Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 126767
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 126.767, "Avalos, Cristian Fernando contra Empresa del Oeste S.A.T. Amparo sindical", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Torres, Genoud .
El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de Morón hizo lugar a la demanda promovida, con costas a cargo de la accionada (v. fs. 277/290).
Se dedujo, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 14-X-2020).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de grado declaró la nulidad del despido del señor Cristian Fernando Avalos dispuesto por Empresa del Oeste S.A.T. el día 14 de mayo de 2018, y condenó a esta a reincorporarlo en su puesto de trabajo en las mismas condiciones existentes al momento del distracto, bajo apercibimiento de aplicarle sanciones conminatorias de carácter pecuniario; y abonarle los salarios "caídos" y los daños derivados de la cesantía que calificó de discriminatoria (v. fs. 277/290).
En lo que interesa describir, en el veredicto, el tribunal de grado juzgó acreditado que el actor laboró para la Empresa del Oeste S.A.T. cumpliendo tareas en la categoría de conductor (conf. CCT 460/73), desde el día 1 de noviembre de 1999 hasta el 14 de mayo de 2018, y que la demandada abonó la suma de $926.061,34 en concepto de indemnización por despido (v. vered., fs. 278 y vta.).
Asimismo, tuvo por demostrado que el señor Avalos fue electo como delegado gremial en las elecciones realizadas en las fechas 17 de junio de 2010, 6 de junio de 2012 y 13 de junio de 2014; que su lista resultó perdedora en las elecciones del día 16 de junio de 2016; y que el día 8 de junio de 2018 la Unión Tranviarios Automotor (UTA) comunicó a la empleadora la lista que iba a integrar el actor para las elecciones a realizarse el 15 de junio de 2018. Luego, afirmó que el accionante no se encontraba amparado por el art. 47 de la ley 23.551 (v. vered., fs. 278 vta. y 279).
Sin embargo, luego de analizar el intercambio postal, la pericia contable, las declaraciones testimoniales, y una nota periodística publicada digitalmente el día 9 de julio de 2016, tuvo por cierto que al momento de la desvinculación el trabajador desarrollaba una actividad gremial "en forma pública y notoria" (vered., fs. 280).
A partir de ello, destacó que existían indicios razonables que tornaban verosímil la discriminación alegada por el trabajador producto de su actividad gremial. En consecuencia, indicó que le correspondía al demandado acreditar que su conducta había obedecido a causas ajenas a las denunciadas por el actor (v. vered., fs. 280 y vta.).
En ese contexto, determinó que no se evidenciaba que la empresa hubiera sufrido una reestructuración, antes bien, dijo que sólo se verificó una variación en la cantidad de personal, sin que se constatase la razón del método de selección de los trabajadores despedidos. Así, no habiendo logrado acreditar motivo alguno de la decisión rescisoria de la relación laboral, formó convicción de que la empleadora finalizó el contrato de trabajo como consecuencia de la actividad gremial realizada por el trabajador (v. vered., fs. 280 vta. y 281).
Ya en la sentencia, luego de señalar que el señor Avalos gozó de la estabilidad sindical hasta junio de 2017 conforme el art. 48 in fine de la ley 23.551, sostuvo que la demandada no logró acreditar la causal invocada en la comunicación del despido "por motivos de reestructuración", por lo que este resultó incausado. No obstante, afirmó que la empleadora tampoco pudo acreditar que la cesantía había obedecido a una causa distinta a la de un acto de discriminación como consecuencia de la actividad gremial desplegada por el dependiente (v. sent., fs. 284 vta. y 285).
Con apoyo en las declaraciones testimoniales, entendió que, si bien el actor no notificó por escrito a la demandada de su intención de presentarse a las elecciones de delegados del personal del 15 de junio de 2018 y que el despido (14 de mayo de 2018), se produjo un mes antes de aquellas y veintidós días antes de la notificación del sindicato (5 de junio de 2018), todos sabían que en el mes de junio se iba a realizar el acto electoral y que el señor Avalos iba a encabezar la lista opositora (v. sent., fs. 285 y vta.).
Entonces, con sustento en la ley 23.592 -que según ponderó, fue invocada en la demanda al reclamarse la nulidad del despido-, juzgó que, ante la actividad sindical realizada por el actor y la posibilidad de ser nuevamente delegado del personal, su desvinculación configuró un acto discriminatorio, desde que arbitrariamente impidió, obstruyó y restringió el pleno ejercicio de los derechos y garantías inherentes a la igualdad y a la libertad sindical individual y colectiva.
En ese marco, declaró nulo el despido y ordenó la reincorporación del dependiente a su puesto de trabajo con el consecuente pago de las remuneraciones no abonadas y su incidencia en el Sueldo Anual Complementario (SAC), por todo el período desde el despido hasta el momento de la sentencia, más los intereses y el cobro de una reparación en concepto de daño moral. Finalmente, determinó el importe de condena en la suma de $1.108.670,45, resultante de deducir lo ya abonado por la accionada, con más sus intereses (v. sent., fs. 285 vta. y 286).
II. La parte demandada interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de los arts. 14, 17, 18 y 19 de la Constitución nacional; 10 y 31 de la Constitución provincial; 47 de la ley 11.653; 163 del Código Procesal Civil y Comercial; 47 de la ley 23.551; 245 de la Ley de Contrato de Trabajo; 1 de la ley 23.592 y de la doctrina legal que cita.
II.1. En lo tocante a la reinstalación ordenada, afirma que el tribunal aplicó erróneamente el art. 1 de la ley 23.592, incurriendo -a su vez- en una absurda valoración de la prueba.
Sostiene que surge del escrito de demanda que el actor fundó su pretensión de reinstalación en los términos de la ley 23.551, sin solicitar la aplicación de la ley 23.592, salvo respecto al resarcimiento por daño moral.
En ese contexto, indica que el accionante no se hallaba amparado por la normativa que esgrimió en apoyo de su reclamo. Manifiesta que la acción debió ser desestimada por cuanto el trabajador no revestía al momento del distracto ninguna de las cualidades previstas en los arts. 47, 48 y 50 de la ley 23.551. En tal sentido, afirma que se acreditó que el distracto se produjo por motivos de reestructuración un mes antes de haber sido convocadas las elecciones gremiales y de ser notificada la candidatura del señor Avalos. Con apoyo en un precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, arguye que el requisito de la comunicación al empleador es indispensable para que surta efecto la garantía de estabilidad sindical.
Alega que, no obstante ello, el juzgador de grado declaró nulo el despido y ordenó la reinstalación del trabajador en los términos de la mentada ley 23.551, contradiciendo lo resuelto en oportunidad de rechazar la medida cautelar peticionada por el actor y violando el principio de congruencia.
II.2. Con cita de jurisprudencia, alega que el órgano jurisdiccional de grado incurrió en un exceso al interpretar el art. 1 de la ley 23.592, pues extrajo de su texto conclusiones incompatibles con el régimen de estabilidad previsto en la Ley de Contrato de Trabajo, dando preeminencia a una ley común sobre la especial.
Explica que, debido a una profunda crisis económica, el empleador denunció el contrato de trabajo por reestructuración conforme la facultad conferida por la ley 20.744 (t.o.), asumiendo la obligación de abonar la indemnización establecida en su art. 245 con más la del preaviso omitido.
Añade que la decisión adoptada en el pronunciamiento coloca al trabajador en una suerte de estabilidad absoluta por el resto del tiempo de su vida laboral, pues aun cuando el dependiente no goce de tutela por mandato gremial, la decisión que adopte el empleador respecto de la continuidad del contrato de trabajo será siempre susceptible de impugnación basada en el trato discriminatorio del que se consideró víctima; lo que generaría que ella posea una estabilidad superior a la que se le reconoce -incluso- a los representantes sindicales.
Destaca que la circunstancia de que la mayoría de los testigos resultaran coincidentes en afirmar que el accionante fue despedido por su supuesta actividad sindical no permite aplicar sin más la ley 23.592, pues el otorgamiento de la tutela está condicionado a que el trabajador se encuentre comprendido en las previsiones contenidas en los arts. 48, 50 y 52 de la ley 23.551, lo que en el caso no ocurrió, ya que -reitera- no ocupaba cargo alguno desde el año 2016 y al momento del distracto no integraba ninguna lista de candidatos.
II.3. Denuncia que el tribunal incurrió en una absurda valoración de la prueba al considerar demostrado que el actor cumplía una actividad sindical al momento del despido, toda vez que -afirma- de ninguna de las constancias surge que su parte haya tenido por entonces conocimiento de dicha actividad.
Opina que si bien los testigos declararon que el actor tenía intenciones de postularse como delegado para las elecciones que se llevarían a cabo en el mes de junio de 2018, no se desprende de sus dichos que ello hubiera estado en conocimiento de la patronal.
Con ese basamento, censura la conclusión que indica que la desvinculación obedeció a un acto discriminatorio. Señala que contrariamente, surge acreditado que la finalización de la relación laboral se debió a una reestructuración de personal, que esa fue su motivación, sin que en ningún momento se haya pretendido darle carácter de justa causa. Expresa que, además, se observa que la notificación del distracto se encuentra fundada en los términos del art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo y la consecuente puesta a disposición de las indemnizaciones que correspondían.
De este modo, alega que el sentenciante interpretó erróneamente la causa del despido, el cual no tuvo motivación alguna en la supuesta actividad sindical del accionante ni resultó, por ende, discriminatorio.
Invocando nuevamente la transgresión del principio de congruencia afirma que la sentencia atacada se apartó de las propias consideraciones en ella efectuadas, sin fundamento jurídico alguno que la sustente.
II.4. Subsidiariamente, para la hipótesis de que no se acogiesen favorablemente los agravios descriptos, cuestiona el modo en que el a quo calculó los salarios caídos.
Sostiene que al cuantificar el primer período debió tener en cuenta la remuneración normal y habitual de la escala salarial "UTA 2018/2019". En relación con el segundo tramo expresa principalmente que no debió agregar las horas extras, feriados, plus vacacional, las cuales no revisten el carácter de normal y habitual.
II.5. Finalmente, objeta que el tribunal, si bien descontó del capital de condena lo oportunamente abonado por su parte, omitió incluir los montos pagados en concepto de "sac" sobre el preaviso y sobre la integración del mes de despido.
III. El recurso no prospera.
III.1. No acierta el recurrente cuando, aferrándose al principio de congruencia, objeta que el tribunal de trabajo haya resuelto la nulidad del despido del actor y sus efectos con sustento en la ley 23.592.
Es que, si bien expone su propia lectura acerca del fundamento legal que en el punto contendría el escrito de demanda, no ensaya ningún agravio hábil orientado a evidenciar la eventual existencia de absurdo en la interpretación de dicha pieza procesal por parte del a quo . Tampoco se verifica una denuncia de violación de las normas procesales vinculadas con el principio que el presentante estima vulnerado. Se incumple así con las exigencias que al respecto emanan de la doctrina legal de este Tribunal (causas L. 117.314, "Gorosito", sent. de 16-VII-2014; L. 120.828, "Ledesma", sent. de 4-IX-2019 y L. 121.138, "Sindicato de Luz y Fuerza Gral. Pueyrredón", sent. de 25-VIII-2020).
Y en una hipótesis más favorable al impugnante, puede observarse que, alejado de lo sostenido en el agravio en análisis, en su escrito de inicio la parte actora enmarcó al acto discriminatorio en los dominios de la ley 23.592, ya sea al referirse a la legitimación, o bien a la reparación del daño moral y material, a la carga de la prueba, o al desarrollo teórico del despido discriminatorio y su nulidad; más aún: expresamente señaló en sus conclusiones "que el fundamento principal de las pretensiones deducidas [...] ha de hallarse en la necesidad de 'dejar sin efecto el acto discriminatorio' (ley 23.592)..." (capítulos III, V, VI y VII, respectivamente).
III.2. Sentado lo anterior, debe descartarse la idoneidad de lo objetado por el quejoso con apoyo en ciertos recaudos formalmente establecidos en la ley 23.551 para acceder a la tutela especial que allí se consagra en favor de los trabajadores que ocupen cargos sindicales. Ello resulta ajeno al marco normativo en el que fue dispuesta la condena en la sentencia en crisis.
III.3. Despejadas aquellas cuestiones, procede abordar el agravio traído contra lo resuelto por el tribunal de grado en cuanto juzgó que el despido encontró su verdadera motivación en la actividad gremial desplegada por el demandante.
III.3.a. Es sabido que establecer las circunstancias en que se produjo la extinción del contrato de trabajo, constituye una cuestión de índole fáctica reservada a la instancia ordinaria y marginada de la casación, salvo demostración de absurdo (causas L. 119.024, "Pereyra", sent. de 19-IX-2018; L. 122.554, "Marinado", sent. de 8-II-2021 y L. 123.216, "Bravo", sent. de 9-IX-2021); de suyo, que ingresa en aquella categoría, la labor dirigida a determinar si al momento del despido el empleador conocía la actividad sindical eventualmente desplegada por el trabajador (causa L. 104.338, "Careri", sent. de 12-XII-2012).
Al respecto, tiene dicho este Tribunal que la verificación de aquel grave vicio requiere la configuración en el pronunciamiento de un error grave, grosero y fundamental, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 119.179, "Santana", sent. de 7-III-2019; L. 122.227, "Chaparro", sent. de 26-II-2020 y L. 123.058, "Michelena", sent. de 5-X-2020).
III.3.b. El recurrente no logra demostrar la concurrencia del absurdo que denuncia.
Desentendiéndose de la línea reflexiva y de la labor valorativa que llevó a los jueces de grado a plasmar la decisión que impugna, el interesado tan solo propone un nuevo análisis del material probatorio obrante en la causa según su propio y personal criterio valorativo, método que reiteradamente esta Corte ha considerado ineficaz a dichos fines (causas L. 116.525, "Rouco", sent. de 20-VIII-2014; L. 111.610, "Gómez", sent. de 29-X-2014; L. 120.971, "Cepeda", resol. de 20-XII-2017 y L. 124.849, "López", sent. de 22-II-2021).
Concretamente, las disquisiciones que despliega no son idóneas para neutralizar el análisis que condujo al sentenciante a concluir que el despido del actor ocultó un acto discriminatorio (v. sent., fs. 285), definición, claro, estructurada sobre aquellas apreciaciones que aluden a la comprobada actividad del dependiente llevando a cabo reclamos sindicales aún luego de haber finalizado su actuación como delegado y al conocimiento de ello a la época del distracto por parte de la patronal, y por otro lado, a la falta de acreditación de la causal de despido invocada por el principal.
III.3.b.i. Fundamentalmente, puede observarse que el relato plasmado en el veredicto respecto de los dichos de los testigos Veiga, Pazos, Páez y Sellanes evidencia que el accionante desplegaba una actividad ligada a aquello propio de lo sindical, siendo un referente para sus compañeros en esa función, aun cuando formalmente había dejado de ser delegado dos años antes del despido, y a pesar de que en el año 2018 su postulación no fue notificada con anterioridad al distracto. De ahí que no emerja como irrazonable o fruto de un grave error o quiebre palmario de las leyes de la lógica que el tribunal de grado haya afirmado entonces que esa actividad de Avalos fue "pública y notoria cuando lo despidieron" (vered., fs. 279/280). Y a tono con esa aseveración, siempre atendiendo al veredicto, vale considerar decisiva la síntesis de lo declarado por el primero de los testigos antes mencionados (Veiga) en cuanto sostuvo que luego de que dejara de ser delegado, el actor en su función gremial -se entiende: de hecho, fuera de toda investidura en los términos de la ley 23.551- efectuaba reclamos "...ante los compañeros delegados y ante la patronal..."; también merece destacarse lo declarado por Sellanes al decir que al demandante "...lo despidieron porque encabezaba la lista e iba a ganar, que fue perseguido por el jefe de personal Maximiliano Di Leo..." (últ. fs. cit.).
Así, lo afirmado por el recurrente al señalar que de ninguna declaración se desprende que la labor sindical estaba en conocimiento del principal al momento del despido, no se condice con la plataforma fáctica delineada en el fallo, que a falta de un ataque idóneo y eficaz, ha de permanecer incólume.
Acaso, dable es memorar que la valoración de la prueba testimonial queda reservada a los jueces del trabajo, quienes gozan de amplias facultades en razón del sistema de apreciación "en conciencia", tanto en lo que concierne al mérito como a la habilidad de las exposiciones (causas L. 118.004, "Pereyra", sent. de 26-VI-2016; L. 123.818, "García", sent. de 26-V-2021 y L. 123.516, "Ramos", sent. de 9-XI-2021; e.o.).
III.3.b.ii. Otro tanto cabe decir de la crítica referida al motivo invocado por el empleador para extinguir el contrato.
Las conclusiones a las que arribó el tribunal para descartar la prueba de la alegada "reestructuración", centradas en el dictamen pericial contable y la prueba oral, no han sido motivo de embate directo y eficaz. Es que es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley si las apreciaciones que en él se vierten no van más allá de los disentimientos personales o de la exteriorización de un criterio meramente discrepante con el del juzgador, sin rebatir adecuadamente las esenciales motivaciones del fallo (causas L. 114.397, "Perrota", sent. de 14-X-2015; L. 117.869, "Videla de Maldonado", sent. de 24-II-2016 y L. 118.137, "Kuhn", sent. de 12-VII-2017).
III.4. Firmes las bases fácticas sobre las que se asienta el pronunciamiento atacado, no es de recibo la errónea interpretación de la ley 23.592 que se pregona en la impugnación de cara a la previsión del art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo.
El discurso del recurrente no constituye un adecuado ataque a la esencial definición del juzgador de grado en la que habiendo caracterizado al despido como un acto discriminatorio -en conclusiones que no pudieron ser derribadas con los agravios antes desestimados-, juzgó aplicable la ley 23.592, y con ello, la nulidad del acto extintivo y la reinstalación del trabajador. Es que en la impugnación se soslaya edificar una línea argumental orientada a desbaratar el empleo que realizó el tribunal de grado de la doctrina legal de esta Corte (v. sent., fs. 285 y vta.), la que -por cierto- fijada en la causa L. 97.804, "Villalba" (sent. de 22-XII-2010), avala la tesitura receptada en el fallo.
Y es conocido que constituye un requisito ineludible para la adecuada fundamentación del recurso, el impug
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