Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 128107
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 128.107, "Loma Negra C.I.A.S.A. contra Pérez, Carlos Alberto. Exclusión tutela sindical (sumarísimo)", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Soria, Kogan, Torres.
El Tribunal de Trabajo con asiento en la ciudad de Tandil, perteneciente al Departamento Judicial de Azul, hizo lugar a la demanda deducida e impuso las costas al demandado con beneficio de gratuidad, con sustento en los arts. 19 y 22 de la ley 11.653 (v. fs. 37/45).
Se dedujo, por este último, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 5-X-2021).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar a la acción de exclusión de tutela sindical que Loma Negra C.I.A.S.A. promovió para aplicar al señor Carlos Alberto Pérez la suspensión preventiva prevista en el art. 224 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. fs. 37/45).
Para así decidir, tras juzgar la razonabilidad, legitimidad y proporcionalidad de la medida que la actora pretendía aplicar al trabajador accionado, en su carácter de dirigente gremial, y establecer no acreditado un comportamiento o motivación antisindical por parte de la empresa, autorizó la exclusión de tutela a los fines que la empleadora procediera conforme lo peticionado. Valoró que, en el caso, existían elementos objetivos que justificaban separar al demandado de su lugar de trabajo, fundados en la pérdida de confianza, de la buena fe y de la seguridad que deben primar en toda relación laboral. Agregó que no constituía obstáculo para resolver en este sentido que el dependiente no hubiera sido citado a declarar en sede penal o que tal extremo no se encontrara acreditado, en los términos del art. 308 del Código Procesal Penal. Enfatizó, asimismo, que no existía en el punto prejudicialidad, sin perjuicio -sostuvo- de las consecuencias que pudieran derivarse, a las resultas de la causa, con relación al eventual pago de salarios caídos y la reincorporación.
En el veredicto, apreció los siguientes medios probatorios: i) dieciséis fojas de la publicación en el sitio "Mercado Libre", certificadas por escribano público de las que surge a la venta un PLC logo Siemens con fuente por $7.000 mediante una tarjeta de crédito de la actora, considerando a su respecto que, tratándose de un instrumento público, el simple desconocimiento formulado por el demandado en el responde resultaba ineficaz para desvirtuar su veracidad por no haber sido redargüidas de falsedad; ii) veintinueve fojas de la IPP 01-00-002748-20, de las que surgía el trámite de las actuaciones caratuladas "Loma Negra C.I.A.S.A. S/ Hurto (art. 162, CP)", el allanamiento llevado a cabo en el domicilio del demandado, donde se secuestró un teléfono celular que se correspondía con el indicado en la página de "Mercado Libre" como perteneciente al vendedor del módulo PLC logo Siemens y la resolución del juez de garantías de fecha 20 de mayo de 2020, que tuvo a la actora por presentada como particular damnificado en la IPP de referencia, aseverando a su respecto que por tratarse de actuaciones pertenecientes a un expediente judicial revisten el carácter de instrumento público, el mero desconocimiento por parte del demandado carece de eficacia para restarles valor de convicción toda vez que tampoco fueron redargüidas de falsas; iii) la denuncia y el pedido de allanamiento de Loma Negra C.I.A.S.A. realizada al correo electrónico identificado como [email protected] , de fecha 20 de mayo de 2020, y la ampliación de denuncia, solicitando el secuestro del envío a Correo Argentino de Villa Gesell, constancias que tuvo por veraces atento su correspondencia con las veintinueve fojas de la IPP antes mencionada (v. fs. 38/39).
Ponderó, igualmente, la respuesta al oficio remitida por el Correo Argentino con fecha 29 de marzo de 2021, por la que tuvo por probado que la pieza postal SD 059151460 AR, impuesta por el señor Carlos Pérez Alberto ingresó a dicha sucursal el día 19 de mayo de 2020. Añadió que mediante el informe remitido por el sitio web "Mercado Libre" el día 16 de abril de 2021 se constató que el vendedor del módulo PLC logo Siemens era el usuario "MIPERROMATEO", cuyos datos se correspondían con los del demandado (v. fs. 39).
Con todo, luego de analizar la totalidad de la prueba escrita producida en el expediente, que estimó corroborada con los testimonios prestados por Acuña e Irastorza en la audiencia de vista de la causa, juzgó acreditado que una vez constatado el faltante de tres módulos PLC logo Siemens (destinados a controlar la marcha y la protección de los compresores usados en la planta), se pudo determinar que se encontraban a la venta en el sitio "Mercado Libre" elementos de similares características por parte del demandado, y que la accionante efectuó la compra de uno de ellos, usando un nombre ficticio y un domicilio en la localidad de Villa Gesell. También tuvo por probado que la mercadería fue despachada por el demandado a través del Correo Argentino desde la sucursal Tandil con destino a Villa Gesell, y que habiendo quedado en dicha dependencia fue secuestrada en la causa penal. Añadió a ello que, efectuada la pericia pertinente y de los reconocimientos por parte de los mencionados testigos, se desprendía que el artefacto adquirido por la accionante era uno de los PLC logo Siemens faltante de los tableros ubicados en la empresa (v. fs. 39/40).
Ya en la etapa de sentencia remarcó que el señor Pérez era delegado de personal de la firma Loma Negra C.I.A.S.A., con mandato desde el 4 de mayo de 2019 al 3 de mayo de 2021 (v. fs. 43).
Seguidamente, con cita de la causa L. 120.107, "Banco de la Provincia de Buenos Aires", sentencia de 10-X-2018, señaló que, conforme la doctrina legal de esta Suprema Corte, en el marco del proceso de exclusión de la tutela sindical, el tribunal de trabajo debe -en el mismo y único proceso sumarísimo- valorar los hechos invocados por el principal y pronunciarse sobre su demostración -o no- y, por ende, respecto de la legitimidad de la petición de desafuero, como de la medida cuya adopción se pretendía adoptar.
Como anticipé, juzgó entonces, con relación a la razonabilidad, legitimidad y proporcionalidad de esta última, que no habiéndose acreditado en autos que la firma Loma Negra C.I.A.S.A. hubiera protagonizado un comportamiento antisindical, asistía razón a esta última en su pedido de obtener la exclusión de la tutela sindical del dependiente para aplicar la suspensión preventiva prevista en el art. 224 de la Ley de Contrato de trabajo (v. fs. 43 vta. y 44). En este orden, añadió que la medida peticionada por la patronal encontraba justificación subjetiva en la pérdida de confianza, de la buena fe y de la seguridad que deben primar en la relación laboral; dejando en claro que no implicaba un juicio definitivo de los hechos, sino que -antes bien- se trataba de separar al agente de su lugar de labor, toda vez que en la especie existían elementos objetivos que justificaban esa iniciativa (v. fs. 44). Finalmente, explicó que la circunstancia que aún no hubiera sido citado el demandado a declarar en sede penal, en los términos del art. 308 del Código Procesal Penal, no resultaba óbice para la procedencia de la suspensión peticionada, a lo que adunó que no existía prejudicialidad; sin perjuicio -destacó- de las consecuencias que pudieran derivarse en el futuro de las actuaciones penales, en cuanto al eventual reclamo de salarios caídos y de reincorporación del demandado (v. fs. cit.).
Con todo, hizo lugar a la pretensión actoral tendiente a obtener la exclusión de tutela sindical para aplicar la suspensión preventiva prevista en el art. 224 de la Ley de Contrato de Trabajo -sin percepción de haberes- respecto del señor Carlos Alberto Pérez (v. fs. 44 y vta.).
II. La parte demandada deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia absurdo, violación de los arts. 14 bis, 17 y 18 de la Constitución nacional; 8 inc. 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 7 a. I y II del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales; XIV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 23.3. de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 39 de la Constitución provincial; 224 de la Ley de Contrato de Trabajo; 1 del decreto 717/96; 44 inc. "d", 47 y 63 de la ley 11.653; 34 inc. "4", 163 inc. "6", 354 inc. "1", 375 y 394 del Código Procesal Civil y Comercial, y de la doctrina legal que cita.
II.1. Se agravia de lo decidido porque, a su criterio, la sentencia impugnada contiene una interpretación literal del art. 224 de la Ley de Contrato de Trabajo y se desentiende de las prescripciones de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos ratificados por nuestro país.
Aduce que el tribunal de la instancia de grado omitió efectuar el respectivo control de convencionalidad, pues no confrontó dicha disposición legal con la normativa transnacional de referencia.
En este sentido, recuerda que el art. 8 inc. 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos estatuye la presunción de inocencia, y que la aplicación del instituto en cuestión tiene efectos sobre la remuneración del trabajador, pues su pago queda suspendido, lo que resulta violatorio -a su juicio- del principio protectorio y de los arts. 14 bis de la Constitución nacional; 7 a. I y II del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC); XIV de la Declaración Americana de los Derechos Humanos y 23.3. de la Declaración Universal de Derechos Humanos (v. rec., págs. 3 y vta.).
II.2. Transcribe parcialmente opiniones de autores con relación a la interpretación que -según afirma- es dable efectuar de la expresión "acción criminal" en el marco de la interpretación y aplicación de la suspensión preventiva prevista en el art. 224 de la Ley de Contrato de Trabajo. Al respecto, entiende que no equivale a la mera denuncia, y que la doctrina se encuentra dividida entre quienes la asimilan al concepto de procesamiento y quienes la asemejan a la acusación fiscal (v. rec., pág. 3 vta.).
En este marco, también trae el precedente de esta Suprema Corte que individualiza como P. 44.190, "Balchunas o Balchumas", sentencia de 8-VI-1993 (v. rec., pág. 3 vta. y 4).
Expone, con apoyo en bibliografía especializada, que dicha norma hace referencia al procesamiento penal por hechos que pueden aparecer como injuriosos, es decir, como posiblemente determinantes del despido directo por justa causa del art. 242 de la ley citada (v. rec., pág. 4).
II.3. En cuanto a la implicancia que la disposición en cuestión tiene sobre la remuneración del trabajador, alega que su aplicación también resulta violatoria de los principios de irrenunciabilidad, justicia social, primacía de la realidad, progresividad, indemnidad y equidad (v. pág. cit.).
Manifiesta que mediante el fallo "ATE c/ Municipalidad de Salta" de 18-VI-2013, del que efectúa una transcripción parcial, el Máximo Tribunal nacional explicó la importancia que el derecho de los derechos humanos tiene sobre el salario (v. fs. 4/7 vta.).
II.4. Denuncia que el juzgador de grado incurrió en absurdo en la valoración de la prueba.
Puntualiza que la accionada en su conteste desconoció en forma específica cada una de las constancias documentales acompañadas por la promotora del pleito, a la vez que planteó la preclusión respecto del eventual ofrecimiento de la IPP 01-00-002748-20 por parte de la contraria, atento no haberlo hecho en la instancia procesal oportuna (v. rec., pág. 7 vta.).
Relata que no obstante lo antedicho al contestar el segundo traslado, la parte actora ofreció la prueba informativa dirigida a la UFI a efectos de que se remitan las actuaciones referenciadas. Expresa que el tribunal de grado accedió a tal petición mediante despacho del 6 de octubre de 2020, que fue impugnado por el accionado (v. presentación electrónica de fecha 16-X-2020; v. rec., págs. 8 y vta.).
En este contexto, afirma el recurrente que, en razón de "no poder utilizar" el expediente penal por no haber sido ofrecido oportunamente, el a quo se sirvió, para resolver del modo en que lo hizo, de la documental acompañada en copias junto con el escrito de demanda, las que -aduce- habían sido objeto de específico desconocimiento por el demandado (v. rec., págs. 8 vta. y 9).
Explica -en este sentido- que las dieciséis fojas de la publicación extraída de "Mercado Libre", certificadas por escribano público y acompañadas junto con el libelo de inicio, debieron ser objeto de un acta notarial, no resultando suficiente su certificación.
En lo tocante a las veintinueve fojas de IPP y la resolución del juez de garantías afirma que, por tratarse de copias, mal pudo redargüirlas de falsas.
Concerniente a la denuncia y pedido de allanamiento realizados al correo electrónico individualizado como [email protected], y la ampliación de denuncia pidiendo el secuestro del envío al Correo de Villa Gesell, alega que también fueron objetadas por su parte (v. rec., págs. 10/11).
II.5. Cuestiona el fallo de grado en cuanto allí se resolvió -de acuerdo a la interpretación que efectúa el agraviado- que la firma pretensora acreditó que el señor Pérez hurtó los tres PLC faltantes en la firma demandada. Afirma que tal hecho no resultó probado ni antes ni después de la audiencia de vista de la causa (v. rec., págs. 11 vta. y 12).
II.6. Por último, invoca quebrantado el principio de congruencia por cuanto -aduce- el juzgador de origen incorporó como argumentación subjetiva de la suspensión preventiva, un elemento -pérdida de confianza- que la parte actora no introdujo en su escrito liminar, violando -de esa manera- el derecho de defensa de su parte y excediendo su función jurisdiccional (v. rec., pág. 13 vta.).
III. El recurso no prospera.
Por razones metodológicas, habré de alterar en su tratamiento el orden de los agravios reseñados, y abordaré en primer lugar los reproches orientados a desmerecer la apreciación de la prueba.
III.1.a. No es de recibo la crítica por conducto de la cual el recurrente intenta poner en evidencia supuestas irregularidades en el trámite procesal de la prueba.
Es doctrina legal de esta Suprema Corte que las infracciones relacionadas con presuntos vicios procesales anteriores a la sentencia, y aun aquellas vinculadas a cuestiones de procedimiento que han quedado precluidas, resultan ajenas a la instancia casatoria, desde que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley tiene por objeto la sentencia definitiva y no el reexamen de la estructura del procedimiento antecedente (causas L. 119.984, "Miranda", sent. de 7-IX-2016 y L. 120.944, "Macuso", sent. de 11-III-2020).
III.1.b. Luego, observo igualmente inatendible la manifestación del quejoso afincada en que el juzgador de grado no debió tomar en consideración la IPP 01-00-002748-20/00 por no haber sido ofrecida por la contraria.
Tal afirmación no se compadece con las constancias objetivas de la causa ni con lo manifestado por el propio recurrente en su escrito recursivo (v. pág. 8), donde expresamente señaló -más allá de otras consideraciones- que el tribunal de grado proveyó la prueba tendiente a la agregación de las referidas actuaciones, cuyas copias certificadas se encuentran acollaradas a las actuaciones (v. constancia de 24-II-2021).
III.2. Sentado lo anterior, considero que no logra el recurrente demostrar el absurdo que imputa al tribunal de origen en lo relativo a la valoración de las probanzas.
III.2.a. Conforme lo reseñado, el tribunal de grado forjó su convicción sobre los hechos ponderando los elementos de juicio que constan en la causa, sobre cuya base juzgó probado: a) el faltante de tres PLC logo Siemens de la planta cementera de la actora; b) la puesta en venta a través del sitio "Mercado Libre" de elementos de similares características por parte del demandado; c) que la actora efectuó la compra de uno de los artefactos al accionado usando un nombre ficticio y un domicilio en la localidad de Villa Gesell, y que la mercadería fue despachada por aquel mediante Correo Argentino desde la sucursal Tandil con destino a Villa Gesell y d) que encontrándose el elemento en dicha dependencia, fue secuestrado en la causa penal.
A ello adunó que con la pericia pertinente y los reconocimientos de los testigos Acuña e Irastorza vertidos en la audiencia de vista de la causa, quedó demostrado que se trataba de uno de los PLC logo Siemens faltante de los tableros ubicados en la empresa.
Con pie en lo antedicho, luego de aclarar que no se demostró que la accionada hubiera tenido una motivación antisindical, juzgó que correspondía hacer lugar al pedido de exclusión de la tutela gremial del demandado para aplicar la suspensión preventiva normada en el art. 224 de la Ley de Contrato de Trabajo.
III.2.b. Para refutar esas categóricas conclusiones del sentenciante, el interesado se limita a cuestionar el valor convictivo que -desde su personal punto de vista- el tribunal de grado confirió a la prueba documental acompañada junto con el escrito de demanda, pues -dice- en el responde la desconoció.
Sin embargo, prescinde demostrar -como resulta su carga para transitar con éxito la casación- que el razonamiento seguido por el juzgador de grado, estructurado sobre la base de la ponderación de las constancias probatorias obrantes en la causa que se ocupó de describir detalladamente en el veredicto, sea portador de la anomalía que le atribuye (art. 279, CPCC).
En este orden, no es ocioso recordar que el absurdo no queda configurado aun cuando el criterio del sentenciante pudiera ser calificado de objetable, discutible o poco convincente, porque se requiere algo más: el error grave, grosero y manifiesto que conduzca a conclusiones inconciliables con las constancias objetivas de la causa (causas L. 105.284, "Martinicorena", sent. de 28-V-2014; L. 119.489, "Navarro", sent. de 21-VI-2017 y L. 119.179, "Santana", sent. de 7-III-2019; e.o.), extremo que -insisto- no logra acreditarse en el caso.
III.3.a. Tampoco tiene aptitud el agravio por el cual el interesado reprocha al juzgador de origen el omiso control de convencionalidad del art. 224 de la Ley de Contrato de Trabajo a la luz de normativa internacional que cita.
Me afirmo en esta conclusión porque considero que los argumentos que trae en esta parcela de la crítica se sustentan en un discurso novedoso, que no fue sometido oportunamente a consideración de los jueces de la causa.
En ese sentido, tiene dicho este Superior Tribunal que los argumentos novedosos introducidos por primera vez ante la instancia extraordinaria resultan improcedentes para habilitar la vía recursiva a los fines de efectuar una impugnación idónea (causas L. 106.724, "Videla", sent. de 14-III-2012 y L. 120.548, "Lanzillotta", sent. de 17-II-2021).
III.3.b. A mayor abundamiento, y para satisfacción del agraviado, me permito señalar que no observo que la aplicación del instituto previsto en el art. 224 de la Ley de Contrato de Trabajo atente contra la presunción de inocencia a la que alude el interesado, porque la actuación de aquel sólo importa la suspensión de la prestación de servicio bajo los recaudos previstos por dicho precepto, a las resultas de lo que -en definitiva- se resuelva en el fuero penal con relación a la denuncia formulada contra el trabajador, en el caso bajo examen, por parte de la misma empleadora, quien lo hace en ejercicio de las facultades de dirección que le competen (arts. 65 y 68, ley cit.; causa L
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