Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 126040
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 126.040, "Chejolan, Daniel Gustavo contra Microomnibus Saavedra S.A.T.A.C. e I. y otro. Despido", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Soria, Kogan, Genoud.
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de San Isidro, con asiento en dicha ciudad, rechazó la excepción de incompetencia opuesta por la codemandada Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado e impuso las costas del modo que especificó (v. fs. 128/130).
Se interpuso, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 138/153).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente rechazó la excepción de incompetencia opuesta por la coaccionada Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado en el marco de la acción promovida por Daniel Gustavo Chejolan, en procura del cobro de los rubros derivados del despido, vacaciones, horas extras adeudadas, y las penalidades previstas en los arts. 10 y 15 de la ley 24.013; 2 de la ley 25.323; 80 y 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo (conf. ley 25.345; v. fs. 128/130).
Para así decidir, en lo sustancial, evaluó que la ley 26.352 -invocada por dicha codemandada al oponer la excepción de incompetencia- destinada a regular la actividad ferroviaria, en el art. 12 dispone que las relaciones laborales de dicha sociedad se rigen por la Ley de Contrato de Trabajo y sus modificatorias.
En este sentido, refirió que el hecho de que una de las coaccionadas revistiera el carácter de persona de derecho público no resultaba dirimente para concluir que el litigo correspondiera a la competencia del fuero contencioso-administrativo.
En consecuencia, sobre la base de la doctrina legal de esta Suprema Corte que citó, y a influjo de dicha normativa, declaró su aptitud jurisdiccional para entender en la presente causa.
II. Contra dicha decisión, la codemandada Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 138/153).
Postula que la controversia ventilada en autos es propia de la competencia federal, dada la naturaleza de la referida empresa.
Sostiene esta posición a partir de lo dispuesto en los arts. 116 de la Constitución nacional y 2 inc. 6 y 12 de la ley 48, porque se trajo a juicio al Estado nacional.
Destaca que la sola intervención en el proceso de una sociedad privada no puede afectar el derecho de defensa de aquel ni desnaturalizar lo establecido por las normas citadas precedentemente.
Denuncia violación del debido proceso y de la defensa en juicio, desde que insiste en que el tribunal de grado dispuso su intervención en una causa en la que no tiene aptitud jurisdiccional.
Afirma que resulta absurdo soslayar el carácter estatal de la sociedad codemandada, debiendo el órgano de grado declarar su incompetencia y ordenar el archivo de las actuaciones, conforme lo dispuesto en el art. 352 inc. 1 del Código Procesal Civil y Comercial.
Argumenta que el principio que establece que la competencia de los tribunales de trabajo se verifica cuando se debaten cuestiones entre trabajadores y empleadores, derivadas de un contrato o relación de trabajo, con independencia de las normas en que se funden los reclamos, reconoce algunas excepciones. Entre ellas -destaca- las causas en que una empresa del Estado sea parte, porque en tal supuesto la controversia es propia del fuero federal.
En abono de su postura, cita jurisprudencia de la Corte nacional y de esta Suprema Corte, así como de otros tribunales de justicia.
Expone que la jurisdicción federal debe actuarse en todos aquellos supuestos en que se encuentra en juego un interés de esa índole.
Por último, refiere que además de que el Estado nacional reviste en autos la condición de sujeto codemandado, resultan aplicables los principios y normas del derecho administrativo.
Señala que toda vez que la presente causa se deberá evaluar sobre el alcance de la responsabilidad de aquel, el tema en debate es, predominantemente, de derecho público.
III. El recurso no prospera.
III.1. De modo preliminar, cabe recordar que reiteradamente ha declarado esta Corte que las decisiones dictadas en materia de competencia no revisten carácter definitivo en los términos del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, en la medida que no atribuyan el conocimiento de la causa a una jurisdicción extraprovincial, denieguen la competencia federal o se pronuncien sobre la naturaleza de la relación que vincula a las partes, incidiendo sobre la suerte o existencia del derecho de fondo (causas L. 101.056, "Díaz", sent. de 3-VI-2009; L. 109.402, "Cuellar", sent. de 4-V-2011; L. 117.445, "Municipalidad de Bragado", sent. de 8-IV-2015; L. 121.358, "Ojeda", sent. de 7-VIII-2019; L. 124.781, "Prieto", resol. de 2-X-2020 y L. 125.823, "Ruiz", resol. de 19-IV-2021).
Desde esa inteligencia, cabe concluir que, en el caso, en que el pronunciamiento atacado ha importado desechar el fuero federal reclamado por la quejosa resulta equiparable a definitivo (art. 278, cit.).
III.2.a. Luego, se impone observar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia por conducto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley -representado por el monto pretendido en la demanda- no excede el mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, texto según ley 14.141, razón por la cual la admisibilidad del remedio en examen solo puede justificarse en el estrecho marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
En estas condiciones, la función revisora de esta Corte debe limitarse a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, destacándose que la violación de esta última se configura cuando este Tribunal ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 109.022, "Villa", sent. de 31-VIII-2011; L. 116.461, "Arriola", sent. de 31-VII-2013; L. 116.422, "Robles", sent. de 18-XII-2013; L. 117.516, "Raminey", sent. de 1-IV-2015 y L. 123.644, "Goicoechea", sent. de 9-II-2021; e.o.).
III.2.b. Sin embargo, si bien no he participado en la votación de la causa L. 119.739, "Sandoval" (sent. de 9-V-2018), siguiendo lo allí sostenido por el Tribunal que integro, considero que, en atención a las particularidades del presente caso, las restricciones procesales derivadas de la acotada revisión que impone dicha norma adjetiva deben -también- ceder.
Ello así, pues los argumentos esgrimidos por la codemandada Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado, mediante los cuales afirma que la competencia es propia de la justicia federal en razón de la persona, se sustentan en el hecho de haber sido traído al proceso como parte el Estado nacional, con fundamento en los arts. 116 de la Constitución nacional y 2 inc. 6 y 12 de la ley 48 (v. fs. 142/143).
Cabe entonces señalar que cuando en determinada controversia se encuentra en juego la competencia federal, el tema debe considerarse indisponible para las partes, ya que se ofrece con los caracteres de un impedimento que, más allá de comportar una cuestión de competencia, toca a la demarcación misma con que la Constitución nacional distribuye las posibilidades jurisdiccionales entre la Nación y las provincias, con oportunidad siempre presente y en cualquier estado del juicio para restablecerla en su regularidad de oficio (causas L. 118.847, "Díaz", sent. de 4-VIII-2016; L. 119.550, "García", sent. de 15-III-2017 y L. 119.739, cit.).
III.2.c. Por las señaladas razones, habré de ingresar en el examen del embate sin las limitaciones impuestas por las normas procesales, pues corresponde que esta Suprema Corte, en tanto órgano máximo de la judicatura local, aborde los cuestionamientos vinculados con puntos regidos por la Constitución y las leyes federales (causas L. 91.737, "Kaufmann", sent. de 21-IX-2011; L. 117.462, "Dell Acqua", sent. de 20-VIII-2014; L. 116.553, "Addiechi", sent. de 8-IV-2015 y L. 118.758, "Acharez", sent. de 21-IX-2016; e.o.).
III.3. Ahora bien, a partir de la exposición efectuada sobre los argumentos dados por el tribunal de origen para declararse competente, se exhibe manifiesta la insuficiencia de la pieza recursiva sobre el punto.
La simple lectura del recurso denota que su contenido resulta inhábil para revertir lo decidido en la instancia de origen, pues el análisis que, en definitiva, formó la convicción del juzgador de grado y dio sustento al fallo atacado permanece sin réplica.
La recurrente se limita a reclamar que el asunto debatido es de la competencia propia de la justicia federal en razón de la intervención como parte de una sociedad del Estado nacional, desentendiéndose de los fundamentos que dotan de sustento al pronunciamiento atacado, afincados -en esencia- en el análisis de la ley 26.352.
En este sentido, esta Suprema Corte ha expresado reiteradamente que es insuficiente el recurso extraordinario que omite formular una crítica concreta y eficaz a la motivación central sobre la que se asienta el pronunciamiento, poniendo en evidencia un flagrante desencuentro entre lo decidido en la instancia de origen y los argumentos que estructuran la apelación en su contra (causas L. 117.042, "Maglione", sent. de 7-V-2014; L. 117.426, "Chazarreta", sent. de 23-XII-2014 y L. 121.152, "Cupo", sent. de 21-XII-2020).
Obsérvese que la impugnante menciona fallos emanados de este Tribunal, así como de diversos órganos jurisdiccionales, sin acompañar esa transcripción con un desarrollo argumental idóneo destinado a poner en evidencia el yerro incurrido en la solución dada al caso, ni tampoco, como es menester y según he anticipado, expone una censura adecuada y eficaz respecto de la conclusión central del fallo.
III.4. Bajo las señaladas directrices, considero que la decisión a la que arribó el juzgador de mérito debe permanecer inamovible, toda vez que la impugnación no resulta útil para desvirtuarla.
IV. Por lo expuesto, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
Aclarando que he contribuido con mi sufragio a conformar el pronunciamiento emitido por este Tribunal en la causa L. 119.739, "Sandoval" (sent. de 9-V-2018), adhiero al voto emitido por mi distinguido colega doctor Torres, compartiendo con el ponente que el medio extraordinario de impugnación es insuficiente.
En efecto, replicando fundamentalmente lo expuesto en oportunidad de oponerse la excepción de incompetencia, el recurso no contiene una réplica directa y eficaz contra la motivación expuesta en el pronunciamiento de grado, cuya solución -más allá de los términos allí empleados- hubo de afincarse en lo dispuesto en el art. 12 de la ley 26.352.
Con el alcance indicado, voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 20/11/2022 14:26:32 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 22/11/2022 12:19:43 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/11/2022 12:34:32 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/11/2022 17:15:02 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/11/2022 08:32:52 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 29/11/2022 09:20:32 hs. bajo el número RS-108-2022 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia