Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 126519
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 126.519, "Acuña Cam, Juan Carlos contra QBE ART S.A. y ot. Accidente de trabajo - acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Kogan, Genoud .
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la acción deducida e impuso las costas del modo que especificó (v. fs. 346/365).
Se interpuso, por Experta ART S.A., recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 28-VII-2020).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. En lo que interesa, el tribunal de grado hizo lugar a la demanda promovida por el señor Juan Carlos Acuña Cam y condenó solidariamente a Wang Chien Yen y QBE ART S.A. -hoy Experta ART S.A.- a pagar las sumas que determinó en concepto de reparación integral por las secuelas incapacitantes derivadas del accidente de trabajo que sufrió el día 4 de noviembre de 2011 (v. fs. 346/365).
Consideró demostrado que en la fecha señalada, mientras el actor se hallaba prestando sus tareas habituales de preparado de panificación, una máquina sobadora atrapó su mano izquierda provocándole graves heridas, y que como consecuencia del evento padece una incapacidad psicofísica -sumados los factores de ponderación- del 32,94% del índice de la total obrera (v. fs. 346 vta. y 347).
En ese contexto, al analizar la situación del empleador, el sentenciante consideró que este debía responder integralmente por haberse configurado en el caso los factores de atribución de responsabilidad objetiva y subjetiva contemplados en los arts. 1.109 y 1.113 del Código Civil -ley 340- (v. fs. 347/348 vta., 349 y vta. y 354/356).
Luego, en relación con la aseguradora de riesgos del trabajo, refirió que ni del dictamen pericial técnico ni la documental obrante a fs. 131/142, surgía que dicha entidad hubiese evacuado cabalmente las obligaciones a su cargo ni efectuado la denuncia de los incumplimientos que surgían del relevamiento realizado en el establecimiento del empleador el día 24 de octubre de 2011 (v. fs. 348 vta.).
Indicó el a quo que nada se había verificado, ni en la documentación acompañada por la interesada ni en el informe realizado por el perito ingeniero, acerca de la observancia de esas obligaciones que pesan en cabeza de la aseguradora en su condición de fiscalizadora del cumplimiento de las condiciones de seguridad laboral de su afiliada, en tanto que su naturaleza jurídica la caracteriza como un subsistema de la seguridad social, lo que agrava el incumplimiento de las cargas legalmente impuestas con el propósito de alcanzar los objetivos que la ley 24.557 proclama en su art. 1, esto es, reducir la siniestralidad laboral a través de la prevención de los riesgos derivados del trabajo, lo que -precisó- claramente no se agotó con el relevamiento llevado a cabo en la fecha señalada (v. fs. 349).
Remarcó el a quo que no existen constancias que permitan ni tan siquiera inferir que las accionadas cumplieran mínimamente con las normas vigentes en materia de higiene y seguridad del trabajo (ley 19.587), ni que se brindaran cursos de capacitación al trabajador o se le entregaran elementos de protección personal; incumpliendo además con los requerimientos previstos por los arts. 9, 16, 18, 19, 21 y 27 del decreto 170/96. En suma, concluyó, no se constató medida alguna por parte de la aseguradora de riesgos del trabajo para evitar accidentes (v. fs. 354).
Con todo, tuvo por acreditado que el daño que padece el actor con motivo del accidente de trabajo se encuentra causalmente conectado con los incumplimientos que en materia de seguridad e higiene incurrieron las demandadas, pues la observancia de tales obligaciones preventivas claramente poseía la virtualidad de atenuar e incluso evitar los daños finalmente ocasionados. Ello demuestra -agregó- que la desidia y la negligencia en el cuidado de la integridad e indemnidad del trabajador es la causa inmediata del estado incapacitante que lo afecta, debiendo en consecuencia responder solidariamente a la reparación plena de los perjuicios causados (arg. arts. 4 y 31, ley 24.557; 901, 902 y sigs., 1.074 y 1.109, Cód. de Vélez; v. fs. 354 in fine y vta . ).
Por último, verificada la responsabilidad civil de la empleadora y de la aseguradora de riesgos del trabajo, el juzgador declaró la inconstitucionalidad del art. 39 apartado 1 de la ley 24.557 y, una vez descontado el importe de las prestaciones dinerarias previstas en dicho régimen legal percibidas en sede administrativa, condenó solidariamente a ambas accionadas a pagarle al actor la suma que estipuló en concepto de reparación integral de daños (v. sent., fs. 356/360 vta.).
II. Experta ART S.A. interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
II.1. Bajo la denuncia de absurdo, cuestiona la atribución de responsabilidad formulada en la sentencia con sustento en las normas del derecho civil.
Manifiesta que, contrariamente a lo afirmado por el tribunal de grado, de la copia certificada de la documentación de Seguridad e Higiene acompañada en oportunidad de contestar la demanda, surge que efectuó las denuncias correspondientes frente a los incumplimientos que verificó respecto de su afiliada en la visita que tuviera lugar el día 24 de octubre de 2011.
Sostiene que resulta incomprensible e inadmisible una condena solidaria en términos civiles, impuesta en base a premisas falsas que no tienen su correlato con los antecedentes obrantes en la causa.
Explica que el perito técnico dio cuenta de la visita efectuada y de los incumplimientos observados, por lo que una interpretación de la totalidad de la prueba impide arribar a la conclusión efectuada por el sentenciante acerca de la presunta inobservancia de los deberes a su cargo; no existiendo incumplimiento alguno que justifique la aplicación en el caso de lo dispuesto por el art. 1.074 del Código de Vélez Sarsfield.
Refiere que no se encuentra demostrada la existencia de una relación de causalidad adecuada o jurídicamente relevante entre los presuntos incumplimientos endilgados y el accidente que sufriera el accionante.
Indica que en la sentencia en crisis no se han detallado cuáles son aquellas conductas exigibles cuyo cumplimiento supuestamente fue omitido y que pudiera de manera razonable haber evitado la producción del infortunio denunciado en autos.
Alega que el pronunciamiento de grado exhibe una completa falta de justificación y motivación que explique cómo el juzgador llegó a la absurda conclusión que se impugna.
II.2. Por otra parte, controvierte la incapacidad reconocida al actor en la sentencia, ello, a partir de señalar que el juzgador fijó una minusvalía física superior a la determinada por la Comisión Médica.
Indica que el a quo rechazó las impugnaciones efectuadas oportunamente a la pericia médica y consideró que la incapacidad informada por el experto era la adecuada. Destaca que en la especie resulta de aplicación obligatoria el baremo del decreto 659/96, que no prevé como daño indemnizable al daño estético por cicatrices en miembros y extremidades.
Alega que respecto de la presunta afección psicológica, en el escrito de demanda no se expuso en forma clara y precisa los hechos en que fundaba tal reclamo, por lo que no debió haber considerado viable la pretensión pertinente.
Objeta que el sentenciante se apartara del porcentaje de incapacidad informado por el perito por considerar que el método de la capacidad restante sólo procede en casos de múltiples siniestros. Aduce que la operación efectuada por el tribunal para determinar la incapacidad derivada del infortunio se aparta injustificadamente de las disposiciones de la ley 24.557.
Indica que en relación con la evaluación de la incapacidad de un gran siniestrado producto de un único accidente, se emplea el criterio de la capacidad restante previsto por el decreto 659/96.
II.3. Censura el monto de condena al que arribó el tribunal de origen.
Señala que resultaba útil emplear criterios de cálculos matemáticos, contribuyendo a brindar precisión y cumplir acabadamente con el mandato de fundar debidamente los actos sentenciales.
Manifiesta que dicho órgano jurisdiccional se apartó de las fórmulas "Vuotto" o "Méndez" de uso frecuente en el fuero para cuantificar los rubros reclamados en un proceso como el ventilado en autos, arribando a un importe de condena injustificadamente superior al que resulta de aplicar las operaciones propuestas en tales precedentes.
II.4. Por último, sostiene que los intereses moratorios deben computarse desde la consolidación de la minusvalía, es decir, desde el momento en que corresponde considerarla permanente. De allí que, continúa, la obligación de hacer efectivo el resarcimiento por incapacidad parcial, permanente y definitiva para el cálculo de los accesorios debe remontarse a la fecha del dictamen de la Comisión Médica y no a la del acaecimiento del accidente.
Lo contrario, concluye, redundaría en un incremento injustificado del crédito del actor en detrimento de los derechos patrimoniales de la aseguradora, toda vez que fue en la fecha de emisión de dicho dictamen el momento en el que el daño ha sido consolidado, conociéndose la incapacidad determinada por el órgano jurisdiccional.
III. El recurso no prospera.
III.1. Los argumentos dirigidos a cuestionar la atribución de responsabilidad efectuada por el tribunal de trabajo con sustento en las normas del derecho civil no pueden tener favorable recepción.
III.1.a. Sabido es que determinar si las aseguradoras de riesgos del trabajo han cumplido o no con las obligaciones que el sistema de la ley 24.557 pone a su cargo en materia de seguridad, prevención y control de los riesgos de trabajo como, asimismo, establecer la existencia de nexo causal entre su eventual inobservancia y el infortunio laboral, constituye el ejercicio de una facultad privativa de los jueces de grado, en principio, no revisable en casación, salvo demostración de absurdo (causas L. 103.075, "Vallejos", sent. de 21-XII-2011; L. 110.773, "Asensio", sent. de 13-XI-2012; L. 105.679, "Lazarte", sent. de 12-XII-2012 y L. 120.374, "Brufou", sent. de 29-VIII-2018; e.o.).
III.1.b. La configuración en la sentencia del referido vicio invalidante, no es evidenciada por el impugnante.
Se objeta que el sentenciante de grado hubiera tenido por probada la inobservancia por parte de la aseguradora respecto de las obligaciones a su cargo, poniéndose particular énfasis en la documentación que esta hubo de acompañar al contestar la demanda y en su presunta corroboración por la experticia técnica.
Sin embargo, las discrepancias que trae el quejoso bajo su personal apreciación de los hechos y de las pruebas, no son idóneas para desvirtuar la esencial circunstancia desde la que partió el a quo para arribar a la definición en pugna, claro, aquella que indica que del dictamen pericial referido y de la documental obrante a fs. 131/142 no surge que Experta ART S.A. hubiera efectuado la denuncia ante la Superintendencia de Riesgos del Trabajo de los incumplimientos que surgieron del relevamiento realizado con fecha 24 de octubre de 2011 (v. fs. 348 vta.).
Es que, cabe insistir, el tribunal de grado no soslayó la visita efectuada por la aseguradora al establecimiento laboral, antes bien, tuvo en especial consideración que no se acreditó que las inobservancias allí constatadas (de las que se destacan sendos incumplimientos del empleador en materia de seguridad) hubiesen sido comunicadas ante la entidad de supervisión y control contemplada en el art. 35 de la Ley de Riesgos del Trabajo. Fue ello lo gravitante en el criterio del juzgador para arribar a la definición que establece la responsabilidad de la firma aseguradora, aspecto del pronunciamiento que a falta de un embate eficaz ha de permanecer incólume.
III.1.c. Tampoco lo afirmado en orden a que en la decisión de grado no se habrían detallado las conductas exigibles a la aseguradora cuya observancia pudiera haber evitado el infortunio luce atendible.
Tal cuestionamiento contrasta con lo analizado y resuelto en el fallo, en cuanto allí además de ponderar el tribunal la aludida ausencia de notificación de los incumplimientos verificados, también hubo de referirse a la falta de verificación de la entrega de elementos de protección personal para el trabajador, al dictado de cursos de capacitación, así como a la inexistencia de constancias que acrediten el cumplimiento de los deberes impuestos por los arts. 9, 16, 18, 21 y 27 del decreto 170/96 (v. fs. 354).
III.1.d. De suyo, que la nítida conexión de esas inobservancias con la fisonomía del accidente que protagonizó el actor, da por tierra con todo intento de acreditar un vicio tan extremo como el absurdo en la decisión cuestionada en punto a la relación de causalidad adecuada.
III.1.e. En fin, el recurrente fracasa en este tramo decisivo de la impugnación, pues con los defectos apuntados, las alegaciones que formula sólo traducen su personal y subjetiva opinión, discrepante con las conclusiones plasmadas en la sentencia en punto a la valoración de los hechos o de las pruebas, lo cual -conforme reiteradamente se ha declarado- resulta una técnica carente de idoneidad para evidenciar la existencia del vicio de absurdo (causas L. 95.397, "Otaviani", sent. de 15-VI-2011; L. 106.493, "Florentín González", sent. de 22-VII-2012 y L. 105.972, "R., M. G.", sent. de 3-X-2012).
Al respecto, es sabido que lo que habilita la revisión casatoria no es cualquier equívoco o disentimiento, sino que es necesario que se configure un desarreglo en la base del pensamiento, una falla palmaria del raciocinio (causas L. 92.804, "Olivares", sent. de 3-VI-2009; L. 101.584, "Bassetti", sent. de 9-XII-2010 y L. 89.665, "Rodríguez Pimienta", sent. de 13-VII-2011; e.o.), extremos que -como se dijo- no se han acreditado.
III.2. No corre mejor suerte el agravio relativo a la incapacidad del actor reconocida en la sentencia de grado.
III.2.a. Nuevamente el interesado pretende la revisión de cuestiones cuyo análisis es por regla privativo de los tribunales de trabajo, así, la valoración del material probatorio a fin de determinar el porcentaje de incapacidad que afecta al trabajador víctima de un accidente (causas L. 117.526, "Rivarola", sent. de 1-VII-2015 y L. 120.995, "Heitt", sent. de 19-II-2020; e.o.).
III.2.b. Ponderando tanto la minusvalía física informada en el dictamen pericial médico como la psicológica fruto de la interconsulta manifestada en la ampliación de aquel, el juzgador de la instancia concluyó en que el accionante porta una incapacidad del 27% del índice de la total obrera, guarismo que sumados los factores de ponderación da como resultado el grado total de incapacidad de 32,94% del índice de la total obrera (v. fs. 347). Precisó allí, que no era aplicable el método de la capacidad restante utilizada por el perito médico, toda vez que la fórmula de Balthazard es empleada para aquellos casos en que un segundo accidente separado en el tiempo del primero, afecta al mismo órgano, aparato o sistema, lo que no había sucedido en el caso (v. últ. fs. cit.).
III.2.c. Una mirada del asunto conduce a observar que el modo en el que el a quo estableció el porcentaje de incapacidad, producto de la ponderación de la prueba aportada a la causa bajo la argumentación jurídica que empleó, luce alejado de los extremos yerros que el impugnante intenta demostrar.
Para más, el interesado insiste en centrar su crítica en las distintas reglas previstas en el decreto 659/96 -propio de las acciones situadas en la ley 24.557- sin atender que los magistrados de grado determinaron la minusvalía del trabajador y luego establecieron el resarcimiento por daños y perjuicios fundado en el derecho civil.
III.2.d. Nada agregan las consideraciones emparentadas puntualmente con la incapacidad psicológica determinada en el fallo.
Lo argumentado por el quejoso en cuanto alude a los defectos que según su visión contendría el reclamo impetrado en el escrito de demanda es reflejo de una reflexión tardía, en tanto se sustenta en conceptos novedosos, cuya extemporánea articulación en esta instancia casatoria obsta al ejercicio de la función revisora de esta Corte (causas L. 117.197, "Laugero", sent. de 17-II-2014; L. 117.772, "Batista", sent. de 27-V-2015; L. 120.548, "Lanzillotta", sent. de 17-II-2021; e.o.).
En otra hipótesis, no se constata la necesaria denuncia dirigida a demostrar la eventual configuración del absurdo en la labor del tribunal de la instancia concretamente referida a la valoración de contenido del escrito de inicio.
III.3. Igualmente inatendible deviene el embate tocante al monto reconocido en la sentencia en concepto de reparación integral.
La determinación del quantum indemnizatorio en los supuestos en los que se reclama por vía del derecho común, constituye -por regla- una cuestión privativa de los jueces de la instancia ordinaria, ajena al ámbito de la casación, salvo que se demuestre la existencia de absurdo y la consecuente infracción de las normas que rigen la reparación integral (causas L. 117.850, "Argüello", sent. de 10-VI-2015; L. 116.696, "Sosa de Correa", sent. de 31-X-2016 y L. 118.294, "Cambarere", sent. de 31-V-2017).
Bajo tales directrices, la crítica es marcadamente insuficiente para modificar lo decidido, pues las motivaciones que exhibe esta parcela de su crítica una vez más no logran evidenciar el error grave, grosero y fundamental o el apartamiento de las constancias de la causa que caracterizan al absurdo.
Al cuantificar la indemnización que le correspondía percibir al actor en los términos del derecho civil, el tribunal atendió a algunos conceptos vertidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el conocido precedente "Arostegui" (sent. de 8-IV-2008), para luego exponer los datos que a tales fines consideraba pertinentes: la edad del dependiente a la fecha de la primera manifestación invalidante, el porcentaje de incapacidad, el salario y los años que le restaban al actor de vida útil tomando como tope los setenta y cinco años de edad. Arribó así al monto indemnizatorio en concepto de lucro cesante o pérdida de la capacidad de ganancia, para luego determinar los importes para resarcir los daños a la integridad psicofísica, moral y por pérdida de chance (v. sent., fs. 358/360 vta.).
Lo anterior indica que, más allá de que pueda o no compartirse, el método del que se valió el a quo para computar el cuestionado quantum fue elaborado a partir de los hechos principales acreditados en la causa y conforme a parámetros objetivos aceptados genéricamente por tribunales laborales de distintas jurisdicciones y despojados de visos irrazonables o ilógicos.
III.4. Resta abordar el embate vinculado con el punto de partida a considerar para el cálculo de los intereses que integran la condena, el que se adelanta, es igualmente infructuoso.
El tribunal de la instancia estableció que cabía computar los intereses moratorios devengados entre la fecha de exigibilidad del crédito, que situó al momento del infortunio (4 de noviembre de 2011), y la de su efectivo pago.
Lo expuesto por el recurrente en cuanto pretende que sean computados a partir de la fecha en la que la Comisión Médica emitió su dictamen, solo evidencia una discrepante opinión que no revela la existencia de un error in iudicando en la decisión atacada, más aún cuando en el marco de la acción receptada con fundamento en el derecho común lo resuelto en la sentencia en modo alguno contrasta con la doctrina de este Tribunal que señala
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