Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 126738
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 126.738, "Mauricio, Jennifer Ivon contra Raúl Mannarino S.R.L. Despido", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Torres, Genoud .
El Tribunal de Trabajo n° 2 con asiento en la ciudad de Zárate, perteneciente al Departamento Judicial de Zárate-Campana, hizo lugar parcialmente a la demanda e impuso las costas del modo que especificó (v. pronunciamiento de fecha 27-X-2020).
Se dedujo, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 9-XI-2020).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar parcialmente a la acción deducida por la señora Jennifer Ivon Mauricio y condenó a Raúl Mannarino S.R.L. al pago de la suma que indicó en concepto de haberes correspondientes al mes de abril y días de mayo de 2014, y diferencias salariales por los meses de enero, febrero y marzo del mismo año. En cambio, la desestimó en cuanto pretendía el cobro de los montos reclamados en concepto de indemnizaciones por antigüedad y sustitutiva del preaviso -ambas más el sueldo anual complementario- e integración del mes de despido, sueldo anual complementario proporcional del primer semestre del año 2014, y los rubros fundados en los arts. 80 y 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo (t.o. y modif.); 1 y 2 de la ley 25.323.
En lo que interesa, juzgó demostrado que la actora ingresó a laborar para la accionada el día 4 de enero de 2014, y que trabajó hasta mayo del mismo año, fecha en que se produjo el "cierre" del establecimiento comercial de la accionada.
Luego, sostuvo que el despido indirecto denunciado en el escrito de demanda no resultó acreditado, pues habiéndose desconocido la prueba documental allí acompañada -el intercambio telegráfico- no se produjo la informativa al Correo Argentino, decisiva -dijo- en el punto. En fin, afirmó que no se probaron las circunstancias de modo y tiempo en que eventualmente se habría producido la extinción de la relación laboral (v. vered., fs. 87).
Con ese fundamento, rechazó los rubros antes descriptos, a excepción del referido al art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, cuya improcedencia halló su motivación en la falta de registración del vínculo laboral (v. sent., fs. 90 vta.).
II. La parte actora deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo en la valoración de la prueba, arbitrariedad y violación de los arts. 171 de la Constitución nacional; "156 de la Constitución provincial" (debió decir art. 168); 9 y 17 bis de la Ley de Contrato de Trabajo y 354 inc. 1 y 384 del Código Procesal Civil y Comercial. Asimismo, invoca infracción de la doctrina legal que cita (v. escrito electrónico de fecha 9-XI-2021).
II.1. Por un lado, plantea la inconstitucionalidad de los arts. 161, inc. 3 apartado "a" in fine de la Constitución provincial; 278 y 280 del Código Procesal Civil y Comercial y 55, primera parte de la ley 11.653, en cuanto establecen restricciones para la admisibilidad del remedio traído en orden al valor del litigio.
Además, refiere que la sentencia adolece del vicio de arbitrariedad, pues exhibe un error de razonamiento y de ponderación de la prueba, que autoriza a tener por configurada la cuestión federal que prevé el art. 14 de la ley 48 para sortear el valladar formal impuesto por las normas adjetivas locales.
II.2. Ya ingresando en el cuestionamiento del pronunciamiento de grado, alega que en tanto la demandada -en su criterio- no formuló una negativa categórica de la documentación acompañada por la contraria con la demanda, lo resuelto por el tribunal de grado al abordar el tópico referido al despido, es -entre otras transgresiones que aduce- absurdo y contrario a lo reglado en el art. 354, inc. 1 del Código Procesal Civil y Comercial.
III. El recurso no prospera.
III.1.a. Liminarmente, debe señalarse que es el propio impugnante el que afirma que el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria no supera el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código adjetivo citado (conf. art. 1, ley 14.141; B.O., 15-VII-2010).
III.1.b. Luego, es cierto que el interesado ha formulado críticas orientadas a neutralizar aquel recaudo de admisibilidad, pero no lo es menos que ellas no han de tener favorable recepción.
Reiteradamente ha sostenido esta Corte que las limitaciones previstas por las normas procesales para la concesión del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no vulneran derechos o garantías constitucionales, desde que el art. 161, inc. 3 apartado "a" de la Constitución provincial, estatuye que el conocimiento y resolución del mencionado medio de impugnación compete a la Suprema Corte con las restricciones que las leyes de procedimiento determinan y su limitación, por las normas citadas, es compatible con dicho precepto constitucional provincial, pues no veda la deducción del recurso extraordinario previsto, sino que lo condiciona a un requisito formal propio de la reglamentación legislativa, sin mengua de la defensa en juicio ni de la igualdad de las partes en litigio (causas L. 94.473, "Ayala", sent. de 28-III-2012; L. 117.270, "Muñoz", sent. 6-IV-2016; L. 120.016, "Mozzi", sent. 14-VIII-2019; e.o.).
A ello debe agregarse, teniendo en consideración lo alegado en torno a la doctrina sobre la arbitrariedad, que la pretensión de sortear el valladar formal que emana de la norma provincial cuestionada, que generaría la obligación de realizar el control impuesto por el art. 31 de la Constitución nacional de conformidad con los estándares fijados por la Corte federal, no es tal, desde que en el caso no se encuentran involucradas, de manera directa e inmediata, cuestiones federales que permitan la habilitación de la instancia, pues solo se traen a conocimiento de esta Corte tópicos de hecho y prueba, ajenos -por regla- a dicha vía extraordinaria (CSJN, Fallos: 310:1545, 325:2192).
III.1.c. Sentado lo anterior, la función revisora de este Tribunal debe circunscribirse a verificar si concurre la particular hipótesis receptada en el citado art. 55, primer párrafo in fine de la ley 11.653, que se configura cuando esta Suprema Corte ha establecido una doctrina mediante la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede en un caso similar (causas L. 118.216, "Capdevila", resol. de 27-VIII-2014; L. 125.836, "Espinoza", resol. de 6-XI-2020 y L. 125.435, "Estévez", resol. de 21-XII-2020).
III.2. Los reproches traídos remiten a temas ajenos al ámbito de la casación por la vía excepcional que se transita.
Es que no se verifica la excepción que contempla el mencionado art. 55, primer párrafo in fine de la ley adjetiva laboral si la interesada solo pretende la revisión de cuestiones de índole fáctica y probatoria, como son, en el caso, aquellas vinculadas a la interpretación y valoración de los escritos constitutivos del proceso, la documental acompañada y las constancias obrantes en el expediente (causas L. 117.612, "Aranda", sent. de 17-IX-2014; L. 124.718, "Dilascio", sent. 10-VIII-2021 y L. 122.558, "Trápani", sent. de 17-XI-2021).
Para más, puede puntualizarse que la mención de doctrina definitoria del vicio de absurdo carece de idoneidad en el acotado margen de revisión que prevé el citado precepto de la ley de rito del fuero laboral (causas L. 124.757, "Castelli", sent. de 14-VI-2021; L. 124.100, "G., A. L.", sent. de 20-X-2021; e.o.); también, que no es eficaz para lograr la apertura del control casatorio por el excepcional conducto intentado, la jurisprudencia de otros tribunales de justicia ni de la Corte Suprema de Justicia de la Nación o la opinión de los autores (causas L. 124.183, "Britos", sent. de 9-II-2020 y L. 120.591, "Calcagno", sent. de 20-V-2020).
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido. Con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Torres y Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 25/11/2022 09:58:04 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/11/2022 17:02:09 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 28/11/2022 17:14:11 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/12/2022 17:07:33 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/12/2022 07:59:07 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 05/12/2022 08:44:53 hs. bajo el número RS-112-2022 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia