent., fs. 781 y vta.).
II. Contra dicho pronunciamiento, la parte actora deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia absurdo, la vulneración de los arts. 14 bis, 17 y 18 de la Constitución nacional; 519, 520, 521, 522 y 622 del Código Civil y 768, 769, 770 y 1.738 del Código Civil y Comercial de la Nación y de la doctrina legal que individualiza (v. presentación electrónica de fecha 8-X-2019).
II.1. En lo atinente a la admisibilidad de la impugnación, sostiene que cuando se cuestiona la adecuación de un fallo de un tribunal inferior a la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y a la Constitución nacional, el Tribunal Superior de Provincia debe intervenir para agotar la instancia local, sin que ello pueda ser obstaculizado por normas procesales. En este camino, afirma que los fallos y precedentes de la Corte Suprema deben ser acatados, por lo que su violación arbitraria constituye cuestión federal suficiente que habilita el recurso extraordinario.
II.2. Luego, en lo medular de su crítica, se agravia de la alícuota empleada por el tribunal de origen para estimar los acrecidos.
Aduce que mediante la aplicación de las "tasas de interés" -ya sean activas o pasivas- los tribunales inferiores actualmente han favorecido la "licuación" de las deudas de quienes incumplen sus obligaciones económicas y financieras, afectando el valor adquisitivo final de los créditos de quienes deben recurrir a la justicia para cobrar lo que se les debe. Alega que, a pesar de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido en sus fallos la inaplicabilidad de las tasas pasivas en los juicios laborales y propuso considerar créditos alimentarios a todos los que reclaman los trabajadores ante los tribunales del fuero del trabajo, tal postura quedó en minoría.
Refiere que la aplicación de las tasas de interés inferiores a la inflación afecta gravemente el poder adquisitivo del accionante, en tanto no se reparó en la depreciación monetaria que, como consecuencia del proceso inflacionario, ha sufrido el crédito de naturaleza alimentaria que le fuera reconocido en la sentencia dictada por el órgano jurisdiccional de origen, violándose de tal modo su derecho de propiedad tanto en materia de capital como de intereses, consagrado en el art. 17 de la Constitución nacional.
Con el objeto de acreditar el perjuicio invocado, el recurrente cuantifica el crédito de autos aplicando un "...coef. ajuste por depreciación monetaria (2.422%)" e intereses al 15% anual como los que se aplicaban en épocas de estabilidad plena, siendo esta una de las posibilidades que expone para evitar la confiscación de los créditos alimentarios del acreedor laboral.
Así, enumera como métodos para sortear ese desapoderamiento: la declaración de inconstitucionalidad de las normas que prohíben la indexación de los créditos de dinero; la aplicación de intereses bancarios a la tasa activa con capitalización periódica de los intereses (art. 770, Cód. Civ. y Com.); o bien que se determine un capital indemnizatorio con arreglo al "ingreso actual" del trabajador conforme el criterio delineado por la Suprema Corte en las causas C. 120.536, "Vera" (sent. de 18-IV-2018) y C. 121.134, "Nidera" (sent. de 3-V-2018).
II.3. Para el supuesto de acogerse la impugnación, plantea que la regulación de los honorarios que corresponde percibir al letrado apoderado de la parte actora se adecúe al nuevo monto de condena que resulte, de conformidad con lo explicitado.
II.4. Seguidamente, sostiene que el tribunal de origen omitió aplicar la capitalización de intereses prevista en el art. 770 del Código Civil y Comercial de la Nación.
III. El recurso no prospera.
III.1. Inicialmente es menester destacar que, verificándose en la especie que el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria supera el umbral establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, pierde virtualidad el análisis de las argumentaciones por las que el recurrente pretende poner en tela de juicio el recaudo de admisibilidad fundado en la cuantía económica del asunto.
Ello, sin perjuicio de dejar debidamente aclarado que esta Suprema Corte ha señalado en reiteradas ocasiones que las limitaciones establecidas por los arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653, en cuanto al valor del litigio para la concesión del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, no vulneran derechos o garantías constitucionales desde que no obstan la deducción del recurso extraordinario previsto sino que lo condicionan a un requisito formal, propio de la reglamentación legislativa, sin mengua de la defensa en juicio ni de la igualdad de las partes en litigio. Tampoco impiden a los litigantes ser oídos con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial (causas L. 117.612, "Aranda", sent. de 17-IX-2014; L. 123.368, "Hurtado", sent. de 22-IX-2021; L. 121.260, "Lazarte", sent. de 12-IV-2021; e.o.).
III.2. Sentado lo anterior, cabe -también- indicar que la competencia revisora de este Tribunal está circunscripta al contenido de la sentencia de grado y a la concreta impugnación contra ella formulada en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (causas L. 120.120, "Ojeda", sent. de 12-IX-2018; L. 120.168, "Vietta", sent. de 27-III-2019; L. 121.460, "Guerra", sent. de 31-VIII-2020; e.o.), por lo que no corresponde ingresar a analizar los planteos formulados por el impugnante en el punto IV del recurso bajo la denominación "solicitudes especiales".
III.3. Luego, ocupa señalar que la objeción emparentada con la tasa de interés aplicada en autos al capital de condena, no es de recibo.
III.3.a. El tribunal de grado, a fin de calcular los acrecidos, utilizó, desde que cada obligación se hizo exigible hasta el día 18 de agosto de 2008, la tasa pasiva que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a treinta días y desde el día 19 de agosto de 2008, la que abona la misma entidad bancaria a través del sistema denominado "Banca Internet Provincia". Para ello, tuvo en cuenta lo resuelto en el precedente L. 108.164, "Abraham", sentencia de 13-XI-2013, en la que esta Corte declaró la invalidez constitucional de la ley 14.399 (v. sent., fs. 781 y vta.).
III.3.b. Esta decisión no es conmovida por el impugnante.
Al efecto, debe señalarse que en las causas C. 119.176, "Cabrera" y L. 118.587, "Trofe", sentencias de 15-VI-2016 -y las que siguieron su línea directriz- (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), esta Corte declaró que los intereses moratorios aplicados sobre el importe reconocido en la sentencia por el mencionado rubro deben liquidarse mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo deberá ser diario con igual tasa, desde la fecha del evento dañoso hasta el efectivo pago (arts. 622 y 623, Cód. Civ.; 7 y 768 inc. "c", Cód. Civ. y Com.; 7 y 10, ley 23.928 y modif.).
Siendo así, cabe concluir que, en el presente caso, lo decidido en materia de tasa de interés por el tribunal de grado se ajusta -en el contexto de las circunstancias reseñadas durante el período de su aplicación- a la doctrina legal de esta Corte, por lo que corresponde desestimar la réplica en este tramo.
III.4. Tampoco queda margen para ingresar en el análisis de la denunciada inconstitucionalidad de los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 y 4 y 5 de la ley 25.561, ello así, en tanto lo resuelto por el sentenciante guarda armonía con el criterio plasmado en reiterados pronunciamientos de esta Corte en los que se ha declarado la validez constitucional de aquellas normas que prohíben expresamente toda forma de actualización monetaria, indexación de precios o repotenciación de deudas (causas L. 105.189, "Portillo", sent. de 7-IX-2011; L. 107.840, "Cimadoro", sent. de 18-IV-2012; e.o.), sin que el impugnante aporte nuevos argumentos aptos para desvirtuar la aplicación de la doctrina citada.
III.5. A su turno, el planteo afincado en que el tribunal de origen debió aplicar la capitalización de los intereses prevista en el art. 770 del Código Civil y Comercial también debe ser desestimado.
En reiteradas ocasiones ha declarado esta Suprema Corte que no puede traerse a consideración en la instancia extraordinaria aquella pretensión que no fue llevada a conocimiento del tribunal de grado, deviniendo en una cuestión novedosa y, por ende, inatendible en la casación (causas L. 94.114, "Iturriaga", sent. de 29-XII-2008; L. 120.815, "López", sent. de 13-X-2020; e.o.).
En ese orden, se advierte que la petición concerniente a la aplicación de la citada norma legal, si bien no pudo integrar la pretensión liminar, pues no se encontraba vigente al momento de la interposición de la demanda el Código Civil y Comercial de la Nación (conf. art. 7, ley 26.994, modif. por ley 27.077); tampoco, durante el trámite del presente proceso, el interesado desplegó argumento o solicitud en ese sentido, para posibilitar -de ese modo- la bilateralidad del debate sobre el particular (art. 18, Const. nac.).
En razón de lo expuesto, sin abrir juicio sobre las motivaciones que introduce el actor en esta instancia extraordinaria, se advierte que la crítica constituye una cuestión novedosa y, por ello, no susceptible de ser abordada por este Tribunal.
III.6. Finalmente, considero que lo dicho es suficiente para dar respuesta a la impugnación traída, lo que me exime de ingresar en el análisis de los restantes cuestionamientos traídos.
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa.
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero al voto del doctor Torres.
Solo he de agregar , para despejar cualquier equívoco, que la doctrina legal cuya aplicación propicia el quejoso para el caso examinado (v. punto II.2. parte final del voto que antecede) ha sido elaborada sobre la base de presupuestos distintos de los que aquí se han configurado, luciendo por ello ineficaz (causas L. 116.942, "Novelli", sent. de 28-X-2015 y L. 121.611, "Falcon", sent. de 27-XI-2019).
Voto pues, por la negativa.
Los señores Jueces doctores Soria y Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 20/11/2022 14:26:31 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 22/11/2022 12:19:43 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/11/2022 12:34:31 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/11/2022 17:15:02 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/11/2022 08:32:50 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 29/11/2022 09:20:31 hs. bajo el número RS-107-2022 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia