Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 125371
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 125.371, "Pérez, Edgardo Sebastián contra Mondelez Argentina S.A. y otro. Despido", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Soria, Genoud.
El Tribunal de Trabajo n° 6 del Departamento Judicial de San Isidro, con asiento en dicha ciudad, acogió parcialmente la acción instaurada, imponiendo las costas a la accionada vencida (v. fs. 469/483).
Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 494/534 vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. En lo que aquí interesa, el tribunal de grado hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por el señor Edgardo Sebastián Pérez y condenó a Mondelez Argentina S.A. (anteriormente denominada Kraft Foods Argentina S.A.), al pago de la suma que estableció en concepto de haberes adeudados, vacaciones proporcionales, sueldo anual complementario y el proporcional -del segundo semestre del año 2007-; así como de las indemnizaciones por antigüedad, sustitutiva de preaviso e integración del mes de despido; de las penalidades contempladas por los arts. 53 ter de la ley 11.653; 8 y 15 de la ley 24.013 y 2 de la ley 25.323. Asimismo, ordenó la entrega de los certificados previstos en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (texto según art. 45, ley 25.345) y -por mayoría- la reparación contemplada en la última norma citada.
En cambio, la rechazó en cuanto pretendía el cobro del salario del mes de enero de 2008, la sanción por temeridad y malicia y la indemnización por daño moral. Desestimó, a su vez, el planteo de inconstitucionalidad de los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 (modificada por ley 25.561) y 623 del Código Civil (v. fs. 469/483).
Para así decidir, en lo esencial, juzgó acreditada la existencia del contrato de trabajo denunciado en el escrito de demanda y su extinción el día 17 de diciembre de 2007.
En lo que interesa destacar, por constituir materia de agravio, "en relación a los desvíos de conducta de la demandada que pudieran caber en la calificación de temerario (litigio con conciencia de la propia sin razón)", consideró el tribunal de origen -memorando la aplicación de las multas previstas en los arts. 2 de la ley 25.323; 8 y 15 de la ley 24.013 y 53 de la ley 11.653- que "todos tenían una debida indemnización", lo que lo condujo a desestimar la pretensión procesal respectiva arguyendo que su otorgamiento importaba una doble sanción por una misma conducta (v. sent., fs. 476 vta.). Luego, se explayó respecto de la eventual aplicación del art. 9 de la ley 25.013 por el concepto de temeridad en relación con las previsiones del art. 2 de la ley 25.323 (v. sent., fs. 476 vta./477 vta.).
A su vez, destacó que tampoco se observaba una "conducta obstruccionista en el proceso (malicia)" que justificara la aplicación de un interés adicional al que se fijara al momento de establecerse los montos de condena (v. sent., fs. 477).
Finalmente, declaró que desde que cada rubro era debido y hasta el día 18 de agosto de 2008, debían abonarse los acrecidos a la tasa pasiva del Banco de la Provincia de Buenos Aires para operaciones de depósito a treinta días y, con posterioridad a esa fecha, a la tasa pasiva "digital" mencionada, hasta que quede firme o ejecutoriada la sentencia. Asimismo, dispuso que -a partir de esa fecha y hasta su efectivo pago- sobre la suma de capital más intereses se aplique la tasa activa de dicha entidad bancaria, en operaciones de descuento de documentos a treinta días en los distintos períodos de aplicación, de conformidad con lo establecido en los arts. 622 del Código Civil -ley 340-; 768 y 770 del Código Civil y Comercial de la Nación (v. sent., fs. 479 vta./480 vta.).
II. Contra dicho pronunciamiento, la parte actora deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia absurdo, la vulneración de los arts. 14 bis, 17 y 18 de la Constitución nacional; 519, 520, 521, 522 y 622 del Código Civil; 768, 769, 770 y 1.738 del Código Civil y Comercial de la Nación y de la doctrina legal que individualiza (v. fs. 494/534).
II.1. En lo atinente a la admisibilidad de la impugnación, sostiene que cuando se cuestiona la adecuación de un fallo de un tribunal inferior a la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y a la Constitución nacional, el Tribunal Superior de la Provincia debe intervenir para agotar la instancia local, sin que ello pueda ser obstaculizado por normas procesales. En este camino, afirma que los fallos y precedentes de la Corte Suprema deben ser acatados, por lo que su violación arbitraria constituye cuestión federal suficiente que habilita el recurso extraordinario (v. fs. 496 y vta.).
II.2. Luego, en lo medular de su crítica, se agravia de la alícuota empleada por el tribunal de origen para estimar los acrecidos (v. fs. 497 vta./515).
Aduce que mediante la aplicación de las "tasas de interés" -ya sean activas o pasivas- los tribunales inferiores actualmente han favorecido la "licuación" de las deudas de quienes incumplen sus obligaciones económicas y financieras, afectando el valor adquisitivo final de los créditos de quienes deben recurrir a la justicia para cobrar lo que se les debe. Alega que, si bien la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido en sus fallos la inaplicabilidad de las tasas pasivas en los juicios laborales y propuso considerar créditos alimentarios a todos los que reclaman los trabajadores ante los tribunales del fuero del trabajo, tal postura quedó en minoría solo por los particulares motivos que expresa (v. fs. 497 vta./501).
Refiere que la aplicación de las tasas de interés inferiores a la inflación afecta gravemente el poder adquisitivo del accionante, en tanto no se reparó en la depreciación monetaria que, como consecuencia del proceso inflacionario, ha sufrido el crédito de naturaleza alimentaria que le fuera reconocido en la sentencia dictada por el órgano jurisdiccional de origen, violándose de tal modo su derecho de propiedad tanto en materia de capital como de intereses, consagrado en el art. 17 de la Constitución nacional (v. fs. 501/507 vta.).
Con el objeto de acreditar el perjuicio invocado, el recurrente cuantifica el crédito de autos aplicando un "...coef. ajuste por depreciación monetaria (2.055,11%)" e intereses al 15% anual como los que se aplicaban en épocas de estabilidad plena, siendo esta una de las posibilidades que expone para evitar la confiscación de los créditos alimentarios del acreedor laboral (v. fs. 507 vta. y 508).
Así, enumera como métodos para sortear ese desapoderamiento: la declaración de inconstitucionalidad de las normas que prohíben la indexación de los créditos de dinero; la aplicación de intereses bancarios a la tasa activa con capitalización periódica de los intereses (art. 770, Cód. Civ. y Com. de la Nación); o bien que se determine un capital indemnizatorio con arreglo al "ingreso actual" del trabajador conforme el criterio delineado por la Suprema Corte en las causas C. 120.536, "Vera" (sent. de 18-IV-2018) y C. 121.134, "Nidera" (sent. de 3-V-2018; v. fs. 510/515).
II.3. Para el supuesto de acogerse la impugnación, plantea que la regulación de los honorarios que corresponde percibir al letrado apoderado de la parte actora se adecúe al nuevo monto de condena que resulte, de conformidad con lo explicitado (v. fs. 515).
II.4. Seguidamente, sostiene que el tribunal de origen omitió aplicar el art. 770 inc. "b" del Código Civil y Comercial de la Nación (v. fs. 516/521 vta.).
Plantea que, si bien dicha norma prevé la capitalización de intereses "desde la notificación de la demanda", ello no impide que en casos como el presente -supuestos anteriores a la fecha de entrada en vigencia del mencionado cuerpo normativo- la misma opere desde el 1 de agosto de 2015.
II.5. Por otro lado, cuestiona el rechazo a la aplicación de la sanción prevista en el art. 275 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. fs. 521 vta./533 vta.).
En primer término, impugna la referencia efectuada por el juzgador sobre la aplicación concurrente de la citada norma con la del art. 2 de la ley 25.323. Manifiesta que esta última se encuentra prevista únicamente para el caso de la mora en el pago de las indemnizaciones por despido. Destaca que ambas indemnizaciones no son excluyentes entre sí (v. fs. 521 vta./524 vta.).
Explica que las conductas realizadas por el empleador consideradas como temerarias y maliciosas por el mentado art. 275, resultan disímiles a las previstas por los arts. 9 de la ley 25.013 y 2 de la ley 25.323. Entiende que -contrariamente a lo determinado en el fallo- en el caso no sólo se ha producido la falta de pago de las indemnizaciones de los arts. 232, 233 y 245 de la ley 20.744 por parte de la demandada -que habilitaba la aplicación del agravamiento del citado art. 2-, sino que -además- se presentaron las conductas reprimidas por el art. 275 de la ley (v. fs. 524 vta. y 525).
Argumenta que el sentenciante realizó una absurda y arbitraria lectura del expediente y de la prueba, en tanto de las constancias de la causa surgen acreditadas las conductas temerarias y maliciosas del demandado, tanto al momento de la ejecución del contrato (falta de registración del contrato y la inscripción fraudulenta del vínculo) como en su extinción (negativa de la relación durante el intercambio telegráfico), que mantuvieron -con conciencia de la propia sinrazón- al contestar demanda y durante todo el proceso (v. fs. 521 vta./531 vta.).
A continuación, tras destacar que la demandada cuestionó la existencia de la relación laboral del actor, hicieron valer actos cometidos en fraude del trabajador e impidieron la producción de las pruebas, detalla todas aquellas conductas que, a su criterio, fueron cometidas en fraude al trabajador; las defensas manifiestamente incompatibles o contradictorias de hecho o de derecho opuestas por la empresa accionada y, las conductas dilatorias y obstruccionistas desarrolladas por aquella (v. fs. 531 vta./532 vta.).
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. Inicialmente es menester destacar que, verificándose en la especie que el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria supera el umbral establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, pierde virtualidad el análisis de las argumentaciones por las que el recurrente pretende poner en tela de juicio el recaudo de admisibilidad fundado en la cuantía económica del asunto.
Ello, sin perjuicio de dejar debidamente aclarado que esta Suprema Corte ha señalado en reiteradas ocasiones que las limitaciones establecidas por los arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653, en cuanto al valor del litigio para la concesión del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, no vulneran derechos o garantías constitucionales desde que no obstan la deducción del recurso extraordinario previsto sino que lo condicionan a un requisito formal, propio de la reglamentación legislativa, sin mengua de la defensa en juicio ni de la igualdad de las partes en litigio. Tampoco impiden a los litigantes ser oídos con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial (causas L. 117.612, "Aranda", sent. de 17-IX-2014; L. 123.368, "Hurtado", sent. de 22-IX-2021 y L. 121.260, "Lazarte", sent. de 12-IV-2021; e.o.).
III.2. Sentado lo anterior, cabe -también- indicar que la competencia revisora de este Tribunal está circunscripta al contenido de la sentencia de grado y a la concreta impugnación contra ella formulada en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (causas L. 120.120, "Ojeda", sent. de 12-IX-2018; L. 120.168, "Vietta", sent. de 27-III-2019 y L. 121.460, "Guerra", sent. de 31-VIII-2020; e.o.), por lo que no corresponde ingresar a analizar los planteos formulados por el impugnante en el punto IV del recurso bajo la denominación "solicitudes especiales".
III.3. Ahora bien, la objeción emparentada con la tasa de interés aplicada en autos al capital de condena, no es de recibo.
En tal sentido, cabe recordar que dicho agravio medular que define el contenido de la crítica ha sido resuelto por esta Corte en casos afines y en sentido adverso a la pretensión del impugnante (causas L. 117.365, "Ramírez", sent. de 11-X-2017; L. 119.727, "Andrada", sent. de 16-V-2018; L. 119.520, "Silva", sent. de 3-VII-2019; L. 122.863, "Ojeda", sent. de 11-III-2020 y L. 121.260, "Lazarte", sent. de 12-IV-2021; e.o.).
III.3.a. El tribunal de grado, a fin de calcular los acrecidos, utilizó, desde que cada obligación se hizo exigible hasta el día 18 de agosto de 2008, la tasa pasiva que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a treinta días y, desde el día 19 de agosto de 2008, hasta que quede firme o ejecutoriada la sentencia, conforme la tasa pasiva digital que abona dicha entidad bancaria (v. sent., fs. 479 vta./480 vta.).
III.3.b. Como anticipé, esta decisión no es conmovida por el impugnante.
Al efecto, debe señalarse que esta Suprema Corte en la causa L. 118.587, "Trofe" (sent. de 15-VI-2016), por mayoría que conformé, en atención a la evolución de las distintas tasas de interés pasivas aplicadas por el Banco de la Provincia de Buenos Aires, y en pos de la finalidad uniformadora de la jurisprudencia, precisó la doctrina que venía manteniendo hasta ese momento (v. también causa C. 119.176, "Cabrera", sentenciada en la misma fecha), determinando que los intereses deberán calcularse exclusivamente sobre el capital, mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa (arts. 622 y 623, Cód. Civ. de Vélez Sarsfield; 7 y 768 inc. "c", Cód. Civ. y Com. de la Nac.; 7 y 10, ley 23.928 y modif.); criterio que ha sido reiterado en los precedentes L. 118.858, "Pincini" (sent. de 26-X-2016); L. 119.905, "Galván" (resol. de 26-X-2016) y L. 119.422, "Clemente" (sent. de 31-X-2016); entre otras.
Siendo así, cabe concluir que, en el presente caso, lo decidido en materia de tasa de interés por el tribunal de grado se ajusta -en el contexto de las circunstancias reseñadas durante el período de su aplicación- a la doctrina legal de esta Corte, por lo que corresponde desestimar la réplica en este tramo.
III.4. Tampoco queda margen para ingresar en el análisis de la denunciada inconstitucionalidad de los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 y 4 y 5 de la ley 25.561, ello así, en tanto lo resuelto por el sentenciante guarda armonía con el criterio plasmado en reiterados pronunciamientos de esta Corte en los que se ha declarado la validez constitucional de aquellas normas que prohíben expresamente toda forma de actualización monetaria, indexación de precios o repotenciación de deudas (causas L. 105.189, "Portillo", sent. de 7-IX-2011 y L. 107.840, "Cimadoro", sent. de 18-IV-2012; e.o.), sin que el impugnante aporte nuevos argumentos aptos para desvirtuar la aplicación de la doctrina citada.
III.5. A su turno, el planteo afincado en que el tribunal de origen debió aplicar la capitalización de los intereses prevista en el art. 770 inc. "b" del Código Civil y Comercial también debe ser desestimado.
En reiteradas ocasiones ha declarado esta Suprema Corte que no puede traerse a consideración en la instancia extraordinaria aquella pretensión que no fue llevada a conocimiento del tribunal de grado, deviniendo en una cuestión novedosa y, por ende, inatendible en la casación (causas L. 94.114, "Iturriaga", sent. de 29-XII-2008 y L. 120.815, "López", sent. de 13-X-2020; e.o.).
En ese orden, se advierte que la petición concerniente a la aplicación de la citada norma legal -tal cual fue diseñada en el recurso-, si bien no pudo integrar la pretensión liminar, pues no se encontraba vigente al momento de la interposición de la demanda el Código Civil y Comercial de la Nación (conf. art. 7, ley 26.994, modif. por ley 27.077); tampoco, durante el trámite del presente proceso, el interesado desplegó argumento o solicitud peticionando aquella capitalización mensual tal como establece el mencionado art. 770 inc. "b"; ello, para posibilitar -de ese modo- la bilateralidad del debate sobre el particular (art. 18, Const. nac.).
En razón de lo expuesto, sin abrir juicio sobre las motivaciones que introduce el actor en esta instancia extraordinaria, se advierte que la crítica constituye una cuestión novedosa y, por ello, no susceptible de ser abordada por este Tribunal.
III.6. Por lo demás, y para despejar cualquier equívoco, señalo que la doctrina legal cuya aplicación propicia el quejoso para el caso examinado (v. punto III, apdo. 3 del recurso) ha sido elaborada sobre la base de presupuestos distintos de los que aquí se han configurado, luciendo por ello ineficaz (causas L. 116.942, "Novelli", sent. de 28-X-2015 y L. 121.611, "Falcon", sent. de 27-XI-2019).
III.7. Debe prosperar en cambio, la crítica traída contra el rechazo dispuesto por el tribunal de grado de la sanción reclamada en concepto de temeridad y malicia.
Cabe señalar que el análisis de los presupuestos vinculados a la conducta obstruccionista o dilatoria a los que hace mención el art. 275 de la Ley de Contrato de Trabajo, remite inequívocamente al examen de cuestiones de índole fáctica y probatoria, cuya ponderación resulta privativa de los jueces de grado y ajenas -por regla- a esta casación, salvo denuncia y acreditación de absurdo (causas L. 112.631, "Borchi", sent. de 17-IV-2013; L. 117.358, "Isa", sent. de 26-III-2015 y L. 117.464, "Ruggeri", sent. de 20-XII-2017).
En el caso, de aristas similares a la causa L. 121.303, "Vargas" (sent. de 12-II-2020) -en la que presté mi adhesión al voto formulado por el doctor Soria-, silenciando los concretos reproches que en el marco del art. 275 de la Ley de Contrato de Trabajo el accionante le endilgó a la contraria en su demanda y en los posteriores escritos presentados (v. fs. 56 vta./61 y 428/429 vta.), el estudio que emprendió el tribunal de la instancia hubo de desviarse principalmente hacia la regulación que contienen los arts. 2 de la ley 25.323 y 9 de la ley 25.013 frente a la hipótesis de la falta de pago en término de la indemnización por despido incausado; por cierto, sin más desarrollo, también dijo que no se observaba en el proceso ninguna conducta obstruccionista.
En este acotado contexto, resulta evidente que, en esta parcela de la sentencia, el órgano de grado lejos estuvo de concretar un análisis de las circunstancias fácticas necesarias para arribar a una adecuada solución del tópico, antes bien, la decisión en crisis se basa en afirmaciones dogmáticas carentes de respaldo en las constancias objetivas de la causa, falencias que la tornan descalificable por absurda (causas L. 115.463, "Janeiro", sent. de 26-III-2015; L. 117.659, "Coria", sent. de 26-VIII-2015 y L. 119.064, "Britos", sent. de 11-VII-2018).
En consecuencia, debe revocarse este tramo del pronunciamiento y devolver los autos al tribunal de grado para que, integrado con otros jueces, se expida nuevamente respecto de la sanción prevista en el art. 275 de la ley 20.744, teniendo en consideración lo aquí resuelto.
III.8. Finalmente, considero que lo dicho es suficiente para dar respuesta a la impugnación traída, lo que me exime de ingresar en el análisis de cualquier otra cuestión traída.
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.