Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 61990
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe acepta la excusación formulada por el señor Juez doctor Genoud (art. 30, CPCC) y se rechaza la demanda interpuesta.
Las costas se imponen por su orden (arts. 78 inc. 3, ley 12.008 -texto según ley 13.101- y 17, ley 2.961).
Por su actuación profesional en autos, regúlanse los honorarios de los abogados apoderados de la parte actora, doctor Alberto Lugones, en la suma de setenta y un mil doscientos cincuenta pesos -$71.250- y doctora Lilia Beatriz Bielsa, en la suma de catorce mil doscientos cincuenta pesos -$14.250- (conf. arts. 9, 10, 14, 15, 16, 28, 44 inc. "b", 51 y 54, dec. ley 8.904/77), cantidad a la que habrá de adicionarse el 10% (arts. 12 inc. "a" y 16, ley 6.716, t.o. dec. 4.771/96 y sus modif.) y el porcentaje que corresponda según la condición tributaria de los mencionados profesionales frente al Impuesto al Valor Agregado.
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art.4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa B. 61.990, "Barrera, Rafael Alberto contra Ministerio de Justicia y Seguridad de la Pcia. de Bs. As. DCA", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Soria, Kogan, Carral.
El señor Rafael Alberto Barrera, por apoderado, promueve acción contencioso administrativa contra la Provincia de Buenos Aires (Ministerio de Seguridad) a fin de que se dejen sin efecto los actos que desestimaron su solicitud de reajuste de su haber básico, de sargento de la Policía, con el reconocimiento de los suplementos establecidos en los decretos 366/91, 1.235/92, 2.074/92, 3.483/92, 518/93 y 35/97, como remunerativos y computables.
Solicita que se condene a la demandada al pago de las diferencias devengadas que resulten del cálculo del nuevo sueldo básico, desde la vigencia de los mencionados decretos hasta la fecha de efectivo pago, más intereses y costas.
Manifiesta que si las bonificaciones se integraran al haber de la manera pretendida se produciría un efecto cascada sobre los demás suplementos generales y particulares. Alega que al no incorporarse de ese modo se ha vulnerado el principio de intangibilidad del salario y solicita, en consecuencia, que se declare la inconstitucionalidad de las normas citadas por ser violatorias de los arts. 5, 14, 14 bis, 17, 31 y concordantes de la Constitución nacional.
Cita jurisprudencia y plantea el caso federal.
Tras conferirse el traslado de la demanda, se presenta la representante de la Fiscalía de Estado y contesta solicitando el rechazo de las pretensiones.
Expone la diferencia conceptual entre remuneración y salario y respecto del objeto de la demanda, la incorporación de los suplementos al haber básico para producir el "efecto cascada" sobre otros suplementos, señala el obrar legítimo de la Administración y solicita el rechazo de lo peticionado en tanto las normas cuestionadas dispusieron expresamente que las bonificaciones no integraban el salario básico, por no ser remunerativas o bonificables. Cita las normas que así lo disponen (arts. 1, dec. 366/91; 1, dec. 1.235/92; 2, dec. 2.074/92; 1 y 2, dec. 3.483/92; 1, dec. 518/93 y 2, dec. 35/97).
Cita jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de este Tribunal que considera aplicables al caso.
Por otro lado, expresa que corresponde hacer unas aclaraciones en cuanto a la vigencia temporal de los decretos enumerados.
Así, señala que el decreto 35/97 provocó una reestructuración en la materia remunerativa policial, estableciendo a partir del 1 de enero de 1997 una bonificación remunerativa no bonificable para el personal activo y pasivo de las fuerzas de seguridad y paralelamente excluyó y dejó sin efecto los decretos 366/91, 518/93, 1.235/92, 3.483/92, 3.915/95 y 4.290/95.
En consecuencia, entiende que, sin perjuicio de la improcedencia sustancial de la pretensión, deviene inadmisible el planteo de la parte actora según el cual deben abonársele, sin discriminación y acumuladamente, las bonificaciones establecidas en el decreto 35 y los decretos 366/91, 1.235/92, 3.483/92 y 518/93, en tanto los últimos tuvieron vigencia hasta el 1 de enero de 1997, fecha a la que debe reducirse la pretensión a su respecto.
Agrega que el cambio de remuneración que importó el decreto 35/97 a partir del 1 de enero de 1997 no aparejó una reducción remunerativa dado que aquellas bonificaciones fueron dejadas sin efecto al ser incorporadas a esta última.
Eventualmente opone, en subsidio, excepción de prescripción. Solicita que se aplique la prescripción quinquenal de las obligaciones por las eventuales diferencias salariales (art. 4.027, Cód. Civ.), en tanto el pago de ellas se devenga mensualmente.
Cita fallos de este Tribunal a favor de su postura y plantea el caso federal.
La parte actora contestó el traslado sobre la excepción de prescripción opuesta (v. fs. 80).
Agregadas las actuaciones administrativas, el cuaderno de prueba de la parte actora y su alegato (v. fs. 482), no habiendo hecho uso de ese derecho la demandada, y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Corresponde aceptar la excusación del doctor Genoud?
2ª) ¿Es fundada la demanda?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
En autos, el señor Juez doctor Genoud se excusó de intervenir con fundamento en graves motivos de decoro y delicadeza, por lo que corresponde admitir su apartamiento (art. 30, CPCC).
En consecuencia, a la primera cuestión planteada, doy mi voto por la afirmativa .
El señor Juez doctor Soria , la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Carral, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron la primera cuestión también por la afirmativa .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
La parte actora pretende la incorporación a sus haberes básicos de las sumas establecidas en los decretos 366/91, 1.235/92, 2.074/92, 3.483/92, 518/93, 35/97 como remunerativas y bonificables, más intereses (v. fs. 6, demanda). Vale aclarar que en su alegato menciona sin más, junto a las normas citadas, los decretos 1.014/97 y 1.015/97, que no merecen consideración en tanto aquel no es la pieza procesal oportuna para introducir pretensiones distintas a las articuladas en el escrito inicial (arts. 31 inc. 6, ley 2.961; 27 segundo párrafo y 32, ley 12.008, texto según ley 13.101; 330, 331 y 363, CPCC y doctr. causa B. 58.798, "Rigol", sent. de 7-IV-2010; e.o.; v. fs. 482).
La cuestión a resolver se circunscribe a determinar si corresponde incorporar a la base del cálculo del haber del demandante las sumas de las bonificaciones reclamadas y, en consecuencia, reconocer el pago de las diferencias devengadas.
Respecto del decreto 35/97, el mismo estableció a partir del 1 de enero de 1997 para el personal de la Policía y del Servicio Penitenciario bonaerense una bonificación remunerativa no bonificable, lo mismo para los beneficiarios de la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía y del Instituto de Previsión Social (Servicio Penitenciario y Seguridad), excluyendo y derogando expresamente las bonificaciones dispuestas en los decretos reclamados (decs. 366/91, 1.235/92, 3.483/92 y 518/93). Así lo dispuso el señor Gobernador, luego de considerar que era necesario instrumentar correcciones a las escalas salariales respectivas, convirtiendo las bonificaciones no remunerativas no bonificables, en remunerativas no bonificables, sin alterar el sueldo de bolsillo del personal respectivo.
Surge con claridad del texto de la norma el carácter de la bonificación y que no fue creada para ser incorporada al haber básico (en actividad o pasividad) como peticiona la parte actora, por lo que corresponde el rechazo de dicha pretensión.
De igual modo debe desestimarse el pedido de integrar al concepto "sueldo básico" la asignación especial no remunerativa dispuesta por decreto 2.074/92 para determinado tipo de personal en actividad de la Administración General de la Provincia y abonada desde el 1 de mayo de 1992 a noviembre, inclusive, del mismo año. Ello así, en tanto su norma creadora excluyó tal posibilidad.
El tema fue materia de debate y decisión en las causas A. 69.464, "Naranjo", sentencia de 5-VIII-2010; A. 69.710, "Soto", sentencia de 21-IV-2010; A. 71.356, "Abramo", sentencia de 10-IX-2014; A. 71.334, "Gambaleri", sentencia de 29-X-2014; A. 73.322, "Corbalán" y A. 73.262, "Martínez", resoluciones de 28-VI-2017; entre otras. Por ello, me remito a los fundamentos y conclusiones brindados en los citados precedentes, que doy por reproducidos por razones de brevedad. En consecuencia, se rechaza la demanda.
Por las razones expuestas, voto por la negativa .
Costas por su orden (arts. 17, CCA y 78 inc. 3, ley 12.008 -texto según ley 13.001-).
El señor Juez doctor Soria , la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Carral, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron la segunda cuestión también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se acepta la excusación formulada por el señor Juez doctor Genoud (art. 30, CPCC) y se rechaza la demanda interpuesta.
Las costas se imponen por su orden (arts. 78 inc. 3, ley 12.008 -texto según ley 13.101- y 17, ley 2.961).
Por su actuación profesional en autos, regúlanse los honorarios de los abogados apoderados de la parte actora, doctor Alberto Lugones, en la suma de setenta y un mil doscientos cincuenta pesos -$71.250- y doctora Lilia Beatriz Bielsa, en la suma de catorce mil doscientos cincuenta pesos -$14.250- (conf. arts. 9, 10, 14, 15, 16, 28, 44 inc. "b", 51 y 54, dec. ley 8.904/77), cantidad a la que habrá de adicionarse el 10% (arts. 12 inc. "a" y 16, ley 6.716, t.o. dec. 4.771/96 y sus modif.) y el porcentaje que corresponda según la condición tributaria de los mencionados profesionales frente al Impuesto al Valor Agregado.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c", resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 14/12/2022 15:59:28 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 16/12/2022 16:01:33 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/12/2022 18:35:39 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/12/2022 08:59:22 - CARRAL Daniel Alfredo
Funcionario Firmante: 21/12/2022 11:00:01 - MARTIARENA Juan José - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 21/12/2022 11:02:40 hs. bajo el número RS-109-2022 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia