Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 125626
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la decisión impugnada con arreglo a la cual el tribunal de grado decretó su falta de aptitud jurisdiccional para intervenir en el presente caso, cuya competencia se declara. En consecuencia, se remiten los autos a la instancia de origen para que continúe el trámite según su estado.
Sin costas, atento la ausencia de contradicción y la índole de la cuestión resuelta (arts. 68 y 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 125.626, "Garrido, Diego Alberto contra Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. Accidente de trabajo-acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Soria, Genoud, Carral.
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Quilmes, con asiento en dicha ciudad, resolvió declararse incompetente para entender en la presente causa (v. fs. 36/39).
Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 46/52 vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El señor Diego Alberto Garrido promovió demanda contra Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. en los términos de los arts. 2 de la ley 27.348 y 2 inc. "j" de la ley 15.057 (acción de revisión respecto de lo resuelto por la Comisión Médica Jurisdiccional), en procura del cobro de las prestaciones dinerarias previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo, con motivo de la incapacidad que aduce padecer a raíz del accidente que denuncia sufrido el día 29 de noviembre de 2018 (v. fs. 24 vta.).
En su liminar intervención, el tribunal de grado se declaró incompetente de oficio para conocer en la presente litis.
En principio, tras considerar inaplicables los arts. 1 a 4 de la ley 27.348, por resultar inconstitucional la ley provincial 14.997, consideró operativas y vigentes las opciones que el art. 3 de la ley 11.653 otorga al trabajador. Luego, toda vez que no encontró configurado ninguno de los supuestos que autorizan a admitir su competencia territorial, a la luz de lo allí estatuido (v. fs. 37 y vta.), dispuso el archivo de las actuaciones.
Para así decidir, a partir de lo denunciado en el escrito de inicio, señaló que el domicilio de Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. se encuentra en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo, a tenor de las manifestaciones del reclamante, destacó que este último prestó tareas en el centro de distribución del Correo Oficial de la República Argentina S.A. -también- en dicha ciudad.
II. La parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia arbitrariedad y violación de los arts. 18 y 28 de la Constitución nacional; 11, 15, 39 incs. 1 y 3 de la Constitución provincial; 1 y 2 de la ley 27.348; de la ley 15.057 y de la doctrina legal que cita.
II.1. Alega que el tribunal de grado en forma dogmática sostuvo que los supuestos de opción de competencia que nacen del art. 3 de la ley 11.653 responden al propósito de proteger al trabajador, sin advertir que aquellos contemplados en el art. 1 de la ley 27.348 también cumplen ese objetivo al brindarle a dicho sujeto la posibilidad de optar por la Comisión Médica correspondiente a su domicilio.
Señala que la declaración de incompetencia restringe el sentido protectorio de las normas del procedimiento, en relación a un derecho inexistente a la fecha de sanción de la ley 11.653.
Explica que la mencionada ley que rige el proceso laboral local, establece la competencia de los tribunales de trabajo a partir de la triple opción que autoriza a ejercer al trabajador demandante, mas no prevé el trámite administrativo previo y obligatorio y la posterior acción de revisión del mismo, ya que esa situación no estaba prevista a la fecha en que dicho cuerpo legal se tornó operativo.
Expone que la competencia material y territorial para actuar en un juicio promovido para obtener la reparación de un infortunio laboral quedó ampliada cuando se creó el mentado procedimiento administrativo previo, de trámite obligatorio. La reforma de la ley 27.348 -indica- establece que, una vez transitada esa etapa, queda habilitada la acción que permite la revisión judicial ante la justicia ordinaria.
Afirma que los arts. 2 inc. "j" y 103 invocados en el escrito de inicio para fijar la competencia territorial en el caso se encuentran plenamente vigentes.
Asegura que el fallo impugnado incurre en contradicción con el derecho que le asiste al trabajador accidentado que se sometió al procedimiento establecido en forma obligatoria, llevado a cabo en la ciudad de Quilmes, lugar donde se encuentra situado el referido organismo administrativo interviniente.
II.2. En otro orden, sostiene que el tribunal no reparó en que la reforma de la ley 27.348 contiene disposiciones de corte procesal, como las atacadas en el fallo.
Indica que se trata de normas de forma, incorporadas en la legislación de fondo para hacer efectivos los derechos reconocidos por esta última, dictada en el marco de las facultades propias del legislador nacional.
Asimismo, considera que el fallo recurrido al tachar -íntegramente- de inconstitucional la ley provincial 14.997 ocasiona una denegación del acceso a la justicia del damnificado, en tanto impide la revisión del proceder de los organismos administrativos que intervienen en el trámite obligatorio legalmente previsto.
Aduce que no resulta razonable que un trabajador, víctima de un infortunio laboral, se encuentre obligado a efectuar trámites administrativos impuestos legalmente, con la posibilidad de acceder a la revisión judicial, y que esta instancia se cierre a partir de una errónea interpretación de las normas sobre competencia, impuestas en beneficio de aquel.
II.3. Por último, hace mención al dictado de la Acordada 3966/2019, en la que la Suprema Corte -según expone- en uso de sus atribuciones reglamentarias y facultades de superintendencia, a los fines de la iniciación de los recursos y acciones derivados del art. 2 de la ley 27.348 y de las leyes 14.997 y 15.057, expresamente declara los alcances de la vigencia de esta última normativa.
Esta disposición, explica, sobre la categorización de los recursos y acciones a los fines de su tramitación ante los tribunales laborales provinciales, da cuenta -a su juicio- de la aplicabilidad del sistema de elección en materia de competencia estatuido por la nueva norma procesal.
III. El recurso prospera.
III.1. De modo preliminar, debe señalarse que, hallándose en juego conforme resulta de los antecedentes expuestos la posible atribución de competencia a un juez extraprovincial, el pronunciamiento atacado debe considerarse asimilable a definitivo en los términos del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, pues tal hipótesis constituye una de las excepciones aplicables sobre la materia (causas L. 115.653, "Torres", sent. de 6-III-2013; L. 121.232, "Arquilla", resol. de 30-V-2018 y L. 120.325, "Perez", sent. de 29-V-2019).
III.2. Luego, cabe destacar que -contrariamente a lo afirmado por el recurrente en su medio impugnativo respecto al monto del agravio (v. fs. 46 vta.)-, el valor de lo cuestionado ante esta instancia, representado por el monto reclamado en la demanda (v. fs. 23), no supera el límite establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, texto según ley 14.141, razón por la cual el tratamiento del remedio procesal deducido solo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
Sin embargo, no corresponde soslayar que el tribunal de grado, a la hora de pronunciarse sobre su competencia para conocer en la causa, declaró la inconstitucionalidad de la ley 14.997 -e inaplicabilidad de los arts. 1 a 4 de la ley 27.348-, lo que involucra el análisis de una cuestión federal que, con prescindencia del valor del litigio, amerita la apertura de la instancia extraordinaria.
Al respecto, ha declarado esta Suprema Corte que, aun cuando el valor de lo cuestionado no supere el límite establecido en los mencionados arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653, corresponde ingresar en el tratamiento de los agravios contenidos en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que se vinculan con cuestiones federales, toda vez que según lo ha resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 308:490 in re "Strada"; Fallos: 311:2478 in re "Di Mascio"), es necesario que la Suprema Corte, en tanto órgano máximo de la judicatura local, ingrese al conocimiento de los cuestionamientos relacionados con puntos regidos por la Constitución, las leyes federales y los tratados internacionales (causa L. 91.737, "Kaufmann", sent. de 21-IX-2011).
Lo dicho me permite ingresar en el tratamiento del medio de impugnación con prescindencia de cualquier limitación derivada de las leyes procesales locales.
III.3. Sentado lo anterior, corresponde recordar que mediante la ley provincial 14.997, la Provincia de Buenos Aires adhirió a la ley nacional 27.348, complementaria de la Ley de Riesgos del Trabajo.
Más tarde, se dictó en el ámbito local la ley 15.057, cuyos arts. 2 inc. "j" y 103 se encuentran vigentes (causas L. 121.939, "Marchetti", sent. de 13-V-2020; L. 123.792, "Szakacs" y L. 124.309, "Delgadillo", sents. de 28-V-2020 y L. 121.895, "Orellana", sent. de 17-VI-2020).
En este marco, no cabe dejar de atender lo resuelto por esta Suprema Corte en los antecedentes L. 123.474, "Soria" (sent. de 1-XI-2021) y L. 127.264, "Ferrau" (resol. de 28-V-2021) y, también, lo decidido -aunque con ciertas aristas distintivas- en el precedente L. 125.612, "Garrido" (resol. de 13-XI-2020), cuyas líneas directrices resultan sobrevinientes al dictado de la decisión recurrida y de la articulación de la impugnación bajo estudio (causas L. 90.644, "Conde", sent. de 22-VI-2011; L. 107.602, "Iturregui", sent. de 30-X-2013; L. 104.124, "Peláez", sent. de 5-III-2014; L. 120.354, "Lazo", sent. de 13-V-2020; L. 120.806, "Ordoñez", sent. de 17-II-2021; e.o.).
En este orden, lo cierto es que la interpretación de los citados arts. 2 inc. "j" -con remisión en su primer párrafo a lo dispuesto en el art. 2 segundo párrafo de la ley 27.348- y 103 de la citada ley 15.057, conducen a determinar que la decisión emitida por la Comisión Médica Jurisdiccional es susceptible de ser recurrida ante los actuales tribunales de trabajo y, en lo que interesa, de aquellos con asiento en la localidad donde se halla situada la Comisión Medica Jurisdiccional que intervino en el trámite administrativo.
Desde esta óptica, partiendo de las constancias que dan cuenta de lo actuado, habiendo intervenido en la instancia administrativa previa la Comisión Médica Jurisdiccional de Quilmes, asiste la razón al quejoso cuando sostiene que el pronunciamiento impugnado es errado y solicita su revocación.
III.4. En estas condiciones, entiendo que debe hacerse lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y casar la decisión bajo censura en cuanto el tribunal de grado se apartó de oficio del conocimiento de la presente causa, cuya aptitud jurisdiccional se declara. Las actuaciones deberán volver a la instancia de origen para que continúe la tramitación según su estado.
IV. Por lo expuesto, si mi opinión es compartida, debe declararse la procedencia del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto y revocar la decisión dictada por el órgano inferior en grado con los alcances expuestos. En consecuencia, corresponde remitir los autos a la instancia de origen a los fines indicados precedentemente.
Sin costas, atento la ausencia de contradicción y la índole de la cuestión resuelta (arts. 68 y 289, CPCC).
Con los alcances expuestos, voto por la afirmativa.
El señor Juez doctor Torres , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votó también por la afirmativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El recurso prospera.
I.1. Concuerdo con lo argumentado por mi distinguida colega doctora Kogan para equiparar a definitiva la resolución recurrida en los términos del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial.
I.2. Luego, entiendo que las directrices que emanan de la doctrina legal de este Tribunal, en concreto, de lo resuelto en las causas L. 123.474, "Soria" (sent. de 1-XI-2021); L. 127.264, "Ferrau" (resol. de 28-V-2021) y L. 125.612, "Garrido" (resol. de 13-XI-2020) que, aunque sobrevinientes a la época del dictado de la sentencia recurrida e incluso de la interposición del recurso, corresponden aplicar (causa L. 119.183, "Sosa", sent. de 17-V-2017), me conducen a compartir la solución que la ponente eleva a este acuerdo.
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.
Los señores Jueces doctores Genoud y Carral , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la afirmativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, por mayoría de fundamentos, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la decisión impugnada con arreglo a la cual el tribunal de grado decretó su falta de aptitud jurisdiccional para intervenir en el presente caso, cuya competencia se declara. En consecuencia, se remiten los autos a la instancia de origen para que continúe el trámite según su estado.
Sin costas, atento la ausencia de contradicción y la índole de la cuestión resuelta (arts. 68 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 26/12/2022 11:06:51 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/12/2022 23:56:23 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 27/12/2022 12:07:23 - CARRAL Daniel Alfredo
Funcionario Firmante: 27/12/2022 20:00:56 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/12/2022 10:40:28 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/12/2022 10:59:45 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 29/12/2022 12:32:24 hs. bajo el número RS-127-2022 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia