Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 126838
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 126.838, "Aguilera, Domingo Ramón contra Carnicerías Integradas S.A.C.I.A.F.I. y otro. Despido", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Kogan, Genoud.
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar parcialmente a la acción promovida e impuso las costas del modo que especificó (v. pronunciamiento de 24-IX-2020).
Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de 21-X-2020).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. En lo que interesa, el tribunal interviniente hizo lugar a la demanda promovida por el señor Domingo Ramón Aguilera y condenó a Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. a abonarle al actor las prestaciones dinerarias "por incapacidad laboral, permanente, parcial y definitiva por enfermedad profesional" conforme lo prescribe el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la Ley de Riesgos del Trabajo.
Por otro lado, acogiendo parcialmente las pretensiones de la demanda, condenó a la empleadora Carnicerías Integradas S.A.C.I.A.F.I. al pago de la indemnización derivada de la extinción del vínculo en los términos del art. 212 cuarto párrafo de la Ley de Contrato de Trabajo, la vinculada con las vacaciones proporcionales, el sueldo anual complementario y la sanción contemplada en el último párrafo del art. 80 de la referida ley laboral.
Al capital integrante de la condena le adicionó intereses desde que cada suma debió ser abonada y hasta la fecha del pronunciamiento, conforme la "tasa pasiva" que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a treinta días en pesos mediante el sistema "Banca Internet Provincia", vigente en los distintos períodos de aplicación; ello, sin perjuicio de la tasa de interés que fijó para el supuesto de incumplimiento de la sentencia.
II. La parte actora deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia violada la doctrina legal que emerge de las causas L. 119.914, "A., D. A." (sent. de 22-VI-2020) y L. 122.532, "Papalia" (sent. de 29-IX-2020).
II.1. Afirma que la sentencia de grado quebranta la doctrina legal referida a la reparación plena e integral y "no aplica la teoría del realismo económico ni el justiprecio en ninguno de los rubros otorgados".
Puntualiza que en la causa L. 119.914, antes citada, esta Suprema Corte, tras memorar lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente "Ontiveros", sostuvo que la reparación debe ser plena, congruente con el daño sufrido, y que los arts. 1.740 y 1.746 del Código Civil y Comercial "condensan" los parámetros aceptados por la doctrina y la jurisprudencia en la materia.
Destaca que en el mencionado precedente se partió de la clasificación de deudas de dinero y de valor, para llegar a la conclusión -según dice- de que "la naturaleza del crédito en un accidente de trabajo" corresponde a las últimas, ello, en una interpretación enmarcada en la teoría del realismo económico incorporado por la ley 24.283. Entonces, explica que, si la deuda consiste en un cierto valor, el monto resultante debe referirse al valor real al momento de su evaluación.
Hace referencia a una de las opiniones volcadas en la causa de referencia, en cuanto -según indica- se sostuvo que el apartamiento de la realidad económica genera un grave menoscabo de la verdad jurídica objetiva, los derechos de propiedad y defensa en juicio.
II.2. Manifiesta que, si bien en la demanda se solicitó la aplicación de la tasa activa, ello fue para resguardar el crédito del actor ante cualquier envilecimiento, cambio o desfasaje en la moneda.
Remitiendo una vez más al precedente L. 119.914, expresa que la noción de justiprecio en el marco de las deudas de valor fue utilizada por la Suprema Corte en el caso "Nidera", en el que se receptaron las pautas del realismo económico previstas en el art. 772 del Código Civil y Comercial de la Nación.
Alega que, entonces, la remuneración que debió tomarse en el caso para liquidar los rubros es aquella correspondiente a la escala salarial vigente al momento del dictado de la sentencia.
II.3. Tras efectuar un breve desarrollo argumental vinculado con el deber de fundar con razonabilidad lógica los fallos, con apoyo -nuevamente- en lo dicho en uno de los votos del citado precedente L. 119.914, señala que el salario mensual que el a quo consideró para calcular las sumas por las que prosperó el reclamo fue el correspondiente al momento en que se produjo el distracto, pero que si se considerase aquel otro que surge de la escala salarial vigente en oportunidad de emitir el fallo, los rubros reconocidos en la sentencia deberían progresar por un total de $5.534.874,07; con más los accesorios a la tasa pura de interés del 6% anual, desde el distracto hasta la fecha del dictado de la sentencia, arribándose de este modo a la suma final de $8.141.799,76.
De este modo, alega, queda en evidencia el grave perjuicio patrimonial irrogado al trabajador.
III. El recurso no prospera.
III.1. Conforme se desprende de los párrafos que anteceden, en sustancia, el recurrente postula la aplicación de los lineamientos descriptos en torno a la estimación de las deudas de valor, con ello, sostiene que los rubros receptados en el pronunciamiento de grado deben computarse teniendo en consideración el salario del actor vigente al momento del dictado del fallo y emplearse la tasa de interés correspondiente para aquel tipo de deudas.
Sin embargo, no se observa que el tribunal de la instancia se haya expedido sobre dicha cuestión, lo que obsta a que esta Corte pueda ingresar en el asunto al examinar el presente recurso de inaplicabilidad de ley, pues es sabido que su competencia revisora se encuentra circunscripta al contenido de la sentencia (causas L. 115.788, "Díaz", sent. de 21-VIII-2013; L. 119.623, "Pisarello", sent. de 22-II-2017 y L. 121.773, "Tacchetti", sent. de 6-V-2020).
En rigor, el planteo que contiene el recurso luce extemporáneo, toda vez que no fue llevado al tribunal de grado en el momento procesal oportuno, esto es, cuando se presentó el escrito de demanda que contiene las pretensiones de autos. Y dable es precisar, que aun cuando los precedentes invocados en la impugnación son posteriores a la incorporación de aquel escrito inicial -también lo es la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial-, dicha circunstancia evidentemente no hubo de configurar una barrera infranqueable que le impidiese a la representación letrada de la parte actora edificar un argumento jurídico orientado a peticionar que los rubros integrantes de la liquidación se cuantificasen del modo en que ahora lo reclama.
Por cierto, la deficiencia apuntada no puede verse subsanada con las reflexiones -aquí, en consonancia con la tesitura plasmada en el recurso- esbozadas por la accionante al presentar su alegato (v. escrito electrónico de 27-XII-2019), toda vez que ese acto o momento procesal está previsto por el ordenamiento adjetivo laboral para otros fines (art. 44 inc. "c", ley 11.653 y causa L. 101.520, "Coppa", sent. de 18-XII-2013).
III.2. En una hipótesis más favorable para el recurrente, puede señalarse que la doctrina legal que reputa violada proveniente de las causas L. 119.914, "A., D. A." (sent. de 22-VI-2020) y L. 122.532, "Papalia" (sent. de 29-IX-2020) -esta última sobreviniente al dictado del fallo objetado-, fue elaborada sobre la base de presupuestos disímiles a los que se ventilan en la presente litis, revelando nuevamente la ineficacia de la técnica recursiva (causas L. 120.187, "Tonil", sent. de 22-VIII-2018; L. 121.786, "Ortellado", sent. de 4-VIII-2020 y L. 124.845, "Iakich", sent. de 30-VIII-2021).
En este sentido, no es un dato menor -y de esta distinción nada se razona en la impugnación- que en los precedentes referidos la requerida aplicación de las pautas propias de las deudas de valor recayó sobre montos concernientes a resarcimientos por daños y perjuicios fundados en el derecho civil; mientras que en la especie nos hallamos, de un lado, ante una prestación dineraria consagrada en la ley 24.557, y del otro, ante rubros indemnizatorios y salariales que luego de la ruptura del contrato de trabajo fueron peticionados con sustento en la Ley de Contrato de Trabajo, en ambos casos, cuantificados según las pautas concebidas en las respectivas normas laborales.
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa.
El señor Juez doctor Torres, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 25/11/2022 09:58:05 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/11/2022 17:02:10 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 28/11/2022 17:14:12 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/12/2022 17:07:35 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/12/2022 07:59:09 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 05/12/2022 08:44:55 hs. bajo el número RS-114-2022 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia