Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 127038
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 127.038, "Guerrero, Antonio contra Swiss Medical ART S.A. Accidente de trabajo-acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Kogan, Soria, Torres.
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora rechazó las excepciones de incompetencia material y cosa juzgada administrativa, imponiendo las costas a la parte demandada (v. pronunciamiento electrónico de fecha 21-XII-2020).
Se dedujo, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 4-II-2021).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente, en el marco de la pretensión incoada por Antonio Guerrero contra Swiss Medical Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., rechazó los planteos de incompetencia material y cosa juzgada administrativa esgrimidos por la demandada en su responde (v. resol. electrónica de fecha 21-XII-2020).
Con relación a la excepción de incompetencia, ponderó que la demandada había objetado que el actor promoviera una acción ordinaria luego de haberse sometido al trámite administrativo previo y obligatorio, cuando, desde su perspectiva, debió impugnar lo allí dictaminado.
Por su parte, evaluó que, con similar sustento, la emplazada había articulado defensa de cosa juzgada administrativa basada en que la presentación iniciada no constituía un recurso en los términos del art. 2 inc. "j" de la ley 15.057 y, en tales condiciones, la decisión adoptada por la comisión médica debía considerarse inmutable.
Según el expediente administrativo adjuntado a la demanda, el a quo tuvo por demostrado que el damnificado había recorrido la instancia administrativa y obtenido dictamen médico (19-XI-2019) que le otorgó una incapacidad del 4,48%. Asimismo, refirió que no habiéndose arribado a un acuerdo en la audiencia respectiva, se labró acta en disconformidad el 18 de diciembre de 2019. En desacuerdo con dicha conclusión, el trabajador -según el a quo - ejerció una opción válida (art. 2 inc. "j" de la ley 15.057), a través de la promoción de la demanda deducida en autos con carácter de acción autónoma, destinada a efectivizar la tutela judicial, conforme las normas supralegales, constitucionales y adjetivas (art. 1 in fine , ley cit.).
II. Contra dicho pronunciamiento, el letrado apoderado de la aseguradora de riesgos del trabajo deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 4-II-2021), en el que se agravia del rechazo de la defensa de cosa juzgada administrativa.
En lo sustancial, afirma que a pesar de que el actor denunció haber concluido el trámite administrativo ante la comisión médica respectiva, no le dio a la acción el tratamiento procesal previsto por el art. 2 inc. "j" de la ley 15.057, sino que promovió una demanda ordinaria.
Alega que la única vía apta para acceder a la justicia provincial luego de agotado el procedimiento administrativo previo y obligatorio, es promover la vía contemplada en la citada norma, de la cual debe resultar el agravio ante la actuación de la comisión médica, situación que no aconteció en la especie.
Por ello, solicita se haga lugar a la indicada excepción y se ordene el archivo de las presentes actuaciones.
III. El recurso no puede prosperar.
III.1. La atenta lectura del recurso permite advertir que más allá de contener genéricas referencias sobre el contenido del pronunciamiento de origen, la impugnación traída versa exclusivamente en torno al rechazo de la defensa de cosa juzgada.
III.2.a. Planteada con el alcance precitado la estrategia procesal que diera lugar a la decisión que es motivo de agravio, corresponde evaluar los términos del recurso.
Y en esa labor, cabe recordar que la facultad revisora de esta casación queda circunscripta al contenido de la sentencia según la concreta impugnación contra ella formulada (causas L. 117.775, "J. Q., F.", sent. de 29-III-2017; L. 120.120, "Ojeda", sent. de 12-IX-2018 y L. 121.225, "Corani", sent. de 27-VII-2020).
III.2.b. En el caso, el tribunal de grado evaluó el contenido del expediente administrativo obrante en autos y de los escritos constitutivos del proceso, concluyendo que, ante la divergencia planteada en torno al porcentaje de incapacidad, las partes no habían podido alcanzar un acuerdo conciliatorio en esa instancia preliminar. En consecuencia, formalizada la desavenencia en un acta labrada en disconformidad, el a quo concluyó que el trabajador se encontraba habilitado a utilizar la herramienta procesal prevista en el art. 2 inc. "j" de la ley 15.057. A partir de ello, consideró que -en el caso- no se configuraba la cosa juzgada administrativa, como había expresado la demandada en su defensa.
Merced a tales directrices y ante conclusiones que importan el ejercicio de potestades privativas, como ser, la valoración de las constancias acompañadas a la causa, la interpretación de las presentaciones de las partes y los términos en que quedó trabada la litis, su eventual revisión queda condicionada a la invocación y cabal demostración de absurdo (causas L. 98.140, "Canessa", sent. de 6-IV-2011; L. 117.482, "Markarian", sent. de 10-XI-2014 y L. 117.161, "T., G. L.", sent. de 19-XII-2018). Ello exige la verificación del error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 119.179, "Santana", sent. de 7-III-2019; L. 122.227, "Chaparro", sent. de 26-II-2020 y L. 123.058, "Michelena", sent. de 5-X-2020).
III.3. En el caso, la recurrente omite satisfacer dicha carga técnica, toda vez que no ha invocado que la decisión adolezca del mentado déficit, situación que evidencia la inhabilidad del remedio traído (art. 279, CPCC).
Y aunque intenta valerse de lo normado por el art. 2 inc. "j" de la ley 15.057, desatiende el desarrollo expresado por el juzgador para habilitar el curso de la acción -objetando parcialmente algunos motivos-, sin justificar que hubiere mediado una violación de la disposición mencionada, que precisamente se invocó en el pronunciamiento para arribar a una solución contraria a la pretendida.
Lo dicho sella la suerte de la impugnación pues, es sabido, esta Suprema Corte no puede suplir de oficio, por inferencias o interpretación, las omisiones en que incurre la parte interesada para sustentar la impugnación (causas L. 93.167, "Martínez", sent. de 8-VII-2008; L. 94.302, "Occhiuzzi", sent. de 18-II-2009; L. 100.121, "Carrizo", sent. de 26-V-2010 y L. 120.695, "Garbuglia", sent. de 8-III-2021).
IV. Por lo expuesto, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley debe ser rechazado, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa .
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Soria y Torres , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 04/12/2022 21:48:23 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 07/12/2022 13:29:37 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/12/2022 13:45:02 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/12/2022 08:38:56 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/12/2022 08:59:46 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 19/12/2022 09:34:10 hs. bajo el número RS-115-2022 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia