Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 126018
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 126.018, "Márquez, Marisa Gabriela contra Ambiente S.A. Cobro de salarios", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Torres, Genoud, Carral.
El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de Mar del Plata hizo lugar parcialmente a la acción deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 247/267 vta.).
Se dedujo, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 20-V-2020).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. En lo que interesa, el tribunal de origen hizo lugar a la demanda promovida por la señora Marisa Gabriela Márquez y condenó a Ambiente S.A. al pago de la suma que estableció en concepto de la indemnización contemplada en el art. 80 de la ley 20.744 y a entregarle la certificación de servicios prevista en la citada norma legal. En cambio, desestimó los resarcimientos derivados de la aplicación de los arts. 212 cuarto párrafo, 132 bis y 275 de la ley 20.744; 2 de la ley 25.323; y el planteo de inconstitucionalidad deducido en torno a los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 -conforme ley 25.561- (v. sent., fs. 247/267 vta.).
Para así resolver, juzgó -en lo esencial- que la merma en la capacidad laborativa de la trabajadora al momento de comunicar a la patronal su decisión rupturista -alegando encontrarse incapacitada de manera absoluta para realizar sus labores habituales- no superaba el 25% del índice de la total obrera; por lo que dispuso rechazar la pretensión indemnizatoria, al cabo, fundada en el art. 212 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. fs. 254 vta. y 255).
En cuanto al planteo fundado en el resarcimiento previsto en el art. 2 de la ley 25.323, sostuvo que su carácter "penalizador" y por consiguiente de interpretación restrictiva, impedía proyectarlo sobre la indemnización del art. 212 cuarto párrafo de la Ley de Contrato de Trabajo, disposición esta última de naturaleza diversa a la normada en el art. 245 de dicho cuerpo legal (v. fs. 255); añadió -para más- que aún en otra hipótesis, la desestimación del rubro reclamado al amparo del mentado art. 212 también conllevaría a disponer su rechazo.
Por otro lado, con fundamento en la doctrina legal de esta Corte, descartó los planteos de inconstitucionalidad formulados frente a la prohibición de indexar establecida en los arts. 7 y 10 de la ley 23.928, conforme el art. 4 de la ley 25.561 (v. fs. 257/258 vta.).
Impuso las costas a la parte demandada por las pretensiones admitidas y a la actora por aquellas rechazadas; eso último, sin perjuicio del beneficio de gratuidad que le asiste al trabajador (conf. arts. 19, 22, 63 y concs., ley 11.653; 68 y sigs., CPCC y 20, LCT; v. fs. 265 vta.). Luego, limitó la responsabilidad de la accionada en el pago de aquellas con fundamento en los arts. 730 del Código Civil y Comercial; 277 de la Ley de Contrato de Trabajo y en la doctrina legal (v. fs. 263 y vta.; 266 y vta.).
II. La parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y violación de los arts. 14, 14 bis y 17 de la Constitución nacional; 730 del Código Civil y Comercial; 212 y 277 de la Ley de Contrato de Trabajo y de la doctrina legal que identifica (v. escrito electrónico de 20-V-2020).
II.1. Se agravia de la sentencia de mérito en cuanto se rechazó la indemnización normada en los arts. 212 cuarto párrafo de la Ley de Contrato de Trabajo y 2 de la ley 25.323.
Afirma que el tribunal de grado efectuó una interpretación errónea de la disposición citada en primer término, desde que supeditó su aplicación a la determinación de una incapacidad absoluta y permanente de la trabajadora que le impida desarrollar todo tipo de tareas, no solo las habituales. Manifiesta que al resolver de este modo, el judicante se apartó de la doctrina legal que individualiza, también de ciertos precedentes provenientes de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.
Puntualiza que la perito psicóloga que intervino en la causa, informó que la actora presenta sintomatología compatible con trastorno de ansiedad generalizada, al respecto, expresa que dicha dolencia reviste carácter crónico y que el propio tribunal estimó como factor desencadenante la modalidad del trabajo que la señora Márquez prestó para la demandada.
Luego de recurrir a la opinión que brinda la doctrina de los autores, expone que si bien el art. 212 de la Ley de Contrato de Trabajo no establece pautas numéricas para determinar el concepto de incapacidad absoluta, no es necesario que sea del 100% pues no se requiere que el dependiente se encuentre en estado de postración total.
II.2. Refuta la decisión de grado en cuanto rechazó el planteo de inconstitucionalidad de los arts. 7 de la ley 23.928 y 4 de la ley 25.561.
Sostiene que la situación que motivó el dictado de las leyes 25.561 y 23.928 y de la doctrina elaborada por esta Corte -en la que el juzgador sustentó su decisión- no se encuentra presente en la actualidad.
Entre otras afirmaciones, añade que las citadas normas resultan violatorias de los derechos contemplados en los arts. 14 bis y 17 de la Constitución nacional, en tanto se ha verificado una continua depreciación de la moneda que hacen que la demora en el pago del crédito laboral del actor le ocasione un perjuicio que no es suplido por la aplicación de una tasa de interés moratorio.
Insiste en señalar las diferencias entre la indexación o actualización del monto de condena y los intereses moratorios aplicados a dicho importe, a la vez que refiere que esta Corte ha evaluado la temática en cuestión en la causa L. 110.487, "Ojer" (sent. de 13-XI-2013). Luego, argumenta que ante el cambio en la situación económica y social del país el propio legislador ha comenzado a incluir cláusulas de ajuste en algunas normas a los fines de mantener el poder adquisitivo de las remuneraciones (v.gr. ley 26.773). Cita, en apoyo de su posición, distintos precedentes emanados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En ese marco, peticiona que se revoque la sentencia impugnada, se declare la inconstitucionalidad de los arts. 7 de la ley 23.928 y 4 de la ley 25.561 y se imponga la obligación de actualizar los montos de condena, conforme lo establece el art. 276 de la Ley de Contrato de Trabajo.
II.3. Censura la decisión de mérito por haber limitado -de oficio- la responsabilidad por las costas por aplicación de los arts. 730 del Código Civil y Comercial y 277 de la Ley de Contrato de Trabajo, con apoyo -aduce el compareciente- en la remisión al precedente de esta Corte registrado como L. 117.701, "Titos" (sent. de 20-V-1015).
Alega que el fallo arriba a un resultado disvalioso en tanto se atribuye a la actora, vencedera en el litigio, la carga de asumir el pago del saldo sobre los honorarios regulados a su abogado y peritos intervinientes. Ello, en desmedro del patrimonio y de los principios de indemnidad e integridad de las remuneraciones e indemnizaciones del trabajador.
Aduce quebrantados el principio protectorio y el derecho de propiedad de la accionante (art. 17, Const. nac.), puesto que el reclamo de autos tuvo su origen -en forma exclusiva- en la actitud incumplidora de la demandada.
Denuncia violación del derecho a la igualdad (art. 16, Const. nac.), por cuanto, en el caso, un profesional acreedor de sus honorarios regulados judicialmente es tratado de un modo diferente al resto de los deudores y acreedores, circunstancia que implica un menoscabo de su trabajo, que se presume oneroso y cuya retribución tiene carácter alimentario.
Destaca que los arts. 730 del Código Civil y Comercial y 277 de la ley 20.744, texto ordenado, conculcan -también- normativa constitucional relativa a la distribución de competencias, en tanto en su redacción el legislador se excedió de los poderes delegados por las provincias al Estado nacional (arts. 5, 121, 122, 123 y concs., Const. nac.). Invoca vulneración de tratados internacionales con jerarquía constitucional, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto se obliga en forma compulsiva a la trabajadora a colaborar con la parte vencida para solventar los gastos del proceso en forma injusta y en detrimento de su patrimonio.
Esgrime el perjuicio del profesional que, en ejercicio de su actividad, intervino en la defensa del derecho de la parte actora, ya que se lo coloca en la situación de reclamarle a su representada vencedora la diferencia de los honorarios regulados o renunciar a parte de estos. Añade que es irrazonable que se prive al abogado de ejecutar al deudor un crédito amparado por el art. 17 de la Constitución nacional y reconocido por una sentencia firme pasada en autoridad de cosa juzgada.
En base a tales consideraciones solicita se declare la inconstitucionalidad de las normas impugnadas y se revoque la sentencia en este aspecto.
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente ocupa precisar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia no excede el mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141), razón por la cual la admisibilidad del recurso en examen sólo puede justificarse en el estrecho marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
Siendo ello así, la competencia revisora de esta Suprema Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la trasgrede en un caso similar (causas L. 121.387, "Monti", sent. de 19-IX-2019 y L. 122.752, "Bravo", sent. de 4-VIII-2020).
III.2. En ese marco, la crítica dirigida a controvertir el rechazo de la indemnización normada en el art. 212, cuarto párrafo de la Ley de Contrato de Trabajo, no resulta idónea para provocar la apertura de esta vía extraordinaria por conducto de la excepción contemplada en el citado precepto adjetivo, toda vez que, en parte, remite a típicas cuestiones que desbordan el estrecho camino por el que transita el recurso, como lo son aquellas referidas a la configuración de absurdo en la valoración de la prueba y a la determinación de la inexistencia -o no- de incapacidad absoluta en los términos de la disposición legal citada (art. 55, ley 11.653; causas L. 116.533, "Fernández", resol. de 4-VII-2012 y L. 117.910, "Frías", sent. de 3-V-2018).
Por otro lado, resulta conducente indicar que la doctrina legal que se denuncia violada no resulta hábil para modificar lo resuelto en la instancia de grado, toda vez que fue elaborada sobre la base de presupuestos fácticos diferentes a los que se ventilan en la presente litis (causas L. 118.224, "Carabajal", sent. de 13-IV-2016; L. 117.459, "G., J. L.", sent. de 21-VI-2017; L. 120.187, "Tonil", sent. de 22-VIII-2018 y L. 124.845, "Iakich", sent. de 30-VIII-2021).
Cabe luego recordar que la doctrina legal a que refiere el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires es la que proviene de los fallos de esta Suprema Corte, y no la que resulta de la jurisprudencia de otros tribunales o de la opinión de los autores (causas L. 119.351, "Martínez", sent. de 6-IX-2017 y L. 120.591, "Calcagno", sent. de 20-V-2020; e.o.).
Con lo expuesto, ha de quedar firme lo resuelto en torno a la indemnización reclamada al amparo del art. 212 de la Ley de Contrato de Trabajo, y también lo decidido respecto del resarcimiento previsto en el art. 2 de la ley 25.323, aspecto este último sobre el cual -más allá de cierta mención en la pieza recursiva- no se desarrolla agravio atendible alguno.
III.3. En lo vinculado con la crítica por la que se cuestiona el rechazo al planteo de inconstitucionalidad de los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 (conf. art. 4, ley 25.561), debe liminarmente aclararse que no escapa del acotado marco de conocimiento por el que tramita el recurso en examen. Es que ningún argumento ha desplegado la interesada con el objeto de demostrar que ello eventualmente podría evidenciar la presencia de un supuesto excepcional que -fuera del contemplado en la ley procesal laboral- autorice a desplazar el requisito relativo a la cuantía económica del asunto al que se aludió anteriormente.
Efectuada tal aclaración, el embate debe ser desestimado, toda vez que la impugnante no acredita la violación de doctrina legal alguna por parte del órgano jurisdiccional de la instancia. Más aún: lo resuelto en la sentencia en crisis se ajusta a las directrices que en la materia emanan de los pronunciamientos de esta Corte (causas L. 88.005, "Ramoscelli", sent. de 25-IV-2012; L. 116.518, "Grandelmeier", sent. de 16-VII-2014 y L. 117.079, "Cuevas", sent. de 15-II-2017; e.o.).
III.4. Por último, toca abordar el cuestionamiento relacionado con la aplicación por parte del tribunal de grado de los arts. 277 de la Ley de Contrato de Trabajo y 730 del Código Civil y Comercial de la Nación y su doctrina.
Tampoco aquí la suerte de la impugnante ha de variar.
Sin perjuicio de desplegar diversos argumentos por los cuales manifiesta su disconformidad, en modo alguno se evidencia que el tribunal de grado se haya apartado de la doctrina que emana del precedente L. 117.701, "Titos" (sent. de 20-V-2015), que se invoca en el recurso.
Dejando a un lado las meras discrepancias personales de la recurrente que no encuentran su reflejo en el caso, por otro lado, la alegación del supuesto perjuicio del profesional que actúa en autos por la parte actora, no puede ser atendido en el marco del recurso aquí interpuesto en representación de esta última (art. 279, CPCC; causas L. 113.631, "Rial", resol. de 30-III-2011; L. 114.181, "González", resol. de 12-X-2011; L. 117.529, "Marino", resol. de 11-XII-2013; L. 119.443, "Valenzuela", resol. de 16-III-2016 y L. 125.478, "Klezli", resol. de 20-XI-2020; e.o.).
IV. En virtud de lo expuesto, el recurso debe ser rechazado, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El recurso no prospera.
I.1. Comparto las razones expuestas por el colega ponente en el punto III.1. de su voto y, en consecuencia, entiendo que -en principio- correspondería abordar el remedio deducido en el marco del supuesto excepcional previsto en el art. 55, primer párrafo, parte final de la ley 11.653.
I.2. Desde esa perspectiva, adhiero a los argumentos desarrollados por el ponente en el punto III.2. de su opinión.
I.3. Sin embargo, el planteo vinculado al cuestionamiento de la validez constitucional de los preceptos que vedan la actualización monetaria, involucra -en mi opinión- el análisis de una cuestión de índole federal, circunstancia que amerita la apertura de la instancia extraordinaria sin las restricciones establecidas en las leyes procesales locales (causas L. 117.113, "Bernedo Cornejo", sent. de 18-III-2015; L. 117.272, "Gómez González", sent. de 24-VI-2015 y L. 106.853, "Pérez", sent. de 9-IX-2015).
Aclarado ello, coincido con las motivaciones esgrimidas por el doctor Soria en el segundo párrafo del punto III.3. de su propuesta para desestimar el embate.
I.4. También concuerdo con los argumentos ensayados por mi colega para rechazar el agravio por el que se objeta la aplicación del límite de imposición de costas previsto en los arts. 730 del Código Civil y Comercial y 277 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Sólo he de agregar que, en lo concerniente a la validez constitucional del límite previsto en las citadas normas, remito a los fundamentos que hube de exponer al emitir mi opinión en las causas L. 121.989, "Mosiejchuk" (sent. de 26-XII-2019) y -en otra hipótesis- L. 74.119, "Hait" (sent. de 11-VIII-2010); L. 117.286, "Rodríguez" (sent. de 17-VII-2015); L. 121.845, "Romero" (sent. de 27-VII-2020) y L. 121.786, "Ortellado" (sent. de 4-VIII-2020); a las que remito por razones de brevedad.
II. Por lo expuesto, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido debe ser desestimado, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
Adhiero al voto de mi distinguida colega doctora Kogan, con excepción de lo dispuesto en el segundo párrafo del punto I.4.
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
Con los alcances expuestos por la doctora Kogan en el punto I.3. de su voto, adhiero a los fundamentos expuestos por el doctor Soria en su exposición.
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Carral dijo:
Con los alcances expuestos por la doctora Kogan en el punto I.3. de su voto, adhiero a los fundamentos expuestos por el doctor Soria en su exposición.
Así lo voto.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, por mayoría de fundamentos, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 26/12/2022 11:06:53 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/12/2022 23:56:25 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 27/12/2022 12:07:24 - CARRAL Daniel Alfredo
Funcionario Firmante: 27/12/2022 20:00:57 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/12/2022 10:40:30 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/12/2022 10:59:46 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 29/12/2022 12:32:25 hs. bajo el número RS-128-2022 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia