Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75751
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 75.751, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires contra Confelom SACIEI y Ots. Apremio. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Genoud.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata rechazó el recurso de apelación interpuesto por la actora y confirmó la sentencia de primera instancia (v. fs. 310/316 vta.).
Disconforme con ese pronunciamiento, dicha parte interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el que fue concedido por la Cámara actuante (v. presentación electrónica de fecha 28-IX-2018 a las 11:48 hs.).
Dictada la providencia de autos a fs. 326 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 1 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora resolvió hacer lugar a la excepción de prescripción opuesta por la ejecutada. Para ello, declaró la inconstitucionalidad del art. 159, primer párrafo del Código Fiscal (t.o. 2011), en cuanto prevé un modo de computar el plazo de prescripción que colisiona con lo normado por el Código Civil en sus arts. 3.956 y 3.980 (conf. arts. 31, 75 inc. 12 y concs., Const. nac). Por último, impuso las costas de la ejecución a la actora vencida (v. fs. 273/280).
Para así decidir, comenzó explicando que para determinar si operó el plazo de prescripción liberatoria del crédito fiscal reclamado, debe considerarse el marco jurídico que surge del fallo "Filcrosa SA" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sentencia de 30-IX-2003, que aplica las normas del Código Civil que regulan el instituto, precisamente el art. 4.027 inc. 3 citado anteriormente, en cuanto declara que "se prescriben por cinco años las obligaciones de pagar los atrasos de todo lo que debe pagarse por años, o plazos periódicos más cortos" y, asimismo, determinar si las disposiciones del Código Fiscal colisionan o no con aquellas.
Dicho ello, señaló que el crédito consignado en la determinación oficiosa a través del título n° 271.311, correspondiente a los períodos fiscales 1 a 12 de 1994 y 1995, fueron alcanzados por el plazo de prescripción previsto en el citado artículo, en atención a que la demanda de apremio fue promovida el 29 de diciembre de 2005.
Por dichas razones resolvió hacer lugar a la defensa de prescripción opuesta al referido título ejecutivo.
II.1. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata rechazó el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y confirmó el pronunciamiento de primera instancia en cuanto fue materia de agravio.
Para resolver de ese modo, explicó que en las presentes actuaciones corresponde aplicar las normas del Código Civil (ley 340) vigente al tiempo del nacimiento de las obligaciones fiscales ejecutadas en autos (art. 3, texto según ley 17.711, Cód. Civ. cit.; conc. art. 7, Cód. Civ. y Com., ley 26.994). Agregó, a mayor abundamiento, que de encontrarse en curso el plazo de prescripción bajo dicho régimen legal, la solución no se vería modificada, toda vez que el nuevo Código Civil y Comercial (ley 26.994), expresamente contempla esa situación y dispone la aplicación de la ley anterior (cfr. arts. 2.537, 2.532 y concs., ley 26.994).
En ese orden de ideas, sostuvo que la interpretación que propone la recurrente no se compadece con las disposiciones del derecho de fondo y por tanto no puede prosperar. Advierte que el modo de computarse la prescripción incide decisivamente en el plazo respectivo (arts. 4.027 inc. 3 y 3.956, Cód. Civ., ley 340) y que la hermenéutica que mejor se aviene a ellas, es la que inicia el cómputo del plazo en forma inmediata al vencimiento del período fiscal anual.
Sentado ello y de acuerdo al carácter anual del tributo (conf. arts. 182, 187, sigs. y concs., Cód. Fiscal, t.o. 2011), estimó que la aplicación del art. 3.956 del Código Civil remite al primer día posterior al vencimiento del lapso calendario como punto de inicio del término de prescripción.
Así, señaló que los períodos fiscales ejecutados, correspondientes a los años 1994 y 1995, comenzaron a prescribir el 1 de enero de 1995 y el 1 de enero de 1996, respectivamente, y que expiraron cinco años después (1 de enero de 2000 y 2001) de no existir causales de suspensión que modifiquen su curso.
II.2. Con posterioridad, analizó el agravio incoado por el Fisco relativo a la consolidación de deuda al 31 de diciembre de 1999, lo que desestimó conforme doctrina de la propia Cámara. En esa inteligencia argumentó que la novación que supone la ley 12.397, como acto unilateral del Estado en su condición de acreedor y sin concurso alguno del deudor, no encuadra en ninguna de las hipótesis de las normas del derecho común con impacto en el curso del término liberatorio (Título XVII, Cód. Civ., t.a., arts. 801 a 817).
De este modo, concluyó que las disposiciones provinciales de derecho público quedaban desplazadas y eran inoperantes para brindar solución al caso de autos, en tanto el instituto de la prescripción debe regirse por el derecho común, que lo regula en su totalidad (art. 75 inc. 12, Const. nac.).
II.3. También rechazó el pedido de que se considere interrumpido el plazo de prescripción desde el 1 de enero de 1995, fecha en la cual se inició el expediente administrativo. Ello, pues advirtió que las causales de suspensión e interrupción son aquellas previstas por la ley común, sin posibilidad de extenderlas a otros supuestos. Así indicó que las diligencias orientadas a la determinación y cobro del impuesto adeudado, que resulten de un trámite interno de la Administración, no constituyen actos eficaces para interrumpir la prescripción de las acciones tributarias.
III. Contra dicho pronunciamiento, la Fiscalía de Estado interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
Denuncia que la sentencia impugnada infringió el régimen jurídico aplicable al desplazar las normas del Código Fiscal, sin especificar concretamente el motivo por el cual no serían compatibles con el Código Civil, texto anterior.
Se agravia de que sin declarar la inconstitucionalidad de la ley 12.397, dejó de aplicarla al caso. Seguidamente invoca doctrina de este Tribunal acerca de la necesidad de declarar la inconstitucionalidad de la norma de que se trate en forma previa a prescindir de su aplicación.
Considera que la novación dispuesta por el art. 48 de la ley 12.397, no puede pasar inadvertida en el cómputo de la prescripción. Que, por su conducto, el legislador provincial reivindicó la facultad local de regular la prescripción liberatoria, como el modo de computarse y las causales de su suspensión e interrupción. Agrega que idéntico tratamiento corresponde dar al art. 159 del Código Fiscal, que regula el inicio del plazo de prescripción para determinar y exigir el pago de los tributos adeudados, diferenciándose de la normativa civil.
Apuntó que la aplicación de dicha norma impone concluir que la acción entablada por el Fisco se encontraba vigente al tiempo de su ejercicio y de allí la plena exigibilidad de la deuda que compone la pretensión fiscal.
Señala que, en el caso, la autoridad de aplicación emitió el título ejecutivo n° 217.311 el 10 de noviembre de 2005 y el juicio de apremio lo inició el 29 de diciembre de 2005.
Explica que, en el año 1996, la ley 11.808 introdujo una modificación sustancial al reducir el plazo de prescripción de diez a cinco años y que, por tal motivo, la propia ley estableció un cronograma según el cual las obligaciones nacidas durante el ejercicio fiscal 1994, prescribirían el 1 de enero de 2000 y las nacidas en 1995, prescribirían el 1 de enero de 2001(como el caso de autos).
Agrega que con el dictado de la ley 12.397, se produjo la consolidación de todas las obligaciones tributarias adeudadas no prescriptas al 31 de diciembre de 1999, como la aquí reclamada, respecto de la cual, conforme el art. 48, comenzó un nuevo cómputo del plazo quinquenal de prescripción a partir del 1 de enero de 2000.
De tal modo, concluyó que el plazo de prescripción del período reclamado en autos, comenzó a correr en la fecha señalada, toda vez que fue alcanzado por la ley de consolidación por un lado y que luego fue suspendido por un año, a partir del 30 de diciembre de 2003, con motivo de la intimación de pago en los términos del art. 161 inc. "a" del Código Fiscal.
Por lo expuesto concluye que debe hacerle lugar al recurso, atento no estar prescriptas las obligaciones objeto de autos.
IV. El recurso no prospera.
Al igual que en la causa A. 72.295, "Yell", sentencia de 23-II-2021, sustancialmente análoga a la presente, he de recordar que -recientemente-, el Máximo Tribunal de la Nación en la causa "Volkswagen de Ahorro para Fines Determinados S.A. c/ Provincia de Misiones-Dirección General de Rentas y otro s/ demanda contenciosa administrativa" (CSJN 4.930/2015, sent. de 5-XI-2019), ratificó su inalterada jurisprudencia de Fallos: 326:3899, 332:616, 332:2108 y 332:2250 (entre otros), haciendo referencia a las razones por las que invariablemente sostuvo que la prescripción no era un instituto propio del derecho público local, sino un instituto general del derecho.
Para así decidir, advirtió que -en el caso- se estaba en presencia de una situación jurídica y de actos o hechos que son su consecuencia, cumplidos por el Fisco y por el particular en su totalidad durante la vigencia de la legislación anterior, por lo que la noción de consumo jurídico (cfr. doctr. CSJN Fallos: 232:490; 306:1799; 314:481; 321:1757; "Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires", Fallos: 338:1455, consid. 5°), conducía a concluir que el caso debía regirse por la antigua ley y por la interpretación que de ella había realizado ese Tribunal -en la jurisprudencia señalada supra-.
En esa inteligencia, siendo que la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación resulta relevante para los tribunales inferiores, ya sea por tratarse de temas federales donde resulta la intérprete última y más genuina de nuestra Carta fundamental o, sin serlo, por aplicación de los principios de celeridad y economía procesal, corresponde confirmar lo resuelto por la Cámara que -en lo medular de su voto- declaró inaplicable al caso la novación dispuesta por el art. 48 de la ley 12.397 con sustento en la doctrina emergente de dicho precedente, sin que los argumentos vertidos al respecto por el Fisco alcancen para conmover la conclusión atacada.
Idéntico tratamiento corresponde dar a los restantes agravios de la Fiscalía de Estado, relacionados con la alegada violación de los arts. 159 y 161 del Código Fiscal (t.o. 2011), normas locales dedicadas a reglar -respectivamente- el inicio del cómputo y la suspensión de la prescripción de las obligaciones tributarias provinciales y rechazar, por los motivos expuestos, el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto (conf. art. 289, CPCC).
Costas a la recurrente vencida (conf. arts. 60 inc. 1, CCA -texto según ley 13.101-; 68 y 289 in fine , CPCC).
Voto por la negativa .
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El recurrente alega que el Tribunal de Alzada desplazó, sin más, la aplicación de las normas emanadas de la legislación local sin especificar concreta y detalladamente el motivo, sin declarar su inconstitucionalidad y/o la de la ley 12.397, y sostiene que esta última norma debió ser aplicada tras señalar que la novación dispuesta por su art. 48, en este caso en particular, no puede pasar inadvertida en el cómputo de la prescripción.
Afirma que con el dictado de la norma recién citada se produjo la consolidación de todas las obligaciones tributarias adeudadas no prescriptas al 31 de diciembre de 1999, comenzando a su respecto un nuevo cómputo del plazo quinquenal de la prescripción desde el 1 de enero de 2000 (art. 48) y que la referida consolidación se produjo de pleno derecho, por el mandato contenido en la ley.
En consecuencia, los períodos fiscales 1994 y 1995, no se encontraban prescriptos, pues había operado a su respecto la consolidación legalmente establecida, comenzando a correr con relación a ellos un nuevo término de prescripción el 1 de enero de 2000 (conf. informe 114/04) y las acciones para su cobro recién hubieran prescripto el 1 de enero de 2006.
Por lo tanto, indica que, al momento del inicio del juicio de apremio de autos, 29 de diciembre de 2005, la acción del Fisco provincial para reclamar la deuda correspondiente al Impuesto sobre los Ingresos Brutos determinada en las presentes no se encontraba prescripta.
Finalmente, aclara que "...en conclusión [...] se agravia, puntualmente, por lo expuesto en la sentencia punto VI 3 y lo expuesto por el segundo sentenciante respecto de la misma temática..." (todo relacionado con la ley 12.397).
II. El recurso no prospera en razón de su insuficiencia (conf. doctr. art. 279, CPCC).
II.1. En primer lugar, corresponde señalar que, si bien el recurrente hace una breve referencia al desplazamiento de las normas del Código Fiscal, el planteo recursivo se circunscribe en requerir la aplicación al caso de la novación prevista en el art. 48 de la ley 12.397 a los fines del cómputo de la prescripción.
En esas condiciones, y no obstante dejar sentado que -en mi criterio- deben prevalecer las normas locales por sobre la legislación de fondo (v. mi adhesión al voto del doctor Soria en la causa A. 71.388, "Fisco c/ Recuperación de Créditos S.R.L.", sent. de 16-V-2018), en consideración a lo que se plantea aquí como materia recursiva, corresponde centrarme en lo concerniente a la aplicación de la referida ley 12.397.
II.2. En ese sentido, advierto que el impugnante puntualmente se agravia de lo indicado en el "pto. VI.3" por el juez de primer voto, sin embargo, observo que la referencia personal efectuada por dicho magistrado con respecto al principio de congruencia, no fue acompañada por los restantes miembros de la Cámara, es decir, quedó en minoría, por lo que en modo alguno puede conformar materia de agravio para el recurrente.
II.3. Ahora bien, distinto es el caso de lo expuesto por el doctor De Santis respecto de la aplicación de la ley 12.397, y a cuyo voto adhiriera la doctora Milanta, pues la posición por ellos adoptada conformó los fundamentos de la decisión mayoritaria por los cuales se descartó la aplicación de la norma al caso concreto.
Dichos fundamentos son los que debió el impugnante haber controvertido de manera eficaz, pero no solo no lo hizo, sino que además se apartó de la idea rectora de la sentencia impugnada, como así también de las bases esenciales de la decisión, parcializando su ataque, lo que deviene infructuoso a los fines de rever lo resuelto (conf. causa A. 73.259, "Fisco", sent. de 29-VI-2016).
Sabido es que no cualquier diferencia de criterio autoriza a tener por acreditado el vicio de absurdo -vicio lógico que ni siquiera es denunciado-, ni tampoco puede la Corte sustituir con el suyo el de los jueces de mérito, cuando los razonamientos desarrollados por el impugnante no pasan de ser su personal interpretación de las constancias de la causa (conf. causas Ac. 76.398, "Fenocchio", sent. de 31-X-2001 y C. 121.190, "Loria", sent. de 18-II-2021).
En ese sentido, corresponde rechazar el agravio tal como ha sido formulado, mediante el cual el impugnante insiste en que la deuda fue novada, sin ocuparse de controvertir de manera adecuada los fundamentos que llevaron al Tribunal de Alzada a concluir que las acreencias se encuentran fuera del ámbito de aplicación de la ley 12.397 (doctr. art. 279, CPCC).
II.4. No obstante lo dicho y a todo evento agrego que, en mi criterio, la novación dispuesta por la ley 12.397 resulta irrazonable, en tanto lejos de cumplir con la finalidad para la que fue dispuesta, pretende dar nacimiento a una nueva obligación tributaria, que no se diferencia de aquella que en forma simultánea viene a extinguir, limitándose a alongar los plazos de prescripción (conf. causa A. 72.295, "Yell-Meller Comunicaciones y ot.", sent. de 23-II-2021, voto del doctor Soria -al cual adherí-).
En la causa recién señalada ("Yell"), mi distinguido colega el doctor Soria sostuvo, en lo sustancial, que conforme surge de lo establecido por el segundo párrafo del art. 48 de la ley 12.397, en su remisión al procedimiento señalado por el art. 50, la novación implicaría que la deuda se expresara en un único importe; circunstancia que serviría para sanear la base de datos del Fisco provincial (atenta la finalidad señalada por el Poder Ejecutivo en el mensaje de elevación del proyecto de ley), lo cual, en rigor de verdad, no parece haber sido determinante.
Indicó que ni siquiera existían constancias de que se hubiera dictado la resolución prevista en el art. 50 de la ley 12.397, a través de la cual la deuda no prescripta al 1 de enero de 2000 debía ser consolidada en un único monto, y que resultaba claro que la novación que establece esta ley tributaria consagra la extensión de los plazos de prescripción aplicables, justamente porque no fue acompañada de otras disposiciones que atemperen el efecto por el que se extiende el plazo en varios años, lo que juzgó irrazonable.
Agregó que se trataba de una disposición que intentaba simplificar la base de datos del Fisco provincial y facilitar la actividad de la agencia tributaria, pero para ello adoptó una medida no justificada, que desbordaba la relación de racional adecuación con el fin público esgrimido; máxime si se tenía en cuenta que la resolución que dispusiera la consolidación en un único monto ordenada en la ley ni siquiera se había dictado, motivo por el cual aquel objetivo declarado (relacionado, para más, con una mera cuestión de administración interna) no parecía haber sido la guía de las conductas administrativas.
Concluyó, en consecuencia, que el art. 48 de la ley 12.397 pretendía dar nacimiento a una nueva obligación tributaria que no se diferenciaba en sustancia de aquella que en forma simultánea venía a extinguir, lo que en la práctica solo traía como resultado una extensión del plazo de prescripción aplicable que no respondía a la naturaleza de la deuda en juego o a la forma como se encadenaban los deberes de los contribuyentes, por lo que no correspondía su incidencia en el cómputo del término de prescripción atinente a la deuda controvertida.
III. Por los motivos expuestos, corresponde rechazar el recurso de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (conf. arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 68, 279 y 289 in fine , CPCC).
Voto por la negativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
Adhiero al voto de la doctora Kogan.
Por sus mismos fundamentos, coincido con que el recurso -dada la forma en la que es planteado- se muestra insuficiente para revertir lo decidido por la Cámara (art. 279 in fine , CPCC).
A todo evento, si el recurrente realmente cree en la tesis propuesta, debo decir que su apreciación del contenido de la sentencia luce errado. Ello es así, pues una mayoría del tribunal apelado ofreció razonados argumentos para descartar la aplicación al caso del art. 48 de la ley 12.397, con expresa invocación del art. 75 inc. 12 de la Constitución nacional, no siendo posible concluir entonces que en la especie haya mediado la inaplicación de la normativa tributaria local, sin más.
Voto por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
En virtud de lo decidido por esta Suprema Corte de Justicia en autos A. 72.
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.