Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 128556
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, y se confirma el fallo impugnado en cuanto declaró no aplicables las prescripciones del decreto 329/20 a los contratos de trabajo de autos, que fueron disueltos por voluntad del empleador, durante el período de prueba previsto en el art. 92 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención a las dificultades interpretativas generadas por la normativa de emergencia y dada la naturaleza de la cuestión tratada (arts. 68 segundo párr. y 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 128.556, "Di Lullo, Leonardo Javier contra Bingo Adrogué S.A. Medidas Precautorias", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Genoud, Kogan .
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora desestimó la acción instaurada e impuso las costas a la parte actora con el beneficio que consagra el art. 22 de la ley 11.653 (v. pronunciamiento electrónico de fecha 22-VI-2020).
Se interpuso, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de 15-VII-2020).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. En lo que interesa destacar, antes de la traba de la litis, el tribunal de origen rechazó -según se denominó- "la medida autosatisfactiva" promovida por el señor Leonardo Javier Di Lullo en la que reclamaba la reinstalación en su puesto de trabajo con fundamento en el decreto 329/20 (v. pronunciamiento de fecha 22-VI-2020).
Ponderando que en el escrito inicial se relató que el actor fue despedido por medio de una carta documento en la que se le había comunicado que se prescindía de sus servicios en los términos del art. 92 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, juzgó que el supuesto regulado en dicha norma no constituye una ruptura incausada, sino una cesación derivada de la legítima decisión del empleador de no continuar el contrato por no haber el trabajador alcanzado los estándares esperados por el principal durante el período de prueba. Precisó que la forma de disolución del vínculo durante ese período exime a la patronal de expresar aquella causa, en tanto la propia ley la presume.
Sobre esa base, concluyó que el referido decreto 329/20 no resultaba aplicable a las desvinculaciones que ocurrieron dentro del lapso que marca el citado art. 92 bis de la ley citada (texto según ley 25.877).
Desestimó así la medida peticionada por resultar ajena a los presupuestos regulados en el decreto de referencia.
II. La parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de los arts. 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 39 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 9, 10 y 11 de la Ley de Contrato de Trabajo; y de los decretos 329/20 y 487/20 (v. presentación electrónica de 15-VII-2020).
II.1. Cuestionando la decisión antes descripta, sostiene que el art. 92 bis de la Ley de Contrato de Trabajo es aplicable en situaciones normales y no en el contexto excepcional de pandemia, en donde se buscó garantizar la fuente de ingreso económico de los trabajadores.
Dice que en el caso resulta evidente que el demandado utilizó la facultad otorgada en dicha norma con el fin de evadir la protección brindada en el decreto citado.
Afirma que el mentado art. 92 bis es una norma de carácter general aplicable para todos los casos ocurridos en tiempos normales, mientras que el decreto 329/20, de igual jerarquía -conforme el art. 17 de la ley 26.122-, califica como especial frente a la ley de fondo.
Señala que lo resuelto en la instancia vulnera los principios de continuidad laboral, el de la norma más beneficiosa para el trabajador y el de razonabilidad.
Argumenta que los decretos 329/20 y 487/20 limitan las facultades consagradas en la Ley de Contrato de Trabajo en miras de garantizar a los trabajadores las condiciones laborales en las que se encontraban al momento de dar inicio al aislamiento social preventivo y obligatorio. En ese contexto, señala que la obligación del empleador de retener a un trabajador, sobre quien no ha podido evaluar su desempeño en un contexto extraordinario, resulta ser el mal menor en la relación laboral.
II.2. Se agravia de la desestimación del "recurso de apelación" efectuada por el tribunal de grado con sustento en la ley 11.653.
Aduce que en la actualidad se encuentra vigente también la ley 15.057, estableciendo la modalidad de medida autosatisfactiva y su respectiva posibilidad de apelación.
Alega que más allá de que aún no se hayan implementado los juzgados unipersonales y las cámaras de apelación, no puede desconocerse la existencia y vigencia del marco normativo que ampara la posibilidad del referido recurso en tanto la norma es más beneficiosa para el ejercicio y garantía de los derechos del trabajador.
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente cabe señalar que si bien en principio las decisiones relativas a las medidas cautelares no reúnen la calidad de sentencia definitiva en los términos del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (causas L. 116.920, "González Cabrera", resol. de 22-VIII-2012; L. 119.532, "Cardozo", resol. de 22-XII-2015; L. 125.690, "Zuasnabar", resol. de 19-XI-2020 y L. 128.178, "Rodríguez", resol. de 29-XI-2021), también se ha sostenido que si existiera la posibilidad de que la resolución genere un perjuicio de imposible reparación ulterior, debe equiparársela a tal (causas L. 119.005, "Malizia", resol. de 7-X-2015; L. 127.416, "Seillant", resol. de 17-XI-2021 y L. 128.438, "Silveira", resol. de 7-VI-2022; e.o.).
En el sub lite , la decisión del tribunal de trabajo que rechazó la medida solicitada por considerar que el decreto de necesidad y urgencia 329/20 no es aplicable a las desvinculaciones que ocurrieron dentro del período previsto en el art. 92 bis de la Ley de Contrato de Trabajo (texto según ley 25.877), resulta equiparable a definitiva, desde que resuelve sobre cuestiones sobre las que no cabe la posibilidad de un replanteo posterior (causas L. 122.703, "Dos Santos", resol. de 7-VIII-2019; L. 122.573, "Romero", resol. de 14-VIII-2019; L. 122.874, "Faina", resol. de 8-VII-2020 y L. 129.229, "Villarroel", resol. de 19-IX-2022).
III.2. Sentado lo que antecede, ocupa precisar que, más allá de que en el caso lo que motiva la interposición del medio de impugnación es el rechazo de una medida nominada como "autosatisfactiva", la cuestión sustancial aquí debatida guarda analogía con la que se verificó en la causa L. 127.028, "Siris" (sent. de 19-IX-2022), por lo que, la respuesta a brindar habrá de fundarse en la doctrina legal allí sentada.
III.2.a. Se afirmó en la mentada causa L. 127.028, que la ley 24.465 incorporó a la Ley de Contrato de Trabajo el art. 92 bis, dispositivo destinado a regular el período de prueba, cuya redacción sufrió distintas modificaciones, siendo la última y vigente, la del texto plasmado según la ley 25.877.
Se dijo que según se desprende del mentado precepto, en esta fase inicial, el vínculo puede disolverse por decisión unilateral de cualquiera de las partes mediando el respectivo preaviso. Es que la figura se encuentra en definitiva destinada, en perspectiva del empleador, a la evaluación de las capacidades, destrezas y aptitudes del trabajador para el desarrollo de las tareas requeridas.
Por lo tanto, y más allá de lo que pueda discurrirse en torno a su esencia jurídica, la institución traduce la intención del legislador de supeditar la consolidación definitiva de la relación laboral al cumplimiento de un plazo, admitiendo antes de ello su ruptura unilateral por parte del empleador sin necesidad de "expresión de causa".
Hubo de agregarse, que puede observarse que en la norma examinada se utiliza un giro diferente al que se emplea cuando el vínculo ya se encuentra afianzado, en cuyo caso el empleador -en las hipótesis ordinarias- debe indicar si la extinción del contrato obedece -o no- a una "justa causa" en los términos del art. 242 de la ley citada.
III.2.b. En el marco de tales reflexiones, se indicó que si bien en los considerandos del decreto 329/20 se hace hincapié en el mantenimiento de los puestos de trabajo y en la necesidad de evitar "medidas unilaterales" de la empleadora, en su articulado las restricciones se circunscriben -en lo que aquí importa- a impedir que, por cierto tiempo, el empleador finiquite el contrato de trabajo a través de "despidos sin justa causa" y por las "causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor", siguiendo así la terminología utilizada por los arts. 245, 247 y concordantes de la Ley de Contrato de Trabajo.
Además, se puso de relieve que nada se dijo expresamente, en cambio, en punto a la subsistencia de otros preceptos legales que, como es sabido, también admiten la extinción del contrato de trabajo, incluso por disposición unilateral del empleador.
En criterio -reitero- aplicable en la especie, hubo de concluirse en que la reglamentación no pretendió inhibir todas las hipótesis de rupturas unilaterales de los contratos de trabajo, sino suspender dicha facultad en supuestos específicos -despidos sin justa causa o por falta o disminución de trabajo o fuerza mayor- en los cuales era dable suponer que el vínculo hubiera proseguido sin contratiempos de no haber acontecido la crisis sanitaria.
En ese contexto se aprecia que la finalización de la relación laboral durante el período de prueba constituye un supuesto de "ruptura unilateral" no comprendida en las previsiones del art. 2 del decreto 329/20.
Con todo, y ponderando además que lo esgrimido por el recurrente en lo tocante a la finalidad que habría tenido la cesantía es solo fruto de su subjetiva valoración, lo hasta aquí dicho conduce a confirmar la decisión atacada.
III.2.c. Aún descartado el vigor del embate, a tenor de algunas manifestaciones que contiene el recurso, y nuevamente siguiendo lo dicho por este Tribunal en el citado precedente L. 127.028, resulta pertinente aclarar que no se verifican dudas acerca de que la proposición normativa no se proyecta respecto de los contratos regidos por el citado art. 92 bis, circunstancia que exime la aplicación del principio contenido en la cláusula 39 inc. 3 última parte de la Constitución provincial, así como de acudir a las prescripciones del art. 9 de la referida Ley de Contrato de Trabajo, en cuanto atañen al principio tuitivo del in dubio pro operario.
III.3. Finalmente, sin perjuicio de lo expuesto, dable es señalar que el planteo formulado por el impugnante en relación con la desestimación efectuada en la instancia de grado del "recurso de apelación" presentado en razón de no encontrarse comprendido en la ley 11.653, no puede ser atendido. Ello, pues escapa a la competencia revisora de esta Suprema Corte, circunscripta al contenido de la sentencia de grado y a la concreta impugnación contra ella formulada en el medio de impugnación abordado (causas L. 120.120, "Ojeda", sent. de 12-IX-2018; L. 120.168, "Vietta", sent. de 27-III-2019; L. 121.460, "Guerra", sent. de 31-VIII-2020).
IV. En razón de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y confirmar el fallo de grado en cuanto declaró no aplicables las prescripciones del decreto 329/20 a los contratos de trabajo de autos, que fueron disueltos por voluntad del empleador, durante el período de prueba previsto en el art. 92 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Atento las dificultades interpretativas generadas por la normativa de emergencia y dada la naturaleza de la cuestión tratada, las costas de esta instancia extraordinaria se imponen en el orden causado (arts. 68 segundo párr. y 289, CPCC).
Voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Torres y Genoud y la señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, y se confirma el fallo impugnado en cuanto declaró no aplicables las prescripciones del decreto 329/20 a los contratos de trabajo de autos, que fueron disueltos por voluntad del empleador, durante el período de prueba previsto en el art. 92 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención a las dificultades interpretativas generadas por la normativa de emergencia y dada la naturaleza de la cuestión tratada (arts. 68 segundo párr. y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 26/12/2022 11:06:58 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/12/2022 23:56:34 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 27/12/2022 20:00:59 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/12/2022 10:40:43 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/12/2022 10:59:50 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 29/12/2022 12:35:42 hs. bajo el número RS-133-2022 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia