Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 126833
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de nulidad traído y se anula el pronunciamiento de fs. 48/50, con el alcance indicado en el punto IV del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen a fin de que, con diferente integración, renueve los actos procesales necesarios y dicte nuevo fallo (art. 298, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 126.833, "Ainsimburo Rodríguez, Evangelina Clara contra Experta ART S.A. Diferencias indemnización", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Genoud, Soria.
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín, con asiento en dicha ciudad, rechazó íntegramente la demanda interpuesta e impuso las costas del modo que especificó (v. fs. 48/50).
Se dedujeron, por la parte actora, recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. presentaciones electrónicas de fecha 30-IX-2020).
Oído el señor Procurador General (v. dictamen del día 6-VII-2021), dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad?
En su caso:
2ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar respecto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. En lo que resulta de interés, el tribunal de trabajo interviniente acogió la excepción de pago opuesta por Experta Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. y rechazó la acción por la que la señora Evangelina Clara Ainsimburo Rodríguez, procuraba el cobro de diferencias indemnizatorias vinculadas a las prestaciones dinerarias percibidas con motivo de la incapacidad que contrajo como consecuencia del accidente de trabajo que sufrió el día 10 de enero de 2019, en oportunidad de encontrarse prestando servicios para su empleadora -asegurada por la demandada- (v. fs. 48/50).
Para así decidir, juzgó no controvertido que el día 18 de septiembre de 2018 (sic, debió decir 2019) se dictó un acto administrativo mediante el cual se aprobó el procedimiento llevado a cabo en esa sede -en el expediente n° 184.533/19-, homologándose simultáneamente el acuerdo celebrado con la intervención del funcionario competente, entre la promotora del pleito y la aseguradora demandada, que diera lugar al pago de la suma indemnizatoria determinada ($337.097; v. sent., fs. 48 vta.).
En ese contexto, aplicando la normativa dispuesta en el art. 2 párrafo 6 de la ley 27.348 -a la cual adhirió la ley 14.997-, entendió que la existencia de la mentada resolución homologatoria y la suma abonada en consecuencia, impedían la prosecución de las actuaciones, por cuanto la trabajadora había obtenido una resolución a su conflicto; por lo cual el acuerdo arribado por las partes adquirió autoridad de cosa juzgada administrativa (arts. 15, ley 20.744; 336, CPCC y 27, ley 11.643; v. sent., fs. 48 vta.).
A mayor abundamiento, sostuvo que el respaldo jurisprudencial de las prescripciones mencionadas se desprendía de la doctrina legal elaborada por esta Corte en la causa L. 121.939, "Marchetti" (sent. de 13-V-2020; reiterada en causas L. 123.792, "Szakacs" y L. 124.309, "Delgadillo", sents. de 28-V-2020; v. sent., fs. 49).
II. Contra dicho pronunciamiento, la parte actora interpone recurso extraordinario de nulidad, en el que denuncia la transgresión de los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial (v. presentación electrónica de fecha 30-IX-2020).
II.1. En primer término, señala que el tribunal de la instancia omitió el tratamiento de cuestiones esenciales para la resolución de la litis, como son -a su juicio- los planteos formulados en el escrito inicial referidos a la inconstitucionalidad de los arts. 13, último párrafo y 26 de la resolución 298/17; 4 anexo I de la ley 27.348 y 2 inc. "j" de la ley 15.057.
Sobre esa base argumental aduce que el sentenciante se abocó a analizar la excepción de pago opuesta por la parte demandada, soslayando pronunciarse previamente sobre los mencionados requerimientos, vedando el acceso a la justicia de la actora, por cuanto el decisorio de grado impide la revisión judicial de lo actuado en sede administrativa, en la medida que le confieren efectos de cosa juzgada al acuerdo homologado.
En base a lo dicho, alega que la sentencia en crisis resulta arbitraria, afectando su derecho de defensa y el debido proceso legal, lo que se traduce en una denegación de justicia.
II.2. Por otra parte, denuncia que el decisorio carece de una adecuada fundamentación legal.
En este orden, afirma que mediante la indemnización obtenida en sede administrativa la trabajadora no logró alcanzar una reparación justa acorde a su minusvalía; de allí que -explica- debió iniciar la presente acción.
Sostiene que -tal como fue resuelto-, si los jueces estimaron que el reclamo de la actora ya se encontraba cumplido, debieron brindar razones suficientes para arribar a dicha conclusión; no habiendo sido abastecida dicha carga -a su juicio- con el simple relato efectuado respecto a lo acontecido en la instancia administrativa previa. Apunta que el supuesto de autos debió resolverse atendiendo los planteos esgrimidos inicialmente (puntualmente a los referidos a la divergencia de incapacidad denunciada y a la validez constitucional cuestionada de las normas enumeradas).
III. En coincidencia con lo dictaminado por el señor Procurador General (v. dictamen de fecha 6-VII-2021), considero que el recurso debe prosperar con los siguientes alcances.
III.1. Cabe recordar que el medio de impugnación deducido sólo puede fundarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, falta de fundamentación legal, incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (causas L. 116.854, "Orellano", sent. de 19-II-2014; L. 119.503, "Barreiro", sent. de 21-II-2018 y L. 122.208, "León", sent. de 9-VIII-2021; e.o.).
Asimismo, conviene precisar que la alegación de inconstitucionalidad de una norma constituye, por su naturaleza, cuestión esencial en los términos del art. 168 de la carta local (causas L. 99.171, "Torres", sent. de 16-II-2011; L. 115.189, "Bermejo", sent. de 5-IV-2013 y L. 118.329, "Rayson", sent. de 14-X-2015).
III.2. Es dable advertir que los temas que se denuncian preteridos, referidos a las objeciones constitucionales de determinados preceptos del régimen de riesgos del trabajo, fueron sometidos a conocimiento del tribunal interviniente en la etapa procesal pertinente.
Surge del escrito de demanda que la parte actora oportunamente formuló un planteo dirigido a cuestionar la validez constitucional de los arts. 13 -último párrafo- y 26 de la resolución 298/17; 4 del anexo I de la ley 27.348 y 2 inc. "j" de la ley 15.057 (v. fs. 25/27). Sin embargo, el tribunal de grado se ocupó de resolver la cuestión sin brindar argumento alguno vinculado a la constitucionalidad de las normas que se denuncian preteridas; extremo que, a la luz de lo resuelto por el a quo, revestía particular relevancia, a la par que guardaba relación con el objeto de la pretensión de la accionante por conducto de la cual procuraba la modificación del porcentaje de minusvalía fijado en la instancia administrativa, amparándose -puntualmente- en la inconstitucionalidad de las normas que refieren a la concurrencia del instituto de la cosa juzgada.
Lo expuesto es suficiente para tener por configurada la infracción del art. 168 de la Constitución local, toda vez que la cuestión soslayada integró la petición liminar, conformando el esquema jurídico que el órgano de grado necesariamente debió atender para la correcta solución de la controversia. Ese grave descuido, sin expresión alguna que concretamente lleve a comprender el motivo por el cual no fueron tratados todos los planteos efectuados oportunamente, muestran la presencia -en el caso- de una incongruencia por omisión que conlleva, en el supuesto, la nulidad del pronunciamiento de grado (causas L. 116.646, "Buscarini", sent. de 29-V-2013; L. 116.658, "Racedo", sent. de 15-VII-2015 y L. 119.503, "Barreiro", sent. de 21-II-2018).
Para más, no puede predicarse que la cita de doctrina legal efectuada obiter dicta en la resolución de fs. 49 haya desplazado implícitamente el tratamiento del planteo constitucional llevado a conocimiento del órgano de origen porque en los antecedentes allí mencionados este Superior Tribunal abordó una temática distinta a la aquí propuesta.
III.3. En otro orden, debo decir que no se verifica el pretendido quebranto al art. 171 de la carta local, pues el fallo exhibe apoyo en expresas normas legales, sin que corresponda analizar -en el marco de la vía en tratamiento- su incorrecta o deficiente fundamentación jurídica (causas L. 72.860, "Ledesma", sent. de 5-XII-2001 y L. 99.688, "López", sent. de 22-II-2012).
IV. Por todo lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de nulidad traído con el alcance reseñado en el punto III.2. del presente y, en consecuencia, disponer la anulación de la decisión de fs. 48/50. Los autos deberán volver al tribunal de origen, a fin de que, con diferente integración, renueve los actos procesales necesarios y dicte nuevo fallo (art. 298, CPCC).
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Genoud y Soria, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron la primera cuestión también por la afirmativa.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
En atención a la forma en que ha quedado resuelta la cuestión anterior, no corresponde ingresar al tratamiento de la presente.
Así lo voto.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Genoud y Soria, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron la segunda cuestión en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se hace lugar al recurso extraordinario de nulidad traído y se anula el pronunciamiento de fs. 48/50, con el alcance indicado en el punto IV del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen a fin de que, con diferente integración, renueve los actos procesales necesarios y dicte nuevo fallo (art. 298, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 26/12/2022 11:06:55 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/12/2022 23:56:29 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 27/12/2022 20:00:58 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/12/2022 10:40:35 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/12/2022 10:59:48 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 29/12/2022 12:32:28 hs. bajo el número RS-130-2022 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia